CE - 012333000201300344011AUTOQUERESUELNOAVOCA20221026083049

Radicado: 54001233300020130034401(4053-2015)

Demandante: Baudilio Ramírez Alvernia

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

MAGISTRADO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: SOLICITUD DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA Radicación: 54001233300020130034401(4053-2015)

Demandante: BAUDILIO RAMÍREZ ALVERNIA

Demandado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN

PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA

PROTECCIÓN SOCIAL, UGPP

Temas: No se avoca conocimiento para proferir sentencia de unificación.

AUTO INTERLOCUTORIO Ley 1437 de 2011 interlocutorio O-010-2022

ASUNTO

La Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la sol icitud de unificación de jurisprudencia formulada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP.

ANTECEDENTES

La demanda1

El señor Baudilio Ramírez Alvernia, a través de apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, demandó a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pens ional y

de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, demandó a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pens ional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP.

Pretensiones2

1. Se declare la nulidad de las Resoluciones RDP 0012258 del 13 de marzo de 2013 y 019001 del 25 de abril de 2013 , por medio de las cuales la UGPP le negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia.

1 Ff. 2 a 5. 2 Ff. 2 y 3.Radicado: 54001233300020130034401(4053-2015)

Demandante: Baudilio Ramírez Alvernia

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la UGPP reconocer y pagar una pensión gracia a partir del 5 de octubre de 2010, fecha de adquisición del estatus pensional.

3. Que las anteriores sumas sean actualizadas con base en el IPC de conformidad con el artículo 187 del CPACA.

4. Que a la sentencia se le dé cumplimiento en los términos del artículo 192 del

CPACA.

Los hechos3

1. El señor Baudilio Ramírez Alvernia nació el 10 de noviembre de 1948 y ha tenido varias vinculaciones al servicio educativo estatal como docente en el departamento de Norte de Santander desde el 4 de abril de 1974.

2. El 6 de noviembre de 2012 le solicitó a la UGPP el reconocimiento y pago de una pensión gracia.

tenido varias vinculaciones al servicio educativo estatal como docente en el departamento de Norte de Santander desde el 4 de abril de 1974.

2. El 6 de noviembre de 2012 le solicitó a la UGPP el reconocimiento y pago de una pensión gracia.

3. Por medio de la Resolución RDP 012258 del 13 de marzo de 2013 negó la petición, con el argumento de que el lapso laborado entre el 10 de abril de 1995 y el 30 de diciembre de 2010 se entiende como nacional «toda vez que existen inconsistencias entre los ti empos de servicio y el certificado de factores salariales, dado que en los tiempos de servicio se encuentra con vinculación departamental y en los factores salariales con tipo de vinculación Nacional».

4. Mediante Resolución RDP 019001 del 9 de mayo de 2013 confirmó la decisión anterior, al de cidir el recurso de reposición interpuesto contra la resolución antes descrita.

Sentencia de primera instancia4

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander profirió sentencia de primera instancia el 13 de agosto de 2015 , por medio de la cual efectuó las siguientes declaraciones:

• La nulidad de la s Resoluciones RDP 0012258 del 13 de marzo de 2013 y 019001 del 25 de abril de 2013. - Como consecuencia de lo anter ior, le ordenó a la UGPP reconocer y pagar la pensión gracia al demandante a partir del 6 de noviembre de 2012 con los ajustes de ley y debidamente indexada. - La prescripción de las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 6 de noviembre de 2009. - Condenó en costas a la demandada.

ajustes de ley y debidamente indexada. - La prescripción de las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 6 de noviembre de 2009. - Condenó en costas a la demandada.

En síntesis, el juez de primera instancia consideró que el docente cumplió con los requisitos para acceder a la pensión gracia . En relación con el tiempo de servicio acreditado, valoró que el señor Baudilio Ramírez Alvernia laboró para el departamento de Norte de Santander por más de 20 años. Respecto del lapso comprendido entre el 10 de abril de 1995 y el 30 de diciembre de 2010 , concluyó que los nombramientos que tuvieron lugar en este período fueron de naturaleza nacionalizada, departamental y municipal.

