CE - 012333000201300010011SENTENCIAFALLO20231017141524

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación: 47001-23-33-000-2013-00010-01 (3708-2014)

Demandante: William Cabrera Hernández Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Temas: Reliquidación de pensión gracia. Principios procesales de justicia rogada, congruencia y debido proceso . CONFIRMA

SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el once (11) de junio de dos mil catorce (2014) por el Tribunal Administrativo del Magdalena, por medio de la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

El señor WILLIAM CABRERA HERNÁNDEZ instauró demanda en contra de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes

PRETENSIONES1

Que se declare la nulidad de las Resoluciones, (i) PAP 024795 del 29 de octubre de 2010 y (ii) UGM 036729 del 5 de marzo de 2012, por medio de las cuales la extinta Cajanal EICE negó la reliquidación de la pensión gracia reconocida a favor del demandante y confirmó la decisión respectivamente . Que a título de restablecimiento del derecho se condene a la actual UGPP a reajustar la

1 Folios 1 a 2.2

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mencionada prestación a fin de que sea calculada en cuantía del 75% del promedio de todos los factores salariales devengados por el actor durante el año anterior a la adquisición del estatus pensional (1º de junio de 1998 al 30 de mayo de 1999), pero con efectos fiscales desde el 27 de marzo de 2003.

Que se ordene el pago actualizado de las sumas adeudadas, así com o el de los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

Que se dé cumplimiento a la sentencia conforme a las previsi ones de los artículos

Que se ordene el pago actualizado de las sumas adeudadas, así com o el de los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

Que se dé cumplimiento a la sentencia conforme a las previsi ones de los artículos 192 y 195 del CPACA y se condene en costas a la parte accionada.

HECHOS2

Los hechos en que se fundamenta l a demanda pueden resumirse de la siguiente manera.

Que el demandante nació el 27 de marzo de 1953. Que durante su vida laboral se desempeñó como docente en el departamento de Córdoba desde el 21 de marzo de 1977 hasta el 31 de enero de 1980, esto en virtud del nombramiento efectuado por la misma autoridad territorial . Posteriormente, el actor detentó una vinculación como educador del departamento del Magdalena a partir del 1º de febrero de 1980 y hasta el 31 de mayo de 1999.

Que radicó ante la extinta Cajanal EICE una solicitud tendiente a obtener el reconocimiento de la pensión gracia por haber laborado durante más de 20 años al servicio del magisterio.

Que la aludida entidad negó lo reclamado a través de la Resolución 23783 del 19 de mayo de 2006, por lo que el accionante interpuso recurso de reposición contra dicha decisión, el cual fue resuelto favorablemente mediante la Resolución 9264 del 18 de octubre del mismo año , en el sentido de otorgarle la prestación en comento, liquidada con base en un salario mínimo legal mensual vigente para el año 1999, dado que no se aportó el certificado de factores salariales percibidos por el reclamante durante su último año de servicio.

liquidada con base en un salario mínimo legal mensual vigente para el año 1999, dado que no se aportó el certificado de factores salariales percibidos por el reclamante durante su último año de servicio.

Que el 3 de septiembre de 2007, presentó petición a fin de que se reliquidara su pensión con base en la totalidad de los factores salariales percibidos durante su último año de labor docente (1998 a 1999), previo a la fecha de adquisición del estatus ocurrida el 27 de marzo de 2003 por cumplimiento de la edad. No obstante, esta solicitud fue negada por medio de la Resolución 28873 del 1º de julio de 2008, ello al aducir que de entrada era improcedente el reconocimiento de la prestación

2 Folios 2 a 6.3

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debido a que los tiempos acreditados ante los departamentos de Córdoba y Magdalena eran por vinculaciones del orden nacional.

Que para determinar lo anterior, Cajanal EICE acudió a una certificación de salarios percibidos por el demandante entre el 1º de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2003 emitida por la Secretaría de Educación Distrital de Santa Marta, de la cual se evidenció que para esta fecha detentaba un nombramiento de carácter nacional.

