CE - 012333000201300511011SENTENCIA20231205092753

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil veintitrés (2023).

Radicación número: 050012333000201300511 01 (55476)

Demandante: CONSTRUCCIONES MACRO S.A.S. Y OTRO

Demandado: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

Temas: DEBIDO PROCESO EN MATERI A SANCIONATORIA – Elementos – garantías mínimas – no toda irregularidad comporta su vulneración / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA – Presupuestos – elementos / DESVIACIÓN DE PODER – Alcance del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 con respecto a la cláusula penal – vicio no demostrado por los apelantes / INCUMPLIMIENTO ATRIBUIDO AL CONTRATISTA EN LOS ACTOS ACUSADOS – No se desvirtuaron las imputaciones hechas por la EDU y ratificadas en el fallo apelado / OBRAS EJECUTADAS Y NO PAGADAS – Apelación no refutó todo el análisis que al respecto se hizo en la providencia apelada – No acreditación de bases para su reconocimiento.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia dictada el 26 de junio de 2015 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, y en la cual se dispuso:

su reconocimiento.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia dictada el 26 de junio de 2015 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, y en la cual se dispuso:

(...) SEGUNDO1: Se NIEGA la pretensión de nulidad del acto administrativo Nro. GG0213 del 14 de mayo de 2012 y GG0445 del 24 de septiembre de 2012, mediante las cuales se declara el incumplimi ento del contrato y se impone la cláusula penal al contratista (...).

SEGUNDO (sic): Se DECLARA que la EDU debe al consorcio MACROMONCADA la suma de quinientos setenta y ocho millones trescientos cincuenta y dos mil trescientos ochenta y un pesos ($578’352.381) a título de obras extras por acta Nro. 17 y de reajuste, obtenida luego de deducir el valor de la multa, suma que deberá actualizarse y pagar intereses de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

TERCERO (sic): Se NIEGAN las demás pretensiones de la demanda.

1 En el ordinal primero del fallo apelado se aceptó el impedimento de uno de los magistrados integrantes de la Sala decisoria de primera instancia.2 Radicación N° 050012333000201300511 01 (55476)

Demandante: Construcciones Macro S.A.S. y otro Demandado: Empresa de Desarrollo Urbano Medio de control de controversias contractuales

I. SÍNTESIS DEL CASO

Los integrantes del consorcio Macro -Moncada demandaron la nulidad de las Resoluciones GG0213 del 14 de mayo de 2012 y GG0445 del 24 de septiembre del

Medio de control de controversias contractuales

I. SÍNTESIS DEL CASO

Los integrantes del consorcio Macro -Moncada demandaron la nulidad de las Resoluciones GG0213 del 14 de mayo de 2012 y GG0445 del 24 de septiembre del mismo año, por las cuales la Empresa de Desarrollo Urbano decla ró el incumplimiento parcial del contrato de obra N° 737 de 2010 y le impuso al contratista la cláusula penal pactada por las partes. Los cargos de nulidad se centran, fundamentalmente, en la supuesta violación al debido proceso, el desvío de poder de la E DU y la no imputabilidad al contratista, de los hechos constitutivos de incumplimiento.

Adicionalmente, se reclama el pago de varias obras contractuales y obras extra que, según los demandantes, fueron ejecutadas por el consorcio, pero no pagadas por la EDU, incluyendo el valor de los reajustes igualmente convenidos en el contrato.

El Tribunal de primera instancia negó las pretensiones de nulidad y concedió parcialmente las reclamaciones económicas de los consorciados, por lo cual la parte actora interpuso el recurso de apelación que le corresponde resolver a la Sala.

II. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

El 22 de marzo de 2013, el señor Wilmar José Moncada Arcila y la sociedad Construcciones Macro S.A.S., como exintegrantes del consorcio Macro-Moncada y obrando a través de apoderado judicial, instauraron demanda de controversias contractuales contra la Empresa de Desarrollo Urbano -EDU-, a efectos de que se declarara la nulidad de los “actos administrativos contractuales sancionatorios”

obrando a través de apoderado judicial, instauraron demanda de controversias contractuales contra la Empresa de Desarrollo Urbano -EDU-, a efectos de que se declarara la nulidad de los “actos administrativos contractuales sancionatorios” GG0213 del 14 de mayo de 2012 y GG0445 del 24 de septiembre de ese mismo año, expedidos por la entidad demandada en el marco del contrato de obra N° 737 de 2010.

