CE - 012333000201300164011SENTENCIA20231031111952

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá, D.C., veintiséis (26 ) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.

Radicación: 68 001 -23 -33 -000 -201 3-00 164 -01 ( 2616 -201 4).

Demandante: Inés Sierra Ruiz Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la

Protección Social.

Temas: Pensión gracia . Tipo de vinculación. Ley 1437 de 2011.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Subsección procede a resolver los recurso s de apelación interpuesto s por ambas parte s contra la sentencia de 8 de noviembre de 201 3, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander , que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. Pretensiones de la demanda. 1

Inés Sierra Ruiz , por intermedio de apoderado judicial, solicitó declarar la nulidad de las Resoluciones UGM 012189 de 5 de octubre de 201 1 y UGM 052445 de 1 9 de julio de 2012 , proferidas por la

declarar la nulidad de las Resoluciones UGM 012189 de 5 de octubre de 201 1 y UGM 052445 de 1 9 de julio de 2012 , proferidas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP 2, por medio de las cuales le negó el re conocimiento y pago de una pensión gracia y resolvió el recurso de reposición de forma negativa , respectivamente .

1 Folios 1 y 2 del expediente. 2 En adelante UGPP.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado :68001 -23 -33 -000 -2013 -00164 -01

Demandante: Inés Sierra Ruiz

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 2 Como restablecimiento del derecho, deprecó condenar a la UGPP a (i) concederle la pensión gracia en cuantía de l 75% de todos los factores sal ariales devengados en el último año de servicio ; y (ii) pagar las costas y agencias en derecho .

1.2. Hechos que fundamentan la demanda.

La demandante relató que nació el 13 de julio de 195 8, razón por la cual el 1 3 de julio de 200 8 cumplió 50 años de edad, y prestó sus servicios en el municipio de Bucaramanga como maestra nacionalizada en propiedad desde el 13 de mayo de 1977 hasta la fecha de su retiro definitivo el 13 de enero de 2012.

servicios en el municipio de Bucaramanga como maestra nacionalizada en propiedad desde el 13 de mayo de 1977 hasta la fecha de su retiro definitivo el 13 de enero de 2012.

Dentro de esa única vinculación se presentar on las siguientes novedades:

• Desde el 2 de febrero de 1998 hasta el 31 de diciembre de 2000, estuvo en comisión en un cargo de libre nombramiento y remoción como secretaria del tesoro, secretaria administrativa y secretaria de hacienda municipal de Bucaramanga.

• Luego, entre el 1 de e nero de 2001 y el 13 de febrero de 2003, fue nombrada en encargo como coordinadora del Instituto

Santa Bárbara de Bucaramanga.

• El 14 de febrero de 2003 fue incorporada sin solución de continuidad en el cargo de docente directivo del Instituto Santa Bárbar a de Bucaramanga hasta el 30 de mayo de 2005, a partir de esa fecha fue reubicada en el Instituto de Protección del Niño hasta el 12 de junio de 2005 , y desde el 13 de junio de 2005 al 25 de julio de ese mismo año fungió como coordinadora

del Instituto San ta María Micaela de Bucaramanga.

• A partir del 25 de julio de 2005 se le conced ió comisión para desempeñarse en encargo como jefe de control interno de laNulidad y restablecimiento del derecho Radicado :68001 -23 -33 -000 -2013 -00164 -01

Demandante: Inés Sierra Ruiz

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700

Demandante: Inés Sierra Ruiz

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 3 Alcaldía de Bucaramanga hasta el 25 de enero de 2006, fecha en la cual se le concedió comisión para o cupar en propiedad el mismo cargo hasta el 20 de diciembre de 2011.

• Finalmente, el 21 de diciembre 2011 se incorporó a la planta docente de la administración municipal de Bucaramanga hasta el 13 de enero de 2012, fecha en que fue aceptada su renuncia.

Se ñaló que el 5 de agosto de 20 08 solicitó el reconocimiento y pago de la pensión gracia ante la UGPP, petición que fue resuelta de manera negativa con las Resoluciones UGM 012189 de 5 de octubre de 201 1 y UGM 052445 de 1 9 de julio de 2012 .

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración.

Como concepto de violación, argumentó que la entidad demandada inaplicó las siguientes disposiciones normativas: artículo 48 de la Constitución Política, Ley 114 de 1913, Ley 116 de 1928, Ley 37 d e 1933, Ley 91 de 1989, Decreto 224 de 1972, Decreto 2277 de 1979.