Que por lo anterior, el reclamante interpuso recurso de reposición contra el acto en

2003 emitida por la Secretaría de Educación Distrital de Santa Marta, de la cual se evidenció que para esta fecha detentaba un nombramiento de carácter nacional.

Que por lo anterior, el reclamante interpuso recurso de reposición contra el acto en mención, pero fue resuelto negativamente con base en la misma argumentación según la Resolución 14106 del 2 de abril de 2009. Que mediante nuevas peticiones del 19 de junio de 2009 y del 13 de abril de 2010, instó que se reliquidara la pensión gracia al indicar que no se tuvo en cuenta el hecho de que a 1999 el docente ya acreditaba los 20 años de servicio y solo le hacía falta cumplir la edad en 2003 cuando ya había sido nombrado en una plaza nacional que en todo caso no afectaba la calidad de sus nombramientos anteriores que eran territoriales. Sin embargo, esto fue negado a través de la Resolución PAP 024795 del 29 de octubre de 2010 , la cual fue confirmada con la Resolución UGM 036729 del 5 de marzo de 2012 que resolvió el recurso de reposición en su contra.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida mediante auto del 8 de febrero de 2013,3 y notificada a la UGPP4, quien presentó memorial de contestación5 en el cual manifestó que no es procedente la pretensión de la parte actora , toda vez que la prestación reconocida a su favor lo fue de forma irregular o sin tener derecho a ello , en la medida en que uno de los requisitos fundamentales para acceder a la pensión gracia es el no percibir recursos del tesoro nacional , pero en este caso se pudo constatar que el reclamante se encontraba vinculado al distrito de Santa Marta y durante ese mismo

uno de los requisitos fundamentales para acceder a la pensión gracia es el no percibir recursos del tesoro nacional , pero en este caso se pudo constatar que el reclamante se encontraba vinculado al distrito de Santa Marta y durante ese mismo período de labor devengó recursos por un nombramiento del orden nacional . Al respecto sostuvo que el demandante fue desvinculado mediante Decreto 228 del 31 de mayo de 1999 por tener doble vinculación , situación que lo hace estar inmerso en una mala conducta que de entrada le impedía consolidar la prerrogativa bajo estudio.

Propuso las excepciones que denominó, (i) indebido reconocimiento de la pensión gracia, (ii) inexistencia de las obligaciones reclamadas a cargo de Cajanal , (iii) compensación, (iv) buena fe, (v) prescripción y (vi) genérica o innominada.

En la audiencia inicial6 se definió que las excepciones propuestas eran de mérito y

3 Folios 60 a 61. 4 Folio 65. 5 Folios 75 a 98. 6 Folios 170 a 173.4

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por lo tanto serían resueltas en la sentencia. Seguidamente s e fijó el litigio estableciéndose el objeto de la demanda y las pretensiones frente a las cuales se orientaría la decisión, se señaló que no existía ánimo conciliatorio y se efectuó el

estableciéndose el objeto de la demanda y las pretensiones frente a las cuales se orientaría la decisión, se señaló que no existía ánimo conciliatorio y se efectuó el decreto de pruebas conforme al artículo 180 numeral 10 de la Ley 1437 de 2011.

En la audiencia de pruebas7 se recaudaron los medios de convicción decretados y se corrió traslado para alegar de conclusión en orden de dictar sentencia escrita con posterioridad.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN8

El Tribunal Administrativo del Magdalena dictó sentencia escrita el 11 de junio de 2014, a través de la cual accedió a las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte pasiva en aplicación del artículo 188 del CPACA.

Sobre la advertencia de ilegalidad del reconocimiento pensional, aseguró que según lo dispuesto en el artículo 88 del CPACA, los actos administrativos se presumen legales mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Que desde esta perspectiva, es claro que la decisión expedida por la administración por la cual se decide reconocer y ordenar el pago de una pensión gracia se presume legal, motivo por el cual no se podría en el estudio de un proceso donde se pretenda lograr la reliquidación pensional, entrar nuevamente a analizar cada uno de los requisitos para su concesión, puesto que esta tarea es propia de la autoridad pública cuando estudia la solicitud pensional del interesado y solo el juez se encuentra facultado para analizarlos cuando la decisión derivada de tal solicitud es demandada.

