CE - 012333000201400109011SENTENCIA20230525101340

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá DC, once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2023).

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 66001 -23 -33 -000 -2014 -00109 -01 ( 3353 -2015 )

Demandante: Heberth Marín Torres Hernández Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la

Protección Social – UGPPTemas: Pensión gracia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA/ LEY 1437 DE 2011

I. ASUNTO

1. La Sala de Subsección A decide el recurso de apelación interpuesto por la parte acciona nte en contra de la sentencia del 19 de mayo de 2015 , proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda 1, que negó las súplicas de la demanda instaurada por el señor Heberth Marín Torres Hernández , en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP -.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda 2.

2.1.1. Pretensiones.

Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP -.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda 2.

2.1.1. Pretensiones.

2. El señor Heberth Marín Torres Hernández , por intermedio de apoderado judicial y en ejercicio de l medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 de la Ley

1 Con ponencia del magistrado Fernando Alberto Álvarez Beltrán. 2 Folios 1 - 11 Cuaderno 1.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 66001 -23 -33 -000 -2014 -00109 -01 (3353 -2015)

Demandante: Heberth Marín Torres Hernández

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1437 de 2011 3, solicitó la nulidad de las Resoluciones 55315 de 5 de diciem bre de 2013 , RDP 000086 del 3 de enero de 2014 y RDP 000242 del 7 de enero de 2014 por medio de las cuales la UGPP le negó su solicitud de reconocimiento y pago de la pensión gracia y resolvió los recursos de reposición y apelación interpuestos contra la decisión inicial, respectivamente.

3. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó condenar a la UGPP a reconocerle y pagarle la pensión gracia a partir del 26 de noviembre de 2007 , con inclusión de

inicial, respectivamente.

3. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó condenar a la UGPP a reconocerle y pagarle la pensión gracia a partir del 26 de noviembre de 2007 , con inclusión de todos los factores devengados en el año de liquidación del estatus pensional , debidamente indexados ; que se ordene el cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos 192 y siguientes del CPACA y finalmente, que se condene en costas a la entidad demandada.

2.1.2 . Hechos.

4. Señaló como fundamentos fácticos relevantes los siguientes:

5. El señor Heberth Marín Torres Hernández nació el 26 de noviembre de 1957 y prestó sus servicios como docente al servicio del Estado por más de 33 años, desde antes del 31 de diciembre de 1980 en entidades territoriales como el departamento del Tolima y el municipio de Pereira.

6. Según relató fue vinculado inicialmente como docente territorial nacionalizado de primaria, en la institución educativa « La Lindosa» del municipio La Alpujarra del Tolima, desde el 9 de agosto de 1979, según consta en el acta de posesión.

7. Posteriormente continuó prestando sus servicios como docente territorial desde el 5 de marzo de 1981 en el municipio de Pereira «según acto administrativo número 1648».

8. Por lo anterior el 18 de noviembre de 2013 s olicitó ante la UGPP el reconocimiento y pago de la pensión gracia de jubilación, de conformidad con las Leyes 114 de 1913 y 116 de 1928, en

8. Por lo anterior el 18 de noviembre de 2013 s olicitó ante la UGPP el reconocimiento y pago de la pensión gracia de jubilación, de conformidad con las Leyes 114 de 1913 y 116 de 1928, en concordancia con el artículo 3.° de la Ley 37 de 1933.

9. La UGPP le negó su solicitud a través de la Resolución 55315 de 5 de diciembre de 2013, al señalar que no acreditó el tiempo de servicio requerido como docente nacionalizado o territorial.

3 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo».Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 66001 -23 -33 -000 -2014 -00109 -01 (3353 -2015)

Demandante: Heberth Marín Torres Hernández

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10 . Contra la anterior determinación el accionante interpuso recursos de reposición y apelación, y m ediante las Resoluci ones RDP 000086 del 3 de enero de 2014 y RDP 000242 del 7 de enero de 2014 la entidad confirmó la decisión inicial.

2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación.

11. Como normas vulneradas citó los artículos 2.º a 6.°, 13, 46, 48 y 53 de la Constitución Política; 27 a 31 del Código Civil, 1.° y 4.° de

11. Como normas vulneradas citó los artículos 2.º a 6.°, 13, 46, 48 y 53 de la Constitución Política; 27 a 31 del Código Civil, 1.° y 4.° de la Ley 114 de 1913, 6.° de la Ley 116 de 128, 15 numeral 2.°, literal a) de la Ley 91 de 1989, 6.° inciso 3.° de la Ley 60 de 1993, 4.° y 19 literal g) de la Ley 4.° de 192, 279 inciso 2.° de la Ley 100 de 1993.

