CE - 012333000201300791011SENTENCIA20231121161144

Radicado: 05001-23-33-000-2013-00791-01 (58636)

Demandantes: José David Anaya Martínez y otros

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Reparación directa Radicación: 05001-23-33-000-2013-00791-01 (58636) Demandantes: José David Anaya Martínez y otros Demandados: Nación - Fiscalía General de la Nación y Policía Nacional

Tema: La Fiscalía incautó ciento cincuenta millones de pesos a la víctima directa e inició en su contra un proceso penal por el delito de enriquecimiento ilícito ; posteriormente archivó el proceso por atipicidad de la conducta y devolvió una suma de dinero inferior a la incautada. Se confirma la decisión de negar las pretensiones porque: (i) no se acreditó que la vinculación al proceso penal y la demora en su trámite le hayan causado daños antijurídicos a la víctima directa; (ii) no se acreditaron los perjuicios reclamados en la demanda por la incautación del dinero ; y (iii) no se recurrió la providencia que ordenó la devolución de una suma de dinero inferior a la incautada.

SENTENCIA

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por los demandantes contra la

inferior a la incautada.

SENTENCIA

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por los demandantes contra la sentencia proferida el 9 de noviembre de 2016 por el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Segunda de Decisión Oral, que negó las pretensiones de la demanda.

La Sala es competente para proferir esta providencia de acuerdo con los artículos 150 y 152, numeral 5, de la Ley 1437 de 2011 (CPACA).

Los recursos de apelación fueron admitidos mediante auto del 16 de febrero de 20171; se corrió traslado para alegar de conclusión el 16 de marzo de 20172; la Policía Nacional y la parte demandante presentaron sus alegatos y la Fiscalía guardó silencio. El Ministerio Público no rindió concepto.

I. ANTECEDENTES

A. Posición de la parte demandante

1 Fl.527, cuaderno principal. 2 Fl.529, cuaderno principal.Radicado: 05001-23-33-000-2013-00791-01 (58636)

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1.- La demanda que dio origen al proceso fue interpuesta el 10 de mayo de 2013 por la víctima directa José David Anaya Martínez y su grupo familiar . Se dirigió contra la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional para obtener la reparación de los siguientes daños: (i) la vinculación de la víctima directa a un proceso penal y a un proceso de extinción de dominio; (ii) la mora judicial en el trámite de ambos procesos; (iii) la incautación de ciento cincuenta millones de

proceso penal y a un proceso de extinción de dominio; (ii) la mora judicial en el trámite de ambos procesos; (iii) la incautación de ciento cincuenta millones de pesos ($150.000.000) de propiedad del demandante José David Anaya Martínez y (iv) la devolución de una suma de dinero inferior a la incautada.

2.- En la demanda se formularon las siguientes pretensiones:

<<PRIMERO: Se declare extracontractualmente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional - Fiscalía General de la Nación; por los perjuicios materiales y morales causados a los señores José David Anaya Martínez; Beatriz Martínez Suarez; María Camila Anaya Martínez Ramírez (sic), representada legalmente por su señora madre María de los Ángeles Ramírez Calderón; Juan David Anaya Sierra, representado legalmente por su señora madre Clara Rosa Sierra Flórez; Angela Daniela Anaya Agudelo, representada legalmente por su padre el señor José David Anaya Martínez; María Alejandra Anaya Mantilla, representada legalmente por su padre José David Anaya Martínez, con ocasión del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia derivado del proceso penal No. 050016000206200883478 y de la acción de extinción de dominio No. 1045853.

SEGUNDO: Como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad patrimonial a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional – Fiscalía General de la Nación, se condene al pago de cincuenta y siete mil lones ciento setenta y cuatro mil setecientos cuatro pesos ($57.174.704) por concepto de daño emergente en la modalidad de indemnización consolidada a favor del señor

José David Anaya Martínez.

setenta y cuatro mil setecientos cuatro pesos ($57.174.704) por concepto de daño emergente en la modalidad de indemnización consolidada a favor del señor José David Anaya Martínez.