Aclarado este punto adujo que, el artículo 4º de la Ley 4 de 1966 fue reglamentado

se encuentra facultado para analizarlos cuando la decisión derivada de tal solicitud es demandada.

Aclarado este punto adujo que, el artículo 4º de la Ley 4 de 1966 fue reglamentado por el Decreto 1743 del mismo año, cuyo artículo 5º dispuso que las pensiones serían liquidadas tomando como base el 75% del promedio mensual de los salarios devengados durante el último año de servicios. Que según el derrotero trazado por el Consejo de Estado, el reconocimiento de la pensión gracia se sujeta a la normativa especial, por lo cual no le son aplicables las disposiciones del régimen ordinario de pensiones para empleados del sector oficial, tales como las Leyes 33 y 62 de 1985, el artículo 9° de la Ley 71 de 1988 y el artículo 10 del Decreto 1160 de 1989, dado que se trata de una prestación que no se liquida con base en el valor de aportes durante el año anterior al retiro definitivo del servicio, sino con base e n el valor de los factores salariales devengados en el año anterior a la fecha en que adquirió su estatus, entendiéndose como salario la totalidad de los ingresos que de manera regular y periódica reciba el docente como contraprestación directa de sus labor.

7 Folios 206 a 208 y 212 a 214. 8 Folios 245 a 251.5

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Que en el caso particular se observa que la resolución que reconoció la pensión

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Que en el caso particular se observa que la resolución que reconoció la pensión gracia al señor William Cabrera Hernández a partir del momento en que cumplió con el requisito de edad (27 de marzo de 2003 ), desconoció el régimen jurídico imperante para la liquidación de la citada prestación, toda vez que no tuvo en cuenta los factores salariales efectivamente devengados en el último año de servicios como docente departamental, es decir, entre el 30 de mayo de 1998 al 30 de mayo de 1999, que para el caso en concreto es anterior al cumplimiento del estatus pensional, fundamentándose la entidad en que no contaba con el certificado de haberes pagados al reclamante.

Que en consecuencia, la pensión del actor está mal calculada, de manera que se ordena su reliq uidación en cuantía del 75% del promedio de todos los factores salariales percibidos por aquel durante su último año de labor oficial al departamento de Magdalena, efectiva desde el 27 de marzo de 2003 y sin que haya operado el fenómeno de la prescripción.

EL RECURSO DE APELACIÓN9

La parte demanda da en su escrito de apelación solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia por considerar que es notorio que se dio un indebido reconocimiento de la prestación en debate, de suerte que al ordenarse la reliquidación de un derecho ilegal, se continúan afectando los recursos con los que se financian las pensiones de todos los Colombianos.

Que con las pruebas allegadas al proceso resulta evidente que el actor fue

reliquidación de un derecho ilegal, se continúan afectando los recursos con los que se financian las pensiones de todos los Colombianos.

Que con las pruebas allegadas al proceso resulta evidente que el actor fue declarado insubsistente por su doble vinculación como docente territorial y nacional de manera simultánea, tanto así que este no es un hecho objeto de controversia por haber sido aceptado por el mismo accionante en el relato de sus hechos, lo cual se traduce en que este no se desempeñó con buena conducta, al punto de configurarse un indebido reconocimiento de la pensión gracia, que no permite acceder a la reliquidación pensional por ir en detrimento del tesoro público.

Que debe tenerse en cuenta el hecho de que d e conformidad el artículo 128 constitucional, no es posible percibir más de una asignación proveniente del erario y mucho menos desempeñar simultáneamente dos empleos públicos, ello a excepción de la actividad docente, siempre y cuando sea por honorarios en virtud de la hora cátedra, o en razón de la pensión ordinaria de jubilación en los términos de la Leyes 4 de 1992 y 60 de 1993, situaciones en las cuales no encuadró la parte activa.