Asimismo, como consecuencia de tal declaratoria de nulidad, solicitaron que se declarara la responsabilidad contractual de la EDU “por los perjuicios morales y materiales” ocasionados a los miembros del consorcio Macro-Moncada (pretensión segunda), y se le condenara al pago de $4.293’401.592,27, o la suma mayor que3 Radicación N° 050012333000201300511 01 (55476)

Demandante: Construcciones Macro S.A.S. y otro Demandado: Empresa de Desarrollo Urbano Medio de control de controversias contractuales resultara demostrada en el proceso, por concepto de los indicados perjuicios

(pretensión tercera).

Por último, formuló la pretensión cuarta en los siguientes términos:

Independientemente de la primera pretensión, ordenar a la Empresa de Desarrollo Urbano EDU pagar a los demandantes la suma equivalente a $1.979’761.349, correspondientes a los (…) rubros de actividades ejecutadas en virtud del contrato 737 y debidas al contratista2.

En la fundamentación fáctica de la demanda la parte actora relató, en síntesis, el proceso de selección y la subsiguiente celebración del contrato de obra N° 737 del 19 de agosto de 2010, suscrito para la “construcción del proyecto espacio público

En la fundamentación fáctica de la demanda la parte actora relató, en síntesis, el proceso de selección y la subsiguiente celebración del contrato de obra N° 737 del 19 de agosto de 2010, suscrito para la “construcción del proyecto espacio público centralidad Doce de Octubre y obras complementarias, Comuna 6, Municipio de Medellín”, por un valor de $4.051’885.547 y por un plazo de 300 días calendario. Tanto el contrato mismo como el pliego de condiciones establecían que la EDU estaba obligada a entregar al contratista, por conducto de la interventoría, los planos y especificaciones del proyecto, lo que no fue cumplido oportunamente por la entidad.

Resaltó el contenido de la cláusula penal pactada en el contrato, especialmente, en cuanto a los requisitos previos que debían seguirse para su imposición.

Afirmó que, dentro del término contractual inicial, la EDU ordenó la ejecución de 42 obras adicionales a los 212 ítems pactados en el contrato, para lo cual se suscribieron cuatro actas de convenio de precios -descritas en el libelo-, y determinó cambios en la obra en siete oportunidades, lo que quedó consignado en sendas “actas de cambio de obra” firmadas entre el 3 de septiembre de 2010 y el 7 de marzo de 2011. Agregó que tales modificaciones y nuevos ítems afectaron la planeación y programación de la obra por causas no imputables al contratista.

Refirió las prórrogas del plazo contractual y las adiciones y cambios de obra acordados en esos interregnos adicionales, así como las distintas situaciones climáticas y de orden público que, según su dicho, causa ron traumatismos y

Refirió las prórrogas del plazo contractual y las adiciones y cambios de obra acordados en esos interregnos adicionales, así como las distintas situaciones climáticas y de orden público que, según su dicho, causa ron traumatismos y retrasos en el proyecto. Recalcó que, faltando 12 días para la expiración del plazo

2 Actividades que enunció y detalló en la misma pretensión (fl. 4, c.1), y a las cuales se referirá la Sala en el análisis respectivo.4 Radicación N° 050012333000201300511 01 (55476)

Demandante: Construcciones Macro S.A.S. y otro Demandado: Empresa de Desarrollo Urbano Medio de control de controversias contractuales final del contrato -24 de diciembre de 2011-, la entidad ordenó ejecutar “53”3 nuevos ítems, sin prorrogar el término contractual, lo que ocasionó que la obra no estuviera culminada al vencer el plazo pactado.

Expuso que el 23 de enero de 2012, el consorcio y la interventoría suscribieron un acta de recibo parcial de obra, señalándose como faltantes algunas actividades en 14 frentes que, en realidad, corr espondían a correcciones, observaciones, mantenimiento de lo ya ejecutado y “obras extras definidas por la interventoría” ; y manifestó que, pese a tal recibo parcial de la obra, se le llegaron a imputar al contratista incumplimientos consistentes en “no entregar los productos pactados” , no atender los requerimientos de la entidad ni la interventora y no comprometerse con las fechas de entrega.