Igualmente, precisó que la exigencia contenida en el artículo 15, numeral 2, literal a de la Ley 91 de 1989, no implica que para esa fecha deba existir una relación laboral vigente, pero sí que antes de aquella hubiera existido una vinculación. Finalmente, estimó que se configuró el fenómeno prescriptivo de las mesadas causadas con

3 Ff. 3 a 5. 4 Ff. 280 a 289.Radicado: 54001233300020130034401(4053-2015)

Demandante: Baudilio Ramírez Alvernia

antelación al 6 de noviembre de 2009, en atención a que el demandante presentó la solicitud de reconocimiento el 6 de noviembre de 2012.

El recurso de apelación

Las partes presentaron recursos de apelación en contra de la sentencia de primera instancia.

La parte demandante5 expuso que se presenta una contradicción entre las fechas

El recurso de apelación

Las partes presentaron recursos de apelación en contra de la sentencia de primera instancia.

La parte demandante5 expuso que se presenta una contradicción entre las fechas a partir de la s cuales se ordenó el reconocimiento de la pensión gracia (6 de noviembre de 2012) y se decretó la prescripción (6 de noviembre de 2009) . En su criterio, la pensión debe reconocerse desde el 6 de noviembre de 2009 y no del 6 de noviembre de 2012 , dado que la solicitud presentada interrumpió el fenómeno en mención.

La parte demandada cuestionó la decisión de primera instancia, fundada en que el señor Baudilio Ramírez Alvernia no cumplió con la totalidad de los requisitos para acceder a la pensión gracia. Reiteró que el tiempo comprendido entre el 10 de abril de 1995 y el 30 de diciembre de 2010, se entiende como de orden nacional, lo cual se desprende de las inconsistencias que se advierten de las certificaciones aportadas, dentro de las cuales obran algunas que señalan que estas vinculaciones son nacionales.

La solicitud de unificación

Mediante memorial enviado por correo electrón ico del 7 de abril de 2022 6, la apoderada de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección S ocial UGPP presentó solicitud de unificación de jurisprudencia. En su escrito, solicitó que se emita una sentencia de unificación jurisprudencial en la que se defina qué es lo que debe entenderse como plaza docente, así como sus requisitos y lineamientos. Esto con el fin que se precise

unificación de jurisprudencia. En su escrito, solicitó que se emita una sentencia de unificación jurisprudencial en la que se defina qué es lo que debe entenderse como plaza docente, así como sus requisitos y lineamientos. Esto con el fin que se precise cuáles son las condiciones que debe reunir la «plaza» a la que se refiere la sentencia de unificación SUJ -11-S2 de 21 de junio de 2018 , para ser considerada nacional, nacionalizada o territorial.

Como fundamento de su solicitud, expuso que , si bien, a partir de la sentencia C479 de 1998 quedaron claros los requisitos para acceder a la pensión gracia, con la sentencia de la Sección Segunda del 21 de junio de 2018 se generó un amplio margen de interpretación que ha conducido a un incremento de la litigiosidad para obtener tal reconocimiento de docentes que, bajo el criterio jurisprudencial anterior, se habían considerado nacionales . Manifestó que frente a estos casos se vienen adoptando decisiones sin uniformidad, como consecuencia de que « la plaza docente» se tornó en un concepto jurídico indeterminado.

Seguidamente, recordó las reglas de unificación definidas en la sentencia del Consejo de Estado aludida, frente a las cuales expuso que la providencia no realizó la distinción necesaria del manejo y naturaleza jurídica del situado fiscal antes y después de la Ley 60 de 1993. Indicó que hasta antes de esta última norma los recursos del situado fiscal no eran propios de las entidades territoriales y, por ende, no pueden calificarse como cedidos por la nación a estas.

5 Ff. 294 y 295.

recursos del situado fiscal no eran propios de las entidades territoriales y, por ende, no pueden calificarse como cedidos por la nación a estas.

5 Ff. 294 y 295. 6 Índice 60 de SAMAI.Radicado: 54001233300020130034401(4053-2015)

Demandante: Baudilio Ramírez Alvernia

Por otra parte, afirmó que la sentencia no tuvo en cuenta que los representantes de las entidades territoriales que hacían parte de los FER expedían los actos de nombramiento y remoción de los docentes nacionales y nacionalizados, cuando los recursos provenían del Situado Fiscal. Esto como delegados o agentes del gobierno central, según los artículos 9 de la Ley 29 de 1989 y 1 del Decreto 102 de 1976, con el aval del Ministerio de Educación Nacional y no como nominador de los docentes territoriales.