Que en cuanto a la forma de liquidación de la prerrogativa en comento, la Caja Nacional de Previsión Social le aplicó al reclamante la Ley 33 de 1985 modificada

9 Folios 261 a 267.6

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por la Ley 62 de 1985 por cuando aquel era beneficiario del régimen de transición, de manera que en el entendido de que este derecho no es una pensión financiada con aportes, sino gratuita a cargo de la Nación, tiene que calcularse con los factores señalados taxativamente en dichas normas, aplicables a todos los empleados del orden nacional.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Las partes demandante y demandada presentaron alegaciones finales co n las que reiteraron sus argumentos expuestos en la demanda, su contestación y en el recurso de apelación.10

El Ministerio Público se abstuvo de intervenir en esta oportunidad procesal.11

CONSIDERACIONES DE LA SALA

El problema que debe resolver la Subsección es el de determinar si es procedente condicionar el estudio de la reliquidación pensional solicitado por el demandante, a un análisis de legalidad respecto del reconocimiento de la prestación que no fue objeto de demanda. En caso negativo, deberá determinarse si procedía o no el reajuste de la pensión gracia otorgada al actor.

Marco normativo y jurisprudencial

De la legalidad de los actos administrativos y el principio de justicia rogada

La presunción de legalidad es un atributo del acto administrativo que implica que, mientras este no haya sido anulado en sede judicial, ha de suponerse que fue proferido conforme a derecho y, por lo tanto, que es obligatorio y puede ejecutarse. Esta figura, consagrada legalmente en el artículo 88 del CPACA , conlleva que la

mientras este no haya sido anulado en sede judicial, ha de suponerse que fue proferido conforme a derecho y, por lo tanto, que es obligatorio y puede ejecutarse. Esta figura, consagrada legalmente en el artículo 88 del CPACA , conlleva que la carga de la prueba o de la argumentación sobre la ilegalidad del acto recaiga sobre quien la alega 12, pues como presunción legal admite prueba y argumentación en contrario.

Así las cosas, puede afirmarse que en esta figura está contenida una regla que le indica al juez que debe denegar la pretensión de nulidad de un acto administrativo cuando quien lo demanda no cumple con la carga de demostrar que está viciado. Por ello, la jurisdicción de lo contencioso administrativo, encargada de juzga r la validez de esa clase de actos, ha sido caracterizada como una «jurisdicción rogada» en lo que tiene que ver con esta particular materia.

10 Folios 323 a 325 y 332. 11 Según constancia secretarial obrante a folio 333 del expediente. 12 Providencia citada en: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 27 de octubre de 2022, radicado:11001-03-25-000-2019-00601-00 (4727-2019).7

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Esta presunción se ve reflejada en algunas normas como la prevista en el numeral 4 del artículo 162 del CPACA, qu e frente a los requisitos del contenido de la

Esta presunción se ve reflejada en algunas normas como la prevista en el numeral 4 del artículo 162 del CPACA, qu e frente a los requisitos del contenido de la demanda consagra que, cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de violación. Dicha exigencia se enmarca en la defensa del debido proceso del demandado, pues limita los aspectos de los que tendrá que defenderse y los términos en que se expusieron los problemas jurídicos al juez y, por lo tanto, su campo de decisión.

En todo caso, la presunción de legalidad de los actos administrativos ha de ser valorada en el contexto constitucional en el que se encuentra y, por ello, deben ser tenidas en cuenta las consideraciones de la Corte Constitucional en la sentencia C197 de 1999 acerca de la exequibilidad condicionada que tuvo en su momento el numeral 4 del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), que, al igual que el CPACA, dispone como requisito de la impugnación judicial de un acto administrativo que se indique en la demanda las normas violadas y el concepto de violación.

Sobre el principio de congruencia como elemento del debido proceso

Debe precisarse que la congruencia en materia procesal, entendida como la conexión sincrónica entre lo reclamado con la demanda, lo argumentado como defensa y lo resuelto con la sentencia, obedece al hecho de que un litigio no puede ser indeterminado y abstracto, sino que tiene que circunscribirse a los límites de interpretación, análisis probatorio y decisión que las partes y el mismo juez fijan para determinar las reglas claras con las que se desarrollará la actuación.

ser indeterminado y abstracto, sino que tiene que circunscribirse a los límites de interpretación, análisis probatorio y decisión que las partes y el mismo juez fijan para determinar las reglas claras con las que se desarrollará la actuación.