12. En el concepto de violación sostuvo, en síntesis, que se incurrió en falsa motivación toda vez que la entidad le negó el reconocimiento del derecho pese a la certificación allegad a con la solicitud, según la cual la Secretaría de Educación del departamento del Tolima refirió que la vinculación fue nacionalizada y municipal.

13. Por ello, como ha prestado sus servicios en el magisterio por más de 30 años en entidades territoriales le asiste el derecho a que le sea reconocida y pagada la pensión gracia, con la inclusión de todos los factores salariales que percibía en el año inmediatamente anterior a la fecha en que adquirió el estatus pensional.

2.2. Contestación de la demanda.

14. A través de auto de 27 de agosto de 2014 4 el Tribunal Administrativo de Risaralda tuvo por no contestada la demanda toda vez que la apoderada no acompañó con su escrito el poder para representar a la entidad accionada.

2.3. La sentencia apelada 5.

Administrativo de Risaralda tuvo por no contestada la demanda toda vez que la apoderada no acompañó con su escrito el poder para representar a la entidad accionada.

2.3. La sentencia apelada 5.

15. El Tribunal Administrativo de Risaralda mediante sentencia del 19 de mayo de 2015 negó las súplicas de la demanda y condenó en costas al accionante.

16. Al respecto, realizó un recuento normativo y jurisprudencial sobre los requisitos exigidos para acceder a la pensión gracia, de

4 Folio 105. 5 Folio 181 y s.s.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 66001 -23 -33 -000 -2014 -00109 -01 (3353 -2015)

Demandante: Heberth Marín Torres Hernández

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conformidad con las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989 , artículo 15, numeral 2.° literal A).

17. Luego se refirió al acervo probatorio allegado al proceso y a partir de allí determinó que el demandante no acreditó el requisito de 20 años en el magisterio, con carácter territorial o nacionalizado, toda vez que si bien inicialmente prestó su s servicios como nacionalizado por un lapso de 1 año, 6 meses y 8 días desde el 21 de agosto de 1979 hasta el 28 de febrero de 1981, no obstante a partir del 5 de

vez que si bien inicialmente prestó su s servicios como nacionalizado por un lapso de 1 año, 6 meses y 8 días desde el 21 de agosto de 1979 hasta el 28 de febrero de 1981, no obstante a partir del 5 de marzo de 19 81 fue nombrado como docente nacional cargo que desempeña hasta la actualidad.

18. Según lo advirtió, tampoco se enc ontró en el expediente prueba alguna de servicios prestados y nombramientos realizados en pla nteles e ducativos del orden territorial que pu dieran computarse a efectos de completar el tiempo exigido para la concesión de la pensión gracia, por lo que debían denegarse las pretensiones de la demanda.

2.4. Recurso de apelación 6

19 . El apoderad o del demandante presentó escrito de disenso donde señaló que resulta procedente el reconocimiento de la pensión gracia, de acuerdo con lo señalado por el Consejo de Estado en sentencia de 22 de enero de 2015 7 donde según él , se indicó con fundamento en la Ley 91 de 1989 y la Ley 43 de 1975, que los docentes que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 se les debe respetar su tipo de vinculación al magisterio y con ello, acceder a la pensión gracia.

20. Relató que el actor fue vinculado como docente nacionalizado en primer lugar, en la institución edu cativa «La L indosa » del municipio La Alpujarra el 9 de agost o de 1979, según consta en el acta de posesión . Además de la historia laboral expedida por la Secretaría de

primer lugar, en la institución edu cativa «La L indosa » del municipio La Alpujarra el 9 de agost o de 1979, según consta en el acta de posesión . Además de la historia laboral expedida por la Secretaría de Educación del Tolima el fondo que vinculó al docente fue la Caja de Previsión Social del Tolima con lo que a la fecha de expedición de la Ley 91 de 1989 ya había prestado su s servicios como docente nacionalizado durante 1 año, 6 meses y 8 días.

21. Dijo que el docente continuó prestando sus servicios al magisterio desde el 8 de m arzo de 1981 dond e fue vinculado por el municipio de Pereira mediante Decreto «1648» y, por tanto, ambas vinculaciones con el departamento del Tolima y con el municipio de Pereira deben

6 Folio 191 y s.s. 7 Se refirió al proceso radicado 25000 -23 -42 -000 -2012 -02017 -01 (0775 -2014).Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 66001 -23 -33 -000 -2014 -00109 -01 (3353 -2015)

Demandante: Heberth Marín Torres Hernández

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tenerse en cuenta para el reconocimiento pensional.