TERCERO: Como consecuencia de la declaratoria de responsabili dad patrimonial a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional – Fiscalía General de la Nación, se condene al pago de quinientos siete millones quinientos veintidós mil quinientos sesenta pesos ($507.522.560) por concepto de lucro cesante en la mod alidad de indemnización consolidada a favor del señor José

David Anaya Martínez.

CUARTO: Como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad patrimonial a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional – Fiscalía General de la Nación, se condene al pago de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a la suma de cincuenta y ocho millones novecientos cincuenta mil pesos ($58.950.000) por concepto de daños morales objetivados y subjetivados a favor del señor José David Anaya Martínez.

QUINTO: Como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad patrimonial a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional – Fiscalía General de la Nación, se condene al pago de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e quivalentes a la suma de cincuenta y ocho millones novecientos cincuenta mil pesos ($58.950.000) por concepto de daños morales objetivados y subjetivados a favor de la señora Beatriz Martínez Suarez.

SEXTO: Como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad patrimonial a

cincuenta mil pesos ($58.950.000) por concepto de daños morales objetivados y subjetivados a favor de la señora Beatriz Martínez Suarez.

SEXTO: Como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad patrimonial a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional – Fiscalía General de laRadicado: 05001-23-33-000-2013-00791-01 (58636)

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Nación, se condene al pago de cien (sic) (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a la suma de veintinueve millones cuatrocientos setenta y cinco mil pesos ($29.475.000) por concepto de daños morales objetivados y subjetivados a favor de la menor María Camila Anaya Ramírez, representada legalmente por su madre la señora María de los Ángeles Ramírez Calderón.

SÉPTIMO: Como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad patrimonial a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional – Fiscalía General de la Nación, se condene al pago de cien (sic) (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a la suma de veintinue ve millones cuatrocientos setenta y cinco mil pesos ($29.475.000) por concepto de daños morales objetivados y subjetivados a favor del menor Juan David Anaya Sierra, representada legalmente por su madre la señora Clara Rosa Sierra Flórez.

OCTAVO: Como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad patrimonial a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional – Fiscalía General de la Nación, se condene al pago de cien (sic) (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a la suma de veintinueve millones

a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional – Fiscalía General de la Nación, se condene al pago de cien (sic) (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a la suma de veintinueve millones cuatrocientos setenta y cinco mil pesos ($29.475.000) por concepto de daños morales objetivados y subjetivados a favor de la menor Angela Daniela Anaya Agudelo, representada legalmente por su padre el señor José David Anaya Martínez.

NOVENO: Como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad patrimonial a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional – Fiscalía General de la Nación, se condene al pago de cien (sic) (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivale ntes a la suma de veintinueve millones cuatrocientos setenta y cinco mil pesos ($29.475.000) por concepto de daños morales objetivados y subjetivados a favor de la menor María Alejandra Anaya Mantilla, representada legalmente por su padre el señor José Dav id Anaya

Martínez. (…)

Pretensiones subsidiarias:

PRIMERO: Como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad patrimonial a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional – Fiscalía General de la Nación, se condene al pago de cincuenta y siete millones ciento setenta y cuatro mil setecientos cuatro pesos ($57.174.704) por concepto de daño emergente en la modalidad de indemnización consolidada a favor del señor José David Anaya

Martínez.

SEGUNDO: Como consecuencia de la declaratoria de responsa bilidad patrimonial a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional – Fiscalía General de la Nación, se condene al pago de cincuenta y cinco millones

Martínez.

SEGUNDO: Como consecuencia de la declaratoria de responsa bilidad patrimonial a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional – Fiscalía General de la Nación, se condene al pago de cincuenta y cinco millones trecientos ochenta y cuatro mil setenta y cuatro pesos ($55.174.704) por concepto de lucro cesante en la modalidad de indemnización consolidada a favor

del señor José David Anaya Martínez>>.

