CE - 012333000201300817011SENTENCIA20230410122532

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D. C., veintitrés (23 ) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.

Radicación: 15001233300020130081701 (2822 -2015)

Demandante: Blanca Nubia Sanabria de Su árez Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la

Protección Social 1

Tema: Pensión gracia. Tipo de vinculación . Ley 1437 de 2011 .

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

La Sala de la Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado , conoce del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 12 de mayo de 2015 , proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá , que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA 2

La señor a Blanca Nubia Sanabria de Su árez , por intermedio de apoderad o, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley

1. LA DEMANDA 2

La señor a Blanca Nubia Sanabria de Su árez , por intermedio de apoderad o, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 3, modificada por la Ley 2080 de 2021, formuló en síntesis las siguientes:

1 En adelante UGPP. 2 Folios 3 a 18. 3 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en adelante CPACANulidad y restablecimiento del derecho Radicación : 15001233300020130081701 (2822 -2015)

Demandante: Blanca Nubia Sanabria de Suarez

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2 1.1. Pretensiones

Declarar l a nulidad de la s Resoluciones RDP 010661 del 5 de marzo de 2013 , expedida por la UGPP que negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia de la ac cionante , y la RDP 021692 del 14 de mayo de 2013 , que resolvió el recurso de apelación y confirm ó la decisión anterior .

A título de restablecimiento del derecho, solicitó condenar a la entidad demandada a (i) reconocer y pagar la pensión gracia en cuantía de $ 1.404.516, efectiva a partir del 18 de octubre de 200 6 y hasta cuando se pague su totalidad ; (ii) realizar los ajustes de

entidad demandada a (i) reconocer y pagar la pensión gracia en cuantía de $ 1.404.516, efectiva a partir del 18 de octubre de 200 6 y hasta cuando se pague su totalidad ; (ii) realizar los ajustes de valor o indexar las sumas reconocidas conforme a lo dispuesto en el artículos 187 del CPACA ; (iii) cumplir la sentencia en los términos de los artículos 192 ibidem o, de lo contrario, sufragar intereses moratorio s de que trata el inciso 3 del mentado artículo.

1.2. Fundamentos fácticos

a). La señor a Blanca Nubia Sanabria de Su árez nació el 23 de julio de 1954 .

b). La accionante p restó sus servicios como docente en los siguientes lapsos :

ENTIDAD DE VINCULACIÓN ACTO ADMINISTRATIVO FECHA DE

INICIO

FECHA DE TERMINACIÓN Directora de curso. Concentración Bolivariana en el Puente de Boyacá, municipio de Tunja Decreto 096 del 27 de febrero de 1975 21-01-1975 18-03-1975 Directora de la R.D. Albarracín, municipio de Ventaquemada Decreto 087 del 19 de febrero de 1976 20-01-1976 16-04-1976 Colegio Departamental Simón Bolívar, municipio de Soraca Decreto 165 del 2 de febrero de 1987 Nombramiento 13-02-1987 24-02-1987 Concentración Urbana Muiscas, Tunja Decreto 364 del 25 de febrero de 1987 Traslado

Decreto 165 del 2 de febrero de 1987 Nombramiento 13-02-1987 24-02-1987 Concentración Urbana Muiscas, Tunja Decreto 364 del 25 de febrero de 1987 Traslado 25-02-1987 26-11-2007 I.E Escuela Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón, Tunja Resolución 2172 del 29 de noviembre de 2007 Traslado 27-11-2007 A la fecha de la presentación de la demandaNulidad y restablecimiento del derecho Radicación : 15001233300020130081701 (2822 -2015)

Demandante: Blanca Nubia Sanabria de Suarez

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3 d) El 14 de noviembre de 2012 la demandante presentó solicitud de reconocimiento y pago de la pensión gracia ante la entidad demandada.

e) La UGPP mediante la Resolución RDP 010661 del 5 de marzo de 2013 negó la pensión gracia por considerar que la actora no acreditó 20 años de servicio como docente de carácter departamental, distrital, municipal o nacionalizado , t oda vez que, según la certificación expedida por la Alcaldía de Tunja de 3 de marzo de 2011, la vinculación de la docente fue de carácter departamental, cancelada con recursos del Si stema General de Participaciones, por lo que no es idóneo como soporte de tiempo

marzo de 2011, la vinculación de la docente fue de carácter departamental, cancelada con recursos del Si stema General de Participaciones, por lo que no es idóneo como soporte de tiempo de servicios, pues al ser cofinanciado, el 70% lo paga la Nación y 30% el municipio, se toma como vinculación nacional.

f) La accionante interpuso recurso de apelación , el cual fue resuelto a través de la Resolución RDP 021692 del 14 de mayo de 2013 , mediante la cual la UGPP confirm ó la decisión con los mismos argumentos.

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de violación

Al desarrollar el concepto de violación , indicó que la UGPP incurrió en falsa motivación al desestimar los tiempos aportados por considerarlos como tiempos con vinculación nacional, toda vez que ello no resulta cierto y , adicionalmente, indicó que, si ello fuera así, la accionante estaría afiliada al Fondo Nacional del Ahorro de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 91 de 1989.

Indicó que la accionante ostenta vinculación nacionalizada anterior al 31 de diciembre de 1989 y demostró 20 años de servicio de carácter dep artamental.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación : 15001233300020130081701 (2822 -2015)

Demandante: Blanca Nubia Sanabria de Suarez

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2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 4

La UGPP se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda por considerar que no se encuentra acreditado tiempo territorial antes del 31 de diciembre de 1980 pues , no obra copia auténtica de los actos de nombramiento y tampoco se aportaron los posteriores a 1980.

Respecto a los certificados allegados , indicó que resultaban incompletos y , en ese orden , la prueba resulta precaria .

En relación con los tiempo s de servicio a partir del 31 de enero de 2000, señaló que el Decreto 254 del 21 de enero de 2000 , e xpedido por el departamento de Boyac á, establece que el nombramiento y la nómina es pagada con recursos del Situado Fiscal, por lo que se tiene como cofinanciados, es decir, que corresponde a una categoría de docente s vinculados por nombramiento de la respectiva entidad territorial que pertenece a la planta de personal del distrito, departamento o municipio y que durante la vigencia de los convenios suscritos entre la entidad territorial y el Fondo de Cofinanciación para la Inversión Social –FIS –, son cofinanciados por la Nación 70% y 30% a cargo de la entidad territorial. Por ende , la demandante recibió recursos provenientes de la Naci ón .

Propuso las siguientes excepciones (i) inexistencia de la obligación

por la Nación 70% y 30% a cargo de la entidad territorial. Por ende , la demandante recibió recursos provenientes de la Naci ón .

Propuso las siguientes excepciones (i) inexistencia de la obligación demandada o cobro de lo no debido; (ii) inexistencia de vulneración de principios constitucionales y legales; (iii) prescripción de mesadas y, (iv) solicitud de reconocimiento oficioso .

3. AUDIENCIA INICIAL 5

El 13 de agosto de 2014 se llevó a cabo la audiencia inicial por

4 Foli os 83 a 9 0. 5 Folios 123 a 126 .CD a folio 127.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación : 15001233300020130081701 (2822 -2015)

Demandante: Blanca Nubia Sanabria de Suarez

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5 parte del Tribunal Administrativo de Boyacá , oportunidad en la que determinó (i) que no exist ió ninguna irregularidad que genere nulidad; (ii) difirió el estudio de la excepción de prescripción para el momento de dictar sentencia, y (iii) fij ó el problema jurídico en los siguientes términos:

«[…] El litigio se contrae a determinar, por un lado, si la señora Blanca Nubia Sanabria de Suarez , cumple con el requisito de haber laborado como docente del orden departamental o municipal antes del 31 de diciembre de 1980, y de otra parte, el si debe o no

Blanca Nubia Sanabria de Suarez , cumple con el requisito de haber laborado como docente del orden departamental o municipal antes del 31 de diciembre de 1980, y de otra parte, el si debe o no computarse para el reconocimiento de la pensi ón gracia de la señora Blanca Nubia Sanabria de Suarez , los tiempos de servicio prestados por ella al departamento de Boyacá desde el 31 de enero del año 2000, los cuales no fueron tomados en cuenta por la demandada al considerarlos de carácter nacional. »

4. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 6

El Tribunal Administrativo de Boyacá , en sentencia del 12 de mayo de 2015 , negó las pretensiones de la demanda . Para el efecto, abordó los requisitos para obtener la pensión gracia por lo que concluyó que, de cara a las pruebas allegadas al proceso, la accionante alcanzó los 50 años de edad el 23 de julio de 2004 .

En cuanto a los tiempos de servicio correspondientes a los periodo s comprendidos entre el 21 de enero al 18 de marzo de 1975 , y del 30 de enero al 26 de abril de 1976, e ncontró probado que, de acuerdo con las certificaciones allegadas, fue vinculada como docente nacionalizada de modo que se encuentra acreditada la vinculación de la accionante con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y, en consecuencia, dichos periodos deben se r computados para establecer los 20 años de servicio conforme a lo dispuesto en la Ley 114 de 1913.

6 Folios 119 a 129.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación : 15001233300020130081701 (2822 -2015)

para establecer los 20 años de servicio conforme a lo dispuesto en la Ley 114 de 1913.

6 Folios 119 a 129.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación : 15001233300020130081701 (2822 -2015)

Demandante: Blanca Nubia Sanabria de Suarez

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6 No obstante, advirtió que los tiempos laborados a partir del 31 de diciembre de 2000, no pueden computarse teniendo en cuenta que a partir el del 31 de ene ro del 2000 el pago de los salarios y prestaciones se encontraban a cargo del Sistema General de Participaciones , por lo que, aun cuando se indique en otros elementos de convicción (certificados de factores salariales), que la docente tiene vinculación de orden departamental, lo cierto es que para considerar tal vinculación del nivel territorial la nómina debió pagarse con cargo a recursos propios de la entidad nominadora, circunstancia que no acontece en el presente caso , por lo que fue nomb rada en un cargo del orden nacional y ese tiempo no puede ser computado para efectos de la pensión gracia.

Por lo anterior, la demandante no reunió los requisitos establecidos legalmente para beneficiarse de la pensión gracia y, en consecuencia , declaró la prosperidad de las excepciones propuestas por la entidad demandada.

Condenó en costas a la parte vencida, de conformidad con lo previsto en el ordinal 8 del artículo 365 del CGP y fijó agencias en

consecuencia , declaró la prosperidad de las excepciones propuestas por la entidad demandada.

Condenó en costas a la parte vencida, de conformidad con lo previsto en el ordinal 8 del artículo 365 del CGP y fijó agencias en derecho el equivalente a l 2% de la estimación de la cuantía indicada en el escrito de demanda.

5. EL RECURSO DE APELACIÓN 7

La parte demandante solicitó revocar la decisión y, en su lugar , acceder a las pretensiones de la demanda . Sostuvo que siempre ha estado afiliada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y no al Fondo Nacional del Ahorro, situación que hace evidente que la misma no ostenta la calidad de docente nacional de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 91 de 1989.

7 Folios 221 a 227.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación : 15001233300020130081701 (2822 -2015)

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7 Refirió que la accionante inició su vinculación como docente departamental y así continuó, aunque posteriormente haya sido trasladada. En ese orden, el Decreto 165 del 2 de febrero de 1987 , mediante el cual se vinculó a la Institución Educativa Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón, no hace que pierda el carácter de docente departamental.

mediante el cual se vinculó a la Institución Educativa Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón, no hace que pierda el carácter de docente departamental.

Indicó que la norma aplicable respecto al tema es la Ley 43 de 1975, en tanto que en dicha norma no ex istía ninguna distinción entre nacionales y nacionalizados, dado que la mencionada diferencia se estableció a partir de la Ley 91 de 1989.

En ese sentido , precisó que la vinculación de la docente se realizó el 21 de enero del 19 75 , es decir , antes del 3 1 de diciembre de 1980 , siempre ha sido del orden departamental , y cumplió 50 años de edad el día 23 de julio del 2004 , de modo que el derecho a la pensión gracia se consolidó el 18 de octubre de 2006.

6. ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA

6.1 La parte demanda nte 8 reiteró los argumentos del escrito de apelación.

6.2 La entidad demanda da 9 solicitó confirmar la sentencia recurrida por encontrarse de acuerdo con los argumentos expuestos por el tribunal.

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el Ministerio Público guard aron silencio según el informe secretarial obrante a folio 220 del expediente .

8 Folio s 251 a 257. 9 Folios 258 .Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación : 15001233300020130081701 (2822 -2015)

Demandante: Blanca Nubia Sanabria de Suarez

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Radicación : 15001233300020130081701 (2822 -2015)

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II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 10, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.

Asimismo , conforme a lo dispuesto en el artículo 328 11 del Código General del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos expuestos por el apelante.

2.2 Cuestión previa

Conforme a l memorial visible en el índice 45 de la plataforma SAMAI, se observa que el apoderado de la UGPP interp uso recurso de reposición en contra del auto del 26 de octubre de 2022, mediante el cual, esta Sala resolvió no avocar conocimiento de la solicitud de un ificación presentada por dicha entidad .

10«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los

susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.[…]» 11«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUP ERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que, en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. L as nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.»Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación : 15001233300020130081701 (2822 -2015)

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9 Sobre el particular , resulta pertinente señalar que en el artículo 242

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9 Sobre el particular , resulta pertinente señalar que en el artículo 242 del CPACA , modificado por el artículo 61 de la Ley 2080 de 2021, se disp uso que el recurso de reposición procede contra todos los autos, salvo norma legal en contrario, así:

«ARTÍCULO 242. Reposición. El recurso de reposición procede contra todos los autos, salvo norma legal en contrario. En cuanto a su oportunidad y trámite, se aplicará lo dispuesto en el Código General del Proceso. »

Por su parte, el artículo 271 del CPACA, modificad o por el artículo 79 de la Ley 2080 de 2021, dispuso:

«ARTÍCULO 271. Decisiones por importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de sentar jurisprudencia o precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplica ción.

[...]

La instancia competente decidirá si avoca o no el conocimiento del asunto, mediante auto no susceptible de recursos.

[…]»

En esos términos, en lo que corresponde a la decisión que resuelve una solicitud de unificación, el legislador expresamente previó que no era susceptible de recursos, por ende, prevalece esta norma especial en cuanto a la improcedencia de los mismos .

De acuerdo con lo expuesto, se tiene que el auto que resolvió no avoca r conocimiento de la solicitud de unificación no es pasible del recurso de reposición , por lo que esa petición resulta improcedente.

Finalmente, es necesario resaltar que esta Sala 12 en otras

avoca r conocimiento de la solicitud de unificación no es pasible del recurso de reposición , por lo que esa petición resulta improcedente.

Finalmente, es necesario resaltar que esta Sala 12 en otras oportunidades , en casos como el presente , ha sostenido que el

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 2 de febrero de 2023. Radicado 54001233100020110027201 (0551 -2019).Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación : 15001233300020130081701 (2822 -2015)

Demandante: Blanca Nubia Sanabria de Suarez

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10 objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo es garantizar la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución Política y la ley. De manera que, tratándose de controversias relacionadas con asuntos pensionales, es razonable entender que involucran a muchas personas de la tercera edad. Por ello, resulta imperativo atender el hecho de que, a través de la Ley 2055 del 10 de septiembre de 2020, se aprobó la «Convención Interamericana Sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores». Se destaca de dicha norma el artículo 4, li teral c), en el que se estableció el compromiso de adoptar y fortalecer «todas las medidas legislativas, administrativas, judiciales, presupuestarias y de cualquier otra índole, incluido un

li teral c), en el que se estableció el compromiso de adoptar y fortalecer «todas las medidas legislativas, administrativas, judiciales, presupuestarias y de cualquier otra índole, incluido un adecuado acceso a la justicia a fin garantizar a la persona mayor un trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitos», por lo que la presente medida se acompasa con tal contenido 13.

2. 3 Problema jurídico

De acuerdo con el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante , corresponde a la Sala determinar lo siguiente:

¿La señor a Blanca Nubia Sanabria de Su árez , en su calidad de docente oficial, tiene derecho al reconocimiento de la pensión gracia en aplicación del régimen consagrado en la Ley 114 de 1913 y demás normas que regulan dicha prestación ?

Para resolver el asunto, se desarrol lará el siguiente orden metodológico: (i) la pensión gracia ; (ii) del docente interino ; y (iii) el análisis del caso concreto.

13 En el presente caso, la demandante es una persona de la tercera de edad, pues nació el 23 de julio de 1954, es decir, que para la fecha tendría 68 años de edad.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación : 15001233300020130081701 (2822 -2015)

Demandante: Blanca Nubia Sanabria de Suarez

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11 2. 4 Marco normativo y jurisprudencial

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11 2. 4 Marco normativo y jurisprudencial

2. 4.1 La pensión gracia

La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1 de la Ley 114 de 1913 , en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de 20 años.

En ese sentido, respecto de los condicionan tes para acceder a la misma , la Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su reconocimiento, además de los 20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse desempeñado en los empleos con honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra pensión o re compensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años de edad. Por su parte, la Ley 91 de 1989 precisa que el docente se haya vinculado al servicio oficial con anterioridad al 1 de enero de 1981.

Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la pensión gracia a los empleados y profesores de las escuelas normales, junto a los inspectores de instrucción pública. De manera que autorizó la suma de los servicios prestados en diversas épocas al computar los años en la enseñ anza primaria, la normalista y la inspección con el fin de completar el tiempo requerido para acceder a la pensión.

Más adelante, con la Ley 37 de 1933 , el beneficio gratuito de la pensión gracia se hizo extensivo a los maestros de escuela que

requerido para acceder a la pensión.

Más adelante, con la Ley 37 de 1933 , el beneficio gratuito de la pensión gracia se hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren co mpletado el tiempo de servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.

Luego, se expidió la Ley 91 de 1989 en cuyo artículo 1, distinguió entre los conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:

«ARTÍCULO 1. Para los e fectos de la presente Ley, los siguientesNulidad y restablecimiento del derecho Radicación : 15001233300020130081701 (2822 -2015)

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12 términos tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:

Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional .

Personal nacionalizado. Son los docentes vinculad os por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.

Personal territorial . Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territor ial , a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.» [Negrillas fuera de texto].

Personal territorial . Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territor ial , a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.» [Negrillas fuera de texto].

El numeral 2 del artículo 15 de dicha ley limitó el reconocimiento de la pensión gracia para los docentes al establecer lo siguiente:

«[…] A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos . Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensi ón ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación. […]»

De las diferentes normas enunciadas, la jurisprudencia de esta Corporación ha advertido que la pensión gracia no es un derecho para todo docente que cump la con los requisitos citados, sino que en virtud de sus condicionantes, esta solo está prevista para los de carácter territorial y nacionalizado , es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del C onsejo de Estado en sentencia S -699 del 26 de agosto de 1997 14 señaló:

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente,

agosto de 1997 14 señaló:

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente,

14Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S -699 de 26 de agosto de 1997, actor: Wilberto Therán Mogollón.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación : 15001233300020130081701 (2822 -2015)

Demandante: Blanca Nubia Sanabria de Suarez

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13 los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requ isitos”. Y por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que inicialmente le asignó la ley. […].»

Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de

inicialmente le asignó la ley. […].»

Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de unificación CE -SUJ2 -011 -18 del 21 de junio de 2018 15 previó las siguientes pautas jurisprudenciales:

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante , su origen o fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas .

1. Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones , por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

1. La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por concepto del situado fiscal , sino que también corres pondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).

1. Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados, resulta factible colegir de manera razonada que lo

1. Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la

15 Proceso identificado con radicación 25000 -23 -42 -000 -2013 -04683 -01 (38052014), de Gladys Amanda Hernández Trian a contra la UGPP.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación : 15001233300020130081701 (2822 -2015)

Demandante: Blanca Nubia Sanabria de Suarez

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