CE - 012333000201400324021SENTENCIASENTENCIA20230524093249

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Radicación: 19001-23-33-000-2014-00324-02 (1725-2020)

Demandante: Diego María Benachí Morera

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.

Radicación: 19001-23-33-000-2014-00324-02 (1725-2020)

Demandante: Diego María Benachí Morera

Demandado: Departamento del Cauca, Asamblea Departamental

Temas: Prestaciones sociales diputados. Reliquidación de las cesantías. Condena en costas de primera in stancia.

CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demand ante, contra la sentencia pr oferida el veintiocho ( 28) de noviembre de dos mil diecinueve (2019) por el Tribunal Administrativo del Cauca, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

El señor DIEGO MARÍA BENACHÍ MORERA, obrando por medio de apoderado debidamente constituido, instauró demanda en contra de l DEPARTAMENTO

negaron las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

El señor DIEGO MARÍA BENACHÍ MORERA, obrando por medio de apoderado debidamente constituido, instauró demanda en contra de l DEPARTAMENTO DEL CAUCA, ASAMBLEA DEPARTAMENTAL, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y con el fin de que se acceda a las siguientes:

Pretensiones1

1. Que se declare la nulidad de la Resolución 044 del 27 de diciembre de 2.013, suscrita por el presidente de la Asamblea del Cauca, mediante la cual se negó el reconocimiento y pago de los derechos salariales y prestacionales reclamados.

1 Folios 1 a 2.2

Radicado: 19001-23-33-000-2014-00324-02 (1725-2020)

Demandante: Diego María Benachí Morera

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2. Que a título de restablecimiento del derecho, se condene al departamento del Cauca, Asamblea, a reconocer y pagar las vacaciones, las primas de servicios y de vacaciones por los años 2009, 2010 y 2011.

3. Que se reconozca el 12% de los intereses a las cesantías de 2010 y 2011, y reliquidar las cesantías de dichas anualidades, devengadas en su condición de diputado, incluyendo los factores salariales que fueron omitidos al realizar la

reliquidar las cesantías de dichas anualidades, devengadas en su condición de diputado, incluyendo los factores salariales que fueron omitidos al realizar la liquidación, tales como prima de vacaciones, prima de servicios, bonificación por servicios prestados, etc.

4. Que se pague un día de salario por el retardo en el pago completo del auxilio de cesantías de los años 2010 y 2011; y se condene en costas a la demandada.

HECHOS

1. Que e l señor Diego María Benachí Morera resultó elegido popular mente como diputado del departamento del Cauca para el período 2.008-2.011 y tomó posesión de ese empleo el 1 ° de enero de 2008 , el cual ocupó hasta el 31 de diciembre de 2 .011; además, estuvo afiliado al fondo privado de cesantías

Horizonte.

2. Que d urante los años 2 .010 y 2 .011, al interesado se le cancelaron los siguientes elementos o factores salariales: asignación básica y prima de navidad.

3. Que a l liquidar las cesantías por los años 2 .010 y 2 .011, la Asamblea no expidió el acto administrativo como lo ordena la ley , y aquellas tan solo se efectuaron con base en la asignación básica y la prima de navidad, última de las cuales se liq uidó en forma incorrecta toda vez que no se incluyeron, para ese efecto, la prima de vacaciones y demás factores salariales que la integran.

4. Que en los años 2 .009, 2 .010 y 2 .011 no se le pagaron las vacaciones, primas de vacaciones, primas de servicios e intereses sobre las cesantías.

4. Que en los años 2 .009, 2 .010 y 2 .011 no se le pagaron las vacaciones, primas de vacaciones, primas de servicios e intereses sobre las cesantías.

5. Que e l 17 de diciembre de 2 .013, el demandante solicitó a la Asamblea del3

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Demandante: Diego María Benachí Morera

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Cauca l a reliquidación y pago de las vacaciones, primas de vacaciones y de servicios de las anualidades 2.009, 2.010 y 2.011; la reliquidación de cesantías de 2.010 y 2 .011 y la sanción por mora en el pago completo de las cesantías durante los dos últimos años señalados.

5. Que e l presidente de la Asamblea del Cauca por medio de Resolución 044 del 27 de diciembre de 2 .013, resolvió de forma negativa la petición. Tal decisión se notificó el 10 de enero de 2014.

