CE - 012333000201400271021SENTENCIA20230215162647

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., dos (2) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho Expediente : 73001-23-33-000-2014-00271-02 (677-2021)

Demandante : Jaime Arley Guerrero Fajardo

Demandado : Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional Tema : Sanción disciplinaria de separación absoluta de las fuerzas militares e inhabilidad general por 10 años

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por el accionante contra la sentencia proferida el 4 de septiembre de 2020 por el Tribunal Administrativo del Tolima , mediante la cual negó las pre tensiones de la demanda dentro del proceso del epígrafe.

I. ANTECEDENTES

1.1 El medio de control (ff. 363 a 391 del cuaderno principal 2). El señor Jaime Arley Guerrero Fajardo, mediante apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (C PACA), contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional, para que se acojan las pretensiones que en el apartado siguiente se precisan.

1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad de las decisiones de 13 de junio de 2012

contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional, para que se acojan las pretensiones que en el apartado siguiente se precisan.

1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad de las decisiones de 13 de junio de 2012 y 29 de enero de 2013, expedidas por la accionada, que resolvieron en primera y segunda instancias, respectivamente, la investigación disciplinaria adelantada contra el demandante, en el sentido de sancionarlo con separación absoluta de las fuerzas militares e inhabilidad g eneral por 10 años; asimismo, de la Resolución 2124 de 21 de agosto de 2013, que ejecutó la anterior sanción.

A título de restablecimiento del derecho, se ordene (i) su reintegro «[…] al servicio activo del Ejército Nacional, sin solución de continuidad, al grado que le corresponda en antigüedad al día de su reintegro, observando siempre la misma […] precedencia en el respectivo escalafón que tenía al momento de su retiro y eliminando de sus antecedentes disciplinarios la SANCIÓN […] impuesta […]» (sic); y (ii) el pago de «[…] la totalidad de sus haberes (salarios, primas, subsidios y otros) dejados de percibir desde la fecha de su retiro y las prestaciones legales y extralegales que en todo tiempo devengue un [c]abo [t]ercero del Ejército Nacional, entre la fecha en que se produjo su retiro de2

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dicha institución y aquella en que se produzca su reintegro […]». Lo anterior, con la respectiva indexación y las costas a que haya lugar.

1.3 Fundamentos fácticos de la demanda que constituyen las circunstancias que generaron la investigación disciplinaria y la sanción. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional , en primera y segunda instancias, sancionó al actor con separación absoluta de las fuerzas militares e inhabilidad general por 10 años , como cabo tercero de dicha institución, por haberse comprobado su responsabilidad disciplinaria en (i) modificar, en forma fraudulenta, la información consignada en documentos oficiales y (ii) sobrepasar sin permiso los límites fijados para la guarnición cuando se está en actos del servicio.

De acuerdo con el libelo introductorio, los antecedentes de esta decisión se concretan en que se adelantó una investigación disciplinaria contra el demandante, resultante de varios informes de 19 de abril de 2010 relacionados con una lesión que aquel sufrió y su salida no autorizada del batallón de comunicaciones 1 Manuel Murillo Toro de la brigada especial de comunicaciones en Chaparral (Tolima). No obstante, tras presentarse «[…] una causal de impedimento que no fue alegad[a] por el funcionario instructor […]», no existieron «[…] garantías para el derecho de defensa y el debido proceso y el ejercicio del derecho de contradicción», por ende, «[…] todas las diligencias

causal de impedimento que no fue alegad[a] por el funcionario instructor […]», no existieron «[…] garantías para el derecho de defensa y el debido proceso y el ejercicio del derecho de contradicción», por ende, «[…] todas las diligencias practicadas […] resultan nulas […]».

Que solo hasta el 12 de octubre de 2010, cuando se dictó el auto que abrió la investigación disciplinaria, conoció «[p]or primera vez […] cuál es la situación fáctica investigada»; además, en esa providencia se nombró como funcionario instructor al capitán Óscar Gregorio Vanegas Polo, quien había actuado en la indagación preliminar sin designación, «[s]ituación totalmente irregular».

El 13 de junio de 2012 se profirió decisión administrativa de primera instancia, con la que se le declaró responsable de los cargos disciplinarios consistentes en «modificar en forma fraudulenta la información consignada en […] documentos oficiales» y «sobrepasar sin permiso los límites fijados para la guarnición […] cuando se está […] en actos del servicio », por lo que se le separó, en forma absoluta, de las fuerzas militares e inhabilitó por el término de 10 años para ejercer cargos públicos; contra la que interpuso recurso de apelación, desatado desfavorablemente el 29 de enero de 2013.