3.- En el acápite de <<perjuicios y estimación razonada de la cuantía>> , los demandantes especificaron los perjuicios que reclamaban con la demanda, así:

<<El dañ o emergente (…) los honorarios de los abogados que realizaron la defensa técnica en la acción penal por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y la acción judicial de extinción de dominio, los gastos en movilización paraRadicado: 05001-23-33-000-2013-00791-01 (58636)

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atender los procesos judiciales, los gastos en viáticos para atender los procesos judiciales.

b. Lucro cesante:

Con ocasión de la retención ilegal, arbitraria y sin el lleno de los requisitos legales del dinero, equivalente a la suma de ciento cincuenta millones de pesos colombianos ($150.000.000) al señor José David Anaya Martínez por parte de la Fiscalía 18,19,20 y 25 Especializadas de Medellín y las Unidades de Extinción de Dominio Adscritas a las Fiscalías 18,19,20 y 25 Especializadas de Medellín, junto a la cooperación de la Po licía Nacional para la incautación del dinero y la

de Dominio Adscritas a las Fiscalías 18,19,20 y 25 Especializadas de Medellín, junto a la cooperación de la Po licía Nacional para la incautación del dinero y la administración de los dineros incautados en cabeza de la Dirección Nacional de Estupefacientes condujeron a que el señor José David Anaya Martínez no pudiera modernizar sus establecimientos comerciales (Torvis Sport y Body Real) que generarían un incremento en sus utilidades mensuales de un 40% porciento equivalente a la suma de $15.915.000 y a un valor de $507.290.544 durante todo el tiempo en que estuvieron los dineros retenidos, es decir del 6 de agosto del 2008 hasta el 23 de febrero de 2011.

Igualmente, con ocasión de la práctica irregular de la cadena de custodia sobre el material incautado por parte de la SIJIN – CTI de Medellín, condujo a que el señor José David Anaya Martínez le hubieren entregado al momento del archivo de la investigación penal (23 de febrero de 2011) un menor valor, equivalente a la suma de ciento cuarenta y nueve millones ochocientos cincuenta mil pesos; dinero que fue inferior del que había sido incautado al indiciado, equivalente a la suma de cinto cincuenta millones de pesos ($150.000.000). Lo anterior significa que el señor José David Anaya Martínez dejó de percibir intereses corrientes bancarios e intereses moratorios de los ciento cincuenta mil pesos ($150.000) (…).

Como quiera que se logró probar la licitud de los dineros incautados (…) debieron ser indexados para lograr un valor justo y real, correspondiente al excedente equivalente a la suma de $15.025.273.

(…).

Como quiera que se logró probar la licitud de los dineros incautados (…) debieron ser indexados para lograr un valor justo y real, correspondiente al excedente equivalente a la suma de $15.025.273.

(…) los dineros incautados de propiedad del señor José David Ana ya Martínez no generaron los rendimientos financieros durante todo el tiempo en que estuvieron retenidos, es decir del 6 de agosto de 2008 hasta el 23 de febrero de 2011, equivalente a la suma de $40.358.805. (…)

Perjuicios morales

Por un lado, el señor José David Anaya Martínez con ocasión del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia se ha sentido apenado, acongojado, afligido, angustiado, triste, desubicado emocionalmente lo que repercute en la esfera personal así : (…) ha perdido la oportunidad de crecer económicamente, pues los comentarios y rumores sobre la investigación penal por enriquecimiento ilícito y sobre la acción de extinción de dominio llevaron a que muchos de sus clientes dejaran de desarrollar activid ades comerciales con él (…) a que estuviera estigmatizado por las personas por las personas con las que practicaba sus actividades deportivas (…) a perdido credibilidad de sus fans, electores y/o seguidores gracias a los rumores de las indebidas investigac iones penales (…)>>.