22. Señaló que de conformidad con los documento s obrantes a folios 39, 40 y 44 queda claro que el docente pres tó sus servicios en dos entidades del orden territorial, tales como el municipio de Pereira y

22. Señaló que de conformidad con los documento s obrantes a folios 39, 40 y 44 queda claro que el docente pres tó sus servicios en dos entidades del orden territorial, tales como el municipio de Pereira y el departamento del Tolima, ha permanecido en su planta de personal, con cargo a su presupuesto, por lo que sí completó los 20 años de servicios requeridos para el reconocimiento .

23. Según lo explicó debía tener en cuenta el Decreto 196 de 25 de enero de 1995, por medio del cual se reglamentan parcialmente el artículo 6.° de la Ley 60 de 1993 y el artículo 176 de la Ley 115 de 1994 relacionados con la incorporación o afiliación de docentes al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y donde se indica que también son docentes departamentales, distritales o municipales los que son vinculados por nombramiento de la respectiva entidad territorial con cargo a su propi o presupuesto y que pertenecen a su planta de persona l, así como también aquellos docentes financiados o cofinanciados por la Nación – Ministerio de Educación Nacional mediante convenios y que se encuentran vinculados a plazas departamentales o municipale s.

24. Igualmente, tanto la Secretaría de Educación de Pereira como la Secretaría de Educación de Risaralda certificaron que el demandante laboró en colegios del orden departamental y municipal.

2.5. Alegatos de segunda instancia

2.5.1. En esta oportunidad el apoderad o de la UGPP 8 indicó que para el reconocimiento de la pensión gracia se debe cumplir con la totalidad de los requisitos consagrados en la s Ley es 114 de 1913,

2.5.1. En esta oportunidad el apoderad o de la UGPP 8 indicó que para el reconocimiento de la pensión gracia se debe cumplir con la totalidad de los requisitos consagrados en la s Ley es 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933 y en este caso el ac cionante no cumple con el tiempo de servicios con vinculación territorial o nacionalizada.

25. Además, obra en el expediente el certificado de la historia laboral , emitido por la Secretaría de Educación del municipio de Pereira en donde señala que en el periodo comprendido entre el 5 de marzo de 1981 hasta la actualidad el actor se ha desempeñ ado como docente nacional, tiempo que no se puede tener en cuenta para el reconocimiento de la prestación solicitada, tal como lo argumenta el fallador de primera instancia.

2.5. 2. El apoderado de l demandante 9 reiteró sus argumentos del

8 Folios 226 y s.s 9 Folios 227 y s.s.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 66001 -23 -33 -000 -2014 -00109 -01 (3353 -2015)

Demandante: Heberth Marín Torres Hernández

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recurso de apelación.

2.5. 3. El Ministerio Público no se pronunció en esta instancia 10.

26. Como no se observa causal que invalide lo actuado, la Sala de Subsección procede a decidir previas las siguientes.

2.5. 3. El Ministerio Público no se pronunció en esta instancia 10.

26. Como no se observa causal que invalide lo actuado, la Sala de Subsección procede a decidir previas las siguientes.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

27 . Esta Subsección es competente para conocer del asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 11 de la Ley 1437 de 2011.

28. De conformidad con el artículo 328 del Código General del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos expuestos por la apelante. No obstante, en caso de que ambas partes hayan apelado la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.

29 . En el asunto objeto de estudio el demandante es apelante únic o, por lo que la competencia de la Sala de Subsección se encuentra limitada a lo expuesto en el recurso de apelación.

3.2. Cuestión previa.

30. Conforme al memorial visible en el índice 37 de la plataforma SAMAI, se observa que el apoderado de la UGPP interpuso recurso de reposición en contra del auto del 26 de octubre de 2022 (f. 277 y s.s.) , mediante el cual, esta Sala resolvió no avocar conocim iento de la solicitud de unificación presentada por dicha entidad.

