CE - 012333000201400212011SENTENCIA20231122155933

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, seis (6) de octubre de dos mil veintitrés (2023).

Consejero ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Radicación: 23001-23-33-000-2014-00212-01 (65.749)

Demandantes: ALEJANDRO MANUEL ARRIETA BARRERA Y OTRO

Demandados: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓNDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE

SEGURIDAD DAS

Acción: REPARACIÓN DIRECTA

Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – DEFECTUOSO

FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE

JUSTICIA

Síntesis del caso: la Fiscalía General de la Nación inició un trámite de extinción de dominio sobre varios bienes de propiedad de los señores Alejandro Manuel Arrieta Barrera y Magola Isabel Lozano Polo, los demandantes consideran que se indujo en error a los funcionarios judiciales porque se demostró que el proceso de extinción de dominio tuvo por fundamento las declaraciones de falsos testigos que fueron preparados por agentes del DAS y del fiscal instructor. La Sala revoca la sentencia de primera instancia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, sucesor procesal del demandado Departamento Administrativo de Seguridad DAS (fls. 766 a 774 cdno. apelación) en contra de la sentencia proferida el 30 de mayo de 2019 por el Tribunal Administrativo de Córdoba

Defensa Jurídica del Estado, sucesor procesal del demandado Departamento Administrativo de Seguridad DAS (fls. 766 a 774 cdno. apelación) en contra de la sentencia proferida el 30 de mayo de 2019 por el Tribunal Administrativo de Córdoba (fls. 736 a 758 cdno. apelación) que dispuso:

“PRIMERO: Decláranse no probadas las excepciones de mérito propuestas por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en representación del Departamento Administrativo - DAS en supresión, en la contestación de la demanda, denominadas “Inexistencia del derecho reclamado” “Inexistencia de la obligación”, “Buena fe” y “excepción genérica”, por lo dicho en la parte considerativa.

SEGUNDO: Declarar patrimonialmente responsable a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en representación del Departamento Administrativo DAS en supresión, de los perjuicios ocasionados a los demandantes, por lo expuesto precedentemente.

TERCERO: Condénese a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en representación del Departamento Administrativo - DAS en supresión a pagar, a título de indemnización por los perjuicios moralesExpediente 23001-23-33-000-2014-00212-01 (65.749) Actor: Alejandro Manuel Arrieta Barrera y otros Reparación directa Apelación sentencia

2 derivados de la omisión en el ejercicio de sus funciones que conllevó a la extinción del dominio de los bienes de propiedad de la parte actora, veinte (20) S.M.L.M.V, a favor de cada uno de los señores Alejandro Arrieta Barrera y Magola Lozano Polo, en calidad de víctimas directas, conforme la motivación.

extinción del dominio de los bienes de propiedad de la parte actora, veinte (20) S.M.L.M.V, a favor de cada uno de los señores Alejandro Arrieta Barrera y Magola Lozano Polo, en calidad de víctimas directas, conforme la motivación.

CUARTO: Condénese a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en representación del Departamento Administrativo - DAS en supresión a pagar, por concepto de daño emergente futuro, la suma de ciento noventa y siete millones cuatrocientos veintisiete mil doscientos dieciséis pesos ($197.427.216).

QUINTO: Condénese a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en representación del Departamento Administrativo - DAS en supresión, por concepto de lucro cesante consolidado, a favor de los señores Alejandro Arrieta Barrera y Magola Lozano Polo, condena que se realiza en abstracto del equivalente al valor que se obtenga de las pruebas que se aporten en el trámite incidental de liquidación de daños y perjuicios por concepto de lucro cesante, el cual deberá presentarse en el término de sesenta (60) d ías siguientes a la ejecutoria de la sentencia, de conformidad con el artículo 193 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Para efectos de establecer la liquidación, se considerarán los lineamientos establecidos en esta providencia.

SEXTO: Deniéguense las demás pretensiones de la demanda, conforme lo expuesto precedentemente.

SÉPTIMO: Absténgase de reconocer personería jurídica para actuar dentro del presente proceso al doctor Orlando Manuel Pacheco Coronado, por lo antes expuesto.

lo expuesto precedentemente.

