CE - 012333000201300553011SENTENCIA20231018110055

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., once (11) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA Radicación: 08001233300020130055301 (64320)

Demandante: JOSÉ ANTONIO DELGADO LOGREIRA

Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL Y OTRO

Tema: Error jurisdiccional. Suspensión de proceso ejecutivo por falsedad en documento privado. Fiscalía debe adoptar medidas para interrumpir efectos generados por la comisión de un delito .

Alcance y límites del recurso de apelación. No se acreditó un daño antijurídico. Condena en costas procesales.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 18 de enero de 2019 , proferida p or el Tribunal Administrativo del Atlántico, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Mediante providencias del 20 de agosto de 2004, 7 de septiembre de 2004 y 14 de julio de 2006 , el Juzgado 14 Civil del Circuito de Barranquilla decretó, respectivamente, el embargo , secuestro y la venta en pública subasta de los inmuebles identificados con los folios de matrícula inmobiliaria No. 040-53203 y 04026547, de propiedad de José Antonio Delgado Logreira, en el curso de un proceso

respectivamente, el embargo , secuestro y la venta en pública subasta de los inmuebles identificados con los folios de matrícula inmobiliaria No. 040-53203 y 04026547, de propiedad de José Antonio Delgado Logreira, en el curso de un proceso ejecutivo seguido en su contra y en la de su hermano, William César Delgado Logreira, por el no pago de unas sumas de dinero garantizadas mediante una letra de cambio.

El 23 de marzo de 2007 , José Antonio Delgado Logreria presentó denuncia penal contra su hermano , alegando falsedad en la firma de la letra de cambio atrás referida. Más adelante, m ediante proveído del 30 de julio de 2007, la Fiscalía 59 Seccional de Barranquilla ordenó al Juzgado suspender el remate de los inmuebles aludidos, pues evidenció que la huella plasmada en el título valor no era la de José Antonio Delgado Logreria. Seguidamente, mediante proveído del 16 de noviembre de 2010, la Fiscalía 8° Delegada ante el Tribunal Superior de Barranquilla precluyóRadicado: 08001233300020130055301 (64320)

Demandante: José Antonio Delgado Logreira y otros

2 la investigación penal seguida en contra William César Delgado Logreira por prescripción de la acción penal. Luego, mediante proveído del 22 de noviembre de 2010, el mencionado ente instructor solicitó al Juzgado 14 Civil del Circuito de Barranquilla adoptar las medidas necesarias para restituir a José Antonio Delgado Logreria la propiedad de los inmuebles embargos y secuestros . Sin embargo, mediante providencia del 9 de agosto de 2011, el citado Juzgado ordenó continuar

Barranquilla adoptar las medidas necesarias para restituir a José Antonio Delgado Logreria la propiedad de los inmuebles embargos y secuestros . Sin embargo, mediante providencia del 9 de agosto de 2011, el citado Juzgado ordenó continuar con el trámite de ejecución, pues constató que la Fiscalía no ordenó declarar la nulidad de lo actuado en el proceso ejecutivo.

En vista de ello , en fecha indeterminada, José Antonio Delgado Logreira presentó acción de tutela contra la Fiscalía 8° Delegada ante el Tribunal Superior de Barranquilla y el Juzgado 14 Civil del Circuito de Barranquilla , pretendiendo el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, restablecimiento de los derechos de las víctimas y propiedad privada , así como el desembargo de los inmuebles referidos y la devolución de los títulos judiciales. Mediante sentencia de tutela del 15 de noviembre del 2011, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia amparó los derechos fundamentales aludidos y ordenó a la Fiscalía 8° Delegada ante el Tribunal Superior de Barranquilla y al Juzgado 14 Civil del Circuito de Barranquilla adoptar las medidas necesarias para “el restablecimiento de los derechos” del solicitante. Por ello, la Fiscalía 8° Delegada ante el Tribunal Superior de Barranquilla solicitó al Juzgado 14 Civil del Circuito de Barranquilla declarar la nulidad de la sentencia del 14 de julio de 2006, que había ordenado seguir adelante con el proceso ejecutivo . El Juzgado accedió a esta solicitud y, en vista de ello, ordenó a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla cancelar la anotación de embargo de los mencionados inmuebles y al Banco de Agrario de