Sostuvo que cumplió con los requisitos exigidos por las normas para el reconocimiento y pago de la pensión gracia y, si bien, estuvo en comisiones y algunos encargos administrativos, ello no desvirtúa la

Sostuvo que cumplió con los requisitos exigidos por las normas para el reconocimiento y pago de la pensión gracia y, si bien, estuvo en comisiones y algunos encargos administrativos, ello no desvirtúa la naturaleza de su vinculación, la cual no varió, por lo que debe sumarse todo el tiempo que laboró que asciende a más de 35 años de servicio.

Ahora, teniendo en cuenta que, cuando radicó la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión g racia, se encontraba desempeñando el cargo de jefe de control interno, el cual no excluyó la función docente, el salario que se debe tener en cuenta para efectos de la liquidación de su pensión es el que devengó para el 13 de julio 2008.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado :68001 -23 -33 -000 -2013 -00164 -01

Demandante: Inés Sierra Ruiz

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 4 1.4 . Contestación de la demanda 3.

La UGPP manifestó que la demandante no cumple con los requisitos para hacerse beneficiaria de la pensión gracia, por cuanto de los tiempos de servicio y los salarios certificados, se observó que recibía otra recompensa por su salario como jef e de control interno, situación que impide que se le reconozca la prestación solicitada de conformidad con el artículo 128 de la Constitución Política.

Finalmente, propuso como excepciones: (i) presunción de legalidad

situación que impide que se le reconozca la prestación solicitada de conformidad con el artículo 128 de la Constitución Política.

Finalmente, propuso como excepciones: (i) presunción de legalidad de los actos administrativos ; (ii) inexistencia de la obligación; y (iii) prescripción .

1.5 . Trámite en primera instancia.

En acatamiento al artículo 180 del CPACA, el Tribunal Administrativo de Santander el 24 de julio de 201 34, celebró audiencia inicial, en la cual se fijó el litigio de la siguiente manera:

«[…] Por lo anterior se procederá a fijar el litigio así: "se ci rcunscribe a determinar si la señora Inés Sierra Ruiz, cumple con todos los requisitos establecidos por la Ley para que se proceda por parte de la entidad accionada al reconocimiento y pago de la pensión gracia, o si por el contrario al haber cumplido el r equisito de la edad desempeñando un cargo administrativo se torna incompatible el reconocimiento pensional por percibir otra asignación proveniente del tesoro público. Las partes señalan estar de acuerdo con la decisión, Se declara agotada esta etapa proce sal. Decisión que se notifica en estrados ».

1.6 . Decisión de primera instancia objeto de apelación .5

El Tribunal Administrativo de Santander , en sentencia de 8 de noviembre de 201 3, accedió a las pretensiones de la demanda. En

3 Folios 99 al 104 del expediente 4 Folios 292 al 295 del expediente 5 Folios 397 al 403 del expediente.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado :68001 -23 -33 -000 -2013 -00164 -01

4 Folios 292 al 295 del expediente 5 Folios 397 al 403 del expediente.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado :68001 -23 -33 -000 -2013 -00164 -01

Demandante: Inés Sierra Ruiz

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 5 consecuencia, (i) declaró la nulidad de los actos censurados ; (ii) ordenó a la UGPP reconocer y pagar una pensión gracia en favor de la demandante , efectiva a partir del 13 de julio de 2008, tomando como base lo s salarios percibidos en el año anterior al 25 de julio de 2005.

Al respecto, la autoridad judicial consideró que la demandante cumplió con los requisitos para hacerse beneficiaria de la pensión gracia, ya que se vinculó como docente en instituciones muni cipales con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 , cuenta con más de 50 años de edad y laboró en el municipio de Bucaramanga durante más de 20 años.

Asimismo, indicó que, como el año anterior a la fecha en que la accionante cumplió los requisitos para hacerse beneficiaria de la prestación reclamada, se desempeñaba como jefe de la Oficina Asesora de Control Interno del municipio de Bucaramanga, el cual ejerció desde el 25 de junio de 2005, los factores salariales de ese cargo no pueden tenerse en cuenta para efectos de liquidación de la pensión gracia por cuanto no fueron devengados en el ejercicio de la docencia.

ejerció desde el 25 de junio de 2005, los factores salariales de ese cargo no pueden tenerse en cuenta para efectos de liquidación de la pensión gracia por cuanto no fueron devengados en el ejercicio de la docencia.