Reseñó el procedimiento sancionatorio adelantado por la EDU, así como lo

no atender los requerimientos de la entidad ni la interventora y no comprometerse con las fechas de entrega.

Reseñó el procedimiento sancionatorio adelantado por la EDU, así como lo acontecido en las audiencias, recalcando que si bien el consorcio solicitó la revisión de los documentos del proceso licitatorio por parte de dos órganos especializados4 y la práctica de varias pruebas técnicas y testimoniales para establecer con claridad el grado de cumplimiento del contrato, la entidad negó arbitrariamente tales probanzas y profirió las resoluciones acusadas en el juicio, las cuales, según los demandantes, están viciadas de nulidad por haber violado los derechos de defensa y contradicción del contratista, no sólo en virtud de la denegación de pruebas sino también por no haber respetado los requisitos establecidos en la cláusula penal. Igualmente, cuestionó que la entidad confirmara en el acto de cierre la declaratoria de incumplimiento, pese a que días antes recibió a satisfacció n la totalidad de la obra.

Por otro lado, adujo que tanto el pliego de cargos como la Resolución GG0213 de 2012 se notificaron únicamente “al consorcio Macro-Moncada”, lo que ocasionó que únicamente el representante, es decir, el consorciado Wilmar Moncad a, hubiera podido ejercer su defensa, pero no la sociedad Construcciones Macro S.A.S.

En cuanto a las “obras ejecutadas y no pagadas” , manifestó que la EDU no había pagado ninguna de las actas de reajuste de precios, y que por otro lado, de las

3 En algunas partes de la demanda y demás actuaciones durante el proceso, la actora refirió 53

pagado ninguna de las actas de reajuste de precios, y que por otro lado, de las

3 En algunas partes de la demanda y demás actuaciones durante el proceso, la actora refirió 53 nuevas obras, y en otras señaló que eran 52. Según las pruebas aportadas al expediente, fueron 54 nuevos ítems enlistados en acta del 12 de diciembre de 2011. 4 La Sociedad de Arquitectos e Ingenieros y la Cámara Colombiana de Infraestructura.5 Radicación N° 050012333000201300511 01 (55476)

Demandante: Construcciones Macro S.A.S. y otro Demandado: Empresa de Desarrollo Urbano Medio de control de controversias contractuales obras cont enidas en el “Acta N° 17” del contrato, adeudaba la suma de $734’307.070, pues había descontado indebidamente algunas “actividades ordenadas”, que equivalían a $43’308.003.

-. Al plantear los cargos de nulidad de las resoluciones expedidas por la EDU, la parte actora señaló como normas violadas la Ley 1474 de 2011 y los artículos 3, 13 y 40 de la Ley 80 de 1993, 17 de la Ley 1150 de 2007 y 1592 al 1602 del Código Civil. De igual manera adujo como infringidas las cláusulas novena y décima del contrato de ob ra N° 737 de 2010 y acusó a las resoluciones demandadas de haberse expedido con vulneración del debido proceso, desviación de poder y falsa motivación -esto último en tanto, en palabras de los demandantes, los retardos de la obra obedecieron a causas no imputables al contratista y no a los incumplimientos aducidos por la entidad en los actos enjuiciados-.

motivación -esto último en tanto, en palabras de los demandantes, los retardos de la obra obedecieron a causas no imputables al contratista y no a los incumplimientos aducidos por la entidad en los actos enjuiciados-.

Finalmente, alegó el incumplimiento contractual del EDU por entrega tardía de los planos y diseños, retrasos en la obtención de licencias y no pago opor tuno de las actas de obra, entre otras imputaciones que se detallarán, en lo pertinente, en el análisis de la apelación.

2. Trámite de primera instancia

2.1. El Tribunal Administrativo de Antioquia admitió la demanda el 10 de mayo de 2013 (fl. 1.219, c.1 ), y el 11 de julio de la misma anualidad, denegó la solicitud de suspensión provisional de los actos acusados (fls. 27-31, c.2).