Con base en lo anterio r, señaló que los criterios que actualmente se vienen aplicando en la jurisdicción de lo contencioso administrativo no son suficientes para determinar la diferencia entre docentes vinculados al 31 de diciembre de 1980 nacionales de los nacionalizados y territoriales, para ser beneficiarios de la pensión gracia, estos están dados así:

• Autoridad que realiza el nombramiento o de la institución educativa donde se prestaba el servicio: este criterio no permite diferenciar qué plazas docentes eran territoriales y cuáles nacionales , puesto que el hecho de que sean nombrados por autoridades territoriales no les asigna esa categoría. - Financiación de los salarios y prestaciones del docente . Insistió en que las transferencias que la nación efectuaba a las entidades territoriales en

nombrados por autoridades territoriales no les asigna esa categoría. - Financiación de los salarios y prestaciones del docente . Insistió en que las transferencias que la nación efectuaba a las entidades territoriales en vigencia del Acto Legislativo 01 de 1968 hasta antes de la Ley 60 de 1993 , por concepto de Situado Fiscal no eran recursos propios de las entidades territoriales puesto que no les eran cedidos. De manera que los recursos que administraban los FER antes de la Ley 60 de 1993 eran de naturaleza nacional eran rentas transferidas.

Seguidamente, la UGPP propuso unas pautas adicionales que permiten aclarar el concepto de plaza docente, para diferenciarlos de los nacionales, esto son:

• El régimen salarial y prestacional aplicable a los docentes nacionales o territoriales. Sobre el tema anotó que a través de la Ley 43 de 1975, la nación asumió el pago de los salarios y prestaciones de los docentes vinculados por los entes territoriales, con todo, ellos mantendrían el régimen territorial que los venía cobijando. - La entidad de previsión social a la que los docentes realizaron los aportes para pensión antes de la creación del FOMAG . Al respect o, destacó que antes de la creación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, los docentes nacionales eran afiliados obligatorios a Cajanal, de conformidad con la Ley 6 de 1945. A su vez, el personal nacionalizado que originalmente fue te rritorial efectuaba las cotizaciones al fondo o caja de pensiones territorial o las asumía directamente la entidad territorial. - Entidad que está asumiendo la financiación de la pensión de jubilación

originalmente fue te rritorial efectuaba las cotizaciones al fondo o caja de pensiones territorial o las asumía directamente la entidad territorial. - Entidad que está asumiendo la financiación de la pensión de jubilación ordinaria. En el mismo sentido, estimó que es útil revisa r la entidad que asume la financiación de la pensión ordinaria, por los tiempos anteriores a la existencia del FOMAG. En consecuencia, si es la nación la que asume estos tiempos, corresponde a una plaza nacional.

CONSIDERACIONES

Problema jurídico

¿Se cumplen los supuestos para que el Consejo de Estado avoque conocimiento del asunto y emita una sentencia de unificación en relación con la definición de «plaza docente» para efectos de acreditar los requisitos para acceder a la pensión gracia?Radicado: 54001233300020130034401(4053-2015)

Demandante: Baudilio Ramírez Alvernia

Para el caso objeto de estudio, es preciso indicar que la Ley 1437 de 2011, en su artículo 2717, consagró la unificación de jurisprudencia, en los siguientes términos:

«Artículo 271. Decisiones por importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de sentar jurisprudencia o precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación. Por razones de importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de sentar o unificar jurisprudenc ia o precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación que ameriten la expedición de una sentencia o auto de unificación jurisprudencial, el Consejo de Estado podrá

de sentar o unificar jurisprudenc ia o precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación que ameriten la expedición de una sentencia o auto de unificación jurisprudencial, el Consejo de Estado podrá asumir conocimiento de los asuntos pendientes de fallo o de decisión interlocutoria. Dicho conocimiento podrá asumirse de oficio; por remisión de las secciones o subsecciones del Consejo de Estado, o de los tribunales; a solicitud de parte, o por solicitud de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado o de l Ministerio Público. Los procesos susceptibles de este mecanismo que se tramiten ante los tribunales administrativos deben ser de única o de segunda instancia.