4.- Las pretensiones se basaron en las siguientes afirmaciones:Radicado: 05001-23-33-000-2013-00791-01 (58636)

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4.1.- El demandante José David Anaya Martínez era propietario de varios

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4.1.- El demandante José David Anaya Martínez era propietario de varios gimnasios ubicados en la ciudad de Bucaramanga. Para modernizar los gimnasios, en agosto de 2008 decidió viajar a Medellín para comprar nuevas máquinas en el establecimiento de comercio <<Forma>>.

4.2.- El 6 de agosto de 2008 , en la ciudad Medellín, agentes de la Policía abordaron a Jaime Montoya Rodríguez y al demandante José David Anaya Martínez, quienes se dirigían en un taxi al establecimiento de comercio <<Forma>> con ciento cincuenta millones de pesos ($150.000.000). Al momento de la requisa , los agentes de Policía encontraron el dinero e indagaron por su procedencia. A pesar de que el demanda nte y su acompañante señalaron la razón por la cual tenían esa suma de dinero, los agentes consideraron insuficiente la justificación , los capturaron y los condujeron a la estación Las Brisas.

4.3.- Transcurridas tres horas desde la captura, los policiale s rotularon y embalaron el dinero incautado. Luego dejaron el dinero incautado y dejaron a los detenidos a disposición de la Fiscalía 130 Seccional de Medellín por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares.

4.4.- El 7 de agosto de 2008 la Fiscalía 86 Seccional de la Unidad de Reacción Inmediata archivo las diligencias penales y ordenó la libertad del demandante José David Anaya Martínez y de su acompañante. Así mismo, dejó constancia de que quedaba pendiente la entrega del dinero incautado a la víctima directa,

Inmediata archivo las diligencias penales y ordenó la libertad del demandante José David Anaya Martínez y de su acompañante. Así mismo, dejó constancia de que quedaba pendiente la entrega del dinero incautado a la víctima directa, pues la libertad se ordenó en horas de la noche y los bienes incautados se encontraban en la caja fuerte.

4.5.- El 8 de agosto de 2008 la Fiscal 31 Seccional, <<en lugar de hacer entrega del dinero ($150.000.000), lo que hizo fue remitir las diligencias (el proceso) a la Oficina de Asignaciones de la Dirección Seccional de Fiscalías para nuevo reparto>>. Es decir, la Fiscalía reabrió la investigación contra el demandante.

4.6.- El 13 de agosto de 2008 la Oficina de Asignaciones de la Dirección Seccional de Fiscalías de Medellín asignó el proceso penal por el delito de enriquecimiento ilícito a la Fiscalía 18 Especializada en Asuntos Penales de Medellín.

4.7.- El 20 de agosto de 2008 el jefe de la Unidad Especializada de Antioquia, por intermedio de un funcionario, consignó un depósito judicial al Banco Agrario por la suma de ciento cuarenta y nueve millones ochocientos cincuenta mil pesos ($149.850.000) a disposición de la Unidad Especializada de Fiscalías.

4.8.- El 1º de septiembre de 2008 la Fiscalía 18 Especializada en Asuntos Penales de Medellín compulsó copias para que se determinara la viabilidad o no de la acción de extinción de dominio del dinero incaut ado. Los demandantes

4.8.- El 1º de septiembre de 2008 la Fiscalía 18 Especializada en Asuntos Penales de Medellín compulsó copias para que se determinara la viabilidad o no de la acción de extinción de dominio del dinero incaut ado. Los demandantes afirman que el 16 de diciembre de 2008 la Unidad de Extinción de Dominio deRadicado: 05001-23-33-000-2013-00791-01 (58636)

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la Fiscalía 18 delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado asumió el conocimiento de dicha acción.