SÉPTIMO: Absténgase de reconocer personería jurídica para actuar dentro del presente proceso al doctor Orlando Manuel Pacheco Coronado, por lo antes expuesto.

OCTAVO: Ordénase a la entidad demandada, dar cumplimiento a esta sentencia en los términos previstos en los artículos 192, 194 y 195 del CPACA (fls. 757 vlto a 758 cdno. apelación - negrillas y mayúsculas fijas del texto original).

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

Mediante escrito radicado el 28 de mayo de 2014 (fl. 37 cdno. ppal.) los señores Alejandro Manuel Arrieta Barrera, Magola Isabel Lozano Polo, Alby Luz Arrieta Lozano, Lina Marcela Arrieta Lozano, Auris Alonso Arrieta Lozano, Francisco Javier Arrieta Lozano y Argemiro Arrieta Guevara , por intermedio de apoderado judicial , promovieron demanda de reparación directa consagrada en el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) en contra de la Nación – Departamento Administrativo de SeguridadExpediente 23001-23-33-000-2014-00212-01 (65.749) Actor: Alejandro Manuel Arrieta Barrera y otros Reparación directa Apelación sentencia

3 (DAS) y la Fiscalía General de la Nación (fls. 1 a 40 cdno. 1) con las siguientes súplicas: “PRIMERO.- Declárese a la NACI ÓN - DEPARTAMENTO

ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - DAS, y a LA FISCALÍA GENERAL

súplicas: “PRIMERO.- Declárese a la NACI ÓN - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - DAS, y a LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, solidaria, administrativa y patrimonialmente responsable de la totalidad de los daños y perjuicios ocasionados a los demandantes, con ocasión de la investigación y enjuiciamiento por la supuesta adquisición ilegal de su patrimonio, a través del trámite de extinción del derecho de dominio, que finalmente, y luego de diez años y medio, fue declarado improcedente por la Sala Penal del Tribu nal Superior de Bogotá, mediante sentencia de fecha Marzo veintisiete (27) de 2012.

SEGUNDO.- Como consecuencia de la anterior declaración, condénese solidariamente a la NACI ÓN DEPARTAMENTO ADMIN ISTRATIVO DE SEGURIDAD - DAS, y FISCAL ÍA GENERAL DE LA NACIÓN, por intermedio de sus respectivos representantes legales a pagar a mi mandante los perjuicios materiales y morales, que a continuación se determinan:

DAÑO EMERGENTE: Por daño emergente, entendido como los gastos necesarios para adecuar al estado de producción en que se encontraban los bienes de los demandantes al momento de las incautaciones, en los diecinueve (19) inmuebles rurales, de acuerdo con la estimación razonada de la cuantía, además del pago a una acreencia financiera y gastos de abogados, lo que arroja la suma de MIL CIENTO VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS ($1.129.766.970.00), moneda corriente.

abogados, lo que arroja la suma de MIL CIENTO VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS ($1.129.766.970.00), moneda corriente.

LUCRO CESANTE: Por lucro cesante, entendida como los dineros que dejaron de ingresar al patrimonio de los demandantes en el curso normal de los acontecimientos, es decir, una ganancia frustrada, en los diecinueve (19) inmuebles rurales, de acuerdo con la estimación razonada de la cuantía, además de los réditos dejados de producir de unos dineros incautados, lo que arroja la suma de TRES MIL CIENTO SESENTA Y

DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS ($3.162.877.415.00), moneda corriente.

TERCERO.- Como consecuencia de la anterior declaración, condénese solidariamente a la NACI ÓN DEPARTAMENTO ADMINI STRATIVO DE SEGURIDAD - DAS, y FISCAL ÍA GENERAL DE LA NACI ÓN, por intermedio de sus respectivos representantes legales a pagar a mi mandante los perjuicios morales, que ascienden a Novecientos (900) S.M.L.M.V., que totaliza la suma de QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($554.400.000.00), moneda corriente.