2.2. La EDU contestó la demanda oportunamente y si bien aceptó como cierta y/o parcialmente cierta la mayoría de los hechos en que se fundó, expuso amplias aclaraciones sobre éstos, negó haber incumplido sus obligaciones contractuales, se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso las excepciones de “buena fe”, “inexistencia de la obligación a indemnizar” , “presunción de legalidad de los actos administrativos”, “mala fe del demandante” -por cuanto a juicio de la entidad no se debieron demandar las resoluciones sancionatorias bajo argumentos y pruebas que fueron objeto de exhaustivo examen y clara solución en sede administrativa - y “compensación”.

Expuso las razones que llevaron a las partes a celebrar los acuerdos adicionales

debieron demandar las resoluciones sancionatorias bajo argumentos y pruebas que fueron objeto de exhaustivo examen y clara solución en sede administrativa - y “compensación”.

Expuso las razones que llevaron a las partes a celebrar los acuerdos adicionales del contrato y a suscribir las actas de cambio de obra, recalcando las obligaciones6 Radicación N° 050012333000201300511 01 (55476)

Demandante: Construcciones Macro S.A.S. y otro Demandado: Empresa de Desarrollo Urbano Medio de control de controversias contractuales que el contratista asumió al firmar dichos instrumentos, así como las solicitudes que él mismo elevó para que se pactaran varios de tales cambios. Por otro lado, precisó que los faltantes reportados en el acta de recibo parcial del 23 de enero de 2012 no obedecieron a simples garantías ni a meras actividades de mantenimiento, como lo adujo la parte actora, sino que se trataba de obras centrales pactadas en el contrato, que debían ser entrega das a satisfacción en el mes de diciembre anterior a dicha acta, lo que no aconteció, dado que las obras sólo culminaron en septiembre de

2012.

Recalcó que la denegatoria de pruebas en el proceso sancionatorio se fundamentó en la extemporaneidad de la sol icitud y en la inconducencia de algunos de los medios solicitados, lo que en manera alguna podría constituir violación del derecho de defensa. Por lo demás, desestimó los cargos de nulidad formulados en la demanda.

2.3. En audiencia inicial realizada el 1 de noviembre de 2013 5, el Tribunal Administrativo de Antioquia fijó el litigio determinando que el primer problema

demanda.

2.3. En audiencia inicial realizada el 1 de noviembre de 2013 5, el Tribunal Administrativo de Antioquia fijó el litigio determinando que el primer problema jurídico que debía resolverse en la causa consistía en establecer si eran nulas las Resoluciones GG213 y GG445 de 2012, para lo cual debía examinarse: i) las causas que dieron lugar al retraso de las obras e impidieron que éstas fueran entregadas en el plazo contractual; ii) si tales causas fueron o no ajenas al consorcio Macro-Moncada, imprevisibles e irresistibles, y iii) si en el procedimi ento administrativo sancionatorio adelantado por la EDU fueron vulnerados o no los derechos de defensa y contradicción del contratista, "por presumiblemente no seguirse el procedimiento estudiado por las partes, por haberse negado unas pruebas y por no notificarse los actos de pliego de cargos y Resolución GG0213 de 2013 a todos los miembros del consorcio individualmente considerados”.

Seguidamente, estableció como segundo problema jurídico la ejecución o no de las obras aducidas como no pagadas por la EDU, así como la de los ítems que, según la actora, no se pactaron en el contrato, pero eran necesarios para su cabal ejecución, aunque no fueron reconocidos por la entidad estatal6.

5 El magnético con la grabación de la audiencia obra en el folio 1358 del cuaderno N° 1. 6 En torno a esa segunda cuestión litigiosa, el Tribunal de primer grado planteó los siguientes interrogantes: “¿están debidamente probadas las obras requeridas y aquellas necesarias?, ii)

6 En torno a esa segunda cuestión litigiosa, el Tribunal de primer grado planteó los siguientes interrogantes: “¿están debidamente probadas las obras requeridas y aquellas necesarias?, ii) ¿cuáles fueron los antecedentes que dieron lugar a las supuestas rep araciones de la iglesia 12 de Octubre y de la cancha sintética?; iii) ¿qué motivos llevaron a la EDU a no firmar el acta 17 y hacerle observaciones al acta de reajuste?” (fl. 1356).7 Radicación N° 050012333000201300511 01 (55476)