6. Que d e acuerdo con las normas que rigen la mater ia, la entidad debe reconocer el equivalente a un día de salario por cada día de retraso en el pago completo de las cesantías; por ende, procede ese reconocimiento desde el 15 de febrero de 2 .010 y el 15 de febrero de 2 .011; a sí como las vacaciones, primas de vacaciones y de servicios de los años 2 .009, 2.010 y 2.011, más los

de febrero de 2 .010 y el 15 de febrero de 2 .011; a sí como las vacaciones, primas de vacaciones y de servicios de los años 2 .009, 2.010 y 2.011, más los intereses del 12 % sobre las cesantías de 2.010 y 2.011.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida mediante auto del 8 de agosto de 2.014 y notificada a la entidad demanda da, quien contestó la demanda 2, manifestando que el acto administrativo demandado está ajustado a derecho, toda vez que el régimen que aplica a los diputados prevé que estos gozarán de iguales prestaciones sociales que las consagradas para los servidores p úblicos en la Ley 6ª de 1945 y demás que la adicionen o reformen y, como no se ha expedido una norma diferente que rija la materia en el caso de dicho personal, se deben someter a lo allí ordenado.

Propuso como excepciones las de de caducidad de la acció n3 y falta de legitimación en la causa por pasiva.

Se celebró audiencia inicial el día 28 de noviembre de 2.019, en la cual se fijó el litigio y luego de agotado el per íodo probatorio y de dar traslado a las partes para que alegaran de conclusión, se dict ó sentencia en la etapa procesal en

2 Folios 49 a 59. 3 Al respecto se destaca que, en audiencia inicial llevada a cabo el 7 de diciembre de 2015, se declaró no probada (folios 164 a 165), decisión que fue confirmada por esta Corporación a través de providencia del 27 de junio de 2019 al desatar el recurso de apelación (folios 183 a 185 vuelto).4

declaró no probada (folios 164 a 165), decisión que fue confirmada por esta Corporación a través de providencia del 27 de junio de 2019 al desatar el recurso de apelación (folios 183 a 185 vuelto).4

Radicado: 19001-23-33-000-2014-00324-02 (1725-2020)

Demandante: Diego María Benachí Morera

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co comento, la cual fue apelada dentro del término oportuno por el demandante.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN4

El Tribunal Administrativo del Cauca , mediante sentencia proferida el 28 de noviembre de 2.019, denegó las pretensiones de la demanda, indicando que el régimen prestacional de los diputados estableció que aquellos gozarían de las prestaciones sociales previstas en la Ley 6ª de 1.945, lo que fue reiterado en los Decretos 1723 de 1.964 y 1222 de 1.986.

Que el dem andante se des empeñó como diputado entre el 1 ° de enero de 2.008 y el 31 de d iciembre de 2 .011, y que para los años 2 .010 y 2 .011, la Asamblea le pagó la asignación básica, la prima de navidad y las cesantías.

Que l os factores que la entidad demandada tuv o en cuenta para liquidar las cesantías fueron la asignación básica y la prima de navidad.

Que en sentencia C-700 de 2010, la Corte Constitucional atendió las objeciones formuladas por el Gobierno Nacional, por vicios de constitucionalidad, y declaró

cesantías fueron la asignación básica y la prima de navidad.

Que en sentencia C-700 de 2010, la Corte Constitucional atendió las objeciones formuladas por el Gobierno Nacional, por vicios de constitucionalidad, y declaró la inexequibilidad del proyecto de ley por medio del cual se pretendía regular el régimen prestacional de los diputados. Así pues, los diputados no cuentan actualmente con una normativa prestacional propia, por lo que su situación se sigue gobernando por la Le y 6ª de 1 .945 y las normas que la han adicionado, hasta tanto el legislador emita la regulación correspondiente.

Que si bien a partir de la Ley 1871 de 2 .017, se reguló el régimen prestacional de los diputados, tal disposición no puede aplicarse en el asunto bajo estudio de manera retroactiva, porque para la época de expedición del acto administrativo demandado (2.013), no se había proferido dicha normativa.

Que n i la Ley 6ª de 1.945 ni sus normas que la modificaron previeron las vacaciones, la prima de vacaciones y la prima de servicios como factores salariales, lo que impide el reconocimiento y pago de dichos emolumentos a los diputados, por ausencia de norma legal que así lo establezca. En consecuencia, bajo el entendido de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, tampoco es

4 Minuto 46:12 a 59:26 del cd obrante a folio 204 bis.5

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co posible ordenar la reliquidación del auxilio de cesantías.

