CE - 012333000201400260011SENTENCIA20230514214446

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 05001 23 33 000 2014 00260 01 (4326-2016)

Demandante: Alberto López Aguilera Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Temas: Reconocimiento pensión gracia

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demanda da, contra la sentencia proferida el 27 de mayo de 2016 , por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad , por medio de la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda 1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el señor Alberto López Aguilera, mediante apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de las siguientes

consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el señor Alberto López Aguilera, mediante apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones: i) RDP 012797 del 15 de marzo de 2013, ii) ADP 006589 del 8 de mayo de 2013; y iii) RDP 0298009 del 2 de julio de 2013 , a través de las cuales, la UGPP le negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia.2

Radicado: 05001 23 33 000 2014 00260 01 (4326-2016)

Demandante: Alberto López Aguilera

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó i) declarar que tiene derecho al reconocimiento de la pensión gracia, a partir del día en que cumplió el estat us, esto es , el 30 de marzo de 2012 ; ii) ordenar a la demandada pagar el valor de las mesa das adeudadas con los correspondientes ajustes conforme al índice de precios al consumidor ; y iii) dar cumplimiento a la sentencia en el término señalado en la ley.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:

1. El señor Alberto López Aguilera nació el 19 de junio de 1952, y prestó sus servicios como docente nacionalizado al servicio de los departamentos de Córdoba y Antioquia por más de 20 años. En las diferentes instituciones educativas, ejerció los empleos de docente, coordinador y rector.

1. El 7 de noviembre de 2012, solicitó a la UGPP el reconocimiento y pago de la

Córdoba y Antioquia por más de 20 años. En las diferentes instituciones educativas, ejerció los empleos de docente, coordinador y rector.

1. El 7 de noviembre de 2012, solicitó a la UGPP el reconocimiento y pago de la pensión gracia ; sin embargo, esta le negó la petición a través de los actos demandados, con fundamento en que «no es posible computar los tiempos de servicio del orden nacional ni los desempeñados en cargos de carácter administrativo total o parcialmente» y, toda vez qu e su nombramiento fue declarado insubsistente por abandono del cargo de docente que venía desempeñando con lo que incurrió en una causal de mala conducta.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales, se señalaron los artículos 1, 13, 25, 53 y 228 de la Constitución Política; 4 de la Ley 114 de 1913; 5 de la Ley 116 de 1928; 15, inciso 2 de la Ley 91 de 1989; el Acto Legislativo 01 de 2005; la Ley 812 de 2003; y el Decreto 2227 de 1979.3

Radicado: 05001 23 33 000 2014 00260 01 (4326-2016) Demandante: Alberto López Aguilera Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del demandante expuso 1 que este se ha desempeñado con honradez, dedicación, responsabilidad, profesionalismo y consagración; conservó una buena conducta y, salvo el presunto abandono del cargo, el cual no se encuentra demostrado pues nunca se realizó investigación alguna que lo comprobara, en sus antecedentes no aparece

profesionalismo y consagración; conservó una buena conducta y, salvo el presunto abandono del cargo, el cual no se encuentra demostrado pues nunca se realizó investigación alguna que lo comprobara, en sus antecedentes no aparece reseñada sanción de tipo disciplinario.

1.2. Contestación de la demanda

La UGPP, por intermedio de apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones, por las razones que se expresan a continuación:2

1. Los tiempos laborados en varias de las instituciones educativas, lo fueron en calidad de docente del orden nacional, por ello, deben ser desestimados para el cómputo de la prestación reclamada. Lo anterior, toda vez que su vinculación se realizó a través del Ministerio de Educación Nacional.

1. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 46 a 49 y 54 del Decreto 2277 de 1979, la declaratoria de insubsistenci a por abandono de cargo es causal de mala conducta y, por ende, justa causa para negar el derecho a la pensión gracia.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad , mediante sentencia proferida el 27 de ma yo de 2016 , accedió a las pretensiones de la demanda. Para tal efecto, se pronunció en estos términos:3

1. De acuerdo con las certificaciones labor ales y actos administrativos aportados al proceso, el señor López Aguilera prestó sus servicios en los departamentos de Córdoba y Antioquia entre el 2 de abril de 1975 y el 27 de abril de 1977, el 15 de

proceso, el señor López Aguilera prestó sus servicios en los departamentos de Córdoba y Antioquia entre el 2 de abril de 1975 y el 27 de abril de 1977, el 15 de marzo de 1994 y el 2 de diciembre de 2011, y el 27 de febrero de 2012 y el 27 de noviembre de 2013. Estas vinculaciones tuvieron carácter departamental.