Demandante: Construcciones Macro S.A.S. y otro Demandado: Empresa de Desarrollo Urbano Medio de control de controversias contractuales 2.4. La audiencia de pruebas fue celebrada en varias sesiones, entre el 28 d e noviembre de 2013 y el 20 de febrero de 2014, fecha ésta en la cual, cerrada la fase pertinente, el a quo prescindió de la audiencia de alegaciones y ordenó correr el traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para la rendición de su concepto (fl. 1.427, c.1).

2.5. En dicha etapa procesal, las partes reiteraron lo manifestado en la demanda y en su contestación, mientras que el Ministerio Público guardó silencio.

3. La sentencia impugnada

Fue proferida el 26 de junio de 2015 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en los términos anteriormente señalados.

Luego de reiterar la delimitación de los problemas jurídicos hecha en la fijación del litigio, y en orden a abordar el primero de ellos -relativo a la legalidad de los actos

los términos anteriormente señalados.

Luego de reiterar la delimitación de los problemas jurídicos hecha en la fijación del litigio, y en orden a abordar el primero de ellos -relativo a la legalidad de los actos demandados-, el a quo reseñó el contenido de varias pruebas del proceso, entre éstas, dos adiciones del plazo y el valor del contrato, siete actas de comité de obra, un informe de seguimiento y tres comunicaciones de requerimiento al contratista, instrumentos todos suscritos en 2011 y de los cuales coligió el Tribunal el reiterado incumplimiento del consorcio Macro -Moncada, así como que ello derivó en que la obra no estuviera finalizada en la fecha de vencimiento del último plazo contractual, es decir -de conformidad con la sentencia-, el 24 de diciembre de 2011.

Seguidamente, procedió a establecer si las razones de los retrasos e incumplimientos se originaron por la negligencia del contratista o si le eran imputables a la entidad contratante, como lo había planteado la parte actora. En punto de ello y, previo examen del caudal probatorio, determinó que si bien la EDU entregó tardíamente los diseños echados de menos por el consorcio, dicha circunstancia no tuvo relación causal con las demoras en que incurrió el contratista, menos cuando algunas de las actividades qu e presentaron fallas y atrasos fueron ejecutadas con errores, desatendiendo advertencias técnicas previamente hechas por la interventoría. De igual manera, desestimó que el estado del clima y la situación de orden público registrada en la zona hubieran incidido en que la obra no se completara ni culminara oportunamente.8 Radicación N° 050012333000201300511 01 (55476)

situación de orden público registrada en la zona hubieran incidido en que la obra no se completara ni culminara oportunamente.8 Radicación N° 050012333000201300511 01 (55476)

Demandante: Construcciones Macro S.A.S. y otro Demandado: Empresa de Desarrollo Urbano Medio de control de controversias contractuales En particular, frente al estado del tiempo y su pretendida incidencia en la obra, el Tribunal consideró que no era de recibo la alegación que al respecto hacían los demandantes, ya que dura nte la ejecución de las obras no hubo informe ni reclamación alguna del contratista por esa contingencia, sino que sólo vino a aducirse durante la rendición de los descargos, no presentándose, además, prueba alguna de que la ola invernal afectara de manera específica ni grave la zona de la obra, sino que sólo se presentó un informe sobre las precipitaciones registradas en todo el territorio nacional.

Igualmente rechazó los argumentos alusivos al orden público por considerar que si bien pudieron presentarse incidentes de violencia en áreas cercanas a la de la obra, no se demostró su carácter extraordinario ni la forma específica en la que esos eventos atrasaron el desarrollo de los trabajos, sino que la actora se limitó a aportar informes oficiales que sólo revelan la ocurrencia de incidentes en zonas apartadas del lugar de ejecución del contrato, y durante días feriados, en los que naturalmente no se habrían desarrollado actividades en la obra.