con el proceso ejecutivo . El Juzgado accedió a esta solicitud y, en vista de ello, ordenó a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla cancelar la anotación de embargo de los mencionados inmuebles y al Banco de Agrario de Colombia S.A. pagar al ejecutado los cánones de arrendamiento consignados en la cuenta de depósitos judiciales. La decisión del 15 de noviembre del 2011 fue confirmada parcialmente mediante providencia del 20 de marzo de 2012, proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.

El demandante considera que la Nación – Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial son patrimonialmente responsables por “la inminente pérdida de todo…[su] patrimonio” i) por el error jurisdiccional en las providencias del 16 de noviembre de 2010 y 9 de agosto de 2011, proferidas por la Fiscalía 8° Delegada ante el Tribunal Superior de Barranquilla y el Juzgado 14 Civil del Circuito de Barranquilla, respectivamente; y ii) por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia del Juzgado 14 Civil del Circuito de Barranquilla derivado de la tardanzaRadicado: 08001233300020130055301 (64320)

Demandante: José Antonio Delgado Logreira y otros

3 injustificada en devolverle los inmuebles objeto de embargo y los cánones de arrendamiento pagados mientras aquellos no estuvieron en su poder.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 20 de febrero de 2013 1, José Antonio Delgado Logreira mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, present ó demanda en

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 20 de febrero de 2013 1, José Antonio Delgado Logreira mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, present ó demanda en contra de la Nación – Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación por “la inminente pérdida de todo…[su] patrimonio” derivada i) del error jurisdiccional en las providencias del 16 de noviembre de 2010 y 9 de agosto de 2011; y ii) del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por la tardanza injustificada en devolverle los inmuebles objeto de embargo , identificados con folios de matrícula inmobiliaria No. 040-53203 y 040-26547, así como en la demora en devolverle los cánones de arrendamiento pagados mientras los inmuebles no estuvieron en su poder.

Como pretensiones de su demanda, el demandante solicita condenar a las entidades accionadas a pagarle, por perjuicios morales, la suma de $29.475.000; por daño emergente, l a suma de $425.410.000 y; por lucro cesante, la suma de $66.243.301.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que el 28 de mayo de 2004, Cure Delgado & Cía. S en C presentó demanda ejecutiva contra los hermanos William César Delgado Logreira y José Antonio Delgado Logreira, pretendiendo el pago de unas sumas de dinero que habían sido garantizadas por medio de una letra de cambio.

Señala que mediante providencias del 20 de agosto y 7 de septiembre de 2004, el Juzgado 14 Civil del Circuito de Barranquilla decretó el embargo y secuestro de los

de cambio.

Señala que mediante providencias del 20 de agosto y 7 de septiembre de 2004, el Juzgado 14 Civil del Circuito de Barranquilla decretó el embargo y secuestro de los inmuebles identificados con folio de matrícula inmobiliaria No. 040-53203 y 04026547, de propiedad de José Antonio Delgado Logreira.

1 Fl. 19, C.1.Radicado: 08001233300020130055301 (64320)

Demandante: José Antonio Delgado Logreira y otros

4 Precisa que , mediante providencia del 14 de julio de 2006, el referido Juzgado ordenó seguir adelante con la ejecución y decretó la venta en pública subasta de los inmuebles embargados.

Aduce que el 23 de marzo de 2007 , José Antonio Delgado Logreria , presentó denuncia penal en contra su hermano William César Delgado Logreira , aduciendo que “no firm[ó] ni pus[o] [su] huella en el título valor”.

Precisa que, mediante proveído del 30 de julio de 2007, la Fiscalía 59 Seccional de Barranquilla ordenó al Juzgado suspender el remate de los inmuebles referidos, pues evidenció que la huella plasmada en la letra de cambio aludida no era la de José Antonio Delgado Logreria.