En estos casos, corresponde a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado dictar sentencias y autos de unificación jurisprudencial sobre los asuntos que provengan de sus secciones. Las secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado dictarán sentencias y autos de unificación en esos mismos eventos, en relación con los asuntos que provengan de las subsecciones de la corporación, de los despachos de los magistrados que las integran, o de los tribunales, según el caso. Las decisiones que pretendan unificar o sentar jurisprudencia sobre aspectos proc esales que sean transversales a todas las secciones del Consejo de Estado, solo podrán ser proferidas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.

Para asumir el trámite a solicitud de parte o de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la petición deberá formularse hasta antes de que se registre ponencia de fallo. Si la petición proviene de un consejero de Estado,

Para asumir el trámite a solicitud de parte o de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la petición deberá formularse hasta antes de que se registre ponencia de fallo. Si la petición proviene de un consejero de Estado, del tribunal administrativo, o del Ministerio Público, esta podrá formularse sin la limitación temporal anterior. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado solo podrá solicitarlo cuando previamente haya intervenido o se haya hecho parte dentro del proceso.

La petición contendrá una exposición sobre las circunstancias que imponen el conocimiento del proceso y las razones que determinan la importancia jurídica o trascendencia económica o social o la necesidad de unificar o sentar jurisprudencia, o precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación.

La petición que se formule para que el Consejo de Estado asuma el conocimiento del proceso no suspenderá su trámite, salvo que el Consejo de Estado adopte dicha decisión.

La instancia competente decidirá si avoca o no el conocimiento del asunto, mediante auto no susceptible de recursos.

PARÁGRAFO. El Consejo de Estado implementará un mecanismo electrónico de fácil acceso que permita comunicar y alertar a sus integrantes y a la ciudadanía en general respecto de aquellas materias o temas que estén en trámite en la Corporación, y que por su impo rtancia jurídica, trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia o precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación, puedan ser propuestos para ser asumidos de oficio por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, para los fines previstos en este artículo.

precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación, puedan ser propuestos para ser asumidos de oficio por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, para los fines previstos en este artículo.

7 Modificado por el artículo 79 de la Ley 2080 de 2021.Radicado: 54001233300020130034401(4053-2015)

Demandante: Baudilio Ramírez Alvernia

Este mecanismo también permitirá que los juzgados y tribunales del país informen sobre procesos en trámite en los respectivos distritos judiciales, que por tener circunstancias similares, puedan ser asumidos por el Consejo de Estado para los fines de este artículo. Así mismo, servirá para advertir las divergencias en la interpretación o aplicación de las sentencias y autos de unificación por parte del Consejo de Estado.»

De acuerdo con lo anterior, el Consejo de Estado puede asumir conocimiento de los asuntos pendientes de fallo o decisión interlocutoria, de oficio o a solicitud de parte, por remisión de las secciones o subsecciones o de los tribunales o a petición de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado o del Ministerio Público, que ameriten la expedición de una sentencia de unificación jurisprudencial, por razones de importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de sentar o unificar jurisprudencia o precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación. Igualmente, la norma dispone que, para asumir el trámite a solicitud de parte, la petición debe formularse con la exposición de las circunstancias que imponen el conocimiento del proceso y las razones por las cuales se considera necesario que se emita una sentencia de unificación.

parte, la petición debe formularse con la exposición de las circunstancias que imponen el conocimiento del proceso y las razones por las cuales se considera necesario que se emita una sentencia de unificación.

Análisis del asunto concreto

En atención a lo anterior y aplicada la referida normativa al sub lite, se tiene que la parte demandada prese ntó la solicitud de unificación de jurisprudencia , con fundamento en lo previsto en el artículo 271 del CPACA, para que se expidiera sentencia de unificación por razones de importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de sentar o unificar jurisprudencia o precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación, dentro de un proceso que se encuentra para fallo en segunda instancia y que aún no se ha registrado proyecto de sentencia.

La UGPP pidió que se precisen cuáles son las condiciones que debe reunir la «plaza» a la que se refiere la sentencia de unificación SUJ-11-S2 de 21 de junio de 2018, para ser considerada nacional, nacionalizada o territorial. En su concepto, los criterios que actualmente se vienen aplicando en la jurisdicción de lo contencioso administrativo no son suficientes para determinar la diferencia entre docentes vinculados al 31 de diciembre de 1980 nacionales de los nacionalizados y territoriales, para ser beneficiarios de la pensión gracia.