CUARTO.- La NACI ÓN - DEPARTAMENTO ADMIN ISTRATIVO DE SEGURIDAD - DAS, así como la FISCAL ÍA GENERAL DE LA NACIÓN, por intermedio de sus representantes legales, deberán en un acto público

CUARTO.- La NACI ÓN - DEPARTAMENTO ADMIN ISTRATIVO DE SEGURIDAD - DAS, así como la FISCAL ÍA GENERAL DE LA NACIÓN, por intermedio de sus representantes legales, deberán en un acto público reconocer el grave daño ocasionado por la actuación ilegal de sus agentes, y pedirles disculpas públicas a los demandantes.

QUINTO.- La NACI ÓN - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - DAS, así como la FISCAL ÍA GENERAL DE LA NACIÓNExpediente 23001-23-33-000-2014-00212-01 (65.749) Actor: Alejandro Manuel Arrieta Barrera y otros Reparación directa Apelación sentencia

4 deberán dar cumplimiento a la sentencia dentro de los términos de conformidad con lo reglamentado en los artículos 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.” (fls. 2 a 4 cdno. ppal. - mayúsculas fijas y negrillas del texto original).

2. Hechos

Como fundamento fáctico de las pretensiones la parte demandante expuso en el escrito contentivo de la demanda, en síntesis, lo siguiente:

1. Durante el periodo comprendido entre los años 1977 y 2000 , los esposos Alejandro Manuel Arrieta Barrera y Magola Isabel Lozano Polo adquirieron veintiún (21) inmuebles y dos (2) vehículos automotores que destinaron para el desarrollo de actividades de ganadería y agricultura de las cuales derivaron su sustento, los bienes estaban ubicados en los municipios de Planeta Rica, Montelibano y Tierra

Alta (Córdoba).

de actividades de ganadería y agricultura de las cuales derivaron su sustento, los bienes estaban ubicados en los municipios de Planeta Rica, Montelibano y Tierra Alta (Córdoba).

1. En 1997 e l Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) inició labores de investigación y concluyó que los señores Alejandro Manuel Arrieta Barrera y Magola Isabel Lozano Polo tenían vínculos comerciales o de testaferrato con los grupos guerrilleros “Ejército de Liberación Popular EPL ” y las “Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC” (fls. 7 y 8 cdno. ppal.).

1. A partir de los informes de trabajo rendidos por los agentes del DAS , la Fiscalía Diecisiete de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Extinción de Dominio mediante resolución de 16 de octubre de 2001 dispuso la apertura del trámite de extinción de dominio sobre distintas propiedades registradas a nombre de los esposos Barrera Lozano, con la consecuente orden de incautación y suspensión del poder dispositivo sobre dichos bienes.

1. El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Bogotá mediante sentencia de 1º de junio de 2004 declaró la extinción del dominio de los bienes de propiedad de los señores Alejandro Arrieta Barrera y Magola Lozano Polo -esposos entre sí- por considerar que aquellos se obtuvieron con dineros provenientes del extinto grupo guerrillero EPL , decisión que fue confirmada por la Sala Penal deExpediente 23001-23-33-000-2014-00212-01 (65.749) Actor: Alejandro Manuel Arrieta Barrera y otros Reparación directa Apelación sentencia

5

Actor: Alejandro Manuel Arrieta Barrera y otros Reparación directa Apelación sentencia

5 Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en sentencia del 28 de febrero de 2005.

1. A inicios del año 2009, con ocasión del trámite de revisión eventual de la acción de tutela promovida en su momento por los esposos Alejando Arrieta Barrera y Magola Lozano Polo , la Corte Constitucional en sentencia T -590 de 27 de agosto de 2009 revocó las sentencias de primera y segunda instancia s proferidas en el referido proceso de extinción de dominio y ordenó la reanudación del proceso con la consecuente práctica de pruebas adicionales y una valoración adecuada de las producidas en la actuación procesal.

1. Por virtud de la orden de tutela, el Juzgado Doce Penal Especializado de Bogotá reinició la etapa de juzgamiento del proceso de extinción de dominio, abrió el periodo probatorio y el 16 de junio de 2011 dictó sentencia en la cual declaró la extinción del derecho de dominio de los bienes de propiedad de los esposos Arrieta Barrera y Lozano Polo, decisión que luego fue revocada el 27 de marzo de 2012 por la Sala Penal del Tribunal Superior de l Distrito Judicial de Bogotá, quien declaró la improcedencia de la extinción de dominio de los bienes de los aquí demandantes.

1. El DAS es patrimonial y extracontractualmente responsable a título de falla del servicio, porque se demostró que el proceso de extinción de dominio se originó en los informes presentados por investigadores de dicha entidad quienes prepararon a

1. El DAS es patrimonial y extracontractualmente responsable a título de falla del servicio, porque se demostró que el proceso de extinción de dominio se originó en los informes presentados por investigadores de dicha entidad quienes prepararon a falsos testigos para incriminar a los esposos Alejando Arrieta Barrera y Magola Lozano Polo . Por su parte, la Fiscalía General de la Nación es patrimonial y extracontractualmente responsable porque “un agente judicial de esta institución Luis Fernando Castellanos Nieto participó con los agentes del DAS, en la preparación del montaje” (fls. 13 y 14 cdno. ppal.).

1. Con las fallas atribuidas “se indujo en error a los jueces de instancia que consideraron confiables los testimonios originados en investigaciones del DAS pero que, en realidad, parecen haber sido predeterminados por el señor Nelson Elías Celis Giraldo” (fl. 14 cdno. ppal.), el cual actuó como agente investigador del DAS.Expediente 23001-23-33-000-2014-00212-01 (65.749) Actor: Alejandro Manuel Arrieta Barrera y otros Reparación directa Apelación sentencia

6 9) Con la falla del servicio en que incurrieron las entidades demandadas los demandantes vieron vulnerado s sus derechos a la dignidad y al buen nombre porque, sin razón alguna, “se vieron sometidos a afrentas públicas injustificadas, que incluyeron despliegues en periódicos de la región” (fl. 35 cdno. ppal.) , en consecuencia, debe reconocerse indemnización por perjuicios morales y también indemnización por los perjuicios materiales que afrontaron.

3. Contestación de la demanda

consecuencia, debe reconocerse indemnización por perjuicios morales y también indemnización por los perjuicios materiales que afrontaron.

3. Contestación de la demanda

Por auto del 21 de julio de 2014 , el Tribunal Administrativo de Córdoba admitió la demanda (fls. 214 y 214 vlto. cdno. ppal.) y, a su vez, ordenó la notificación personal del Fiscal General de la Nación y del Director del Departamento Administrativo de Seguridad DAS.

1. Mediante escrito presentado el 11 de noviembre de 2014 (fls. 231 a 249 cdno.ppal.) la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado , por virtud de la facultad otorgada por el artículo 7 del Decreto 1303 de 11 de julio de 2014 1, se opuso a las pretensiones de la demanda dirigidas contra el Departamento Administrativo de Seguridad y esgrimió los siguientes argumentos de réplica:

1 El artículo 7 del Decreto 1303 de 2014 dispuso: “ARTÍCULO 7°. Procesos judiciales y conciliaciones prejudiciales. Los procesos judiciales y conciliaciones prejudiciales en curso en los que sea parte el DAS y/o el Fondo Rotatorio del DAS que aún no han sido recibidos por las entidades que asumieron las funciones, Migración Colombia, Dirección Nacional de Protección, Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación de conformidad con lo señalado en el numeral 3.2., del artículo 3° del Decreto-ley 4057 de 2011, serán entregados a estas entidades por el Director del DAS en proceso de supresión debidamente inventariados y mediante acta, para lo cual debe tener en cuenta la naturaleza, objeto o sujeto procesal.

del DAS en proceso de supresión debidamente inventariados y mediante acta, para lo cual debe tener en cuenta la naturaleza, objeto o sujeto procesal. Igualmente, los procesos que tengan relación con los servidores públicos del DAS incorporados a otras entidades de la Rama Ejecutiva deberán ser asumidos por la entidad receptora. Los procesos judiciales y conciliaciones prejudiciales que no deban ser asumidos por las entidades a las cuales se trasladaron funciones o se incorporaron servidores deberán ser entregados a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para que continúe con la defensa de los intereses del Estado, para efectos de lo cual el Ministerio de Hacienda y Crédito Público proveerá los recursos presupuestales necesarios.”.

