CE - 012333000201300462011SENTENCIA20230518235959

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 17001 23 33 000 2013 00462 01 (4743-2014)

Demandante: Alba Nori Velásquez Usma Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Temas: Reconocimiento de Pensión Gracia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 6 de agosto de 201 4, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, que accedió a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Pro cedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA, la señora Alba Nori Velásquez Usma , por conducto de apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de la Resolución PAP 016341 del 6 de octubre de 2010, por medio de la cual la UGPP

conducto de apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de la Resolución PAP 016341 del 6 de octubre de 2010, por medio de la cual la UGPP le negó el reconocimiento de la pensión gracia.

1 Folios 61 al 76.2

Radicado: 17001 23 33 000 2013 00462 01 (4743-2014) Demandante: Alba Nori Velásquez Usma Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, la accionante solicitó condenar a la UGPP a: i) reconocer, liquidar y pagar la pensión gracia con inclusión de todos los factores salariales; ii) actualizar la condena conforme a lo dispuesto en el artículo 187 del CPACA; iii) reconocer intereses moratorios al tenor de lo regulado en el canon 192 ibidem; y iv) condenar en costas ala demandada.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló los siguientes:

1. Mediante Decreto 0486 de 1980 el departamento de Caldas reconoció a la demandante los servicios prestados como profesora seccional rural de Anserma

(Caldas) entre el 3 de mayo y 20 de junio de 1980, en licencia de la docente María Lucía Montoya de Vélez , pago que se hizo con cargo al presup uesto del Fondo Educativo Regional (FER).

1. Por Decreto 1017 de 1980 el ente territorial mencionado hizo otro reconocimiento a la demandante por los servicios prestados como profesora interina seccional en Anserma (Caldas), del 1.° de septiembre al 12 d e octubre de esa anualidad,

a la demandante por los servicios prestados como profesora interina seccional en Anserma (Caldas), del 1.° de septiembre al 12 d e octubre de esa anualidad, cubriendo esta vez la licencia de Edit Usma de López , pago que también corrió a cargo del FER.

1. A través del Decreto 0364 de 20 de abril de 1981 la demandante fue nombrada como profesora del Colegio de Occidente en Anserma (Caldas), tomó posesión del cargo el treinta (30) del mismo mes y desde ese momento viene laborando de forma ininterrumpida.

1. El 31 de mayo de 2007 la demandante cumplió 50 años de edad y ha observado buena conducta durante su ejercicio docente.3

Radicado: 17001 23 33 000 2013 00462 01 (4743-2014) Demandante: Alba Nori Velásquez Usma v) El 10 de febrero de 2009 elevó petición de reconocimiento pensional, que fue resuelta de forma negativa por la demandada mediante el acto administrativo acusado.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron el artículo 15 ordinal 2°, literal a) de la Ley 91 de 1989, las Leyes 114 de 1913 y 909 de 2004; y el Decreto 2400 de 1968.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la actora expuso lo siguiente:

1. La demandante estuvo vinculad a al servicio público de la educación departamental con anterioridad al 31 de diciembre de 1980.

1. Respecto de los tiempos discontinuos, el Consejo de Estado ha dicho que lo

siguiente:

1. La demandante estuvo vinculad a al servicio público de la educación departamental con anterioridad al 31 de diciembre de 1980.

1. Respecto de los tiempos discontinuos, el Consejo de Estado ha dicho que lo importante para obtener el derecho a la pensión gracia es que el vínculo sea anterior a la mencionada fecha, pues el tiempo de servicio establecido en las normas que regulan la prestación puede ser continuo o discontinuo.

1.2. Contestación de la demanda

La entidad no contestó la demanda.2

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia del 6 de agosto de 2014, accedió a las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la demandada , con sustento en las siguientes consideraciones:3

1. El artículo 15 de la Ley 91 de 1989 establece como requisito para acceder a la

2 Constancia secretarial obrante a folio 68 3 Folios 138 al 145.4

Radicado: 17001 23 33 000 2013 00462 01 (4743-2014) Demandante: Alba Nori Velásquez Usma pensión gracia haber estado vinculado a la docencia antes del 31 de diciembre de

1980. Respecto de dicha exigencia, en el acto administrativo acusado se aduce que los tiempos de servicio docente certificados por l a Secretaría de Educación de Caldas no se tienen en cuenta para efectos del reconocimiento pensional, por cuanto fueron prestados a través de un contrato de prestación de servicios.