31. Sobre el particular, resulta pertinente señalar que en el artículo 242 del CPACA, modificado por el artículo 61 de la Ley 2080 de 2021, se dispuso que el recurso de reposición procede contra todos los

autos, salvo norma legal en contrario, así:

242 del CPACA, modificado por el artículo 61 de la Ley 2080 de 2021, se dispuso que el recurso de reposición procede contra todos los autos, salvo norma legal en contrario, así:

10 Según informe secretarial visible a folio 238 . 11 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia. […]».Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 66001 -23 -33 -000 -2014 -00109 -01 (3353 -2015)

Demandante: Heberth Marín Torres Hernández

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«ARTÍCULO 242. Reposición. El recurso de reposición procede contra todos los autos, salvo norma legal en contrario. En cuanto a su oportunidad y trámite, se aplicará lo dispuesto en el Código General del Proceso.»

32. Por su parte, el artículo 271 del CPACA, modificado por el artículo

79 de la Ley 2080 de 2021, dispuso:

«ARTÍCULO 271. Decisiones por importancia jurídica, trascendencia

General del Proceso.»

32. Por su parte, el artículo 271 del CPACA, modificado por el artículo

79 de la Ley 2080 de 2021, dispuso:

«ARTÍCULO 271. Decisiones por importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de sentar jurisprudencia o precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación.

[...]

La instancia competente decidirá si avoc a o no el conocimiento del asunto, mediante auto no susceptible de recursos.

[…]» .

33. En esos términos, en lo que corresponde a la decisión que resuelve una solicitud de unificación, el legislador expresamente previó que no era susceptible de recursos, por ende, prevalece esta norma especial en cuanto a la improcedencia de los mismos.

34. De acuerdo con lo expuesto, se tiene que el auto que resolvió no avocar conocimiento de la solicitud de unificación no es pasible del recurso de reposición, por lo que esa petición resulta improcedente.

35. Finalmente, es necesario resaltar que esta Sal a12 en otras oportunidades, en casos como el presente, ha sostenido que el objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo es garantizar la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución Política y la ley y en tratándose de controver sias relacionadas con asuntos pensionales, es razonable entender que involucran a muchas personas de la tercera edad.

36. Por ello, resulta imperativo atender el hecho de que, a través de la Ley 2055 del 10 de septiembre de 2020, se aprobó la «Convención Interamericana Sobre la Protección de los Derechos Humanos de las

36. Por ello, resulta imperativo atender el hecho de que, a través de la Ley 2055 del 10 de septiembre de 2020, se aprobó la «Convención Interamericana Sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores». Se destaca de dicha norma el artículo 4, literal c), en el que se estableció el compromiso de adoptar y fortalecer «todas las medidas legislativas, administrativas, judic iales, presupuestarias y de cualquier otra índole, incluido un adecuado acceso a la justicia a fin garantizar a la persona mayor un trato

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Se ntencia del 2 de febrero de 2023. Radicado 54001233100020110027201 (0551 -2019).Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 66001 -23 -33 -000 -2014 -00109 -01 (3353 -2015)

Demandante: Heberth Marín Torres Hernández

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diferenciado y preferencial en todos los ámbitos», por lo que la presente medida se acompasa con tal contenido 13.

3. 3. Problema Jurídico.

37. Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si en ¿este caso, el señor Heberth Marín Torres Hernández acreditó los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia?

38. Para ese efecto, se analizará el marco normativo y jurisprudencial

caso, el señor Heberth Marín Torres Hernández acreditó los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia?

38. Para ese efecto, se analizará el marco normativo y jurisprudencial de la pensión gracia, las pruebas allegadas y por último se resolverá el caso concreto para verificar si le asiste razón a la entidad apelante.

3. 4. Marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso de la pensión gracia

39. En principio, la Ley 114 de 1913 les otorgó a los maestros de escuelas primarias oficiales que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 4, una pensión nacional por servicios prestados a los departamentos y a los municipios, siempre que comprueb en «que no reciben actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional». 40 . Dicha pensión fue concebida como una compensación o retribución en favor de los maestros de primaria del sector oficial que percibían una baja remuneración y, por consigui ente, tenían un poder adquisitivo precario y menor frente a aquellos educadores cuyos salarios y prestaciones estaban a cargo de la Nación, situación causada por la debilidad financiera de los departamentos y municipios para atender las obligaciones salari ales y prestacionales que les fueron asignadas por virtud de la Ley 39 de 1903, que rigió la educación durante la mayor parte del siglo. En consecuencia, un maestro de primaria puede recibir simultáneamente pensión de jubilación departamental y nacional co n base en la Ley 114 de 1913, pero en ningún caso dos pensiones de índole nacional. 41 . Sobre los alcances de la Ley 37 de 1933, ha sido reiterada la

jubilación departamental y nacional co n base en la Ley 114 de 1913, pero en ningún caso dos pensiones de índole nacional. 41 . Sobre los alcances de la Ley 37 de 1933, ha sido reiterada la jurisprudencia de la Corporación al precisar que la referida norma lo que hizo simplemente fue extender a los maestros de