Por medio de Resolución 2124 de 21 de agosto de 2013, el comandante del3

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Ejército Nacional ejecutó la sanción disciplinaria impuesta al accionante, a partir de esa fecha.

1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas vulneradas por los actos administrativos acusados los artículos 29 de la Constitución Política; 6, 17 y 143 de la Ley 734 de 2002; y 4, 13, 97, 106, 124 y 160 de la Ley 836 de 2003.

Asevera que las decisiones demandadas están viciadas de nulidad por expedición irregular, toda vez que «[…] existió una grave afectación al derecho de defensa y contradicción y porque existieron irregularidades sustanciales que afectaron el debido proceso así como la falta de competencia […]». En efecto, «[l]os jueces disciplinarios […] se apartaron de las solemnidades que dispone la Ley 836 de 2003 para el correcto desarrollo del proceso disciplinario en contra de los miembros de las [f]uerzas [m]ilitares, violentándose de manera abierta […]» tales garantías, pues «[…] no se tomaron en cuenta las causales de nulidad que se encuentran consagradas en el art. 160 numerales 1, 2 [y] 3 de la Ley 836 de 2003 y cada etapa del proceso se ciment [ó] en situaciones procesales nulas».

Que «[s]e tomaron decisiones sobre la base de una indagación preliminar que

de la Ley 836 de 2003 y cada etapa del proceso se ciment [ó] en situaciones procesales nulas».

Que «[s]e tomaron decisiones sobre la base de una indagación preliminar que no era clara, ello afecta: A) el derecho de defensa, la persona debe saber por que se le investiga y B) genera irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso, al no saber de qué se trata una investigación […]» (sic); de igual modo, «[…] se afecta el derecho de defensa cuando una persona ha rendido un informe sobre los hechos de carácter negativo y a su vez se convierte en investigador […]» (sic).

1.5 Contestación de la demanda (ff. 448 a 452 vuelto del cuaderno principal 3). La Nación – Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional, mediante apoderada, se opuso a las súplicas de l libelo introductorio ; respecto de los hechos dice que unos son ciertos, otros no y los demás no le constan, por lo que deben probarse; y formula la excepci ón denominada legalidad del acto demandado.

Arguye que « […] el actor participó activamente dentro de las diligencias disciplinarias adelantadas, a través de abogados de confianza quienes en su oportunidad y haciendo uso del derecho del d ebido proceso, defensa y contradicción, realizaron entre otr[a]s solicitudes[,] una de nulidad, las cuales fueron resueltas dentro del término procesal» (sic).4

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1.6 La providencia apelada (ff. 532 a 542 vuelto del cuaderno principal 3). El Tribunal Administrativo del Tolima, en sentencia de 4 de septiembre de 2020, negó las súplicas de la demanda (con condena en costas), al considerar que el accionante «[…] indiscutiblemente tenía absoluta certeza sobre los hechos que eran objeto de investigación, pues no solo conocía de antemano el informe rendido por el ST Andrés Felipe Aguilera Acosta, en donde se narraba el accidente sufrido por este y la evasión del batallón, sin previa autorización del superior, sino que además alteró su contenido […]».

Que no se advierte «[…] que al disciplinado se le hubiera vulnerado su derecho de defensa y contradicción, pues […] fue notificado de todas las actuaciones que se surtieron dentro del proceso […] desde el […] auto que ordenó la apertura de la indagación preliminar, brindándose desde ese momento procesal, el acceso total de la investigación, permitiéndose conocer los motivos por los cuales se le investigaba , y sus derechos como disciplinado, quedando totalmente facultado para ejercitar sus derechos de defensa y contradicción […]».

Precisa que «[…] el funcionario instructor de la indagación preliminar es el encargado de la recepción y práctica de pruebas de dicha instancia, sin que el mismo esté facultado para emitir pronunciamientos de fondo o atribuir responsabilidad alguna, razón por la cual, no a dvierte este [c]olectivo la

encargado de la recepción y práctica de pruebas de dicha instancia, sin que el mismo esté facultado para emitir pronunciamientos de fondo o atribuir responsabilidad alguna, razón por la cual, no a dvierte este [c]olectivo la existencia de causal para que el citado [c]apitán instructor se hubiera declarado impedido, máxime cuando el mismo no hizo manifestación alguna respecto de los hechos que originaron la actuación disciplinaria (evasión del batallón y adulteración de documento) y además, este no tenía competencia para proferir ninguna decisión de fondo dentro del trámite disciplinario ». No obstante, «[…] si en gracia de discusión se aceptara […] una […] causal de impedimento […] ello de manera alguna vicia de nulidad la actuación, pues lo que ordena la ley procesal es que tan pronto se advierta […] debe ser puesta en conocimiento del competente […]» con en efecto se hizo.

Que las actuaciones adelantadas por el teniente coronel Juan Diego Sepúlveda «[…] gozan de plena validez, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 154 del CPC, vigente para la época de los hechos, norma aplicable conforme al principio de integración establecido en el artículo 106 […] de la Ley 836 de 2003 […]», dado que cuando surge un impedimento o recusación el proceso se suspende «[…] sin que por ello se afecte la validez de los actos surgidos con anterioridad » (sic). Asimismo, «[…] el fallo sancionatorio fue proferido por funcionario competente, y conforme a expuesto […] la falta de5

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proferido por funcionario competente, y conforme a expuesto […] la falta de5

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competencia solo genera nulidad del proceso disciplinario cuando ésta se origina respecto del funcionario que profiere sentencia de fondo, situación […] que no aconteció en el sub lite […]».

1.7 El recurso de apelación (ff. 549 a 556 del cua derno principal 3 ). El demandante, mediante apoderado, interpuso recurso de apelación, al estimar que «[…] no solamente en este proceso se observa claramente que un oficial que había participado elaborando una apreciación sobre los hechos, termin[e] nombrado investigador del caso, sino que también una persona que había nombrado el funcionario investigador en el presente caso después se declare impedida y se convierta en testigo en el propio proceso que […] motivó su apertura. Son situaciones bastante difíciles de entender y bien complejas sobre todo s[i] hablamos de asuntos del debido proceso y del derecho de defensa y por ende esta situación no se puede convalidar».

Que el a quo no hizo un análisis respecto del procedimiento disciplinario que culminó con las decisiones acusadas, con el que se le trasgredió su derecho de defensa y contradicción pues se surtió con irregularidades, de acuerdo con lo planteado en el libelo introductorio.

II. TRÁMITE PROCESAL

El recurso de apelación fue concedido mediante proveído de 20 de enero de 2021 (f. 558 del cuaderno principal 3) y admitido por esta Corporación a través

II. TRÁMITE PROCESAL

El recurso de apelación fue concedido mediante proveído de 20 de enero de 2021 (f. 558 del cuaderno principal 3) y admitido por esta Corporación a través de auto de 28 de enero de 2022 (f. 564 ibidem), en el que se dispuso la notificación personal al agente del Ministerio Público y a las partes por estado, en cumplimiento de los artículos 198 (numeral 3) y 201 del CPACA.

2.1 Alegatos de conclusión . Admitida la alzada, se continuó con el trámite regular del proceso en el sentido de correr traslado a las par tes y al Ministerio Público, con providencia de 24 de marzo de 2022 (f. 566 del cuaderno principal 3), para que aquellas alegaran de conclusión y este conceptuara, oportunidad aprovechada por el accionante para reiterar sus planteamientos de demanda y apelación1.

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA, a esta Corporación le corresponde conocer del presente litigio, en segunda instancia.

1 Memorial adjuntado a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.6

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3.2 Actos acusados.

3.2.1 Decisión administrativa de primera instancia de 13 de junio de 2012 2, expedida por el comandante fuerza de tarea zeus de la quinta división del

3.2 Actos acusados.

3.2.1 Decisión administrativa de primera instancia de 13 de junio de 2012 2, expedida por el comandante fuerza de tarea zeus de la quinta división del Ejército Nacional, a través de la cual sancionó disciplinariamente al actor con separación absoluta de las fuerzas militares e inhabilidad general por 10 años.

3.2.2 Acto administrativo de segundo grado de 29 de enero de 20133, con el que el comandante general de las fuerzas militares confirmó la determinación anterior.

3.2.3 Resolución 2124 de 21 de agosto de 201 34, por medio de la cual el comandante del Ejército Nacional ejecutó la sanción.

3.3 Cuestión preliminar. Los actos de ejecución no son demandables. La Sala evidencia que frente a la Resolución 2124 de 21 de agosto de 2013 no es dable ejercer control de legalidad, por lo que esta Corporación se inhibirá de emitir pronunciamiento de fondo, en la medida en que con esa decisión el comandante del Ejército Nacional ejecutó la sanción impuesta al disciplinado, pues se trata de un acto de mero trámite o de ejecución, cuyo contenido no decidió directa o indirectamente el fondo de la actuación administrativa, por consiguiente, no es enjuiciable ante esta jurisdicción, como se infiere de los artículos 43 y 166 (numeral 1) del CPACA.

Al respecto, esta Corporación ha considerado:

Esta categoría de actos, esto es, los que impulsan el desarrollo de la actuación administrativa han sido denominados al unísono por la ley

artículos 43 y 166 (numeral 1) del CPACA.

Al respecto, esta Corporación ha considerado:

Esta categoría de actos, esto es, los que impulsan el desarrollo de la actuación administrativa han sido denominados al unísono por la ley y la jurisprudencia como actos de trámite los cuales, al no contener una manifestación de la voluntad de la administración, que ponga fin a la actuación escapan, por expresa disposición del legislador, al control judicial de esta Jurisdicción.

En efecto, se observa que en el artículo 50 del Código Contencioso Administrativo, Decreto 01 de 1984, ya se erigía la distinci ón entre actos administrativos definitivos, entendidos éstos como los que ponen fin a la actuación administrativa y, por oposición, los de trámite cuyo contenido no decide directa o indirectamente el fondo de la cuestión administrativa. No obstante, lo anterior, precisa la norma en cita, salvo que el acto de trámite haga imposible continuar con el

2 Ff. 235 a 260 del cuaderno principal 2. 3 Ff. 303 a 332 ibidem. 4 F. 345 ib.7

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desarrollo de la actuación administrativa gozará del carácter de acto administrativo definitivo.

La anterior disposición, estima la Sala, debe interpretarse conjuntamente con lo dispuesto en el artículo 135 ibídem en la medida

desarrollo de la actuación administrativa gozará del carácter de acto administrativo definitivo.

La anterior disposición, estima la Sala, debe interpretarse conjuntamente con lo dispuesto en el artículo 135 ibídem en la medida en que, ésta última norma de manera clara señala sobre qué clase de actos recae el control judicial ejercido por esta Jurisdicción, a saber, los que “ponga término a un proceso administrativo.”.

Sobre este particular la Sala estima conveniente precisar que, el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, en su artículo 43 5, retoma parcialmente la fórmula consignada en el Decreto 01 de 1 984, para definir los actos administrativos de carácter definitivo como aquellos “que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto” y, en forma genérica, todos aquellos que “ hagan imposible continuar la actuación” sin que se le atribuya a estos últ imos el calificativo de actos de trámite como lo hacía la codificación anterior6.

En consecuencia, se declarará de oficio probada la excepción de inepta demanda, por cuanto la Resolución 2124 de 2013 no es susceptible de control judicial.

3.4 Problema jurídico. La Sala debe determinar si la sentencia apelada fue ajustada a derecho, en cuanto el Tribunal Administrativo del Tolima negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas al accionante. Para tal propósito, examinará si los actos acusados fueron expedidos con violación a los derechos al debido proceso y defensa, conforme a la acusación de que el a quo no analizó de manera integral las alegadas irregularidades en el procedimiento

propósito, examinará si los actos acusados fueron expedidos con violación a los derechos al debido proceso y defensa, conforme a la acusación de que el a quo no analizó de manera integral las alegadas irregularidades en el procedimiento administrativo que culminó con tales decisiones, de acuerdo con el recurso de apelación.

3.5 Marco normativo – régimen disciplinario del Ejército Nacional. En virtud de las funciones específicas que cumplen los miembros de la fuerza pública (fuerzas militares y Policía Nacional), el constituyente, en los artículos 217 (inciso tercero) y 218 (inciso segundo) de la Constitución Política, facultó al legislador para determinar los regímenes disciplinarios especiales de tales servidores.

5 «Artículo 43. Actos definitivos. Son actos definitivos los que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar la actuación». 6 Sección segunda, subsección B, sentencia de 14 de noviembre de 2013, expediente 05001 -23-31-000-200300490-01 (2277-12), C. P. Gerardo Arenas Monsalve.8

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Como resultado de las facultades extraordinarias concedidas al ejecutivo por la Ley 587 de 2000, se profirió el Decreto 1797 de 14 de septiembre de 2000, «[p]or el cual se expide el Reglamento de Régimen Disciplinario para las Fuerzas Militares».

Ley 587 de 2000, se profirió el Decreto 1797 de 14 de septiembre de 2000, «[p]or el cual se expide el Reglamento de Régimen Disciplinario para las Fuerzas Militares».

El anterior reglamento fue derogado por la Ley 836 de 16 de julio de 200 37, «[p]or la cual se expide el reglamento del Régimen Disciplinario para las Fuerzas Militares», en cuyo artículo 15 preceptuaba: «[l] as disposiciones de este reglamento se aplicarán al personal de oficiales, suboficiales y soldados, en servicio activo, de las Fuerzas Militares»; el artículo 198 preveía que «[p]ara lo no previsto en el presente ordenamiento deberá remitirse a la Ley 734 de 2002, Código Disciplinario Único. Los procesos disciplinarios que al entrar en vigencia la presente ley se encuentren con auto de cargos continuarán su trámite hasta el fallo definitivo de conformidad con el procedimiento anterior».

Por último, se expidió la Ley 1862 de 4 de agos to de 2017, «[p] or la cual se establecen las normas de conducta del Militar Colombiano y se expide el Código Disciplinario», que derogó expresamente la anterior.

El asunto que ahora ocupa la atención de la Sala fue resuelto en sede administrativa con las previsiones de la Ley 836 de 16 de julio de 2003, vigente para la época de los hechos y de la investigación disciplinaria.

3.6 Hechos probados. Se hará referencia a las pruebas que guardan relación con el problema jurídico derivado de la s causales de nulidad invocada s en el escrito de apelación de la sentencia de primera instancia:

3.6 Hechos probados. Se hará referencia a las pruebas que guardan relación con el problema jurídico derivado de la s causales de nulidad invocada s en el escrito de apelación de la sentencia de primera instancia:

1. Informe de 19 de abril de 2010 (ff. 5 y 6 del cuaderno principal 1), suscrito por el subteniente Andrés Felipe Aguilera Acosta, comandante del pelotón de comunicaciones del comando específico sur del Tolima del Ejército Nacional, dirigido al comandante de dicho comando, en el que indica:

1. El día [m]artes 13 de [a]bril de 2010 en horas de la mañana el C3

GUERRERO FAJARDO JAIME sufre una fractura de [r]adio sobre el brazo izquierdo aparentemente mientras buscaba un baño, versión que después cambia exponiendo que la lesión fue a causa de un golpe a un árbol para descargar su descontento por un problema económico personal, pero que su intensión nunca fue la de auto lesionarse.

7 Publicada en el diario oficial No. 50.315 de 4 de agosto de 2017.9

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2. El día viernes 16 de [a]bril de 2010 cuando se verificaba el personal en la formación de la recogida faltaba el señor C3 GUERRERO

FAJARDO JAIME.

3. El comando del [p]elotón procedió a llamarlo en repetidas

en la formación de la recogida faltaba el señor C3 GUERRERO

FAJARDO JAIME.

3. El comando del [p]elotón procedió a llamarlo en repetidas ocasiones al número de [c]elular 313 389 02 24 a lo cual no contest[ó], así mismo se verific[ó] personalmente en las instalaciones del casino de [s]ub -oficiales habitación 08 donde se encontraba alojado en razón a la fractura de radio en el brazo izquierdo sin encontrar respuesta alguna.

4. En vista de la ausencia del C3 GUERRERO FAJARDO JAIME el comando del pelotón verific[ó] en la guardia del [c] antón, preguntando si no habían visto salir a alguien con la descripción del ya mencionado [s]uboficial y a lo que me respondió el SUBOFICIAL DE ADMINISTRACIÓN que se encontraba prestando para esa fecha, que [é]l había autorizado la salida del C3 GUERRE[R]O en razón a que había presentado un[a] boleta de salida firmada, se busc[ó] dicha boleta de salida pero no apareció.

5. Alrededor de las 03:00 AM del 17 de [a]bril de 2010 cuando me encontraba pasando revista del armamento BACOM1 nuevamente llam[é] al [c]elular del C3 GUERRERO, este contest[ó] argumentando que no había contestado el celular en razón a que tenía miedo de que le llamaran la atención, ade más dijo encontrarse en la ciudad de Bogotá solucionando un inconveniente con un dinero, situación de la cual ya estaba enterado y a la cual se le había indicado que esperara el permiso para cuando se le autorizara; se le pregunt[ó]

ciudad de Bogotá solucionando un inconveniente con un dinero, situación de la cual ya estaba enterado y a la cual se le había indicado que esperara el permiso para cuando se le autorizara; se le pregunt[ó] que ¿Quién lo había autorizado a salir de la unidad? Y este contest[ó] que nadie.

6. En la formación para la iniciación del servicio del 17 de [a]bril se constat[ó] personal y en vista de que el C3 GUERRERO FAJARDO JAIME no se encontraba, el comando del pelotón determina que mencionado suboficial se encuentra evadido de las instalaciones de la unidad.

7. Nuevamente a las 14:00 horas del 17 de [a]bril de 2010 llam[é] al C3 GUERRERO FAJARDO JAIME, este contest[ó] el celular diciendo que aún se encontraba en Bogotá en el [b]arrio Villa Luz en la [c]asa de un tío y que todavía no había solucionado el inconveniente con el dinero.

8. El 19 de [a]bril de 2010 el C3 GUERRERO FAJARDO JAIME hace presentación a la formación para la iniciación del servicio a las 06:30 AM [sic para toda la cita].

Con igual contenido, el mencionado oficial remitió informe con esa fecha al ejecutivo y segundo comandante Bacom 1 de la brigada especial de comunicaciones del Ejército Nacional (ff. 7 y 8 del cuaderno principal 1).10

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Jaime Arley Guerrero Fajardo contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional

1. En lo folios 9 y 10 del cuaderno principal 1 obra otro informe de 19 de abril de 2010, suscrito por el subteniente Andrés Felipe Aguilera Acosta, comandante del pelotón de comunicaciones del comando específico sur del Tolima del Ejército Nacional, también dirigido al comandante de tal comando, pero cuyos primeros 4 puntos y con letra diferente, fueron los siguientes:

1. El día [m]artes 13 de [a]bril del 2010 en horas de la mañana el C3

GUERRERO FAJARDO JAIME sufre una caída de radio sobre el brazo izquierdo mientras buscaba un baño a raíz de una caída.

2. El día viernes 16 de [a]bril de 2010 cuando se verificaba el personal en la formación de la recogida faltaba el señor C 3 GUERRERO

FAJARDO JAIME.

3. El comando del [p]elotón procedió a llamarlo al celular y no contest[ó] así mismo se verific[ó] personalmente en las instalaciones del casino de [s]ub-oficiales y no se encontraba.

4. En vista de la ausencia del C3 Guerrero Fajardo Jaime el comando del pelotón verific[ó] en [l]a guardia del cantón preguntando si habían visto salir a alguien con la descripción del [s]uboficial y el

[s]uboficial de [a]dministración respondió que s[í] que salió a hacer una llamada frente al batallón. […] (sic para toda la cita).

visto salir a alguien con la descripción del [s]uboficial y el [s]uboficial de [a]dministración respondió que s[í] que salió a hacer una llamada frente al batallón. […] (sic para toda la cita).

1. Informe de 19 de abril de 2010 (f. 11 del cuaderno principal 1), firmado por el accionante y dirigido al subteniente Andrés Felipe Aguilera Acosta, comandante del pelotón de comunicaciones, en el que expone sobre «[…] los hechos ocurridos el día 13 de abril del 2010, yo […] me disponía a buscar un baño y me resbal[é] y me tronch[é] el brazo con un desagüe de agua el cual se encuentra en cemento ubicado en el patio de alojamiento de transeúntes del batallón Caicedo ubicado en [C]haparral Tolima dejándome el accidente con fractura del radio del brazo izquierdo […]».

1. Oficio 5377MDN-CE-JEOPE-BRCOM-BACOM1-S1 de 21 de abril de 2010 (ff. 12 a 14 del cuaderno principal 1), con el que el sargento primero Rafael Antonio Nossa Ramírez, jefe de personal del batallón de comunicaciones 1 del Ejército Nacional, remite al comandante de ese batallón los documentos allegados por el actor referentes a su estado de salud que dan cuenta de una excusa del servicio y la epicrisis expedida por la dir