4.9.- El 19 de febrero de 2009 el demandante presentó acción de tutela contra la Fiscalía 18 Especializada en Asuntos Penales de Medellín y la Unidad de Extinción de dominio de Medellín de la misma fiscalía porque dichas autoridades no se habían pronunciado de las distintas solicitudes que elevó para obtener la restitución del dinero . El 3 de marzo de 2009 el Tribunal Superior de Medellín profirió sentencia de tutela en la que amparó los derechos fundamentales de defensa, debido proceso y de petición, y ordenó a la Unidad de Extinción d e dominio de la Fiscalía 18 Especializada en Asuntos Penales de Medellín dar respuesta a la solicitud de entrega de los dineros incautados a la víctima directa. El 10 de marzo de 2009 , en cumplimiento del fallo de tutela, la Unidad de Extinción de dominio de Fiscalía 18 delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado respondió la petición y negó la entrega del dinero porque aún no estaba completo el material probatorio para decidir si se iniciaba o no la

Extinción de dominio de Fiscalía 18 delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado respondió la petición y negó la entrega del dinero porque aún no estaba completo el material probatorio para decidir si se iniciaba o no la acción de extinción de dominio.

4.10.- Luego de varias reasignaciones para estudiar la viabilidad de iniciar la acción de extinción de dominio, el 23 de febrero de 2011 , dentro del proceso penal, la Fiscalía 19 Especializada de Medellín ordenó el archivo de la investigación penal por atipicidad de la conducta . En consecuencia, ordenó entregar al demandante la suma de ciento cuarenta y nueve millones ochocientos cincuenta mil pesos ($149.850.000).

5.- Según la parte actora, los daños son imputables a las entidades demandadas porque:

5.1.- Los dineros incautados no fueron entregados el 8 de agosto de 2008, como lo ordenó la Fiscalía 86 Seccional de Medellín, y tampoco fueron puestos a disposición de la Dirección Nacional de Estupefacientes, de conformidad con el artículo 1 de la Ley 785 de 2002, para que pudieran generar rendimientos financieros.

5.2.- Existió mora judicial en los trámites del proceso penal y de la acción de extinción de dominio.

5.3.- La cadena de custodia del material incautado fue irregular . Los demandantes señalaron que est aba probado que al momento de la incautación se embalaron y rotularon ciento cincuenta millones de pesos ($150.000.000); sin embargo, se le s restituyó la suma de ciento cuarenta y nueve millones ochocientos cincuenta mil pesos ($149.850.000).

se embalaron y rotularon ciento cincuenta millones de pesos ($150.000.000); sin embargo, se le s restituyó la suma de ciento cuarenta y nueve millones ochocientos cincuenta mil pesos ($149.850.000).

5.4.- La vi nculación de la víctima directa al proceso penal y a la acción de extinción de dominio le causaron perjuicios.Radicado: 05001-23-33-000-2013-00791-01 (58636)

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6.- En relación con los perjuicios, los demandantes señalaron que:

6.1.- La vinculación de la víctima directa al proceso penal y a la acción de extinción de dominio, así como la mora judicial en dichos procesos, les causaron a los demandantes: (i) perjuicios morales derivados de la angustia, sufrimiento, rechazo social y la desacreditación y pérdida de credibilidad de los sufragantes en las ele cciones del concejo municipal en el periodo de 2009 -2011, ya que la víctima directa aspiraba al concejo de Bucaramanga y (ii) un daño emergente por concepto de los gastos en los que incurrió la víctima directa para su defensa en ambos procesos.

6.2.- Los demandantes sufrieron los siguientes perjuicios por la incautación del dinero: (i) perdieron el aumento de las utilidades que esperaban recibir de la modernización de los gimnasios de la víctima directa debido a que la incautación del dinero le impidió com prar las nuevas máquinas; (ii) no obtuvieron la rentabilidad financiera del dinero durante el tiempo en el que estuvo incautado; y

modernización de los gimnasios de la víctima directa debido a que la incautación del dinero le impidió com prar las nuevas máquinas; (ii) no obtuvieron la rentabilidad financiera del dinero durante el tiempo en el que estuvo incautado; y (iii) un daño emergente porque la Fiscalía no les devolvió ciento cincuenta mil pesos ($150.000) y (iv) la víctima directa dejó de percibir intereses corrientes bancarios e intereses moratorios de los ciento cincuenta mil pesos ($150.000) que no le fueron devueltos por la Fiscalía.