En ese orden de id eas, señaló que la vinculación de la actora con anterioridad al 25 de julio de 2005, fue desde el 1 de enero de 2001, cuando la señora Inés Sierra laboró como directiva docente, en consecuencia, tomó como base para la respectiva liquidación los factores sa lariales devengados por la demandante en el año anterior al 25 de julio de 2005.

1.7. Recurso s de apelación.

La señora Inés Sierra Ruiz 6 sostuvo que su vinculación docente no

6 Folio s 404 al 415 del expedienteNulidad y restablecimiento del derecho Radicado :68001 -23 -33 -000 -2013 -00164 -01

Demandante: Inés Sierra Ruiz

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 6 fue suspendida ni interrumpida en más de 35 años de carrera ya que ejerció lo s cargos de (i) docente en el Colegio Santander y la Biblioteca Pública María Isabel Parra; (ii) directiva docente en el Instituto Santa Bárbara, Protección del Niño y Santa María Micaela ; y (iii) a través de diferentes situaciones administrativas, cargos de libre nombramiento y remoción como secretaria del tesoro y jef e de la Oficina de Control Interno del municipio de Bucaramanga.

y (iii) a través de diferentes situaciones administrativas, cargos de libre nombramiento y remoción como secretaria del tesoro y jef e de la Oficina de Control Interno del municipio de Bucaramanga.

Sobre las últimas vinculaciones relacionadas, aseguró que cumplió actividades y funciones en la educación, tales como las de planeación en el sector educativo, el desarrollo e implementación de los sistemas de calidad, la evaluación institucional mediante auditorias y acciones correctivas a través de los planes de función docente e indicó que nunca dejó de pertenecer a la planta docente del municipio de Bucaramanga.

De conformidad con lo anterior , solicitó revocar el ordinal segundo del fallo de primera instancia y, en consecuencia, tener en cuenta los salarios y factores salariales percibidos durante el año anterior a la fecha en que adquirió el estatus pensional, esto es , 13 de julio de 2008, teniendo en cuenta que venía ejerciendo el cargo de jefe de Control Interna en comisión sin dejar de ser docente.

La UGPP 7, en escrito de apelación , deprecó revocar el fallo de primera instancia para , en su lugar , negar las pretensiones de la demanda, al considerar que a la señora Inés Sierra Ruiz no le asiste del derecho para hacerse beneficiaria del reconocimiento y pago de la pensión gracia.

Lo anterior, por cuanto a través d el Decreto 0087 de 21 de febrero de 1990, la demandante fue nombrada en propiedad para desempeñar el cargo de planeación económica grado 21 y tomó

7 Folio s 416 al 431 del expedienteNulidad y restablecimiento del derecho Radicado :68001 -23 -33 -000 -2013 -00164 -01

Demandante: Inés Sierra Ruiz

7 Folio s 416 al 431 del expedienteNulidad y restablecimiento del derecho Radicado :68001 -23 -33 -000 -2013 -00164 -01

Demandante: Inés Sierra Ruiz

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 7 posesión el 21 de febrero de 1990 hasta el 2 de febrero de 1998. Simultáneamente la Secretaría de Educación c ertificó que a través de Resolución 269 del 21 de mayo de 1990, la docente fue comisionada para desempeñar las funciones propias de su cargo en la Biblioteca de La Joya, jornada nocturna, mismo que ejerció hasta el 1 de febrero de 1998.

Así las cosas, man ifestó que no es coherente que la demandante tuviera dos vinculaciones al mismo tiempo, ya que esta situación va en contravía del artículo 128 de la Constitución Política, y de ninguna forma sus funciones en la Biblioteca podían tenerse en cuenta para el r econocimiento de la pensión gracia, por cuanto se entendería que no reunió el mínimo de 40 horas semanales, si se advierte que la jornada en el cargo de la alcaldía era de 8 horas diarias y el tiempo máximo que pudo laborar en la biblioteca sería de 4 hora s, para un total de 20 semanales.

Asimismo, expuso que en una biblioteca la demandante no pudo ejercer las labores de docente, toda vez que las actividades que allí se desempeñan son las de bibliotecóloga , las cuales poco o nada

total de 20 semanales.

Asimismo, expuso que en una biblioteca la demandante no pudo ejercer las labores de docente, toda vez que las actividades que allí se desempeñan son las de bibliotecóloga , las cuales poco o nada tienen que ver con las fun ciones de maestra.