1 Folios 1 a 19. 2 Folios 74 a 82. 3 Folios 133 a 148.4

Radicado: 05001 23 33 000 2014 00260 01 (4326-2016)

Demandante: Alberto López Aguilera

1. Mediante el Decreto 000555 del 27 de abril de 1977, su nombramiento fue declarado insubsistente por abandono del cargo; sin embargo, no se allegó el expediente disciplinario, lo que impide conocer los hechos y omisiones que motivaron esa decisión. Aunado a ello, el jefe de la Unidad de Control Interno Disciplinario de la gobernación de Córdoba certificó que en los archivos de esa dependencia no se encontraron antecedentes disciplinarios en contra del señor Alberto López Aguilera, ni en la actualidad cursan investigaciones en su contra.

1. El Consejo de Estado ha expresado en reiteradas oportunidades que la mala conducta que hace nugatorio el acceso a la pensión gracia, y que esta debe observarse en el transcurso del ejercicio profesional del docente, por lo cual, en principio, los hechos aislados no constituyen fundamento para decretar tal sanción, salvo que estos sean tan graves que justifiquen su imposición. 4 En tal sentido, habiéndose consumado en una sola ocasión la condu cta considerada

principio, los hechos aislados no constituyen fundamento para decretar tal sanción, salvo que estos sean tan graves que justifiquen su imposición. 4 En tal sentido, habiéndose consumado en una sola ocasión la condu cta considerada como reprochable, esta debe afectar gravemente los derechos y libertades de la comunidad educativa, que impida el cumplimiento de los deberes y fines estatales, especialmente la eficiente prestación del servicio público de educación.

1. A sí las cosas, se desconocen los hechos que generaron la declaratoria de insubsistencia del nombramiento y, en contraste, se advierte que el señor López Aguilera, para la época en que prestó sus servicios al departamento de Córdoba, se encontraba inscrito e n el escalafón 14, lo cual evidencia que fue ascendido en ese sistema. Tampoco se registró otro tipo de suspensión ni se evidenci ó que aquel haya observado comportamientos no acordes con su labor docente. En ese orden de ideas, la situación analizada se co nstituye en un hecho aislado y no se considera que se pueda catalogar en mala conducta del demandante pues no fue de tal gravedad en tanto «no ameritó la imposición de la exclusión del escalafón docente, la destitución del cargo ni la inhabilidad para el e jercicio de funciones públicas».

4 Al respecto citó las siguientes providencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B: i) del 3 de marzo de 2011, radicado 05001 23 31 000 2001 02910 01 (0869 -2009), M.P. Víctor

Hernando Alvarado Ardila; y ii) del 7 de sept iembre de 2006, radicado 25000 23 25 000 2002 13151 01 (4896-04), M.P. Alejandro Ordoñez Maldonado.5

Radicado: 05001 23 33 000 2014 00260 01 (4326-2016)

Demandante: Alberto López Aguilera

1. En consecuencia, deberá declararse la nulidad de los actos demandados, y se dispondrá que la UGPP reconozca la pensión gracia consagrada en las Leyes 114 de 1 913, 11 6 de 1928 y 37 de 1933, esto es, con el 75 % del promedio de los salarios devengados durante el último año de servicio en el que cumplió los requisitos de edad y tiempo para acceder a la prestación, esto es, entre el 15 de mayo de 2011 y el 15 de mayo de 2012.

1. No se encuentra probada la excepción de prescripción propuesta puesto que el demandante adquirió el estatus de pensionado el 15 de mayo de 2012, y solicitó el reconocimiento de la prestación el 7 de noviembre de 2012.

1. En aplicación de lo dispuesto en los artículos 188 del Código de Proced imiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 392 del Código de Procedimiento Civil, se debe condenar en costas y agencias en derecho a la UGPP.

1.4. El recurso de apelación

La UGPP, por conducto de apoderado, interpuso recurso de apelación5 y lo sustentó así:

1. En el certificado de tiempo expedido por la Secretaría de Educación del

1.4. El recurso de apelación

La UGPP, por conducto de apoderado, interpuso recurso de apelación5 y lo sustentó así:

1. En el certificado de tiempo expedido por la Secretaría de Educación del departamento de Córdoba se alude a una declaratoria de insubsistencia del nombramiento por abandono del cargo, lo cual demuestra que sí existió una sanción y que esta fue impuesta por la causal de mala conducta, conforme a lo señalado en los artículos 46 a 49 del Decreto 2277 de 1979. En tal sentido, se trata de una justa causa para negar el reconocimiento y pago de la prestación económica deprecada.

1. La condena en costas y agencias en derecho a la UGPP no está justificada y deben ser menores, en atención a la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado que litigó, toda vez que el proceso se tramitó sin mayores dilaciones, sin complicaciones y que se trata de asuntos «bastante

5 Folios 152 a 154.6

Radicado: 05001 23 33 000 2014 00260 01 (4326-2016) Demandante: Alberto López Aguilera estandarizados para las partes, los cuales no revisten mayor desgaste probatorio, ni complejidad legal alguna, ni operatividad excesiva ni para el litigante ni para su apoderado».

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

1.5.1. El demandante

El señor Alberto López Aguilera guardó silencio, según se desprende de la constancia secretarial del 27 de junio de 2017.6

1.5.2. La demandada

1.5.1. El demandante

El señor Alberto López Aguilera guardó silencio, según se desprende de la constancia secretarial del 27 de junio de 2017.6

1.5.2. La demandada

La UGPP, por intermedio de su apoderado, solicitó revocar lo decidido en primera instancia, con fundamento en lo expuesto en la contestación de la demanda y en el recurso de apelación.7

1.6. El ministerio público

El agente delegado ante esta Sección solicitó confirmar parcialmente la sentencia apelada, con fundamento en los siguientes argumentos:8

1. Si bien no se tiene certeza de los motivos que llevaron a declarar el abandono del cargo, es evidente que tal conducta ocurrió, pero el hecho de que haya acaecido no constituye un fundamento para negar el derecho a la pensión gracia.

En efecto, si se tiene en cuenta el momento en que fue expedido el acto de insubsistencia (Decreto 000555 del 27 de abril de 1977), la norma que regía la situación del demandante era el Decreto 128 de 1977, de cuyo artículo 41 se extrae que el abandono del cargo no era causal de mala conducta. Si bien con posterioridad se incluyó como tal en la normativa, no es posible traer sus efectos al caso del demandante, pues no se encontrab an vigentes al momento en que fue retirado del servicio.

6 Folio 215. 7 Folios 202 a 206. 8 Folios 207 a 214.7

Radicado: 05001 23 33 000 2014 00260 01 (4326-2016)

Demandante: Alberto López Aguilera

6 Folio 215. 7 Folios 202 a 206. 8 Folios 207 a 214.7

Radicado: 05001 23 33 000 2014 00260 01 (4326-2016) Demandante: Alberto López Aguilera ii) Por otro lado, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, el abandono del cargo no puede catalogarse como una conducta que impida acceder a la prestación reclamada, en la medida en que no fue reiterada, y de su simple contenido no se puede deducir que afectó en forma grave los derechos y libertades de otras personas o de la comunidad educativa. En consecuencia, por haber acreditado los demás requisitos, el demandante tiene derecho a que se reconozca y pague la pensión gracia.

1. Contrario a lo señalado por el a quo, no es procedente condenar en costas a la entidad toda vez que cuando el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 señala que en la sentencia se dispondrá, alude a que el juez tiene la facultad de decidir o no sobre su imposición. Por otro lado, el artículo 365, numeral 8 del CGP establece que solo habrá lugar a condenar cuando en el expedient e aparezcan que fueron causadas y, en este caso, el Tribunal adoptó la decisión sin realizar un análisis para justificarla.

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

Se circunscribe a establecer i) si el señor Alberto López Aguilera puede ser beneficiario de que la UGPP le reconozca la pensión gracia, en aplicación del régimen consagrado en la Ley 114 de 1913 y demás norm as que regulan dicha

Se circunscribe a establecer i) si el señor Alberto López Aguilera puede ser beneficiario de que la UGPP le reconozca la pensión gracia, en aplicación del régimen consagrado en la Ley 114 de 1913 y demás norm as que regulan dicha prestación; y ii) si debió condenarse al pago de costas en primera instancia.

2.2. Marco normativo

El artículo 1 de la Ley 114 d e 1913 dispuso que los maestros de escuelas primarias oficiales «que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente Ley».8

Radicado: 05001 23 33 000 2014 00260 01 (4326-2016) Demandante: Alberto López Aguilera Por su parte, las Leyes 116 de 1928 9 y 37 de 193310 consagraron la posibilidad de que los docentes obtuvieran la pensión gracia computando los años laborados en la enseñanza secundaria, normalista o como inspectores de instrucción pública, siempre y cuand o cumplieran los demás requisitos fijados por el artículo 4 de la Ley 114 de 1913, pues estos no fueron modificados por la normativa posterior.11

Dentro de los requerimientos para acceder al mencionado beneficio, el artículo 4 ibidem incluyó el referente a que el educador no haya recibido o reciba «otra pensión o recompensa de carácter nacional».12

En virtud de dicho condicionamiento, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante Sentencia S -699 de 1997 del 29 de agosto de 1997, concluyó que « la

pensión o recompensa de carácter nacional».12

En virtud de dicho condicionamiento, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante Sentencia S -699 de 1997 del 29 de agosto de 1997, concluyó que « la pensión gracia no puede ser reconocida a favor de un docente nacional , pues constituye requisito indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución alguna de la nación por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado por cuenta de e lla. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran los educadores locales o regionales».13

9 Artículo 6. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectore s de Instrucción Pública tienen derecho a jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que a esta complementan. Para el computo de los años de servicio se sumarán los prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la enseñanza pr imaria cono en el de la normalista, pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección. 10 Artículo 3. Las pensiones de jubilación de los maestros de escuela rebajadas por decreto de carácter legislativo, quedaran nuevamente en la cuantía señalada por las leyes.

Hácense extensivas estas pensiones a los maestros que hayan completado los años de servicios señalados por la Ley, en establecimientos de enseñanza secundaria. 11 Al respecto pueden consultarse las siguientes providencias del Consejo de Estado: i) sentencia de 16 de junio de 1995, radicado: 10665; ii) sentencia de 29 de agosto de 1997, radicado: S -699.

11 Al respecto pueden consultarse las siguientes providencias del Consejo de Estado: i) sentencia de 16 de junio de 1995, radicado: 10665; ii) sentencia de 29 de agosto de 1997, radicado: S -699. 12 Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:

1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración. 2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).

3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional.

Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento .

4. Que observe buena conducta. 5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).

6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento. 13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de agosto de 1997, radicado: S -699. Tambi én pueden consultarse las siguientes providencias de la Sección Segunda que han acogido igual lineamiento: i) Subsección A, sentencia del 10 de marzo de 2016, radicado: 52001 -23-33-000-2013-00145-01 (2604 -2014); ii) Subsección B, sentencia del 1 de marzo d e 2018, radicado: 25000 -23-42-000-2013-06449-01 (3989 -2015); y iii) Subsección B,9

Radicado: 05001 23 33 000 2014 00260 01 (4326-2016)

Demandante: Alberto López Aguilera

Al respecto, es preciso resaltar que la prestación en comento se creó con la finalidad de compensar a los profesores adscritos a entidades territo riales en razón a la diferencia salarial que se evidenciaba en comparación con los docentes nacionales; sin embargo, este objetivo inicial perdió su fundamento con ocasión del proceso de nacionalización de la educación que instituyó la Ley 43 de 1975 y en razón a que el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 dispuso que tal beneficio sería compatible con la pensión ordinaria de jubilación, «aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación».

En virtud de la expedición de la Ley 91 de 1989, la S ala Plena de esta corporación, en la referida Sentencia S -699 de 1997, afirmó que la pensión gracia debe reconocerse a los docentes nacionalizados, en aras de «colmar las expectativas de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por su labor, en el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria oficiales».

Ahora bien, la Ley 91 de 1989 pretendió desmontar el reconocimiento de la pensión gracia en consideración a que ya no existía la diferencia sala rial anotada; sin embargo, en su artículo 15, numeral 2, literal a), previó lo siguiente:

Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones: […]

Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones: […]

2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

sentencia del 30 de enero de 2020, radicado: 23001 -23-33-000-2016-00431-01 (5640 -2018). En similar sentido, puede consultarse la Sentencia C -085 de 2002, proferida por la Cor te Constitucional.10

Radicado: 05001 23 33 000 2014 00260 01 (4326-2016) Demandante: Alberto López Aguilera La Sentencia C-489 de 2000 declaró la exequibilidad condicionada de la expresión «vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980» contenida en la norma transcrita, bajo el entendido de que «las situaciones jurídicas particulares y concretas que s e hubieran consolidado antes de entrar en vigencia la ley 91/89, esto es, antes del

bajo el entendido de que «las situaciones jurídicas particulares y concretas que s e hubieran consolidado antes de entrar en vigencia la ley 91/89, esto es, antes del 29 de diciembre de 1989, quedan a salvo de la nueva normatividad por cuanto constituyen derechos adquiridos que el legislador no podía desconocer».

Mediante sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022,14 la Sección Segunda del Consejo de Estado analizó el alcance de la citada disposición, en consonancia con la jurisprudencia constitucional proferida en la materia, con el fin de determinar si era necesario tener consolidado el derecho pensional al 29 de di ciembre de 1989.

Al respecto, se explicó que el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 contiene dos fechas relevantes para estudiar el derecho a la pensión gracia, a saber:

1. 31 de diciembre de 1980 - constituye el último momento en que podía realizarse la vinculación del docente que pretendiera el reconocimiento pensional.

1. 29 de diciembre de 1989 - corresponde a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989; sin embargo, esta «no puede entenderse como un plazo que demarque la última oportunidad para consolidar el derecho a la pensión gracia».15

En este orden de ideas, tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel docente que haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114 de 1913 y d emás normas que la desarrollaron, sin importar el momento

aquel docente que haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114 de 1913 y d emás normas que la desarrollaron, sin importar el momento

14 Radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017). 15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).11

Radicado: 05001 23 33 000 2014 00260 01 (4326-2016) Demandante: Alberto López Aguilera en que logre colmar los requisitos de edad y tiempo de servicio, es decir, que lo haga antes o después del 29 de diciembre de 1989. Al respecto, esta corporación explicó lo siguiente:16

[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del docente territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos posteriores siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o territoriales».17

[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición buscó proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta ese momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por ende, el único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales y nacionalizados demostra ran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de

momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por ende, el único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales y nacionalizados demostra ran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos como las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional, pues las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores vinculados en la forma indicada. […]

1. La Sentencia C -506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente a l límite temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso a la pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de diciembre de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar los requisitos previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista laboral respecto de la cual tenían aspiraciones legítimas.

1. Mediante la Sentencia SU -014 d e 2020, la Corte Constitucional explicó que el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 « solo tiene una lectura posible, esto es, la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los profesores de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían acceder a la prestación siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980 y

de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían acceder a la prestación siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980 y cumplieran los demás requisitos de ley ». A partir de dicho entendimiento, se reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó antes de la referida fecha y consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación de la Ley 91 de 1989.

Bajo este contexto, se fijó como regla de unificación que «[l]os docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31

16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sent encia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017). 17 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 1100103-15-000-2019-02219-01 (AC).12

Radicado: 05001 23 33 000 2014 00260 01 (4326-2016) Demandante: Alberto López Aguilera de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».

Una vez aclarado este aspecto, es preciso tener en cuenta que para determinar la plaza docente que permite obtener el beneficio pensional en comento, en sentencia del 21 de junio de 2018, 18 esta corporación fijó las siguientes reglas de unificación:19

plaza docente que permite obtener el beneficio pensional en comento, en sentencia del 21 de junio de 2018, 18 esta corporación fijó las siguientes reglas de unificación:19

(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886 como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a los presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;

(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se pierde, o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente hay a intervenido el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el respectivo fondo educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal o la vacancia definitiva del cargo;

(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas de la respectiva localidad, o de las -situado fiscalcuando se sufragaban los gastos a través de los endógenas exógenas fondos educativos regionales, y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones; y

(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establ ecer con

situado fiscal, hoy sistema general de participaciones; y

(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establ ecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca q ue el