Arguye que, mediante proveído del 16 de noviembre de 2010, la Fiscalía 8° Delegada ante el Tribunal Superior precluyó la investigación penal seguida en contra William César Delgado Logreira por prescripción de la acción penal.

Manifiesta que mediante proveído del 22 de noviembre de 2010, el mencionado ente

Delegada ante el Tribunal Superior precluyó la investigación penal seguida en contra William César Delgado Logreira por prescripción de la acción penal.

Manifiesta que mediante proveído del 22 de noviembre de 2010, el mencionado ente instructor solicitó al Juzgado 14 Civil del Circuito de Barranquilla adoptar las medidas necesarias para restituir los inmuebles a José Antonio Delgado Logreria.

Aduce que, pese a lo anterior, mediante providencia del 9 de agosto de 2011, el citado Juzgado ordenó continuar con el trámite de ejecución del título valor.

Sostiene que, en vista de ello, en fecha indeterminada, José Antonio Delgado Logreira presentó acción de tutela contra la Fiscalía 8° Delegada ante el Tribunal Superior de Barranquilla y el Juzgado 14 Civil del Circuito de Barranquilla pretendiendo el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, restablecimiento de los derechos de las víctimas y propiedad privada , así como el desembargo de los inmuebles referidos y la devolución de los títulos judiciales.

Asevera que, mediante sentencia de tutela de l 15 de noviembre del 2011, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia amparó los derechos fundamentales aludidos y ordenó a la Fiscalía 8° Delegada ante el Tribunal Superior de Barranquilla y al Juzgado 14 Civil del Circuito de Barranquilla adoptar las medidas necesarias para “el restablecimiento de los derechos” del solicitante.Radicado: 08001233300020130055301 (64320)

Demandante: José Antonio Delgado Logreira y otros

5 Arguye que, en vista de ello , mediante proveído del 21 de noviembre de 2011, la

Demandante: José Antonio Delgado Logreira y otros

5 Arguye que, en vista de ello , mediante proveído del 21 de noviembre de 2011, la Fiscalía 8° Delegada ante el Tribunal Superior de Barranquilla solicitó al Juzgado 14 Civil del Circuito de Barranquilla declarar la nulidad de la sentencia del 14 de julio de 2006, que había ordenado seguir adelante con el proceso ejecutivo.

Aduce que mediante providencia de tutela del 20 de marzo de 2012, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia confirmó parcialmente la decisión del 15 de noviembre del 2011, en el sentido de acceder al amparo solicitado frente a la actuación desplegada por la Fiscalía 8° Delegada ante el Tribunal Superior de Barranquilla, pero declarar la nulidad de lo actuado desde auto admisorio de la demanda de tutela respecto de lo decidido contra el Juzgado 14 Civil del Circuito de Barranquilla por falta de competencia.

Sostiene que el 21 de marzo de 2012 y el 30 de abril de 2012 , el Juzgado 14 Civil del Circuito de Barranquilla accedió a la solicitud presentada el 21 de noviembre de 2011 por la Fiscalía 8° Delegada ante el Tribunal Superior de Barranquilla , ordenando a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla cancelar la anotación de embargo de los mencionados inmuebles y al Banco de Agrario de Colombia S.A. pagar al ejecutado los cáno nes de arrendamiento consignados en la cuenta de depósitos judiciales.

Finalmente, sostiene que, mediante sentencia de tutela del 7 de mayo de 2012, el

Agrario de Colombia S.A. pagar al ejecutado los cáno nes de arrendamiento consignados en la cuenta de depósitos judiciales.

Finalmente, sostiene que, mediante sentencia de tutela del 7 de mayo de 2012, el Tribunal Superior de Barranquilla negó el amparo deprecado por José Antonio Delgado Logreira contra el Juzgado 14 Civil del Circuito de Barranquilla por configurarse un hecho superado.

El demandante considera que la Nación – Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación son patrimonialmente responsables por “la inminente pérdida de todo…[su] patrimonio” i) por el error jurisdiccional en el proveído del 16 de noviembre de 2010, proferido por la Fiscalía 8 Delegada ante el Tribunal Superior de Barranquilla, puesto que desconoció el artículo 66 de la Ley 600 de 2000 2, mediante el cual se preveía

2 “Artículo 66. Cancelación de registros obtenidos fraudulentamente. En cualquier momento de la actuación, cuando aparezcan demostrados los elementos objetivos del tipo penal que dio lugar a la obtención de títulos de propiedad o de gravámenes sobre bienes sujetos a registro, el funcionario que esté conociendo el asunto ordenará la cancelación de los títulos y registros respectivos. También se ordenará la cancelación de la inscripción de títulos valores sujetos a esta formalidad y obt enidos fraudulentamente. Si estuviere acreditado que con base en las calidades jurídicas derivadas de los títulos cancelados se están adelantando procesos ante otras autoridades, el funcionario pondrá en conocimiento la decisión de cancelación, para que to men las decisiones correspondientes. LasRadicado: 08001233300020130055301 (64320)

títulos cancelados se están adelantando procesos ante otras autoridades, el funcionario pondrá en conocimiento la decisión de cancelación, para que to men las decisiones correspondientes. LasRadicado: 08001233300020130055301 (64320)

Demandante: José Antonio Delgado Logreira y otros

6 que el ente de instrucción penal estaba facultado para cancelar los embargos decretados por error a causa de una conducta punible; ii) por el error jurisdiccional en la providencia del 9 de agosto de 2011, proferida por el Juzgado 14 Civil del Circuito de Barranquilla, porque ordenó continuar con el trámite de ejecución del título valor , sin observa r que en el proceso penal estaba acredit o el delito de falsedad en documento público; y iii) por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia del Juzgado 14 Civil del Circuito de Barranquilla, derivado de la tardanza injustificada en devolverle los inmuebles objeto de embargo y los cánones de arrendamiento pagados mientras aquellos no estuvieron en su poder.

Textualmente señal a en la demanda: “Con ocasión de la cadena sucesiva de defectos en la prestación del servicio de administración de justicia y de errores judiciales que llevaban a la inminente pérdida de todo el patrimonio de mi poderdante en el país y posteriormente por la injustificada dilación del restablecimiento de sus derechos ordenados en últimas por el juez de tutela […]. A pesar de haber sido el Juzgado 14 Civil del Circuito de Barranquilla, notificado de la decisión de la Fiscalía 8 Delegada ante el Tribunal Superior de Barranquilla de restablecer los derechos de mi poderdante y a pesar de las múltiples solicitudes del

pesar de haber sido el Juzgado 14 Civil del Circuito de Barranquilla, notificado de la decisión de la Fiscalía 8 Delegada ante el Tribunal Superior de Barranquilla de restablecer los derechos de mi poderdante y a pesar de las múltiples solicitudes del apoderado judicial de mi poderdante en dicho proceso ejecutivo, el Juzgado profirió el mencionado auto de fecha agos to 9 de 2011, que claramente es contrario a la Constitución Nacional, configurando un claro error judicial, y así fue declarado por la Honorable Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que en sentencia de tutela de fecha noviembre 15 de 2011 […]. A su vez la Fiscalía General de la Nación también incurrió en deficiente funcionamiento de la administración judicial (sic), pues a pesar de haber comprobado la ilegalidad del título valor utilizado en la acción ejecutiva, dejó a criterio del Juez Civil el rest ablecimiento del derecho de mi poderdante. Esto fue reprochado igualmente por la Corte Suprema […]. No obstante lo anterior, el derecho al restablecimiento de los derechos de la victima de mi poderdante, éste no fue restablecido inmediatamente como ha debi do ocurrir posterior al fallo de tutela, sino que fue prolongado injustificadamente por el Juzgado, pues a pesar de proferir auto de fecha noviembre 23 de 2011, en ésta providencia simplemente ordenó acatar la medida, pero no ordenó hacer la entrega de los dineros depositados a orden del juzgado ni el desembargo de los inmuebles embargados. Solo hasta el día 7 de diciembre de 2011, casi un mes después del

anteriores previsiones, sin perjuicio de los derechos de los terceros de buena fe, quienes podrán

embargados. Solo hasta el día 7 de diciembre de 2011, casi un mes después del

anteriores previsiones, sin perjuicio de los derechos de los terceros de buena fe, quienes podrán hacerlos valer en trámite incidental. El funcionario judicial ordenará, si fuere procedente, el embargo de los bienes, sin necesidad de requisitos especiales, por el tiempo que sea necesario”.Radicado: 08001233300020130055301 (64320)

Demandante: José Antonio Delgado Logreira y otros

7 fallo de tutela, el Juzgado Catorce Civil del Circuito profirió auto mediante el cual ordenó el desemba rgo de los bienes y la entrega de las órdenes de pago. Increíblemente el oficio de desembargo solo fue entregado hasta el día 22 de marzo de 2012 y las órdenes de pago fueron entregadas a finales del mes de 
abril de

2012. […]”.

2. Contestaciones

El 23 de septiembre de 2013 3, el Tribunal Administrativo del Atlántico admitió la demanda y ordenó su notificación a la s entidades demandadas y al Ministerio Público.

2.1. La Nación - Rama Judicial 4 argumentó que el hecho lesivo alegado por el demandante no le era imputable , toda vez que la providencia del 9 de agosto de 2011, proferida por el Juzgado 14 Civil del Circuito de Barranquilla no fue arbitraria, carente de fundamento o contraria a derecho. De otro lado, indicó que la mora judicial no fue injustificada, ya que el Juzgado 14 Civil del Circuito de Barranquilla, ordenó la entrega de los inmuebles al ejecutado en un plazo razonable. Asimismo,

judicial no fue injustificada, ya que el Juzgado 14 Civil del Circuito de Barranquilla, ordenó la entrega de los inmuebles al ejecutado en un plazo razonable. Asimismo, solicitó llamar en garantía a María Claudia Isaza Rivera, Juez 14 Civil del Circuito de Barraquilla, aduciendo que fue la funcionaria judicial que profirió la providencia acusada y resolvió sobre la entrega de los bienes objeto de embargo.

2.2. La Nación - Fiscalía General de la Nación5 manifestó que no ocasionó un daño antijurídico al demandante, porque sus actuaciones se adelantaron en cumplimiento de los deberes constitucionales y legales que le habían sido conferidos.

2.3. María Claudia Isaza Rivera, quien fuera Juez 14 Civil del Circuito de Barraquilla6_7, llamada en garantía por la Rama Judicial, adujo que no obró con dolo o culpa grave cuando profirió la providencia del 9 de agosto de 2011 , en la que ordenó continuar con el trámite de ejecución del título valor. Adicionalmente, explicó que la mora judicial fue justificada, debido a las reiteradas solicitudes de la parte ejecutante respecto a la oposición a los desembargos de los inmuebles.

3 Fl. 180 a 182, C.1. 4 Fl. 333 a 336, C. P. 5 Fl. 242 a 251, C.2. 6 Fl. 218, C.2. Mediante auto del 30 de mayo de 2014, el Tribunal Administrativo del Atlántico admitió el llamamiento en garantía formulado por la Rama Judicial. 7 Fl.254 282, C.2.Radicado: 08001233300020130055301 (64320)

Demandante: José Antonio Delgado Logreira y otros

el llamamiento en garantía formulado por la Rama Judicial. 7 Fl.254 282, C.2.Radicado: 08001233300020130055301 (64320)

Demandante: José Antonio Delgado Logreira y otros

8

3. Audiencia inicial

El 2 de marzo de 20178 el Tribunal Administrativo del Atlántico celebró la audiencia inicial en la que realizó el saneamiento del proceso, resolvió las excepciones previas, decretó pruebas y fijó el objeto del litigio.

Frente a este último punto, esto es, el objeto del litigio, señaló que se circunscribiría a determinar si “la Nación - Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación, son administrativamente responsables de los daños y perjuicios ocasionados al señor José Antonio Delgado Logreira, como consecuencia de los hechos y omisiones administrativos en los que incurrieron dichas entidades estatales dentro del proceso penal No. 270847 y dentro del proceso ejecutivo hipotecario No. 133 -2004 que conllevaron a un defectuoso funcionamiento de la administración judicial y error judicial. En caso de resolverse positivamente el anterior interrogante, deberá establecer el Tribunal si la parte actora tiene derecho al pago de los perjuicios materiales reclamados en la demanda, en las cantidades solicitadas […]”.

4. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 7 de junio de 20 189, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

4.1. El extremo activo 10, la Nación - Fiscalía General de la Nación 11, la Rama Judicial12 y la llamada en garantía 13 reiteraron los argumentos expuestos en el

alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

4.1. El extremo activo 10, la Nación - Fiscalía General de la Nación 11, la Rama Judicial12 y la llamada en garantía 13 reiteraron los argumentos expuestos en el escrito de la demanda y en las contestaciones de ésta, respectivamente.

4.2. El Ministerio Público guardó silencio.

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 18 de enero de 2019 14 el Tribunal Administrativo del Atlántico negó las p retensiones de la demanda, al constatar que el hecho lesivo

8 Fl. 590 a 598, C.3. 9 Fl. 746, C.4. 10 Fl. 762 a 769, C.4. 11 Fl. 776 a 785, C.4. 12 Fl. 770 a 773, C.4. 13 Fl. 757 a 661, C.4. 14 Fl. 225 a 237, C.P.Radicado: 08001233300020130055301 (64320)

Demandante: José Antonio Delgado Logreira y otros

9 aludido en la demanda nunca se configuró, pues mediante sentencia de tutela dictada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el 15 de noviembre de 2011, se ordenó a la Fiscalía 8° Delegada ante el Tribunal Superior de Barranquilla adoptar las medidas necesarias para restablecer los derechos de José Antonio Delgado Logreira y esta decisión fue cumplida por el Juzgado 14 Civil del Circuito de Barranquilla . De otro lado, indicó que el proceso ejecutivo cuestionado se resolvió dentro del término razonable , debido a las múltiples solicitudes presentadas por la sociedad ejecutante y los ejecutados.

del Circuito de Barranquilla . De otro lado, indicó que el proceso ejecutivo cuestionado se resolvió dentro del término razonable , debido a las múltiples solicitudes presentadas por la sociedad ejecutante y los ejecutados.

Al efecto sostuvo que: “[...] el ejercicio de la actividad jurisdiccional, independiente por excelencia, le permite al juez moverse con amplitud en la labor juzgadora, siendo precisamente ello lo que aconteció en el caso sub examine, donde el Juzgado 14 Civil del Circuito de Barranquil la adoptó decisiones que según su entender consideró ajustadas al ordenamiento, adoptando medidas de restablecimiento que consideró oportunas y procedentes […]. Ahora, no pasa por alto la Sala que en esa decisión la Juez 14 Civil del Circuito de Barranquilla ordenó la entrega al demandante de las sumas de dinero que se encontraban depositadas a disposición de ese despacho judicial; sin embargo, debe presarse (sic) que esa orden nunca se materializó, pues como puede apreciarse de la foliatura del proceso ejecutivo, la H. Corte Suprema de Justicia dispuso como medida cautelar […] la suspensión de todas las órdenes impartidas por ese despacho en el auto de 9 de agosto de 2011. Es decir, que el daño no se configuró, pues otra autoridad perteneciente a la Rama Judicial, como en efecto lo es la H. Corte Suprema de Justicia, rectificó la orden proferida por la autoridad judicial de menor jerarquía […].

Para la Sala, el término transcurrido entre la expedición de la providencia de 23 de noviembre de 2011, a través de la cual el Juzgado 14 Civil del Circuito de Barranquilla acata la orden dada por el Juez Constitucional, hasta el 7 de diciembre

noviembre de 2011, a través de la cual el Juzgado 14 Civil del Circuito de Barranquilla acata la orden dada por el Juez Constitucional, hasta el 7 de diciembre de ese mismo año, fecha en el que el referido juzgado ordenó el desembargo de los bienes y la entrega de las órdenes de pago, no deviene en desmedido o desproporcionado, pues transcurrieron 9 días h ábiles, término que es aceptable teniendo en cuenta la conocida carga laborar de los despachos judiciales. En este caso, tal como lo alumbra el apoderado de la llamada en garantía, hubo diferentes aspectos que retrasaron la entrega inmediata de los dineros depositados, como en efecto lo es el recurso presentado por el demandante el 15 de diciembre de 2011, el traslado que se corrió por secretaria del referido recurso, el cual se contabilizó del 17 al 19 de enero de 2012 […]”.Radicado: 08001233300020130055301 (64320)

Demandante: José Antonio Delgado Logreira y otros

10 En la parte resolutiva el a quo se abstuvo de condenar en costas a la parte demandante, por cuanto no encontró acreditada ninguna conducta procesal que justificara su imposición.

6. Recursos de apelación

Los días 1515 y 2016 de febrero de 2016, la llamada en garantía y el extremo activo interpusieron recurso de apelación, respectivamente, los cuales fueron concedidos el 12 de abril17 y 30 de mayo de 201918 y admitidos el 5 de agosto siguiente19.

6.1. La parte demandante20 señaló que la providencia de 16 de noviembre de 2010,

12 de abril17 y 30 de mayo de 201918 y admitidos el 5 de agosto siguiente19.

6.1. La parte demandante20 señaló que la providencia de 16 de noviembre de 2010, proferida por la Fiscalía 8° Delegada ante el Tribunal Superior de Barranquilla incurrió en un error jurisdiccional , toda vez que desconoció las normas que facultaban al ente instructor para cancelar embargos decretados equivocadamente, a causa de una conducta punible. De otro lado, manifestó que la providencia del 9 de agosto de 2011, proferida por el Juzgado 14 Civil del Circuito de Barranquilla, incurrió en un error jurisdiccional, pues ordenó continuar con el trámite de ejecución del título valor, sin observar que en el proceso penal estaba acredit ado el delito de falsedad en documento público.

Al efecto sostuvo que: “[...] el reproche hecho al Juez precisamente radica en que dicha providencia es no solo ilegal, sino caprichosa y arbitraria, desconociendo no solo los lineamientos constitucionales sobre el restablecimiento del derecho de las víctimas, sino afect ando los derechos fundamentales del señor José Antonio Delgado […]. No se comparte la anterior postura, porque pese a que, como se mencionó anteriormente, nunca se hizo entrega de dineros, el perjuicio causado fue uno completamente diferente (ver perjuicio s en la demanda) y originados directamente en los negligentes actuares de las entidades demandadas […]”.

6.2. María Claudia Isaza Rivera21, llamada en garantía por la Rama Judicial, solicitó condenar en costas al extremo activo, en ambas instancias, porque a su juicio, las

15 Fl. 842, C.P. 16 Fl. 847, C.P. 17 Fl. 852, C.P.

condenar en costas al extremo activo, en ambas instancias, porque a su juicio, las

15 Fl. 842, C.P. 16 Fl. 847, C.P. 17 Fl. 852, C.P. 18 Fl. 859, C.P. 19 Fl. 875, C.P. 20 Fl. 341 a 344, C.P. 21 Fl. 842 a 847, C.P.Radicado: 08001233300020130055301 (64320)

Demandante: José Antonio Delgado Logreira y otros

11 actuaciones desplegadas dentro del presente asunto litigioso se adelantaron de forma temeraria.

7. Alegatos de conclusión en segunda instancia

El 11 de septiembre de 201922 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

7.1. María Claudia Isaza Rivera23, llamada en garantía por la Rama Judicial, reiteró lo expuesto en el recurso de apelación.

7.2. La parte demandante, la Nación - Fiscalía General de la Nación, la Rama Judicial y el Ministerio Público guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 18 de enero de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 270 de 1996.

2. Medio de control procedente

La pretensión de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado

2. Medio de control procedente

La pretensión de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 140 24 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

22 Fl. 879, C.P. 23 Fl. 885 y 886, C.P. 24 “Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión,