CE - 012333000201302033021SENTENCIASENTENCIA20231031193703

Rdo.: 05001 23 33 000 2013 02033 02 (61900)

Demandante: Instituto Nacional de Vías (INVÍAS)

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SUBSECCIÓN C

Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá, D.C., cuatro (04) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación 05001 23 33 000 2013 02033 02 (61900)

Demandante: Instituto Nacional de Vías (INVÍAS)

Demandado: Honorio Vélez González y otro

Referencia: Repetición

Tema 1. Acción de repetición. Subtema: Elemento subjetivo – culpa grave del servidor público.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala, de acuerdo con lo dispuesto en sesión de 5 de mayo de 2005 1, resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demanda nte contra la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, el tres (3) de mayo de dos mil dieciocho (2018), que negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS

Mediante sentencia del 13 de julio de 2011, el Tribunal Administrativo de Antioquia confirmó la declaración de responsabilidad del INVÍAS por la muerte del señor Óscar Becerra Cardona, ocurrida el 7 de febrero de 1998, al inhalar gases tóxicos provenientes de un socavón en cuya excavación trabajaba, cuando se adelantaban obras de recuperación y protección de la banca da en la carretera Amagá –

provenientes de un socavón en cuya excavación trabajaba, cuando se adelantaban obras de recuperación y protección de la banca da en la carretera Amagá – Bolombolo, y condenó a la entidad a pagar los perjuicios morales y materiales causados al núcleo familiar de la víctima fallecida ($449’579.382.36); suma que pretende le sea reintegrad a por parte del contratista y el i nterventor de la obra (Honorio Vélez González y Los Castores Constructores Ltda., respectivamente) a través de la presente repetición.

II. ANTECEDENTES:

2.1. El dieciocho (18) de diciembre de dos mil trece (2013)2, el Instituto Nacional de Vías —INVÍAS— demandó al señor Honorio Vélez González y a la sociedad Los Castores Constructores Ltda., en ejercicio del medio de control de repetición, con el cual pretende: (i) que se le declare responsable de los perjuicios ocasionados a la demandante por la condena impuesta en la sentencia del 13 de julio de 2011 , dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, dentro del proceso de reparación directa instaurado por Ana T eresa Mosquera y su núcleo familiar por la muerte de Óscar Becerra Cardona; que, en consecuencia, (ii) se condene al pago de cuatrocientos cuarenta y nueve millones quinientos setenta y nueve mil trescientos ochenta y dos pesos con treinta y seis centavos ($449’579.382.36), monto pagado a los familiares del señor Becerra Cardona por concepto de perjuicios materiales e inmateriales; y, iii) que se reconozcan los intereses causados.

a los familiares del señor Becerra Cardona por concepto de perjuicios materiales e inmateriales; y, iii) que se reconozcan los intereses causados.

1 Sección Tercera, acta número 15 de 5 de mayo de 2005. 2 Folio 15 del cuaderno principal.Rdo.: 05001 23 33 000 2013 02033 02 (61900)

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2.1.1. Como fundamento fáctico de sus pretensiones, la demandante manifestó, en síntesis, lo siguiente:

2.1.1.1. Que el INVÍAS fue declarado responsable —en proceso de reparación— por la muerte de Óscar Becerra Cardona, ocurrida el 7 de febrero de 1998, que se produjo por la inhalación de gases tóxicos de un socavón, cuando se realizaban labores de excavación para la recuperación de la bancada en la carretera Amagá–Albania–Bolombolo–Remolino–Ciudad Bolívar.

2.1.1.2. Que el ingeniero Honorio Vélez González suscribió con el INVÍAS la orden de trabajo número 0630 del 5 de noviembre de 1997 , cuyo objeto era la recuperación y protección de la banca da en el sitio denominado Puerto Escondido, sector de la carretera Amagá –Albania–Bolombolo–Remolino– Ciudad Bolívar. Dicha orden de trabajo fue adicionada el 10 de diciembre de 1997 y, para la fecha del accidente, el contrato se encontraba en ejecución. De i gual manera, el INVÍAS suscribió con la sociedad Los Castores

Ciudad Bolívar. Dicha orden de trabajo fue adicionada el 10 de diciembre de 1997 y, para la fecha del accidente, el contrato se encontraba en ejecución. De i gual manera, el INVÍAS suscribió con la sociedad Los Castores Constructores Ltda. la orden de trabajo número 635 del 5 de noviembre de 1997, cuyo objeto era la interventoría de aquel contrato celebrado con Honorio Vélez González. Este último —contrato— también se encontraba en ejecución para el momento del accidente.

2.1.1.3. Que el INVÍAS ordenó el pago de la condena judicial con la Resolución 6701 del 6 de diciembre de 2011, en cuantía de $449’579.382.36, monto que fue cancelado a los demandantes el 15 de mayo de 2011. Una vez efectuado el pago, el Comité de Defensa Judicial y Conciliación de l INVÍAS, en reunión del 5 de diciembr e de 2012, decidió formular demanda de repetición en contra de los demandados, por considerar que su conducta fue “omisiva” durante la ejecución de las obras.

2.1.2. A modo de sustento jurídico de sus pretensiones, el ente demandante hizo referencia a los artículos 6 y 90 de la Constitución Política; y a los artículos 2, 6 y 7 de la Ley 678 de 2001 . Calificó la conducta de Honorio Vélez González a título de culpa grave, al considerar que éste incumplió con “[…] las obligaciones previstas en el contrato y en la Ley, como es la de actuar con el debido cuidado para la protección de quienes laboraban en la obra, a pesar de ser ampliamente conocedor de los

culpa grave, al considerar que éste incumplió con “[…] las obligaciones previstas en el contrato y en la Ley, como es la de actuar con el debido cuidado para la protección de quienes laboraban en la obra, a pesar de ser ampliamente conocedor de los mantos de carbón en la zona y contar con un estudio técnico que daba cuenta de la existencia de los mismos, mineral este que genera gran cantidad de gases, algunos tóxicos, como el que s e liberó al momento de la excavación efectuada por el occiso”3. En relación con la demandada Los Castores Construc tores Ltda., indicó que su conducta también era constitutiva de culpa grave, pues omitió “[…] verificar el cumplimiento de las obligaciones en cabeza del contratista”4.

2.2. La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de Antioquia en auto del 28 de febrero de 2014 y ordenó la notificación personal al demandado5.

El señor Honorio Vélez González y la sociedad Los Castores Constructores Ltda. contestaron la demanda en escrito por medio del cual se opu sieron a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptaron algunos como ciertos, negaron

3 Folio 9 del cuaderno 1. 4 Folio 11 del cuaderno 1. 5 Folio 91 del cuaderno 1Rdo.: 05001 23 33 000 2013 02033 02 (61900)

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otros y manifestaron no constarles los demás. Afirmaron que la entidad demandante “[…] no ilustró sobre los alcances del contrato en relación con las medidas de seguridad que debió asumir el contratista con respecto a sus trabajadores ”6.

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otros y manifestaron no constarles los demás. Afirmaron que la entidad demandante “[…] no ilustró sobre los alcances del contrato en relación con las medidas de seguridad que debió asumir el contratista con respecto a sus trabajadores ”6.

Propusieron como excepciones: (i) la “deficiente defensa de la entidad y falta de notificación del llamamiento en garantía”7 en el proceso de reparación directa, todo lo cual impidió una defensa idónea de la entidad pública, hoy demandante; y (ii) “inexistencia de dolo o culpa grave”, pues la demandante no aportó prueba alguna sobre el particular y no se podían presumir “los presupuestos normativos para la acción de repetición”8, dado el momento en que ocurrieron los hechos —1998—.

Llamaron en garantía a la compañía de seguros A.I.G. Colombia Seguros Generales S.A., en virtud de la póliza de responsabilidad civil extracontractual núm. 955868, suscrita con Honorio Vélez González9. Dicho llamamiento fue aceptado por el a quo. Sin embargo, en audiencia inicial del 17 de junio de 2015, se declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva de dicha compañía aseguradora, la cual no tenía ningún vínculo legal o contractual con los demandados10.

2.3. Agotada la etapa probatoria11, en audiencia del 21 de septiembre de 2016 se corrió traslado para alegatos de conclusión y a la Procuraduría para su concepto12; tal oportunidad fue aprovechada por la parte demandada13.

2.4. El Tribunal Administrativo de Antioquia, en sentencia del tres (3) de mayo de dos mil ocho (2018)14, negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas

tal oportunidad fue aprovechada por la parte demandada13.

2.4. El Tribunal Administrativo de Antioquia, en sentencia del tres (3) de mayo de dos mil ocho (2018)14, negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte demandante, al considerar que no se encuentra acreditada la culpa grave de los demandados. En dicha providencia se lee:

“Como se puede apreciar, los medios probatorios analizados no permiten concluir que los hechos que dieron lugar a la demanda que originó la sentencia , que tuvo que cancelar la demandante, hayan ocurrido por [la] culpa grave de los demandados y la carga de probar tal elemento subjetivo correspondía a la parte demandante, la cual no demostró ninguna conducta atribuible a los demandados, ni siquiera de forma objetiva como causante del hecho.

En conclusión, no aparecen en el expediente demostrados todos los elementos necesarios para la prosperidad de la acción y la carga de traer estos elementos al proceso correspondía a la parte actora.

Por lo [sic] tanto, como la entidad no cumplió con la carga probatoria que le era exigible, concluye la Sala que en el sub lite se deberán denegar las suplicas de la demanda, toda vez que el presente proceso se encuentra huérfano de material probatorio que evidencie algún asomo de conducta gravemente culpo sa del señor HONORIO VÉLEZ GONZÁLEZ o de LOS CASTORES CONSTRUCTORES LTDA., en los hechos ocurridos el 07 de febrero de 1998”15.

6 Folio 128 del cuaderno 1. 7 Folio 131 del cuaderno 1. 8 Folio 135 del cuaderno 1 9 Folios 121 a 145 del cuaderno 1.

6 Folio 128 del cuaderno 1. 7 Folio 131 del cuaderno 1. 8 Folio 135 del cuaderno 1 9 Folios 121 a 145 del cuaderno 1. 10 La decisión fue confirmada por el Consejo de Estado en auto del 23 de septiembre de 2015 (fl. 230 del cuaderno principal). 11 Audiencia de 20 de abril de 2016, folios 249 a 250 del cuaderno 1. 12 Folio 346 vto., cuaderno 1. 13 Folios 352 a 368 del cuaderno 1. 14 Folios 370 a 378 del principal. 15 Folio 378 del cuaderno principal.Rdo.: 05001 23 33 000 2013 02033 02 (61900)

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2.5. El 16 de mayo de 2018, la parte demandante interpuso recurso de apelación con el fin de que se revocara la decisión anterior y se accediera a las súplicas de la demanda, toda vez que:

2.5.1. El señor Honorio Vélez González no tenía control sobre la ejecución de las obras, descuidó las funciones y seguridad de sus trabajadores e incumplió la normativa vigente para la época , que lo era la Resolución 2400 de 1979.

2.5.2. La interventoría, a cargo de la sociedad Los Castores Constructores Ltda., tenía a su cargo la verificación del cumplimiento de las obligaciones en cabeza del señor Honorio Vélez González, pero lo omitió16.

2.6. La apelación fue concedida17, admitida18 y se corrió traslado para

Ltda., tenía a su cargo la verificación del cumplimiento de las obligaciones en cabeza del señor Honorio Vélez González, pero lo omitió16.

2.6. La apelación fue concedida17, admitida18 y se corrió traslado para alegaciones de las partes y concepto del Ministerio Público19. Esta oportunidad fue aprovechada por el Ministerio Público, a través del Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado20, quien solicitó confirmar la sentencia apelada que negó las pretensiones de la demanda , toda vez que “[…] no se encuentra agotado y acreditado la totalidad de los presupuestos del medio de control de repetición ”21. Esta oportunidad también fue aprovechada por la parte demandada, quien, por intermedio de su apoderad o judicial, adujo que la culpa grave en el cumplimiento del contrato fue desvirtuada en el proceso, pues el estudio geológico presentado al contratista por el INVÍAS “no revelaba riesgos específicos en el sitio de los trabajos que obligaran al contratista, e incluso a ese instituto, a tomar prevenciones o medidas extraordinarias diferentes a las que normalmente se utilizan”22. La entidad demandante guardó silencio23.

III. PROBLEMA JURÍDICO

3.1. De acuerdo con el artículo 320 del Código General del Proceso (“CGP”) — aplicable en esta instancia conforme a la jurisprudencia administrativa unificada24— el “ recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente e n relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión ”. En razón a ello, la competencia funcional de la Sala, como juzgador de segunda instancia, se limita a

decidida, únicamente e n relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión ”. En razón a ello, la competencia funcional de la Sala, como juzgador de segunda instancia, se limita a “pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley”, como lo establece el artículo 328 del CGP.

16 Folio 385 del cuaderno principal. 17 Auto del 31 de mayo de 2018, folio 394 del cuaderno principal. 18 Auto del 6 de septiembre de 2018, folio 400 del cuaderno principal. 19 Auto del 3 de diciembre de 2018, folio 414 del cuaderno principal. 20 Doctor Andrés Mutis Vanegas. 21 Folio 442 del cuaderno principal. 22 Folio 411 del cuaderno principal. 23 Informe secretarial que obra a folio 443 del cuaderno principal. 24 Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 25 de junio de 2014, rad. núm. 25000-23-36-000-2012-0039501(IJ). En dicho proveído se unificó la Jurisprudencia de la Corporación, en lo atinente a la entrada en vigencia de la Ley 1564 de 2012 y se dispuso que “su aplicación plena en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es a partir del 1º de enero de 2014” ; sin perjuicio de la aplicación ultractiva del Código de Procedimiento Civil (señalada en el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012), para resolver de: (i) los recursos interpuestos, (ii) la

es a partir del 1º de enero de 2014” ; sin perjuicio de la aplicación ultractiva del Código de Procedimiento Civil (señalada en el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012), para resolver de: (i) los recursos interpuestos, (ii) la práctica de pruebas decretadas, (iii) las audiencias convocadas, (iv) las diligencias iniciadas, (v) los términos que hubieren comenzado a correr, (vi) los incidentes en curso y (vii), las notificaciones que se estén surtiendo. Así las cosas, de acuerdo con lo previsto en el literal c del numeral 1 del artículo 625 del Código General del Proceso, la valoración probatoria del presente asunto se regirá por la normatividad anterior.Rdo.: 05001 23 33 000 2013 02033 02 (61900)

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3.2. La Sala tendrá por demostrados los presupuestos objetivos de la acción d e repetición, todo lo cual está acreditado con la prueba documental, conforme al juicio de primer grado y no fue materia de debate en esta instancia25. Al haber quedado zanjada la litis sobre los mencionados presupuestos objetivos de la pretensión de repetición, se procederá a estudiar el siguiente problema jurídico, en función de los cargos de la alzada y la competencia que le asiste:

¿Se configuró la culpa grave de Honorio Vélez González y de Los Castores Constructores Ltda. por la muerte del señor Óscar Becerra Cardona, el 7 de febrero de 1998, al inhalar gases tóxicos provenientes de un socavón que aquel excavaba en la obra que el señor Vélez González ejecutaba, sin la

febrero de 1998, al inhalar gases tóxicos provenientes de un socavón que aquel excavaba en la obra que el señor Vélez González ejecutaba, sin la adopción de medidas de seguridad para evitar su deceso por la inhalación de gases tóxicos , lo cual omitió verificar la firma interventora, Los Castores Constructores Ltda.?

IV. CONSIDERACIONES

4.1. La jurisdicción contencioso-administrativa conoce de los procesos de repetición contra servidores o ex servidores que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, hayan originado una condena contra una entidad pública, conforme a lo dispuesto en los artículos 150 y 152, numeral 11, de la ley 1437 de 2011 (CPACA)26 y el artículo 7 de la Ley 678 de 2001. Así, pues, el Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante27.