Estudiadas probatoriamente todas esas eventualidades, refirió el a quo:

De lo anterior se tiene que si bien algunos testigos afirman que el retraso se debió a la no entrega oportuna de diseños, a muchas obras extras y adicionales,

Estudiadas probatoriamente todas esas eventualidades, refirió el a quo:

De lo anterior se tiene que si bien algunos testigos afirman que el retraso se debió a la no entrega oportuna de diseños, a muchas obras extras y adicionales, a la inseguridad, a problemas con los APU, la ola invernal, al no pago oportuno de actas de obra y reajustes, aunque las mismas pueda considerárseles ciertas, al no especificar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que las mismas efectivamente implicaron la suspensión de la obra y en consecuencia fueron la causa del retraso en la ent rega final de la misma, no puede dárseles el efecto exonerativo (sic) que pretende la parte demandante, sobre todo cuando se tienen otras pruebas testimoniales y documentales en sentido contrario.

En cuanto a la alegada violación del debido proceso, el ju zgador de primer grado estableció que la EDU no había cometido irregularidad alguna en el procedimiento sancionatorio que culminó con la expedición de los actos censurados, mientras que sí fueron respetados los derechos de defensa y contradicción, incluso en el trámite de notificación de las resoluciones de incumplimiento. En particular, sobre el cuestionamiento de no haberse observado ninguno de los requisitos pactados en el contrato para la imposición de la cláusula penal, el a quo constató que, con todo, se siguió con estrictez el procedimiento previsto en los artículos 17 de la Ley 1150 de 2007 y 86 de la Ley 1474 de 2011, norma ésta que, si bien era posterior al contrato, era de aplicación inmediata desde su entrada en vigencia, operó cuando la EDU le9 Radicación N° 050012333000201300511 01 (55476)

2007 y 86 de la Ley 1474 de 2011, norma ésta que, si bien era posterior al contrato, era de aplicación inmediata desde su entrada en vigencia, operó cuando la EDU le9 Radicación N° 050012333000201300511 01 (55476)

Demandante: Construcciones Macro S.A.S. y otro Demandado: Empresa de Desarrollo Urbano Medio de control de controversias contractuales impuso la sanción al contratista y prevalecía sobre lo pactado en el contrato en materia de procedimiento.

Con respecto a las pruebas denegadas por la EDU, señaló que le asistía a la entidad estatal la facultad legal de decretar o no determinados elementos de convicción, de suerte que no se daba ninguna base para cuestionar a la contratante por denegar, en particular, la revisión de documentos licitatorios por parte de la Cámara Colombiana de Infraestructura y la Sociedad Colombiana de Arquitectos e Ingenieros, cuando lo que se debía establecer en sede administrativa era si el contratista había cumplido o no con la entrega oportuna de la obra, cuestión que no podría dilucidar con la aludida probanza, lo que en sentir del Tribunal se hacía más palmario por el hecho de no haberse solicitado la misma en el juicio.

Como último punto de análisis, examinó el a quo la pretensión cuarta de la demanda, correspondiente a la reclamación económica de las obras supuestamente ejecutadas por el contratista y no pagadas po r la EDU, con fundamento en el acta N° 17 -relativa a la ejecución de ítems no pactados en el contrato inicial -, actas de reajuste de precios, labores adelantadas por la firma Vinikol en la cancha del barrio

N° 17 -relativa a la ejecución de ítems no pactados en el contrato inicial -, actas de reajuste de precios, labores adelantadas por la firma Vinikol en la cancha del barrio Doce de Octubre y labores ejecutadas directamente por el consorcio en ese mismo sitio de la obra.

A ese respecto, el Tribunal señaló que no podía concederse por concepto de reajustes la suma específica de $1.063’210.525 pretendida por los demandantes, cuando por ese rubro el consorcio había solicitado ante la EDU un monto muy inferior -$65’926.188,86-, sin justificarse tal cambio, mientras que sí se evidenciaba que, en esa pretensión, la parte actora confundía el reajuste con el anticipo y su amortización, ya que estos últimos conceptos sí ascendían a los $1.603’210.525.