Se observa que las razones que sustentan la solicitud de unificación de la UGPP están referidas al desacuerdo con las consideraciones expuestas en la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, en relación con algunos aspectos abordados en aquella oportunidad , que conducen a definir si un docente tiene derecho a la

están referidas al desacuerdo con las consideraciones expuestas en la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, en relación con algunos aspectos abordados en aquella oportunidad , que conducen a definir si un docente tiene derecho a la pensión gracia o no. Particularmente, en relación con el manejo y la naturaleza de los recursos del Situado Fiscal que financian el pago de emolumentos a este sector antes de la Ley 60 de 1993 y con la condición en la que las autoridades de las entidades territoriales suscriben los actos de nombramiento.

La entidad estima que lo anterior ha llevado a un aumento en la litigiosidad tendiente a reclamar el reconocimiento de la prestación, al tiempo que los jueces de esta jurisdicción han efectuado diversas interpretaciones que no guardan uniformidad y que conducen a otorgar el derecho a quienes en otro contexto jurisprude ncial se consideraron nacionales privados de aquel. Con base en ello, propone unos criterios que considera pertinentes a fin de precisar si la vinculación de este personal es de carácter nacional, nacionalizado o territorial.Radicado: 54001233300020130034401(4053-2015)

Demandante: Baudilio Ramírez Alvernia

Para la Sección lo expuesto p or la UGPP no lleva a la necesidad de avocar conocimiento del presente asunto con fines de unificación, por las siguientes razones:

La solicitud no está fundada en razones de necesidad de unificar o sentar jurisprudencia o de precisar su alcance

Lo manifestado por la UGPP radica en que no comparte algunas de las consideraciones de la Sección Segunda expuestas en la sentencia del 21 de junio de 2018. Esta motivación no justifica un nuevo estudio, diferente al ya efectuado en

Lo manifestado por la UGPP radica en que no comparte algunas de las consideraciones de la Sección Segunda expuestas en la sentencia del 21 de junio de 2018. Esta motivación no justifica un nuevo estudio, diferente al ya efectuado en la referida providencia, por cuanto no favorece a los intereses de la entidad de mandada. Además, pese a qu e sostiene que se ha aumentado la litigiosidad tendiente al reclamo de la pensión gracia, ello, por sí mismo, no es motivo de unificación jurisprudencial, cuando el órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo se ha ocupado de ofrec er parámetros en esta materia, como más adelante se abordará.

En efecto, en este ejercicio esta corporación propende a las garantías de igualdad y seguridad jurídica . Además, persigue el propósito de dar cumplimiento al objeto que el artículo 103 del CPAC A le asigna a la jurisdicción de lo contencioso administrativo y favorece «la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución Política y la ley y la preservación del orden jurídico».

No obstante lo señalado, es pertinente poner de presente que no se comparte el argumento expuesto en el escrito que convoca la atención de esta Sala de Sección, que afirma que la sentencia del 21 de junio de 2018 no analizó la naturaleza de los recursos del Situado Fiscal antes de la Ley 60 de 1993. Esto, por cuanto en la referida sentencia , luego de analizar el contexto normativo de dicho concepto, sostuvo:

«[…] concluye la Sala que la finalidad del situado fiscal, antes y después de la Carta Política de 1991, siempre fue la misma; esto es, ceder a las entidades

referida sentencia , luego de analizar el contexto normativo de dicho concepto, sostuvo:

«[…] concluye la Sala que la finalidad del situado fiscal, antes y después de la Carta Política de 1991, siempre fue la misma; esto es, ceder a las entidades territoriales parte del presupuesto nacional destinado esencialmente a financiar los servicios de educación y salud, en atención a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad8 , sin quebrantar, por supuesto, el eje fundamental del principio relativo a la autonomía territorial.

En consecuencia, a pesar de que los recursos del situado fiscal tienen su origen en la Nación, una vez eran cedidos a las entidades territoriales e incorporados a sus presupuestos pasaban a ser considerados como de propiedad exclusiva de la localidad destinataria, e inexorablemente su naturaleza jurídica cambiaba de nacional a territorial, en virtud de que ingresaban a las arcas locales como rentas exógenas.»

A su vez, la sentencia de unificaci ón del 11 de agosto de 2022 se refirió a importantes aspectos sobre la evolución normativa del servicio educativo en Colombia. En lo atinente a la etapa previa a la expedición de la Ley 60 de 1993, que es objeto de cuestionamiento por parte de la demandada en su solicitud, se precisó lo siguiente:

«Segunda etapa. Del 1 de enero de 1976 al 11 de agosto de 1993. En este período se expidieron las Leyes 43 de 1975 y 91 de 1989. La primera nacionalizó la educación, esto es, dispuso que la educación primaria y secundaria, que venían prestando los departamentos, el distrito especial de

período se expidieron las Leyes 43 de 1975 y 91 de 1989. La primera nacionalizó la educación, esto es, dispuso que la educación primaria y secundaria, que venían prestando los departamentos, el distrito especial de

8 Citó la providencia: «Al respecto se puede consultar la sentencia C-517 de 1992, M.P. Ciro Angarita Varón.»Radicado: 54001233300020130034401(4053-2015)

Demandante: Baudilio Ramírez Alvernia

Bogotá, los municipios, las intendencias y comisarías, quedaría a cargo de la nación. Este proceso debía culminar el 31 de diciembre de 1980.

27. Por su parte, la Ley 91 de 1989 creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y adoptó importantes determinaciones en materia salarial y prestacional para dicho sector.

28. La citada norma tomó como fecha de corte el 31 de diciembre de 1980 con el objetivo de precisar el régimen prestacional que debía regir a los docentes vinculados con anterioridad y posterioridad a dicho momento y fijó la asunción de responsabilidades por parte de la nación y las entidades territoriales para el pago de tales acreencias. 9 Para el efecto, el artículo 1

ibidem estableció la siguiente clasificación:

• Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del

Gobierno Nacional.

• Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.

• Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de

de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.

• Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976 , sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975, el cual previó que a partir de la entrada en vigencia de dicha norma “ningún Departamento, Intendencia o Comisaría, ni el Distrito Especial, ni los Municipios podrán, con cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria; ni tampoco podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en ambos casos, del Ministerio de Educación Nacional”.

29. En lo que atañe a esta segunda etapa, se destaca la Sentencia SU-014 de 2020, 10 en tanto concluyó que la nacionalización de la educación realizada por la Ley 43 de 1975 “conllevó la asunción por parte del gobierno central del pa go de los servicios educativos de los docentes otrora territoriales, situación que no derivó en que estos mutaran de plano a maestros nacionales, toda vez que este salto solo se dio para los vinculados a partir de la expedición de la Ley 91 de 1989 que unificó o igualó el régimen prestacional de todos los educadores”». (destaca la Sala)

De la misma forma, la providencia del 21 de junio de 2018 contiene el estudio sobre la situación de los educadores oficiales cuando intervienen los fondos educativos regionales en el acto de vinculación, que la UGPP reclama al asegurar que se pasó

De la misma forma, la providencia del 21 de junio de 2018 contiene el estudio sobre la situación de los educadores oficiales cuando intervienen los fondos educativos regionales en el acto de vinculación, que la UGPP reclama al asegurar que se pasó por alto el hecho de que los representantes de las entidades territoriales que hacían parte de los FER expedían los actos de nombramiento y remoción de los docentes nacionales y na cionalizados, cuando los recursos provenían del Situado Fiscal, lo hacían como delegados o agentes del gobierno central, según los artículos 9 de la Ley 29 de 1989 y 1 del Decreto 102 de 1976, con el aval del Ministerio de Educación Nacional y no como nominador de los docentes territoriales.

Es de anotar que la sentencia de unificación en cita se refirió a las normas que han previsto lo relacionado con las funciones de los FER respecto de la administración de los recursos aportados tanto por la nación como por los departamentos, Distrito Especial y los municipios para cubrir sus erogaciones. Concretamente sostuvo:

9 Citó: «La mencionada norma dispuso que las prestaciones del personal nacionalizado causad as hasta el 31 de diciembre de 1975 pertenecerían al respectivo departamento, intendencia, comisaría o distrito; las atinentes al período de nacionalización, comprendido entre el 1 de enero de 1976 y el 31 de diciembre de 1980, estarían a cargo del tesoro nacional y de los fiscos seccionales en los porcentajes señalados en la referida Ley 43 de 1975 y, finalmente, las que se presentaran con posterioridad al 1 de enero de 1981 se imputarían a la Nación.»

a cargo del tesoro nacional y de los