En ese orden de ideas, aseguró que la demandante no acreditó los 20 años en el servicio docente, puesto que el periodo comprendido entre el febrero de 1990 y febrero de 1998, no lo ejerció como docente con las funciones y horarios que la norma impone.

1.8 . Trámite correspondiente a la segunda instancia

La UGPP 8 reiteró los argumentos del escrito de apelación y expuso que la demandante no tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia , ya que se evidenció que no cuenta con los 20 años

8 Folio s 486 del expedienteNulidad y restablecimiento del derecho Radicado :68001 -23 -33 -000 -2013 -00164 -01

Demandante: Inés Sierra Ruiz

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 8 de servicio docente exigidos para hacerse beneficiaria de la pensión gracia.

La señora Inés Sierra Ruiz 9 insistió en lo expuesto en el escrito de apelación y solicitó tener en cuenta los salarios y factores salariales devengados en el año anterior a la fecha en que adquirió e l estatus pensional, es decir , el 13 de julio de 2008.

El Ministerio Público guardó silencio.

devengados en el año anterior a la fecha en que adquirió e l estatus pensional, es decir , el 13 de julio de 2008.

El Ministerio Público guardó silencio.

1.9. Auto de mejor proveer

Previo a proferir fallo de segunda instancia, el Despacho sustanciador mediante providencia del 21 de septiembre de 20 17 10, requirió a l Ministerio de Educación Nacional, a la Gobernación del departamento de Santander y a l a Secretaría de Educación de Bucaramanga , para que allegaran certificados de los tiempos desempeñados por la señora Inés Sierra Ruiz, así como , la naturaleza de la institución educativa y certificado que especifique de dónde provenían los dineros con los q ue fueron pagados sus salarios y prestaciones , para el periodo comprendido entre el 3 de mayo de 1997 y el 21 de diciembre de 2011 .

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 11, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación

9 Folio s 487 al 493 del expediente 10 Folio 497 del expediente. 11 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado :68001 -23 -33 -000 -2013 -00164 -01

Demandante: Inés Sierra Ruiz

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Radicado : 68001 -23 -33 -000 -2013 -00164 -01

Demandante: Inés Sierra Ruiz

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 9 interpuesto. De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso 12, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos expuestos por el apelante único , sin embargo, no existe restricción cuando ambas partes apelan, tal como ocurrió en el presente asunto.

2.2. Cuestión previa

Conforme al memorial visible en el índice 75 de la plataforma SAMAI, se observa que el apoderado de la UGPP interpuso recurso de reposición en contra del auto del 26 de octubre de 2022, mediante el cual, esta Sala resolvió no avocar conocimiento de la solicitud de unificación presentada por dicha entidad.

Sobre el particular, resulta pertinente señalar que en el artículo 242 del CPACA, modificado por el artículo 61 de la Ley 2080 de 2021, se dis puso que el recurso de reposición procede contra todos los autos, salvo norma legal en contrario, así:

«ARTÍCULO 242. Reposición. El recurso de reposición procede contra todos los autos, salvo norma legal en contrario. En cuanto a su oportunidad y trámit e, se aplicará lo dispuesto en el Código General del Proceso.»

Por su parte, el artículo 271 del CPACA, modificado por el artículo 79 de la Ley 2080 de 2021, dispuso:

cuanto a su oportunidad y trámit e, se aplicará lo dispuesto en el Código General del Proceso.»

Por su parte, el artículo 271 del CPACA, modificado por el artículo 79 de la Ley 2080 de 2021, dispuso:

«ARTÍCULO 271. Decisiones por importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de sentar jurisprudencia o precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación.

[...]

12 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argum entos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado :68001 -23 -33 -000 -2013 -00164 -01

Demandante: Inés Sierra Ruiz

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 10 La instancia competente decidirá si avoca o no el conocimiento del asunto, mediante auto no susceptible de recursos.

[…]»

En esos términos, en lo que corresponde a la decisión que resuelve una solicitud de unificación, el legislador expresamente previó que no era susceptible de recursos, por ende, prevalece esta norma especial en cuanto a la improcedencia de los mismos.

De acuerdo con lo expuesto, se tiene que el auto que resolvió no avocar conocimiento de la solicitud de unificación no es pasible del recurso de reposición, por lo que esa petición resulta improcedente.

De acuerdo con lo expuesto, se tiene que el auto que resolvió no avocar conocimiento de la solicitud de unificación no es pasible del recurso de reposición, por lo que esa petición resulta improcedente.

Es necesario resaltar que esta Sala 13 en otras oportunidades, en casos como el presente, ha sostenido que el objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo es g arantizar la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución Política y la ley. De manera que, tratándose de controversias relacionadas con asuntos pensionales, es razonable entender que involucran a muchas personas de la tercera edad.

Por ello , resulta imperativo atender el hecho de que, a través de la Ley 2055 del 10 de septiembre de 2020, se aprobó la «Convención Interamericana Sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores». Se destaca de dicha norma el artículo 4, liter al c), en el que se estableció el compromiso de adoptar y fortalecer «todas las medidas legislativas, administrativas, judiciales, presupuestarias y de cualquier otra índole, incluido un adecuado acceso a la justicia a fin garantizar a la persona mayor un trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitos», por lo que la presente medida se acompasa con tal contenido .

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 2 de febrero de 2023. Radicado 54001 233100020110027201 (0551 -2019).Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado :68001 -23 -33 -000 -2013 -00164 -01

Demandante: Inés Sierra Ruiz

(0551 -2019).Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado :68001 -23 -33 -000 -2013 -00164 -01

Demandante: Inés Sierra Ruiz

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 11 En consecuencia , corresponde a la accionada estarse a lo antes resuelto.

2. 3. Problema jurídico

Considera esta Sala de Subsección, que el estudio y posterior decisión debe centrarse en establecer lo siguiente:

¿Inés Sierra Ruiz, en su calidad de docente oficial , tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión gracia ?

En caso afirmativo,

¿Es posible reliquidar la prestación reconocida a la actora con base en el año anterior al 2008 y no al 2005 como lo ordenó el a quo?

2. 4. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto 2. 4.1. La pensión gracia

La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1 de la Ley 114 de 1913 en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de 20 años.

En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a la pensión gracia, la Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran

de 20 años.

En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a la pensión gracia, la Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su reconocimiento, además de los 20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse desempeñado en los empleos con honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años de edad. Por su parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya vinculado al servicio oficial con anterio ridad al 1 de enero de 1981.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado :68001 -23 -33 -000 -2013 -00164 -01

Demandante: Inés Sierra Ruiz

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 12 Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la pensión gracia a los empleados y profesores de las escuelas normales, junto a los inspectores de instrucción pública. De manera que autorizó la suma de los servicios prestados en

escuelas normales, junto a los inspectores de instrucción pública. De manera que autorizó la suma de los servicios prestados en diversas épocas al computar los años en la enseñ anza primaria, la normalista y la inspección, con el fin de completar el tiempo requerido para acceder a la pensión.

Más adelante, con la Ley 37 de 1933 , el beneficio gratuito de la pensión gracia se hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren completado el tiempo de servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.

Luego, se expidió la Ley 91 de 1989 , en cuyo artículo 1, distinguió entre los conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:

«Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos: Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional . Personal nacionalizado. Son los docentes vincula dos por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.

nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975. Personal territorial . Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territori al , a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.» [Negrillas fuera de texto].

El numeral 2 del artículo 15 de la mencionada ley limitó el reconocimiento de la pensión gracia para lo s docentes al establecer:

«Artículo 15 . A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado :68001 -23 -33 -000 -2013 -00164 -01

Demandante: Inés Sierra Ruiz

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 13 […]

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980

Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 13 […]

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos . Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación. […]»

De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que la pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está prevista para los de carácter terr itorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de los docentes nacionales. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado

terr itorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de los docentes nacionales. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S-699 del 26 de agosto de 1997 señaló:

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].» 14

Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de unificación CE -SUJ2 -011 -18 del 21 de junio de 2018 15 previó las sig uientes pautas jurisprudenciales:

14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S -699 de 26 de agosto de 1997. 15 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000 -23 -42 -000 -201304683 -01 (3805 -2014).Nulidad y restablecimiento del derecho

núm. S -699 de 26 de agosto de 1997. 15 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000 -23 -42 -000 -201304683 -01 (3805 -2014).Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado :68001 -23 -33 -000 -2013 -00164 -01

Demandante: Inés Sierra Ruiz

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 14 «i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas . ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones , por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991. iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no solo dependía de los recursos que

1991. iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por concepto del situado fiscal , sino que también correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artícul os 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988). iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados 12 , resulta factible colegir de man era razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal — como de las enti dades territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas . v) Por tanto, no es dable inferir que lo s docent