Finalmente, condenó en costas a la parte demandante.

RECURSO DE APELACIÓN5

Inconforme con la decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación en los siguientes términos:

Que la Ley 48 de 1.962 y los Decretos 1723 de 1.964 y 1222 de 1.986 coinciden en establecer que los diputados gozarán del régimen establecido para los servidores públicos en la Ley 6ª de 1 .945 y las disposiciones que la adicionen o modifiquen; por ello, no se acepta que el tribunal hubie se limitado, la aplicación exclusiva del artículo 17 de la Ley 6ª ibidem y hubiera desconocido lo previsto en el artículo 12, literal e) ejusdem, modificado por el artículo 5 de la Ley 64 de 1.946, pues debió realizar una interpretación sistemática del ordenamiento jurídico; de lo contrario, sacrificaría normas jurídicas que determinan el actual régimen prestacional de los diputados.

Que la Ley 6ª de 1.945 sufrió una modificación tácita a partir de l o dispuesto en los Decretos 3135 de 1 .968, 1042 y 1045 de 1.978; por ello, es inadmisible que no se hagan extensivas para los diputados la s regulaciones allí previstas, máxime cuando de conformidad con lo previsto en el artículo 299 superior, aquellos se encuentran amparados por un régimen de prestaciones y seguridad

no se hagan extensivas para los diputados la s regulaciones allí previstas, máxime cuando de conformidad con lo previsto en el artículo 299 superior, aquellos se encuentran amparados por un régimen de prestaciones y seguridad social en los términos que fije la ley.

Que lo anterior quiere decir que como hasta la fecha no se ha adoptado una ley que fije el régimen de prestaciones y seguridad social de los diputados, se debe acudir a las normas que regulaban el tema y que estaban vigentes al 4 de julio de 1991, entre ellas, la Ley 48 de 1 .962, en cuyo artículo 7 señaló que le s eran aplicables, en materia de prestaciones e indemnizaciones sociales, la Ley 6ª de 1.945 y las demás disposiciones que la adicionen o reformen, lo que se replicó en el Decreto 1222 de 1.986.

5 Folios 207 a 214.6

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Que e n razón de lo expuesto y como el Decreto 1045 de 1 .978 fijó reglas generales para la aplicación de las normas sobre prestaciones sociales a los empleados públicos y trabajadores oficiales del sector nacional se debe entender que este adicionó y reformó el régimen de prestaciones sociales de los servidores públicos consagrado en la Ley 6ª de 1 .945 y, por ende, se debe aplicar esta disposición y los Decr etos los 3135 de 1 .968 y el 1042 de 1 .978 a

los servidores públicos consagrado en la Ley 6ª de 1 .945 y, por ende, se debe aplicar esta disposición y los Decr etos los 3135 de 1 .968 y el 1042 de 1 .978 a los servidores del nivel territorial, como son los diputados, en cuanto estos también adicionaron o reformaron la aludida ley.

Que l os diputados no pueden ser los únicos servidores públicos que aún continúen am parados por la Ley 6ª de 1 .945, cuando los demás se han beneficiado de los regímenes modernos y, en particular, de los Decretos 3135 de 1.968 y 1045 de 1.978, que modificaron tácitamente la aludida ley; por ende, se debe aplicar por igualdad y favorabilidad, tal normativa.

Que no se demostró la causación de las costas, por lo que no existe sustento para imponerlas, en caso de confirmarse el proveído.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La parte demandante reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación6.

La parte demandada y el ministerio público no intervinieron en el desarrollo de esta etapa procesal7.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cuestión previa

La Sala debe precisar que, de conformidad con lo previsto en los artículos 320 8

6 Índice 13 de la plataforma Samai. 7 Según constancia secretarial visible a folio 228. 8 El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión.7

8 El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión.7

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co y 3289 del Código Genera l del Proceso ( CGP), la competencia del juzgador de segunda instancia, cuando se trata de apelante único, está delimitada por los motivos de apelación expresados por el recurrente; en consecuencia, el análisis en el sub lite tan solo se circunscribirá a decidir si al señor Diego María Benachí Morera le asiste el derecho al reconocimiento y pago de las vacaciones y las primas de servicios y de vacaciones y a la reliquidación de sus cesantías con inclusión de los anteriores factores.

La aclaración previa resulta oportuna toda vez que, en las pretensiones de la demanda, se solicitó además de la reliquidación de las cesantías de 2010 y 2011, devengadas en su condición de diputado, incluyendo los factores salariales que fueron omitidos al realizar la liquidación , tales como prima de vacaciones, prima de servicios, bonificación por servicios prestados, entre otras; el reconocimiento de los intereses a las cesantías y la sanción moratoria por el pago tardío de estas, en cuanto se habrían reconocido incompletas debi do a que no se incluyeron los factores aludidos10.

el reconocimiento de los intereses a las cesantías y la sanción moratoria por el pago tardío de estas, en cuanto se habrían reconocido incompletas debi do a que no se incluyeron los factores aludidos10.

Sin embargo, el recurso de alzada tan solo se centró en reclamar la aplicación del régimen prestacional de la Ley 6ª de 1 .945, la cual se debía entender modificada o adicionada por los Decretos 3135 de 1 .968, 1042 de 1.978 y 1045 de 1.978, pero, en momento alguno refirió argumentos orientados a cuestionar la decisión respecto de los intereses a las cesantías y sanción moratoria pretendidos en la demanda11.

Que, en consecuencia, se deberá establecer si el de mandante tiene derecho a i) el reconocimiento y pago de las vacaciones y las primas de vacaciones y de servicios con base en la normativa que rige a los empleado s públicos del orden nacional; ii) la reliquidación de las cesantías con inclusión de los f actores previamente enunciados; iii) la procedencia de condena en costas en primera instancia.

9 El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. 10 Ver folios 1 a 2. 11 Ver recurso de apelación visible de folios 207 a 214.8

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Marco normativo y jurisprudencial

La remuneración de los diputados

La Ley 48 de 1962, «por la cual se fijan unas asignaciones, se aclara la Ley 172 de 1959, y se dictan otras disposiciones », en su artículo 7, estableció que los miembros de las Asambleas gozarán de las mismas prestaciones e indemnizaciones sociales consagradas para los servidores públicos en la Ley 6.ª de 1.945 y demás disposiciones que la adicionen o reformen.

El Decreto 1723 de 1 .964, por el cual se reglamentó la ley anterior, en su artículo 6.º reiteró lo dispuesto en el artículo 7 de la ley citada.

El igual sentido, el Decreto Ley 1222 de 1.986, «por el cual se expide el Código de Régimen D epartamental», en su artículo 56, dispuso que los miembros de las Asambleas Departamentales gozarían de las prestaciones e indemnizaciones sociales consagradas para los servidores públicos en la Ley 6.ª de 1 .945 y normas que la adicionen o reformen.

Ahora bien, la Ley 6. ª de 1945, «por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial de trabajo », en el artículo 17, señaló las prestaciones sociales de que eran beneficiarios los empleados y obreros nacionales y que, por disposición de la Ley 48 de 1 .962 y su decreto reglamentario, se hicieron extensivos a los

especial de trabajo », en el artículo 17, señaló las prestaciones sociales de que eran beneficiarios los empleados y obreros nacionales y que, por disposición de la Ley 48 de 1 .962 y su decreto reglamentario, se hicieron extensivos a los diputados, y comprenden:

«a) Auxilio de cesantía a razón de un mes de sueldo o jornal por cada año de servicio. Para la liquidación de este auxilio solamente se tendrá en cuenta el tiempo de servicios prestados con posterioridad al 1 de enero de 1942.

b) Pensión vitalicia de jubilación, cuando el empleado u obrero haya llegado o llegue a cincuenta (50) años de edad, después de veinte (20) años de servicio continuo o discontinuo, equivalente a las dos terceras partes del promedio de sueldos o jornales devengados, sin bajar de treinta pesos ($30) ni exceder de doscientos pesos ($200) en cada mes. La pensión de jubilación excluye el auxilio de cesantía, menos en cuanto a los anticipos, liquidaciones parciales o préstamos que se le hayan hecho lícitamente al trabajador, cuya cuantía se ira deduciendo de la pensión de jubilación en cuotas que no excedan del 20% de cada pensión.

c) Pensión de invalidez al empleado u obrero que haya perdido su capacidad de trabajo para toda ocupación u oficio, mientras dure la incapacidad, equivalente a9

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la totalidad del último sueldo o salario devengado, sin bajar de cincuenta pesos ($50) ni exceder de doscientos pesos ($200).

La pensión de invalidez excluye la cesantía y la pensión de jubilación.

d) Seguro por muerte del empleado u obrero, equivalente a la cesantía que le hubiere correspondido y que se pagará a sus beneficiarios o herederos.

e) Auxilio por enfermedad no profesional contraída por el empleado u obrero en desempeño de sus funciones, hasta por ciento ochenta (180) días de incapacidad comprobada para trabajar, así: las dos terceras partes del sueldo o jornal durante los primeros (90) días, y la mitad por el tiempo restante.

f) Asistencia médica, farmacéutica, quirúrgica y hospitalaria en los casos a que haya lugar, sin pasar de seis (6) meses.

g) Los gastos indispensables del entierro del empleado u obrero.

Parágrafo.- Los empleados que hayan prestado sus servicios al Congreso durante veinte legislaturas continúas o discontinuas, tendrán derecho a todas las prestaciones sociales contenidas en este artículo.».

La Ley 4ª de 1 .966, en su artículo 11 12, además, incluyó el derecho a devengar la prima de navidad.

Con posterioridad a tales disposiciones, se promulgó la Constitución Política de 1.991, en cuyo artículo 299 estableció lo siguiente:

«Artículo 299.- En cada departamento habrá una corporación administrativa de elección popular que se denominará asamblea departamental, la cual estará

1.991, en cuyo artículo 299 estableció lo siguiente:

«Artículo 299.- En cada departamento habrá una corporación administrativa de elección popular que se denominará asamblea departamental, la cual estará integrada por no menos de once miembros ni más de treinta y uno.

El Consejo Nacional Electoral podrá formar dentro de los límites de cada departamento, con base en su población, cír culos para la elección de diputados, previo concepto de la Comisión de Ordenamiento Territorial. El régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los diputados será fijado por la ley. No podrá ser menos estricto que el señalado para los congresistas en lo que corresponda. Los diputados no tendrán la calidad de funcionarios públicos. El período de los diputados será de tres años, con las limitaciones que establezca la ley, tendrán derecho a honorarios con su asistencia a las sesiones correspondientes.». (Se destaca).

El artículo en cita ha sido modificado a través de los Actos Legislativos 01 de 1.996, 02 de 2.002 y 01 de 2.003, que modificó su inciso 1 °; sin embargo, este último fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C -668

12 Artículo 11. - Todos los empleados y obreros de la Nación tendrán derec ho a una Prima de Navidad o bonificación equivalente a un mes de sueldo que corresponde al cargo en 30 de noviembre de cada año, y será pagada en la primera quincena del mes de diciembre.10

Radicado: 19001-23-33-000-2014-00324-02 (1725-2020)

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pagada en la primera quincena del mes de diciembre.10

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de 200413. Finalmente, la norma enunciada fue modificada por el Acto Legislativo 01 de 2007, cuyo texto actual es el siguiente:

«Artículo 299. - En cada departamento habrá una corporación políticoadministrativa de elección popular que se denominará asamblea departamental, la cual estará integrada por no menos de 11 miembros ni más de 31. Dicha corporación gozará de autonomía administrativa y presupuesto propio, y podrá ejercer control político sobre la administración departamental.

El régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los diputados será fijado por la ley. No podrá ser menos estricto que el señalado para los congresistas en lo que corresponda. El período de los diputados será de cuatro años y tendrá la calidad de servidores públicos.

Para ser e legido diputado se requiere ser ciudadano en ejercicio, no haber sido condenado a pena privativa de la libertad, con excepción de los delitos políticos o culposos y haber residido en la respectiva circunscripción electoral durante el año inmediatamente anterior a la fecha de la elección.

Los miembros de la Asamblea Departamental tendrán derecho a una remuneración durante las sesiones correspondientes y estarán amparados por un régimen de prestaciones y seguridad social, en los términos que fijen la ley.». (Resalta la Sala).

Los miembros de la Asamblea Departamental tendrán derecho a una remuneración durante las sesiones correspondientes y estarán amparados por un régimen de prestaciones y seguridad social, en los términos que fijen la ley.». (Resalta la Sala).

En lo que tiene que ver con la remuneración de los diputados, la Ley 617 del 6 de octubre de 2 .000, «por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupue sto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional», en sus artículos 28 y 29, estableció:

«Artículo 28. Remuneración de los Diputados. La remuneración de los diputados de las Asambleas Departamentales por mes de sesiones corresponderá a la siguiente tabla a partir del 2001:

Categoría de departamento Remuneración de diputados Especial 30 smlm Primera 26 smlm Segunda 25 smlm Tercera y cuarta 18 smlm

Artículo 29. Sesiones de las Asambleas. El artículo 1o. de la Ley 56 de 1993, quedará así:

"Artículo 1o. Sesiones de las Asambleas. Las asambleas sesionarán durante seis (6) meses en forma ordinaria, así:

[…] Parágrafo 2o. Los Diputados estarán amparados por el régimen de seguridad social previsto en la Ley 100 de 1993 y sus disposiciones complementarias.

13 M.P. Alfredo Beltrán Sierra.11

[…] Parágrafo 2o. Los Diputados estarán amparados por el régimen de seguridad social previsto en la Ley 100 de 1993 y sus disposiciones complementarias.

13 M.P. Alfredo Beltrán Sierra.11

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En todo caso se les garantizará aseguramiento para salud y pensiones. El Gobierno Nacional reglamentará la materia.». (Negrita fuera de texto).

Finalmente, el legislador, a través de la Ley 1871 de 2 .017 «Por medio de la cual se dictan el régimen de remuneración, prestacional y seguridad social de los miembros de las asambleas departamentales y se dictan otras disposiciones », en sus artículos 3 y 5, determinó lo siguiente:

«Artículo 3°. Régimen prestacional de los diputados. El servidor público que ejerza como diputado tendrá derecho a seguro de vida con cargo a la sección presupuestal del sector central del Departamento y a percibi r las siguientes prestaciones:

1. Auxilio de cesantía e intereses sobre las cesantías, cuya liquidación se orientará por los artículos 3º y 4º de la Ley 5ª de 1969 y el artículo 13 de la Ley 344 de 1996 o por las normas que lo adicionen o modifiquen.

2. Prima de Navidad, se reconocerá de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 4a de 1966.

344 de 1996 o por las normas que lo adicionen o modifiquen.

2. Prima de Navidad, se reconocerá de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 4a de 1966.

Parágrafo 1°. A partir de la presente ley, cada Departamento deberá homologar las prestaciones que hubiere reconocido hasta el momento y reemplazarla con las establecidas en el presente régimen.

Artículo 5°. Derechos de los diputados. Los diputados tendrán derecho a:

1. Vacaciones y prima de vacaciones. La cuantía y término se reconocerá de conformidad con lo establecido en la Decreto número 1045 de 1978 y se hará en forma colectiva. Para el reconocimiento se tendrá en cuenta como si se hubiese sesionado todo el año.

2. Capacitación. Se extenderá a los diputados y directivos de federaciones y confederaciones de diputados lo dispuesto en los artículos 25, 26, 27 y 28 de la Ley 1551 de 2012.

3. Gasto de Viaje. Las asambleas departamentales podrán pagar del rubro de gasto de funcionamiento, los gastos de viajes de sus Diputados con ocasión del cumplimiento de comisiones oficiales dentro y fuera del departamento.».

De conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la ley previamente citada, esta normativa empezó a regir a partir de su publicación, esto es, desde el 12 de octubre de 2.017.

Las cesantías a favor de los diputados

Como se analizó en el acápite anterior, dentro de las prestaciones reconocidas a favor de los diputados están las cesantías, según lo dispuesto en los artículos

de octubre de 2.017.

Las cesantías a favor de los diputados

Como se analizó en el acápite anterior, dentro de las prestaciones reconocidas a favor de los diputados están las cesantías, según lo dispuesto en los artículos 7 de la Ley 48 de 1962, 6 del Decreto 1723 de 1964 y 56 del Decreto Ley 122212

Radicado: 19001-23-33-000-2014-00324-02 (1725-2020)

Demandante: Diego María Benachí Morera

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de 1986 que, a su vez, remiten a la Ley 6.ª de 1945, la cual, en su artículo 17, literal a), consagra el derecho a ese auxilio.

Si bien es cierto en la Ley 6.ª de 1945 la liquidación de esa prestación se consagró bajo el régimen de retroactividad, también lo es que ella ha sufrido modificaciones, entre ellas, en la Ley 5.ª de 1969 14; con posterioridad, y con el propósito de desmontar ese régimen para los servidores públicos del nivel territorial, el legislador expidió primero el Decreto 3118 de 1968 y luego la Ley 344 de 1996, en cuyo artículo 13 estableció:

«Artículo 13. Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley 91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las persona