Agregó que, en su momento, la entidad negó el reajuste de precios solicitado en sede administrativa al evidenciar que muchas de las obras respectivas registraban atrasos de más del 5%, evento que estaba señalado en el contrato como causal de improcedencia de dicha medida; y frente a otras obras no afectadas por ese atraso consideró que, aun cuando la entidad alegó la indebida aplicación de la fórmula de reajuste, la parte actora no aportó prueba que refutara tal objeción ni los presupuestos fácticos ajenos al contrato que justificaran la variación de los precios pactados respecto de los ítems en cuestión, por lo que sólo se reconocería a título de reajuste la suma de $34’551.868, aceptada por la EDU.10 Radicación N° 050012333000201300511 01 (55476)

Demandante: Construcciones Macro S.A.S. y otro

Demandado: Empresa de Desarrollo Urbano

de reajuste la suma de $34’551.868, aceptada por la EDU.10 Radicación N° 050012333000201300511 01 (55476)

Demandante: Construcciones Macro S.A.S. y otro Demandado: Empresa de Desarrollo Urbano Medio de control de controversias contractuales En cuanto a las obras extras, señaló que existía prueba de fallas en la ejecución de algunas de ellas -en particular, las reparaciones de la iglesia del barrio Doce de Octubre7 y adecuaciones a la cancha efectuadas parcialmente por la firma Vinikol-, lo que daba soporte a los descuentos anunci ados por la entidad al responder a la reclamación administrativa; mientras que otras actividades no podían reputarse extras por haber sido pactadas en el contrato.

Previo el análisis probatorio del aludido punto, concluyó:

Es así que le asiste razón a la entidad demandada al deducir del monto de las obras extras del acta N° 17 las sumas de $54’784.623 por reparación de la iglesia, $55’573.961 por las adecuaciones de la cancha efectuadas por Vinicol (sic) y por valor de $126’669.793 por adecuaciones de la cancha realizadas por el contratista (...), de esta forma queda un saldo a favor del contratista por valor de $711’276.675, que se obtiene de la suma de obras extras reconocidas en acta N° 17 por valor de $676’724.807 y $34’551.868 por reajustes, para un total de $711’276.675, suma a la que se le debe compensar o restar el valor de la multa, $132’924.294, quedando un saldo a favor del contratista de $578’352.381.

Subrayó el Tribunal que la indicada suma debió pagarse al contratista a más tardar

multa, $132’924.294, quedando un saldo a favor del contratista de $578’352.381.

Subrayó el Tribunal que la indicada suma debió pagarse al contratista a más tardar en la fecha en que debió liquidarse el contrato -es decir, según sus conclusiones, el 23 de julio de 2012-, de suerte que debía actualizarse el saldo “de conformidad con la fórmula usada por la jurisprudencia”, siendo el valor histórico el correspondiente al 23 de julio de 2012 y el valor final, el de la “fecha de la (…) providencia”. Asimismo, señaló que el monto reconocido generaba intereses moratorios equivalentes al 6% anual no actualizado, a partir del 21 de septiembre de 2012 -cuando la obra fue recibida a satisfacciónhasta la fecha de la sentencia.

4. El recurso de apelación

La parte demandante apeló el fallo referido y expuso, en síntesis y en su orden, los siguientes puntos de inconformidad:

1. No se ajustó a derecho la denegación de la prueba consistente en la revisión de los documentos licitatorios por parte de la Cámara Colombiana de Infraestructura, y el Tribunal debió analizar ese punto con mayor detenimiento.

7 Cuyo análisis en la sentencia apelada será detallado por la Sala más ade lante.11 Radicación N° 050012333000201300511 01 (55476)

Demandante: Construcciones Macro S.A.S. y otro Demandado: Empresa de Desarrollo Urbano Medio de control de controversias contractuales 2) La EDU no debió negar por extemporaneidad un testimonio encaminado a establecer que 12 días antes de la fecha de finalización del contrato se ordenó la

Demandado: Empresa de Desarrollo Urbano Medio de control de controversias contractuales 2) La EDU no debió negar por extemporaneidad un testimonio encaminado a establecer que 12 días antes de la fecha de finalización del contrato se ordenó la ejecución de 52 obras extra sin conceder plazo adicional para ello. Si bien se aduce que la petición sólo vino a formularse cuando se interpuso en audiencia el recurso de reposición contra el acto sancionatorio, ello estaba legalmente permitido, dada la posibilidad de decretar pruebas incluso hasta