4.2. De acuerdo con el artículo 1 64 del CPACA., “cuando se pretenda repetir para recuperar lo pagado como consecuencia de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto, el término será de dos (2) años, contados a partir del día siguiente de la fecha del pago, o, a más tardar desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago de condenas de conformidad con lo previsto en este Código”28. A su vez, el artículo 11 de la Ley 678 de 2001 prevé que la acción de repetición tiene un término de caduci dad de dos (2) años, contados a partir del día siguiente a aquel en el que la condena hubiera sido pagada por la entidad o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo con que cuenta la

la acción de repetición tiene un término de caduci dad de dos (2) años, contados a partir del día siguiente a aquel en el que la condena hubiera sido pagada por la entidad o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago de las condenas, de dieciocho (18) meses, según el inciso 4° del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo 29, vigente a la fecha de expedición de la sentencia condenatoria.

En este caso, el pago se realizó el quince (15) de mayo de dos mil doce (2012) 30, cuando aún no había expirado el plazo de dieciocho (18) meses con que contaba la

25 Folios 373 y 374 del cuaderno principal (sentencia de primera instancia). 26 Estas normas son aplicables en su redacción original, previa a las modificaciones introducidas por los artículos 26 y 28 de la Ley 2080 de 2021, de acuerdo con el régimen de vigencia de esa ley. 27 La cuantía de la demanda ($449’579.382.36) es superior a los 500 smlmv ($294’750.000), exigidos por el citado artículo 152.11 de la Ley 1437 de 2011. 28 Esta norma es aplicable en su redacción original, sin tener en cuenta la modificación que introdujo el artículo 43 de la Ley 2195 de 2022, dado que dicha ley aplica solo para las condenas ejecutoriadas con posterioridad a la entrada en vigencia de la misma. 29 CCA. "Articulo 177. [...] Será causal de mala conducta de los funcionarios encargados de ejecutar los presupuestos públicos, pagar las apropiaciones para cumplimiento de condenas más lentamente que el resto.

la entrada en vigencia de la misma. 29 CCA. "Articulo 177. [...] Será causal de mala conducta de los funcionarios encargados de ejecutar los presupuestos públicos, pagar las apropiaciones para cumplimiento de condenas más lentamente que el resto. Tales condenas, además, serán ejecutables ante la justicia ordinaria dieciocho (18) meses después de su ejecutoria". 30 En el proceso se encuentra: i) Resolución 6701 del 6 de diciembre de 2011, que ordenó el pago de $449’579.382.36 al núcleo familiar del fallecido Óscar Becerra Cardona; y ii) certificaciones de pago expedidas por la oficina de tesorería del Instituto Nacional de Vías —INVÍAS—, en las que consta los distintos desembolsos que se produjeron el 15 de mayo de 2012, en virtud de la orden de pago 293553212, para un total deRdo.: 05001 23 33 000 2013 02033 02 (61900)

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entidad para pagar, teniendo en cuenta que la sentencia del trece (13) de julio de dos mil once (2011) , dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, quedó ejecutoriada y en firme el diecisiete (17) de agosto del mismo año (2011) 31. Como el plazo de caducidad vencía así el dieciséis (16) de mayo de dos mil catorce (2014) y la demanda fue presentada el dieciocho (18) de diciembre de dos mil trece (2013)32, la acción de repetición fue incoada oportunamente.

4.3. La acción fue ejercida por el Instituto Nacional de Vías —INVÍAS—, entidad que

y la demanda fue presentada el dieciocho (18) de diciembre de dos mil trece (2013)32, la acción de repetición fue incoada oportunamente.

4.3. La acción fue ejercida por el Instituto Nacional de Vías —INVÍAS—, entidad que se encuentra legitimada en la causa por activa, en los términos del artículo 8° de la Ley 678 de 2001, por ser la persona jurídica d e derecho público directamente perjudicada con el pago de la suma de dinero decretada por el Tribunal Administrativo de Antioquia , en sentencia del trece (13) de julio de dos mil once (2011)33.

La demanda se dirigió contra el señor Honorio Vélez González , quien, para el momento de los hechos , se desempeñaba como contratista del INVÍAS y era quien ejecutaba las obras donde perdió la vida Óscar Becerra Cardona, cuya muerte produjo la condena patrimonial en contra de la administración pública ; por tanto, tamb ién se encuentra demostrada su legitimación en la causa por pasiva.

En la demanda se solicitó declarar la responsabilidad de Los Castores Constructores Ltda. porque, como interventor de la obra en la que falleció Óscar Becerra Cardona, no verificó el cumplim iento de las obligaciones en cabeza del contratista; aspecto sobre el cual no existió pronunciamiento alguno en la sentencia apelada. La Sala, con base en el artículo 4.7 d e la Ley 80 de 1993 34, ha prec isado que “ el Estado, además de actuar por medio de sus funcionarios, también se vale de la colaboración de particulares que son investidos del ejercicio de funciones públicas, la acción de repetición se ha hecho extensiva a

ha prec isado que “ el Estado, además de actuar por medio de sus funcionarios, también se vale de la colaboración de particulares que son investidos del ejercicio de funciones públicas, la acción de repetición se ha hecho extensiva a dichos particulares para que es tos responsan civilmente por las condenas impuestas en contra del Estado como consecuencia de su actuar doloso o gravemente culposo ”35. En consecuencia , los Castores Constructores Ltda., como persona jurídica vinculada al proceso por conducto de su represen tante legal36, tiene capacidad para ser parte dentro de la presente relación jurídico procesal y, en esa medida, es clara su legitimación en la causa por pasiva , como interventora que fue 37 de la obra en la que se produjo la muerte que desencadeno la condena al ente actor.

Consideraciones relativas régimen jurídico sustantivo aplicable

4.4. Esta Corporación ha precisado que, en virtud del principio de irretroactividad, la Ley 678 de 2001 se aplica a los hechos ocurridos a partir de su vigencia y hasta el momento de su derogación, sin desconocer que, excepcionalmente, puede tener

$449’579.382.36, en favor de los familiares del mencionado Óscar Becerra Cardona (folios 68 a 74 del cuaderno 1). 31 Folio 60 del cuaderno 1. 32 Folio 15 del cuaderno 1. 33 Sentencia que obra a folios 49 a 59 del cuaderno 1. 34 “Sin perjuicio del llamamiento en garantía, [las entidades estatales] repetirán contra los servidores públicos, contra el contratista o los terceros responsables, según el caso, por las indemnizaciones que deban pagar como consecuencia de la actividad contractual”.

34 “Sin perjuicio del llamamiento en garantía, [las entidades estatales] repetirán contra los servidores públicos, contra el contratista o los terceros responsables, según el caso, por las indemnizaciones que deban pagar como consecuencia de la actividad contractual”. 35 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 12 de septiembre de 2016, expediente: 56284. 36 Folio 146 del cuaderno 1. 37 Aptado. 4.6.1.Rdo.: 05001 23 33 000 2013 02033 02 (61900)

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efectos retroactivos38. En ese orden, si los hechos o actuaciones que dieron lugar a la imposición de la condena ocurrieron con anterioridad a la vigencia de la Ley 678 de 2001, continuarán rigiéndose por la normativa anterior 39. Pero si ocurrieron con posterioridad, será la ley citada la que rija el análisis de la culpa grave del demandado y no las nociones generales aplicables en el régimen anterior, “ sin perjuicio de que, dada la estrecha afinidad y el carácter civil que se le imprime a la acción en el artículo 2º de la misma ley, excepcionalmente se acuda al apoyo del Código Civil y a los elementos que la doctrina y la jurisprudencia han edificado en punto de la responsabilidad patrimonial, siempre y cuando no resulte irreconciliable con aquélla y los fundamentos constitucionales que estructuran el régimen de responsabilidad de los servidores públicos (artículos 6, 121, 122, 124 y 90 de la Constitución Política)”40. Por ende, como en este caso los hechos que dieron lugar

con aquélla y los fundamentos constitucionales que estructuran el régimen de responsabilidad de los servidores públicos (artículos 6, 121, 122, 124 y 90 de la Constitución Política)”40. Por ende, como en este caso los hechos que dieron lugar a la condena en contra del INVÍAS se produjeron el 7 de febrero de 1998, con la muerte de Óscar Becerra Cardona, es claro que la Ley 678 de 2001 no resulta aplicable a los aspectos sustanciales de este asunto.

Análisis del problema jurídico41

4.6. La Sala pasa a pronunciarse sobre la calificación de la conducta del demandado como gravemente culposa. Como se dijo anteriormente [ap artado 4.4], el régimen jurídico aplicable para determinar la responsabilidad de los demandados y, por ende, establecer si actuaron con culpa grave, es el vigente a la fecha en que los hechos ocurrieron. Por tanto, no hay lugar a acudir a las presunciones establecidas en esta materia por la Ley 678 de 2001.

En los términos del citado artículo 63 del Código Civil, l a culpa es una conducta reprochable por violación al deber de cuidado, al no prever los efectos nocivos de los actos o al confiar imprudentemente en poder evitar aquellos que se previeran42. Con el juicio sobre la culpa se imputa así la obligación de reparar un daño previsto o que, siendo previsible, confió imprudentemente en su capacidad de evitarlo, teniendo en cuenta que el ejercicio de una función o servicio público implica unos deberes expresamente establecidos en la ley o el reglamento —derivados de las funciones detalladamente definidos en estos43— que el funcionario o servidor se ha

teniendo en cuenta que el ejercicio de una función o servicio público implica unos deberes expresamente establecidos en la ley o el reglamento —derivados de las funciones detalladamente definidos en estos43— que el funcionario o servidor se ha comprometido a cumplir 44. En consecuencia, este no podrá excusar su responsabilidad arguyendo la ignorancia de los conocimientos necesarios para su

38 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 8 de marzo de 2007, exp. 30330. 39 “Las normas sustanciales aplicables para dilucidar si se actuó con culpa grave o dolo serán las vigentes al tiempo de la comisión de la conducta del agente público, que es la que constituye la fuente de su responsabilidad patrimonial frente al Estado, en cuyos eventos es necesario remitirse directamente al criterio de culpa grave y dolo que plantea el Código Civil. //Frente a estos conceptos, el Consejo de Estado ha dicho que para determinar la existencia de la culpa grave o del dolo, el juez no se debe li mitar a las definiciones contenidas en el Código Civil, sino que debe tener en cuenta las características particulares del caso que deben armonizarse con lo previsto en los artículos 6º y 91 de la Constitución Política acerca de la responsabilidad de los s ervidores públicos, como también la asignación de funciones contempladas en los reglamentos o manuales respectivos. // Es igualmente necesario tener en cuenta otros conceptos como los de buena fe, contenidos en la Constitución Política y en la ley, a propósito de algunas instituciones, como por ejemplo contratos, bienes y familia”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia de 18 de junio de 2018. Expediente No. 54692.

Política y en la ley, a propósito de algunas instituciones, como por ejemplo contratos, bienes y familia”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia de 18 de junio de 2018. Expediente No. 54692. 40 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 11 de julio de 2019, exp. 54692. 41 Aptado. 3.2.1. 42 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 26 de febrero de 2015, exp. 32.207; del 30 de agosto de 2017, exp. 45.295; del 1 de octubre de 2018, exp. 46.328; del 29 de noviembre de 2019, exp. 43056; y del 7 de septiembre de 2020, exp. 49069, entre otras. 43 Constitución Política. Artículo 122, inc. 1º. “No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente”. 44 Constitución Política. Artículo 122, inc. 2º. “Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben”.Rdo.: 05001 23 33 000 2013 02033 02 (61900)

Demandante: Instituto Nacional de Vías (INVÍAS)

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ejercicio, ya que ello lo colocaría en una culpa inicial45. La culpa grave, a su vez, al tenor del referido artículo 63 del Código Civil, implica un comportamiento grosero, negligente, despreocupado o temerario en la causación del daño.

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