Esto tiene como fin que ninguno de los extremos sorprenda al otro con nuevos asuntos a debatir que no fueron planteados a lo la rgo de la causa judicial en sus debidas oportunidades , como sería n, por ejemplo, la demanda, su reforma, una eventual demanda de reconvención o la audiencia inicial.

De esta regla general, solo figurarían como excepción los hechos sobrevinientes que tengan la entidad suficiente para extinguir o modificar el derecho reclamado, pero únicamente si estos ocurren después de haber sido presentada la demanda y cuando efectivamente estén probados y alegados por la parte que los quiera aducir a su favor.

Estos planteamientos se derivan del propio contenido del artículo 281 del Código General del Proceso, aplicable a este tipo de casos por remisión del artículo 306 del CPACA. Sobre el punto, la primera norma en cita consagra lo siguiente.

«[…] ARTÍCULO 281. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las8

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demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.

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demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.

No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta. Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente lo último.

En la s entencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley permita considerarlo de oficio. PARÁGRAFO 1o. En los asuntos de familia, el juez podrá fallar ultrapetita y extrapetita, cuando sea necesario para brindarle protección adecuada a la pareja, al niño, la niña o adolescente, a la persona con discapacidad mental o de la tercera edad, y prevenir controversias futuras de la misma índole.

PARÁGRAFO 2o. En los procesos agrarios, los jueces aplicarán la ley sustancial teniendo en cuenta que el objeto de este tipo de procesos es conseguir la plena realización de la justicia en el campo en consonancia de los fines y principios generales del derecho agrario, especialmente el relativo a la protección del más débil en las relaciones de tenencia de tierra y producción agraria.

En los procesos agrarios, cuando una de las partes goce del amparo de pobreza, el juez de primera o de única instancia podrá, en su beneficio, decidir sobre lo

débil en las relaciones de tenencia de tierra y producción agraria.

En los procesos agrarios, cuando una de las partes goce del amparo de pobreza, el juez de primera o de única instancia podrá, en su beneficio, decidir sobre lo controvertido o probado aunque la demanda sea defectuosa, siempre que esté relacionado con el objeto del litigio. Por consiguiente, está facultado para reconocer u ordenar el pago de derechos e indemnizaciones extra o ultrapetita, siempre que los hechos que los originan y sustenten estén debidamente controvertidos y probados.

En la interpretación de las disposiciones jurídicas, el juez tendrá en cuenta que el derecho agrario tiene por finalidad tutelar los derechos de los campesinos, de los resguardos o parcialidades indígenas y de los miembros e integrantes de comunidades civiles indígenas. […]». (Negrilla y subrayado intencionales).

De hecho, sobre la importancia del precepto bajo estudio, la Corte Constitucional en sentencia T-455 de 2016 manifestó que,

«[…] 24.1. El principio de congruencia de la sentencia, además se traduce en una garantía del debido proceso para las partes , puesto que garantiza que el juez sólo se pronunciará respecto de lo discutido y no fallará ni extra petita, ni ultra petita , porque en todo caso, la decisión se tomará de acuerdo a las pretensiones y excepciones probadas a lo largo del desarrollo del proceso. Esto, además, garantiza el derecho a la defensa de las partes , puesto durante el debate podrán ejercer los mecanismos que la ley ha establecido para ello en los términos adecuados.

La jurisprudencia de est a Corporación ha definido el principio de congruencia “como uno de los elementos constitutivos del derecho fundamental al debido

mecanismos que la ley ha establecido para ello en los términos adecuados.