B. Posición de las entidades demandadas

7.- La Fiscalía General de la Nación objetó la cuantía de la demanda y se opuso a las pretensiones. Como argumentos de defensa expuso que: (i) no existió un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia ni un error judicial porque actuó en cumplimiento de la Constitución y la ley; (ii) se configuró la culpa exclusiva de la víctima porque el demandante José David Anaya Martínez no justificó la procedencia del dinero al momento en que los policiales realizaron la requisa; y (iii) los demandantes no demostraron los perjuicios derivad os de la pérdida de los bienes incautados. Como excepción propuso la culpa exclusiva de la víctima.

8.- La Policía Nacional también se opuso a las pretensiones de la demanda. Como argumentos de defensa expuso que: (i) la mora judicial no puede ser imputada a la Policía ya que fue la Fiscalía quien profirió decisiones de fondo, en tanto archivó el proceso y ordenó la devolución de dineros; (ii) la función de la Policía era preventiva y de medio. Por lo tanto, los resultados de la investigación

imputada a la Policía ya que fue la Fiscalía quien profirió decisiones de fondo, en tanto archivó el proceso y ordenó la devolución de dineros; (ii) la función de la Policía era preventiva y de medio. Por lo tanto, los resultados de la investigación penal no pueden ser atribuidos a esa entidad y (iii) no existía prueba que permitiera determinar que el demandante resultó perjudicado con la captura. Como excepciones propuso las siguientes: la falta de título de imputación jurídico a la Policía Nacional que impide que se genere obligación de indemnización; y la falta de nexo causal con los perjuicios alegados porque su captura obedeció a la falta de justificación de la procedencia del dinero que el demandante portaba al momento de la requisa. Adicionalmente, señaló que era función de la PolicíaRadicado: 05001-23-33-000-2013-00791-01 (58636)

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capturar a quien incurriera en flagrancia y ponerlo a disposición de la autoridad competente, como en efecto ocurrió.

C. Sentencia recurrida

9.- En la sentencia del 9 de noviembre de 2016, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Decisión Oral negó las pretensiones de la demanda por las siguientes razones:

9.1.- Absolvió a la Policía Nacional porque:

a.- <<A las acciones u omisiones de la Policía Nacional no le es imputable, tal como lo hace el demandante, el régimen jurídico denominado defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por cuanto los policiales no están investidos de la función jurisdiccional>>.

como lo hace el demandante, el régimen jurídico denominado defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por cuanto los policiales no están investidos de la función jurisdiccional>>.

b.- Tampoco se acreditó que los agentes de policía hayan incurrido en una falla del servicio al capturar en flagrancia a la víctima directa debido a que esta fue sorprendida con altas cuantías de dinero en su ropa y sus explicaciones para justificar la posesión del dinero no fueron claras.

9.2.- Absolvió a la Fiscalía General de la Nación porque:

a.- No existió un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia porque el fiscal actuó de conformidad con los artículos 79 y 331 del Código de Procedimiento Penal y el artícul o 3 de la Resolución 5007 del 21 de octubre de 2004, normas según las cuales se puede reabrir una investigación siempre que esta no haya precluido o cuando surjan nuevos elementos probatorios.

b.- La Fiscalía 18 Especializada tenía motivos para iniciar la investigación penal por la conducta punible de enriquecimiento ilícito, pues el demandante Anaya Martínez no justificó el origen y procedencia del dinero que le fue incautado.