Se pone de presente que mediante providencia de 5 de mayo de 2016, el a quo tuvo en un inicio a Fiduprevisora SA como la sucesora procesal del extinto DAS (fls. 394 a 395 cdno. ppal.) , sin embargo, en providencia de 5 de mayo de 2017 se desvinculó del proceso a la Fiduciaria La Previsora SA y se dispuso tener a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado como la sucesora procesal de aquel (fls. 420 a 424 cdno. ppal.).Expediente 23001-23-33-000-2014-00212-01 (65.749) Actor: Alejandro Manuel Arrieta Barrera y otros Reparación directa Apelación sentencia

7 a) El DAS nunca tuvo a su cargo funciones jurisdiccionales, en consecuencia, no es procedente atribuirle responsabilidad patrimonial por el posible error judicial en el que pudieron incurrir las autoridades que iniciaron el proceso de extinción de

7 a) El DAS nunca tuvo a su cargo funciones jurisdiccionales, en consecuencia, no es procedente atribuirle responsabilidad patrimonial por el posible error judicial en el que pudieron incurrir las autoridades que iniciaron el proceso de extinción de dominio en contra de los demandantes.

b) Las labores de investigación del DAS se desplegaron de conformidad con el artículo 314 del Código de Procedimiento Penal vigente para la época en la que se dio inició al referido trámite de extinción de dominio, disposición según la cual las labores previas de verificación y los informes que se rind ieran con tal propósito carecían de valor probatorio.

c) Fue la Fiscalía General de la Nación quien practicó las pruebas, así como también quien determinó la procedencia de la extinción de dominio de los bienes de los aquí demandantes, de manera que es dicha entidad la llamada a responder por el posible daño ocasionado y no el DAS, de quien se debe declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.

1. Por escrito radicado el 18 de diciembre de 2014, la Fiscalía General de la Nación contestó la demanda (fls. 255 a 259 cdno. ppal.) e invocó los siguientes argumentos

de defensa:

a) La actuación del fiscal instructor en el proceso de extinción de dominio, especialmente en el decreto de las medidas cautelares que afectaron los bienes de los demandantes, se ajustó a la normatividad procesal vigente en ese momento y aplicables sobre la materia y a las pruebas obtenidas en el aludido trámite.

b) No existe relación de causalidad entre la falla del servicio endilgada y los perjuicios aducidos en la demanda.

aplicables sobre la materia y a las pruebas obtenidas en el aludido trámite.

b) No existe relación de causalidad entre la falla del servicio endilgada y los perjuicios aducidos en la demanda.

c) La Rama Judicial debe ser vinculada en el proceso, pues, del acervo probatorio se desprende que fueron los Juzgados Primero y Doce Penal del Circuito Especializados de Bogotá quienes declararon la extinción de dominio, aspecto que fue confirmado por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial deExpediente 23001-23-33-000-2014-00212-01 (65.749) Actor: Alejandro Manuel Arrieta Barrera y otros Reparación directa Apelación sentencia

8 Bogotá, de manera que fueron las decisiones judiciales las que incidieron en los perjuicios que ahora reclaman los demandantes.

4. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Córdoba en providencia del 30 de mayo de 201 9 declaró patrimonial y extracontractualmente responsable a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado , sucesora procesal del DAS, por los perjuicios ocasionados a los demandantes y, en consecuencia, la condenó a pagar las sumas de dinero transcritas al inicio de providencia como indemnización de perjuicios por concepto de daño emergente, al tiempo que condenó en abstracto por lucro cesante en favor de los señores Alejandro Arrieta Barrera y Magola Lozano Polo , con base en el siguiente razonamiento:

a) Existe responsabilidad patrimonial del Departamento Administrativo de Seguridad, porque, si bien es cierto que fueron los jueces penales quienes dictaron las decisiones de extinción de dominio, no lo es menos que tuvieron por fundamento

en el siguiente razonamiento:

a) Existe responsabilidad patrimonial del Departamento Administrativo de Seguridad, porque, si bien es cierto que fueron los jueces penales quienes dictaron las decisiones de extinción de dominio, no lo es menos que tuvieron por fundamento los informes y la investigación presentados por agentes del DAS, quienes realizaron un montaje e indujeron en error a las autoridades judiciales.