Frente a tal argumento e l Consejo de Estado 4 determinó que para efectos de establecer si hubo vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980 no se requiere

cuanto fueron prestados a través de un contrato de prestación de servicios.

Frente a tal argumento e l Consejo de Estado 4 determinó que para efectos de establecer si hubo vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980 no se requiere una vinculación en propiedad, sino incluso en cumplimiento de una licencia.

1. En el sub lite está acreditado que la accionante se vinculó en propiedad como docente en el Colegio de Occidente de Anserma (Caldas) desde el 30 de abril de 1981; además, estuvo vinculada a la docencia antes del 31 de diciembre de 1980, porque cubrió una licencia entre el 3 de mayo y el 20 de junio y desde el 1 de septiembre hasta el 12 de octubre de 1980.

En este orden, se encuentra demostrada la vinculación de la actora como docente antes del 31 de diciembre de 1980, por cuanto otra interpretación discriminaría a quienes han sido vinculados para cubrir licencias y reduce el campo de aplicación de las normas referentes a la pensión gracia.

1. No puede la UGPP crear criterios o requisitos que la ley no ha establecido. Por lo tanto, es claro que la señora Velásquez Usma reúne la totalidad de los requisitos establecidos legalmente para tener derecho a la pensión gracia.

1. En cuanto a los factores que deben incluirse en la liquidación, debe darse aplicación a la Ley 4 de 1966, reglamentada por el Decreto 1743 de 1966, cuyo artículo 5, modificado por el a rtículo 1 del decreto 2025 de 1966 , dispuso que las pensiones serían liquidadas tomando como base el 75% del promedio mensual de los salarios devengados, durante el último año de servicios.

artículo 5, modificado por el a rtículo 1 del decreto 2025 de 1966 , dispuso que las pensiones serían liquidadas tomando como base el 75% del promedio mensual de los salarios devengados, durante el último año de servicios.

4 Citó la sentencia de tutela del 6 de diciembre de 2012, dictada dentro del expediente número 2012-00963 por la Sección Primera, con ponencia de María Elizabeth García González.5

Radicado: 17001 23 33 000 2013 00462 01 (4743-2014)

Demandante: Alba Nori Velásquez Usma

1. En el caso concreto no hay prescripción trienal por cuanto la pensión gracia se causó a partir del 31 de mayo de 2007, fecha de adquisición del status pensional; la petición de reconocimiento fue presentada el 28 de julio de 2007, siendo resuelta mediante Resolución 60789 del 27 de diciembre de 2007; el 10 de febrero de 2009 presentó nuevamente solicitud de reconocimiento y pago de la pensión gracia, petición que fue resuelta de forma desfavorable mediante la Resolución PAP 016341 del 6 de octubre de 2010 y la demanda fue presentada el 9 de septiembre de 2013. En consecuencia, aún el último escrito se presentó dentro de los tres años que habla la norma, y entre la fecha en que se resolvió y la presentación de la demanda, no transcurrieron más de 3 años.

Por lo expuesto, el a quo decidió declarar la nulidad de la Resolución PAP016341 del 6 de octubre de 2010 y, a título de restablecimiento del derecho, condena r a la

demanda, no transcurrieron más de 3 años.

Por lo expuesto, el a quo decidió declarar la nulidad de la Resolución PAP016341 del 6 de octubre de 2010 y, a título de restablecimiento del derecho, condena r a la UGPP a reconocer y pagar la pensión de jubilación gracia a la señora Alba Nori Velásquez Usma, desde el 31 de mayo de 2007, en cuantía del 75% de todo lo devengado en el año anterior a aquel en que cumplió el status de pensionada.

1.4. El recurso de apelación

El apoderado de la acciona da interpuso recurso de apelación contra la referida sentencia con base en los siguientes argumentos:5

1. De conformidad con los servicios prestados por la demandante se puede observar esta no se encontraba vinculada a la docencia oficial al 31 de diciembre de 1980.