c.- El dinero no se le entregó a la víctima directa al día siguiente de que se ordenó su libertad porque esta no presentó solicitud de preclusión ante la Fiscalía 31 Especializada.

d.- No hubo una dilación injustificada en el trámite del proceso penal y del proceso de extinción de dominio. Ambos procesos se tramitaron en términos normales y los demandantes no aportaron estándar de comparación alguno para poder determinar que las actuaciones fueron tardías. Tampoco se demostró que, en el

de extinción de dominio. Ambos procesos se tramitaron en términos normales y los demandantes no aportaron estándar de comparación alguno para poder determinar que las actuaciones fueron tardías. Tampoco se demostró que, en el evento de haber existido una mora, esta haya sido injustificada. Al respecto realizó un recuento de las actuaciones efectuadas por la Fiscalía y concluyó que no toda dilación equivale a mora o negligencia.Radicado: 05001-23-33-000-2013-00791-01 (58636)

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e.- En cuanto a las fallas en la cadena de custodia, estaba probado que el dinero permaneció en ma nos de los capturados hasta el momento de la rotulación y embalaje y que los sellos que tenían los billetes solo se rompieron el día en que se realizó el depósito judicial. Sin embargo, no estaba probado que el demandante tenía ciento cincuenta millones de pesos ($150.000.000), dado que el conteo inicial fue manual y pudo existir un error en el conteo.

D. Recurso de apelación

10.- Los demandantes solicitan que se revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se concedan las pretensiones. Sus reparos son los siguientes:

10.1.- La captura del demandante José David Anaya Martínez fue ilegal porque no se cumplieron los requisitos de la captura en flagrancia.

10.2.- Debido a que la investigación había sido <<archivada>> el 7 de agosto de 2008, cuando el Fiscal 86 Seccional de la Unidad de Reacción Inmediata ordenó dejar en libertad al demandante José David Anaya Martínez y a su acompañante,

10.2.- Debido a que la investigación había sido <<archivada>> el 7 de agosto de 2008, cuando el Fiscal 86 Seccional de la Unidad de Reacción Inmediata ordenó dejar en libertad al demandante José David Anaya Martínez y a su acompañante, el fiscal de turno adscrito a la URI no podía posteriormente reabrir la investigación.

10.3.- La Fiscalía debía presentar una teoría del caso sustentada en material probatorio y no en meras sospechas obtenidas de la <<simple manifestación policial>>.

10.4.- La Fiscalía solo contaba con seis meses para terminar la etapa de indagación e investigación y se demoró más de dos años, a sabiendas de que el resultado era previsible, pues la Fiscalía 86, al ordenar la libertad del demandante y su acompañante, ya había señalado la inexistencia del delito.

10.5.- Al momento de realizar la cadena de custodia, las autoridades no hicieron un registro del dinero incautado con los números seriales de cada billete para individualizarlo plenamente, incumpliendo de esa manera el manual único de cadena de custodia.

II. CONSIDERACIONES

E. Asuntos procesales

11.- Si bien en el recurso de apelación la parte demandante solicita la reparación del daño causado por la captura ilegal del demandante José David Anaya Martínez, la Sala no lo estudiará porque en la demanda no se solicitó su reparación. A pesar de que en las afirmaciones de la demanda se señala que la captura de la víctima directa no cumplió los requisitos legales, a partir de la lectura integral de las pretensiones de la demanda y de la estimación raz onada de la

reparación. A pesar de que en las afirmaciones de la demanda se señala que la captura de la víctima directa no cumplió los requisitos legales, a partir de la lectura integral de las pretensiones de la demanda y de la estimación raz onada de la cuantía de las pretensiones, es posible conclu ir que la parte demandante noRadicado: 05001-23-33-000-2013-00791-01 (58636)

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solicitó la reparación del daño causado por la privación injusta de la libertad del demandante José David Anaya Martínez . En particular , se destaca que la jurisprudencia citada por la parte actora para justificar la tasación de los perjuicios morales se refiere