b) “Los cargos señalados por el actor a las demandadas se fundan en unas falencias evidenciadas durante la etapa de investigación dentro del proceso de extinción de dominio adelantado en su contra, y no en relación con un daño producto de una sentencia o proced imiento judicial, lo cual devendría claramente en un análisis distinto del título de imputación” (fl. 474 vlto. cdno. apelación) y, “si bien las labores efectuadas por el DAS eran investigativas, las mismas servían de base para efectuar por parte de la Fiscalía General de la Nación, una investigación preliminar en contra de las personas que a juicio de los investigadores del DAS podían resultar implicadas en la comisión de conductas aparentemente ilícitas” , y en el presente caso se demostró “que las pruebas arrimadas por el DAS en la etapa investigativa fueron relevantes para el Fiscal y con base en ellas decretó la iniciación del proceso de extinción de dominio” (fl. 747 vlto. cdno. apelación).

c) No le asiste responsabilidad a la Fiscalía General de la Nación porque “no obra prueba en el expediente que permita concluir que la Fiscalía General de la NaciónExpediente 23001-23-33-000-2014-00212-01 (65.749) Actor: Alejandro Manuel Arrieta Barrera y otros Reparación directa

prueba en el expediente que permita concluir que la Fiscalía General de la NaciónExpediente 23001-23-33-000-2014-00212-01 (65.749) Actor: Alejandro Manuel Arrieta Barrera y otros Reparación directa Apelación sentencia

9 omitió o realizó actuación alguna relacionada con la causa del daño, esto es, con los falsos testimonios recepcionados dentro del proceso, toda vez, que los mismos fueron recepcionados por el Departamento Administrativo de Seguridad - DAS” (fl. 748 cdno. apelación) y, si bien el señor Celis Giraldo, en declaración rendida bajo la gravedad de juramento confesó “que la persona que orquestó todo el montaje dentro de los procesos de extinción de dominio fue el Fiscal 17 de la Unidad Nacional de Extinción de Dominio y de Lavado de Activos, dichas aseveraciones no guardan respaldo en el acervo probatorio” (fl. 748 cdno. apelación).

5. Recurso de apelación

El 18 de junio de 2019 , la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado interpuso recurso de apelación y solicitó revocar el fallo de primera instancia, para que en su lugar se le absuelva o se adecue el procedimiento para decidir el fondo del asunto (fl. 709 a 724 cdno. apelación), las razones de inconformidad se resumen así:

1. Fueron las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación y de los jueces de conocimiento las que causaron el daño antijurídico y los perjuicios reclamados por los demandantes, por cuanto en la resolución del 16 de octubre de 2001 se dispuso

conocimiento las que causaron el daño antijurídico y los perjuicios reclamados por los demandantes, por cuanto en la resolución del 16 de octubre de 2001 se dispuso el inició del trámite de extinción de dominio -con la respectiva ocupación de los bienes de propiedad de los demandantes -, la cual se mantuvo hasta que la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá declaró la improcedencia de la acción de extinción de dominio.

1. El DAS no dictó los actos judiciales ni administrativos que produjeron efectos jurídicos adversos sobre los bienes de los demandantes.

1. Pese a que el trámite inicial de extinción de dominio y las decisiones de fondo que en este se adoptaron fueron anulados por orden de tutela, el Juzgado Doce Penal Especializado del Circuito de Bogotá en sentencia de 12 de junio de 2011 volvió a declarar la extinción de dominio sobre los bienes de los actores, es decir, la Rama Judicial prolongó la afectación del patrimonio de los demandantes, pero, este hecho no fue valorado por el tribunal de primera instancia.Expediente 23001-23-33-000-2014-00212-01 (65.749) Actor: Alejandro Manuel Arrieta Barrera y otros Reparación directa Apelación sentencia

10 4) Resulta impropio que el a quo atribuya al DAS una omisión por falta de control del personal a su cargo cuando se demostró i) que el señor Nelson Elías Celis ya no era funcionario del DAS para la fecha de los hechos y, ii) no actuó “bajo el control del DAS, sino del Fiscal 17” (fl. 772 cdno. apelación).

no era funcionario del DAS para la fecha de los hechos y, ii) no actuó “bajo el control del DAS, sino del Fiscal 17” (fl. 772 cdno. apelación).

1. Se demostró que fue el Fiscal Diecisiete de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Extinción del Derecho de Dominio “quien organizó todo el montaje de los falsos testigos bajo promesa remuneratoria, utilizando exagentes del DAS para lograr la extinción de dominio del señor Arrieta Barrera” (fl. 772 cdno. apelación).

1. La causa de los perjuicios sufridos por la ocupación y extinción del derecho de dominio de los bienes del señor Alejandro Arrieta Barrera provino de las actuaciones de la Rama Judicial, por ello corresponde al juez de segunda instancia disponer la nulidad de la sentencia recurrida y ordenar la vinculación de dicha entidad como litisconsorte necesario para decidir el fondo de la controversia en relación con el daño antijurídico alegado por la parte actora.

6. Actuación surtida en segunda instancia

Por auto del 14 de agosto de 2020 (fl. 804 cdno. apelación) se admitió el recurso de apelación interpuesto por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el 5 de abril de 2021 (índice 23 SAMAI) se corrió traslado a las partes para que presentaran los alegatos de conclusión por el término común de diez (10) días y, por el mismo lapso, al Ministerio Público para que emitiera concepto.

En dicha oportunidad procesal, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado reiteró los argumentos del recurso de apelación (índice 40 SAMAI), mientras que la

el mismo lapso, al Ministerio Público para que emitiera concepto.

En dicha oportunidad procesal, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado reiteró los argumentos del recurso de apelación (índice 40 SAMAI), mientras que la parte demandante solicitó confirmar la sentencia de primera instancia, pues, en su parecer se demostró que un servidor público del DAS preparó testigos falsos -que fueron condenados por falso testimonio - en el trámite de extinción de dominio que “originó la incautación del patrimonio de los demandantes” (índice 24 y 25 SAMAIgestión de documentos).

La Fiscalía General de la Nación (índice 30 SAMAI) solicitó que se confirme la sentencia impugnada porque el daño alegado por los demandantes y acreditado enExpediente 23001-23-33-000-2014-00212-01 (65.749) Actor: Alejandro Manuel Arrieta Barrera y otros Reparación directa Apelación sentencia

11 el proceso no puede ser atribuido a una acción u omisión de algún funcionario de la entidad.

El representante del Ministerio Públic o pidió la confirmación del fallo de primera instancia porque la falla del servicio se generó “en las actuaciones y omisiones del Departamento Administrativo de Seguridad, y no, por las decisiones judiciales que se tomaron teniendo en cuenta el material probatorio aportado por la Fiscalía General de la Nación” (índice 31 SAMAI).

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado , procede la Sala a resolver el asunto sometido a

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado , procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de la decisión, 2) análisis de la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado, 3) conclusión y, 4) condena en costas.

1. Síntesis de la controversia y anuncio de la decisión

Presentada la demanda de manera oportuna2, corresponde a la Sala determinar si en el presente caso el extinto Departamento Administrativo de Seguridad DAS es patrimonial y extracontractualmente responsable por el supuesto daño alegado por los demandantes en el trámite de extinción de dominio con radicación número 1.196

2 El daño alegado por los demandantes se hizo evidente a partir de la providencia proferida por la Sala de Extinción del Derecho de Dominio de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá (fls. 1337 a 1378 cdno. anexo 16) que dispuso la no extinción del derecho de dominio de bienes de propiedad de Ale