1. Los tiempos de servicio certificados por la Secretaría de Educación de Caldas no se pueden te ner en cuenta para efectos del reconocimiento de la pensión reclamada, toda vez que fueron laborados a través de un contrato de prestación de servicios. Por tal razón, como este tipo de relación tiene carácter de contrato civil , en ningún caso se generó en tre las partes vinculación laboral ni prestaciones

5 Folios 151 al 154.6

Radicado: 17001 23 33 000 2013 00462 01 (4743-2014) Demandante: Alba Nori Velásquez Usma sociales ni afiliación a seguridad social y mucho menos surgieron, para l a accionante, derechos que solo están consagrados para los docentes que a l 31 de diciembre de 1980 hubieran estado vinculados en la planta de personal estatal. La

sociales ni afiliación a seguridad social y mucho menos surgieron, para l a accionante, derechos que solo están consagrados para los docentes que a l 31 de diciembre de 1980 hubieran estado vinculados en la planta de personal estatal. La señora Alba Nori Velásquez Usma, para diciembre del año 1980, no hacía parte de la planta docente y tan solo vino a pertenecer a ella a partir del 20 de abril de 1981.

1. Constituiría un exabrupto jurídico que una persona por el solo hecho de haberse desempeñado en provisionalidad por un breve espacio de tiempo en un cargo del cual es titular otra persona en su condición de docente de planta, gozara de los mismos beneficios de este último y especialmente el de disfrutar de la pensión gracia.

1. La Ley 115 de 1994 en su artículo 105 contempla que la vinculación de personal docente, directivo y administrativo al servicio público estatal, solo podrá efectuarse mediante nombra miento hecho por decreto y dentro de la planta de personal aprobada por la respectiva entidad territorial y que únicamente podrán ser nombrados como educadores o funcionarios administrativos de la educación estatal, dentro de la planta de personal, quienes previo concurso, hayan sido seleccionados y acrediten los requisitos legales , los cuales no cumplió la demandante.

1. Respecto a la condena en costas, debe tenerse en cuenta que la demandada no ha obrado en forma temeraria, y su actuación ha sido de buen a fe, siempre en derecho y procurando la protección de los recursos del Estado.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

En esta etapa procesal la parte demandante guardó silencio.6 Por su parte, la UGPP7

derecho y procurando la protección de los recursos del Estado.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

En esta etapa procesal la parte demandante guardó silencio.6 Por su parte, la UGPP7 manifestó que la actora no cumple los requisitos exigidos en la Ley 114 de 1913,

6 Según constancia secretarial obrante en el folio 223. 7 Folio 222.7

Radicado: 17001 23 33 000 2013 00462 01 (4743-2014) Demandante: Alba Nori Velásquez Usma pues solamente fue vinculada como docente de planta a partir del 20 de abril de

1981.

1.6. El Ministerio Público

El agente del Ministerio Público no rindió concepto.8

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

El problema jurídico consiste en determinar lo siguiente: i) si la demandante tiene derecho a que la UGPP le reconozca la pensión gracia, en aplicación del régimen consagrado en la Ley 114 de 1913 y demás normas que regulan dicha prestación; y ii) si la condena en costas impuesta en primera instancia consulta los postulados de los artículos 188 del CPACA y 365 del CGP.9

2.2. Marco normativo

El artículo 1 de la Ley 114 de 1913 dispuso que los maestros de escuelas primarias oficiales «que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente Ley».

oficiales «que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente Ley».

Por su parte, las Leyes 116 de 192810 y 37 de 193311 consagraron la posibilidad de

8 Según constancia secretarial obrante en el folio 223. 9 Código General del Proceso. 10 Artículo 6. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de Instrucción Pública tienen derecho a jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que a esta complementan. Para el computo de los años de servicio se sumarán los prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la enseñanza primaria cono en el de la normalista, pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección. 11 Artículo 3. Las pensiones de jubilación de los maestros de escuela r ebajadas por decreto de carácter legislativo, quedaran nuevamente en la cuantía señalada por las leyes. Hácense extensivas estas pensiones a los maestros que hayan completado los años de servicios señalados por la Ley, en establecimientos de enseñanza secundaria.8

Radicado: 17001 23 33 000 2013 00462 01 (4743-2014) Demandante: Alba Nori Velásquez Usma que los docentes obtuvieran la pensión gracia computando los años laborados en la enseñanza secundaria, normalista o como inspectores de instrucción pública, siempre y cuando cumplieran los demás requisitos fijados por el artículo 4 de la Ley 114 de 1913, pues estos no fueron modificados por la normativa posterior.12

la enseñanza secundaria, normalista o como inspectores de instrucción pública, siempre y cuando cumplieran los demás requisitos fijados por el artículo 4 de la Ley 114 de 1913, pues estos no fueron modificados por la normativa posterior.12

Dentro de los requerimiento s para acceder al mencionado beneficio, el artículo 4 ibidem incluyó el referente a que el educador no haya recibido o reciba «otra pensión o recompensa de carácter nacional».13

En virtud de dicho condicionamiento, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante Sentencia S -699 de 1997 del 29 de agosto de 1997, concluyó que « la pensión gracia no puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues constituye requisito indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución alguna de la nación por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado por cuenta de ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran los educadores locales o regionales».14

Al respecto, es preciso resaltar que la prestación en comento se creó con la finalidad de compensar a los profesores adscritos a entidades territoriales en razón a la diferencia salarial que se evidenciaba en comparación con los docentes nacionales; sin embargo, este objetivo inicial perdió su fundamento con ocasión del proceso de nacionalización de la educación que instituyó la Ley 43 de 1975 y en razón a que el

12 Al respecto pueden consultarse las siguientes providencias del Consejo de Estado: i) sentencia de 16 de junio de 1995, radicado: 10665; ii) sentencia de 29 de agosto de 1997, radicado: S-699.

12 Al respecto pueden consultarse las siguientes providencias del Consejo de Estado: i) sentencia de 16 de junio de 1995, radicado: 10665; ii) sentencia de 29 de agosto de 1997, radicado: S-699. 13 Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:

1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración. 2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).

3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter n acional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.

4. Que observe buena conducta. 5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).

6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento. 14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de agosto de 1997, radicado: S-699. También pueden consultarse las siguientes providencias de la Sección Segunda que han acogido igual lineamiento: i) Subsección A, sentencia del 10 de marzo de 2016, radicado: 52001 -23-33-0002013-00145-01 (2604-2014); ii) Subsección B, sentencia del 1 de marzo de 2018, radicado: 25000 -23-42-0002013-06449-01 (3989-2015); y iii) Subsección B, sentencia del 30 de enero de 2020, radicado: 23001 -23-33000-2016-00431-01 (5640-2018). En similar sentido, puede consultarse la Sentencia C -085 de 2002, proferida por la Corte Constitucional.9

Radicado: 17001 23 33 000 2013 00462 01 (4743-2014) Demandante: Alba Nori Velásquez Usma artículo 15 de la Ley 91 de 1989 dispuso que tal beneficio sería compatible con la pensión ordinaria de jubilación, «aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación».

En virtud de la expedición de la Ley 91 de 1989, la Sala Plena de esta corporación, en la referida Sentencia S -699 de 1997, afirmó que la pensión gracia debe reconocerse a los docentes nacionalizados, en aras de «colmar las expectativas de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por su labor, en el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria oficiales».

Ahora bien, la Ley 91 de 1989 pretendió desmontar el reconocimiento de la pensión gracia en consideración a que ya no existía la diferencia salarial anotada; sin embargo, en su artículo 15, numeral 2, literal a), previó lo siguiente:

Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones: […]

2. Pensiones:

Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones: […]

2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

La Sentencia C-489 de 2000 declaró la exequibilidad condicionada de la expresión «vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980» contenida en la norma transcrita, bajo el entendido de que «las situaciones jurídicas particulares y concretas que se hubieran consolidado antes de entrar en vigencia la ley 91/89, esto es, antes del 29 de diciembre de 1989, quedan a salvo de la nueva normatividad por cuanto constituyen derechos adquiridos que el legislador no podía desconocer».10

Radicado: 17001 23 33 000 2013 00462 01 (4743-2014) Demandante: Alba Nori Velásquez Usma Mediante sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022,15 la Sección Segunda del Consejo de Estado analizó el alcance de la citada disposición, en consonancia

Demandante: Alba Nori Velásquez Usma Mediante sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022,15 la Sección Segunda del Consejo de Estado analizó el alcance de la citada disposición, en consonancia con la jurisprudencia constitucional proferida en la materia, con el fin de determinar si era necesario tener consolidado el derecho pensional al 29 de diciembre de 1989.

Al respecto, se explicó que el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 contiene dos fechas relevantes para estudiar el derecho a la pensión gracia, a saber:

1. 31 de diciembre de 1980 - constituye el último momento en q ue podía realizarse la vinculación del docente que pretendiera el reconocimiento pensional.

1. 29 de diciembre de 1989 - corresponde a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989; sin embargo, esta «no puede entenderse como un plazo que demarque la última oportunidad para consolidar el derecho a la pensión gracia».16

En este orden de ideas, tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel docente que haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114 de 1913 y demás normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre colmar los requisitos de edad y tiempo de servicio, es decir, que lo haga antes o después del 29 de diciembre de 1989. Al respecto, esta corporación explicó lo siguiente:17

[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del

siguiente:17

[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del docente territorial sea an terior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos posteriores siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o territoriales».18

15 Radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017). 16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, r adicado 1500123-33-000-2016-00278-01 (3018-2017). 17 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, r adicado 1500123-33-000-2016-00278-01 (3018-2017). 18 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001 -03-15-0002019-02219-01 (AC).11

Radicado: 17001 23 33 000 2013 00462 01 (4743-2014) Demandante: Alba Nori Velásquez Usma […] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición buscó proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta ese momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por ende, el único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales y nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con

ese momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por ende, el único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales y nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos como las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional, pues las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores vinculados en la forma indicada. […]

1. La Sentencia C -506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al límite temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso a la pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de diciembre de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar los requisitos previstos p ara obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista laboral respecto de la cual tenían aspiraciones legítimas.

1. Mediante la Sentencia SU -014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible, esto es, la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los profesores de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los inspectores de instrucción pública y los docentes ofici ales de secundaria aún podrían acceder a la prestación siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31

profesores de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los inspectores de instrucción pública y los docentes ofici ales de secundaria aún podrían acceder a la prestación siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980 y cumplieran los demás requisitos de ley ». A partir de dicho entendimiento, se reconoció la pensión gracia a una docente que se vincul ó antes de la referida fecha y consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación de la Ley 91 de 1989.

Bajo este contexto, se fijó como regla de unificación que «[l]os docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».

Una vez aclarado este aspecto, es preciso tener e n cuenta que para determinar la plaza docente que permite obtener el beneficio pensional en comento, en sentencia del 21 de junio de 2018, 19 esta corporación fijó las siguientes reglas de unificación:20

19 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-2342-000-2013-04683-01 (3805-2014). 20 Para mayor claridad se separaron cada una de las reglas, pero se conservó el contenido literal de la sentencia transcrita.12

Radicado: 17001 23 33 000 2013 00462 01 (4743-2014)

Demandante: Alba Nori Velásquez Usma

transcrita.12

Radicado: 17001 23 33 000 2013 00462 01 (4743-2014)

Demandante: Alba Nori Velásquez Usma

(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886 como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a los presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;

(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se pierde, o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente hay a intervenido el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el respectivo fondo educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal o la vacancia definitiva del cargo;

(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas de la respectiva localidad, o las del situado fiscal cuando se sufragaban los gastos a través de los endógenas exógenas fondos educativos regionales, y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generab an se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones; y

(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda estable cer

se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones; y

(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda estable cer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.

El escenario normativo y jurisprudencial antes transcrito permite concluir que, en lo que atañe al requerimiento de acreditar 20 años en el servicio educ ativo para acceder a la pensión gracia, los docentes deben demostrar una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y pueden acumular dichos tiempos con los posteriores laborados en similar condición.

A su vez, no se les puede exigir haber completado todos los requisitos antes del 29 de diciembre de 1989 y tampoco es válido impedir el acceso al beneficio pensional bajo el argumento de que los salarios fueron pagados total o parcialmente con recursos provenientes del situado fiscal o del sistema general de participaciones, pues «lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o13

Radicado: 17001 23 33 000 2013 00462 01 (4743-2014)

Demandante: Alba Nori Velásquez Usma nacion