La jurisprudencia de est a Corporación ha definido el principio de congruencia “como uno de los elementos constitutivos del derecho fundamental al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, “en la medida que impide determinadas decisiones porque su justificación no surge del proceso por no responder en lo que en él se pidió, debatió, o probó”. Además ha establecido que siempre que exista falta de congruencia en un fallo se configurara un defecto y, por9

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tanto, será procedente la tutela contra providenci a judicial con el fin de tutelar el derecho constitucional fundamental al debido proceso.

La Sala Cuarta de Revisión de esta Corporación, profirió en el 2008 la sentencia 1274 de ese año, en la que estableció lo siguiente:

“… la incongruencia tiene la entidad suficiente para configurar una vía de hecho, ya que la incongruencia que es capaz de tornar en vía de hecho la acción del juez “es sólo aquella que subvierte completamente los términos de referencia que sirvieron al desarrollo del proceso, generand o una alteración sustancial, dentro de la respectiva jurisdicción, que quiebra irremediablemente el principio de contradicción y el derecho de defensa”, a tal grado que “la disparidad entre lo pedido, lo debatido y lo probado sea protuberante”, esto es, “carente de justificación objetiva y relativa a materias

irremediablemente el principio de contradicción y el derecho de defensa”, a tal grado que “la disparidad entre lo pedido, lo debatido y lo probado sea protuberante”, esto es, “carente de justificación objetiva y relativa a materias medulares objeto del proceso”. De lo contrario, “el grado y el tipo de desajuste entre la sentencia y lo pedido, lo debatido y lo probado en el proceso, sería insuficiente para que se configure una vía de hecho judicial, así pueda existir una irregularidad dentro del proceso”[51].

24.2. De lo expuesto hasta el momento, se puede concluir que el juez debe tomar su decisión de manera congruente con los hechos, pretensiones y excepciones probadas dentro del proceso. Por lo tanto, no podrá proferir una sentencia en la que se pronuncie acerca de algo que no fue solicitado por las partes (extra petita) o en la que otorgue más de lo pedido ( ultra petita ), pero tampoco podrá fallar sin pronunciarse acerca de todas las pretensiones, pues de lo contrario deberá explicar de manera suficiente las razones por las cuales omitió referirse a algún pedimento. El principio de congruencia de la sentencia, además garantiza el oportuno uso del derecho de defensa por parte de las partes, puesto que les permite hacer uso de cada una de las herramientas establecidas en la ley para ello. […]». (Subrayado fuera de texto).

En el mismo sentido, el Consejo de Estado13 ha señalado sobre el particular que,

«[…] El principio de congruencia se erige como una verdadera garantía del derecho fundamental al debido proceso a las partes en el proceso judicial, en el sentido que al juez de la causa solo le resulta permitido emitir pronunciamiento con base en lo pretendido, lo probado y lo excepcionado dentro del mismo, sin que sea dable dictar

fundamental al debido proceso a las partes en el proceso judicial, en el sentido que al juez de la causa solo le resulta permitido emitir pronunciamiento con base en lo pretendido, lo probado y lo excepcionado dentro del mismo, sin que sea dable dictar sentencias por fuera (extra) o por más (ultra) de lo pedido (petita), y en caso de omitir pronunciarse sobre solicitado como pretensión tiene el deber de explicar de forma clara las razones de tal omisión. […]»

Como se desprende de lo expuesto hasta este punto, el principio de la congruencia es un o de los elementos fundamentales del debido proceso, pues garantiza la correcta materialización de los derechos de defensa y contradicción, de la seguridad jurídica, y en esencia , de la tutela judicial efectiva ,14 toda vez que permite el

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 26 de octubre de 2017. Radicado: 25000-23-42-000-2014-01139-01(2458-15). 14 Entendida igualmente como el acceso a la administración de justicia, el cual a voces de la Corte Constitucional se entiende como, «[…] El derecho a la administración de justicia también llamado derecho a la tutela judicial efectiva se ha definido como “la posibilidad reconocida a todas las personas residentes en Colombia de poder acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección o el restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en las leyes”. Este derecho10

o el restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en las leyes”. Este derecho10

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Radicado: 47001-23-33-000-2013-00010-01 (3708-20