13 En el presente caso, el demandante es una persona de la tercera de edad, pues nació el 18 de mayo de 1957, es decir, que para la fecha tendría 65 años de edad.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 66001 -23 -33 -000 -2014 -00109 -01 (3353 -2015)

Demandante: Heberth Marín Torres Hernández

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establecimientos de enseñanza secundaria la pensión aludida, pero sin cambio alguno de requisitos 14. 42 . Con la entrada en vigor de la Ley 43 de 1975, se nacionalizó la educación primaria y secundaria que oficialmente venían prestando y as umiendo financieramente los departamentos y municipios, redefiniéndose entonces la educación oficial como un servicio público a cargo de la Nación. 43 . Dicho proceso de nacionalización se llevó a cabo de manera progresiva entre el 1.° de enero de 1976 y el 31 de diciembre de 1980, quedando perfeccionado desde tal fecha, lo que implicó, además, que los costos salariales y prestacionales del cuerpo docente territorial

progresiva entre el 1.° de enero de 1976 y el 31 de diciembre de 1980, quedando perfeccionado desde tal fecha, lo que implicó, además, que los costos salariales y prestacionales del cuerpo docente territorial fueran asumidos completamente por la Nación a partir del 31 de diciembre de 1980, pues de el lo se trataba. Con esto se buscó elevar a los docentes territoriales a un plano de igualdad salarial y prestacional respecto de los docentes nacionales, que conduciría, por ende, a la desaparición de las precarias condiciones económicas que justificaban la previsión legal de la pensión gracia y su otorgamiento, una vez perfeccionado tal proceso. 44 . Por su parte, el literal a) del numeral 2.° del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, limitó la vigencia temporal del derecho al reconocimiento de la pensión gracia para los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, siempre que reunieran la totalidad de los requisitos legales, al señalar textualmente la norma que:

«[…] Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión se guirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación.»

Nacional de previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación.»

45 . La disposición trascrita fue objeto de análisis por la Sala Plena del Consejo de Estado en la sentencia S -699 de 29 de agosto de 1997 15, en el cual se fijaron algunos lineamientos sobre la pensión gracia, así:

14 Sentencia de 16 de junio de 1995. Exp. 10665. C.P. Dra. Clara Forero de Castro. 15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia S699 de 29 de agosto de 1997, Consejero ponente, Nicolás Pájaro Peñaranda, Actor: Wilberto Therán Mogollón.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 66001 -23 -33 -000 -2014 -00109 -01 (3353 -2015)

Demandante: Heberth Marín Torres Hernández

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«[…] La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos d ocentes departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por habérseles sometido repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se les reconociera la r eferida pensión, siempre que reunieran la totalidad de los requisitos y que hubiesen estado vinculados de

nacionalización. A ellos, por habérseles sometido repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se les reconociera la r eferida pensión, siempre que reunieran la totalidad de los requisitos y que hubiesen estado vinculados de conformidad con las Leyes 114 de1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, con el aditamento de su compatibilidad […] También, que dentro del grupo de beneficiar ios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pen sión de gracia «[…]siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. Y por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que inicialmente le asignó la ley.»

46 . Con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de unificación CE -SUJ2 -011 -18 del 21 de junio de 2018 16 previó las siguientes paut as jurisprudenciales:

Consejo de Estado en sentencia de unificación CE -SUJ2 -011 -18 del 21 de junio de 2018 16 previó las siguientes paut as jurisprudenciales:

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuen te nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas . ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones , por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991. iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por concepto del situado fiscal , sino que también correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del

del situado fiscal , sino que también correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988). iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados 12 , resulta factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían

16 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000 -23 -42 -000 -201304683 -01 (3805 -2014).Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 66001 -23 -33 -000 -2014 -00109 -01 (3353 -2015)

Demandante: Heberth Marín Torres Hernández

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tanto de la Nación —situado fiscal — como de las entidades territorial es, y además, en uno y otro caso, el universo de esos

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tanto de la Nación —situado fiscal — como de las entidades territorial es, y además, en uno y otro caso, el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas . v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo regional , así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal 13 ; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación. vi) Prueba de calidad de docente territorial . Se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas q