CE - 012333000201400406011SENTENCIA20230116122534

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., veintiuno (21) de noviembre dos mil veintidós (2022)

RADICACIÓN NÚMERO: 13001233300020140040601 (65.566)

ACTOR: DAVID GARCÍA GÓMEZ

DEMANDADO: NACIÓN-MINISTERIO DE CULTURA Y OTROS

ASUNTO: ACCIÓN POPULAR

Tema: Contrato de arrendamiento sobre un bien de interés cultural, posible violación de los derechos colectivos al patrimonio público y al patrimonio cultural de la Nación.

Procede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos por las demandadas Café del Mar Ltda. y el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, en adelante el Distrito de Cartagena, en contra de la sentencia del 13 de agosto de 2019 (fls. 692 a 703, c. ppal, 2ª instancia) proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión n.º 1, mediante la cual resolvió (fls. 702 y 703, c. ppal, 2ª instancia):

PRIMERO: DECLÁRANSE no probadas las excepciones propuestas por las accionadas; DECLÁRANSE vulnerados los derechos colectivos consagrados en los literales b, d, y e del art. 4 de la Ley 472 de 1998.

SEGUNDO: CONCEDER la protección a los derechos colectivos invocados por el actor popular contemplados en los literales b, d y e, a saber: La moralidad

literales b, d, y e del art. 4 de la Ley 472 de 1998.

SEGUNDO: CONCEDER la protección a los derechos colectivos invocados por el actor popular contemplados en los literales b, d y e, a saber: La moralidad administrativa, el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público y la defensa del patrimonio público -del artículo 4 de la Ley 472 de 1998, de conformidad con lo expuesto.

TERCERO: DECLÁRASE que por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia, el Ministerio de Cultura, el Distrito de Cartagena, el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), la Escuela Taller Cartagena de Indias y Café del Mar Ltda., afectaron los derechos col ectivos consagrados en los literales b, d y e del artículo 4 de la Ley 472 de 1998.

CUARTO: ORDÉNASE al Ministerio de Cultura, al Distrito de Cartagena, al Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), a la Escuela Taller Cartagena de Indias y C afé del Mar Ltda., que en el término de dos (02) meses siguientes a la notificación de este fallo; de acuerdo a sus competencias y funciones normativas y en coordinación con otras entidades encargadas de la vigilancia, control y demás funciones tendientes a la protección de los bienes de interés cultural de la ciudad de Cartagena,

Teniendo en cuenta la naturaleza de la orden dada, exige una planeación tanto técnica como presupuestal, se estima prudente otorgar el plazo anterior.2

Radicación número: 13001233300020140040601(65.566)

Actor: David García Gómez

técnica como presupuestal, se estima prudente otorgar el plazo anterior.2

Radicación número: 13001233300020140040601(65.566) Actor: David García Gómez Demandada: Nación-Ministerio de Cultura y otros Referencia: Apelación sentencia-Acción popular

QUINTO: ORDÉNASE al Ministerio de Cultura, al Distrito de Cartagena, al Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), y a la Escuela Taller Cartagena de Indias, estudiar y verificar los demás contratos de explotación económica de los bienes de interés cultural de la ciudad de Cartagena y si se encontrase anomalías en ellos realizar las acciones correspondientes; NIEGÁNSE las demás pretensiones de la demanda.

SEXTO: CONFORMAR el comité de cumplimiento de la sentencia, el cual estará conformado por el Magistrado, las partes, el Personero del Distrito de Cartagena y el Ministerio Público, esto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 472 de 1998.

SÉPTIMO: Desígnese a la Procuraduría Regional de Bolívar, para que vele por el estricto cumplimiento de esta providencia de conformidad con lo establecido en los artículo 277 numeral 4 de la Constitución Política.

OCTAVO: ENVIAR copia de la presente providencia, a la Defensoría del Pueblo, de acuerdo a lo estipulado en el art. 80 de la Ley 472 de 2011 (sic) y 282 de la

Constitución Política.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La parte actora pretende que, en ejercicio de la acción popular, se declare que las demandadas violaron los derechos colectivos al patrimonio público y a la defensa del

Constitución Política.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La parte actora pretende que, en ejercicio de la acción popular, se declare que las demandadas violaron los derechos colectivos al patrimonio público y a la defensa del patrimonio cultural de la Nación, como quiera que los contratos de arrendamiento suscritos con la sociedad Café del Mar Ltda., sobre el baluarte Santo Domingo, fueron celebrados sin concurrencia plural, sin factores claros de selección objetiva, a precios irrisorios y, además, han conllevado limitaciones ilegales para el uso público.

II. ANTECEDENTES

A. Demanda

1. El 25 de julio de 2014 (fl. 5, c. ppal, 1ª instancia) el señor David García Gómez presentó demanda, en ejercicio de la acción popular, en contra de la Nación -Ministerio de Cultura, el Distrito de Cartagena, el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena y la Escuela Taller Cartagena de Indias y formuló las siguientes pretensiones (fls. 3 y 4, c.

ppal, 1ª instancia):

PRIMERO: Que se declare que con el incumplimiento por parte de CAFÉ DEL MAR LTDA, de las cláusulas del contrato suscrito con la Escuela Taller Cartagena de Indias, se vulneran derechos colectivos al patrimonio público; a la defensa del patrimonio cultural de la Nación.

SEGUNDO: Que se declare que la actitud negligente de las autoridades citadas, por acción u omisión, en cuanto a lo que tiene que ver con la forma y fondo, de lo contenido en el contrato de arriendo de bienes de interés cultural sin número y3

Radicación número: 13001233300020140040601(65.566)

por acción u omisión, en cuanto a lo que tiene que ver con la forma y fondo, de lo contenido en el contrato de arriendo de bienes de interés cultural sin número y3

Radicación número: 13001233300020140040601(65.566) Actor: David García Gómez Demandada: Nación-Ministerio de Cultura y otros Referencia: Apelación sentencia-Acción popular

dudosa vigencia, materializa la vulneración de los referidos derechos colectivos, toda vez que su descuido petrifica y fortalece la acción del particular infractor.

TERCERO: Que se determine que la única forma de restablecer los derechos colectivos vulnerados, es que s e dé por terminado el contrato suscrito con el infractor, y se impongan las sanciones de rigor (cláusula penal), toda vez que ha sido reincidente en las infracciones, siendo algunas gravísimas, si se comprueba que realizó modificaciones en la estructura de la bóveda donde se encuentran los baños.

CUARTO: Que como consecuencia, se ordene a la Escuela Taller Cartagena de Indias declarar terminado el contrato de arrendamiento, exigir el cumplimiento de cláusula (sic), y reclamar la restitución del inmueble al establecimiento de comercio Café del Mar Ltda., para dar cabida a que un nuevo operador le dé buen uso que aquel no ha cumplido.

QUINTO: Que establezca la Escuela Taller Cartagena de Indias, la forma como se determina el canon de arriendo a este baluar te, qué parámetros son tenidos en cuenta, y si guarda concordancia con el arriendo de otros bienes de interés cultural.

2. En los que denominó hechos (fls. 1 a 2, c. ppal, 1ª instancia) , los cuales para mejor

cuenta, y si guarda concordancia con el arriendo de otros bienes de interés cultural.

2. En los que denominó hechos (fls. 1 a 2, c. ppal, 1ª instancia) , los cuales para mejor comprensión del alcance de la presente acción se transcriben en su integridad, la parte actora señaló (fls. 1 a 3, c. ppal, 1ª instancia):

PRIMERO: En junio 29 de 2008, por acciones judiciales falladas en beneficio de la comunidad, la cuales son de amplio conocimiento, de acuerdo con la publicación del periódico el Universal de Cartagena, se expone el caso del establecimiento de comercio CAFÉ DEL MAR LTDA., ocupante del baluarte de Santo Domingo, el cual fue denunciado por obstaculizar con cerramientos, el libre paso de la ciudadanía al mencionado baluarte.

SEGUNDO: Menciona la publicación, que cada uno de los contratos, que celebra la entidad autorizada para tal fin, en este caso la ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS, tiene cláus ulas muy precisas con respecto al uso, como deben ser tratados y cuáles las restricciones que tienen por estar en un monumento de carácter nacional.

TERCERO: En dicha publicación reza un aparte del contrato: Abstenerse de instalar pendones, cortinas; no utilizar la garita para actividades propias del negocio particular que funcionara en el inmueble, no se debe alterar el visual exterior del monumento y se debe permitir la libre circulación y visitas de la ciudadanía.

CUARTO: En mi condición de ACTOR POP ULAR, al observar que varias de las cláusulas anteriormente mencionadas no son respetadas por el establecimiento de

monumento y se debe permitir la libre circulación y visitas de la ciudadanía.

CUARTO: En mi condición de ACTOR POP ULAR, al observar que varias de las cláusulas anteriormente mencionadas no son respetadas por el establecimiento de comercio CAFÉ DEL MAR LTDA., solicité por derecho de petición a la ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS, copia del contrato suscrito por la en tidad, con el establecimiento de comercio mencionado, además advertimos a esa misma entidad la vulneración de los derechos colectivos por parte del establecimiento CAFÉ DEL MAR LTDA. y hasta la fecha de hoy no hemos visto ninguna acción frente a lo denunciado, de igual forma nos dirigimos al MINISTERIO DE CULTURA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y AL INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA DE CARTAGENA, sin obtener respuesta por parte de estos entes gubernamentales.

En la misma medida se le hizo saber al establecimiento de comercio denominado CAFÉ DEL MAR LTDA. que venían incurriendo que su accionar (sic) vulnera intereses colectivos, además de que incumplen el contrato suscrito con la ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS, pero la situación continúa igual, no4

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se han tomado los correctivos, además de que nunca se dio respuesta a nuestra solicitud.

QUINTO: En fecha 22 de abril del año en curso, se suministran diecisiete (17) copias de un contrato sin número, el cual rige desde el año 2012, y no está claro si se encuentra vigente.

solicitud.

QUINTO: En fecha 22 de abril del año en curso, se suministran diecisiete (17) copias de un contrato sin número, el cual rige desde el año 2012, y no está claro si se encuentra vigente.

SEXTO: Respecto al contrato suscrito con esa persona jurídica, nos asaltan varias dudas, primero bajo qué criterio o parámetros, se cobra un canon de arrendamiento a nuestro juicio totalmente i rrisorio teniendo en cuenta la cantidad de metros cuadrados dos mil diez metros cuadrados (2.010 m2) versus la cifra que se está cobrando de cinco millones veintiocho mil trescientos noventa y tres pesos ($5.028.393), en uno de los lugares de mayor cotizac ión de Colombia, y cuando otros sitios administrados por la ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS cancelan mucho más teniendo en cuenta las proporciones sobre metros cuadrados, será que eso valores se determinan a dedo o existe otro ítem que pueda establecer los cobros de arriendo sobre BIENES DE INTERÉS CULTURAL de carácter nacional.

SÉPTIMO: Otro asunto que se debe aclarar, es la forma cómo se escoge a la persona que va a usufructuar los bienes de la Nación, vemos que en nuestra tierra se discrimina a sus nacionales y se privilegia al extranjero; en el certificado de existencia y repr esentación legal del establecimiento de comercio Café del Mar Ltda., aparece como socio mayoritario y dueño el ciudadano extranjero PETER KREILL ¿Tendrían los cartageneros oportunidad para operar en arriendo un bien de estos? Realmente es discriminatorio q ue se convoque al público en general cuando se va a otorgar un contrato de estos.

KREILL ¿Tendrían los cartageneros oportunidad para operar en arriendo un bien de estos? Realmente es discriminatorio q ue se convoque al público en general cuando se va a otorgar un contrato de estos.

OCTAVO: No obstante todo lo anterior, el uso que se le da a ese baluarte que es de todos, atenta contra los derechos colectivos; resulta que se han instalado unas cortinas plásticas, entre otras cosas horribles que no permiten el libre tránsito de las personas, la garita está siendo utilizada por el establecimiento comercial para su uso, además que al parecer, la bóveda donde funcionan los baños fue intervenida o modificada en sus medidas originales, y dicho baños, no son de libre acceso como lo establece el contrato, sino que solo es permitido el acceso de los clientes, y de aquellos que tienen que pagar el alto costo que se ha establecido para el uso de los mismos.

NOVENO: Ante la pasividad del suscrito actuante en calidad de actor popular procedió a presentar los hechos mencionados, con fecha 30 de mayo de 2014 a la Escuela Taller de Cartagena de Indias, y con fecha junio 5 de 2014 a la Dirección del Patrimonio del Minist erio de Cultura, a fin de que se protegieran los derechos colectivos vulnerados y, en su defecto, constituir la renuencia necesaria para la presente acción.

DÉCIMO: Hasta la fecha, las autoridades mencionadas, teniendo conocimiento de la grave transgresi ón del señor PETER KREILL y su establecimiento comercial CAFÉ DEL MAR LTDA., se han mantenido al margen de sus deberes de defensa del patrimonio cultural e histórico de la Nación y en especial de la ciudad de

Cartagena de Indias.

CAFÉ DEL MAR LTDA., se han mantenido al margen de sus deberes de defensa del patrimonio cultural e histórico de la Nación y en especial de la ciudad de Cartagena de Indias.

Ahora bien, no cabe duda de que los monumentos o baluartes constituidos por el cordón amurallado del centro histórico de Cartagena de Indias, representan para toda la comunidad, inclusive internacional, así fue declarado por la UNESCO, patrimonio invaluable. Patrimonio que se ent iende tanto cultural como histórico y arquitectónico. Es justamente este gran patrimonio el que se encuentra siendo vulnerado y cuya vulneración no cesará hasta tanto no vuelvan las cosas a su estado en que debieron siempre estar, esto es, de conformidad con el cumplimiento de un contrato, su clausulado, y la normatividad que rige para todos los baluartes y monumentos.5

Radicación número: 13001233300020140040601(65.566) Actor: David García Gómez Demandada: Nación-Ministerio de Cultura y otros Referencia: Apelación sentencia-Acción popular

B. Trámite de primera instancia

4. El 29 de julio de 2014, el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Cartagena remitió la demanda por competencia al Tribunal Administrativo de Bolívar (fls. 43, c. ppal, 1ª instancia).

5. El 28 de julio de 2014, el Tribunal a quo admitió la demanda (fls. 1140 y 1141, c. ppal 2, 1ª instancia) y ordenó notificar a la Nación-Ministerio de Cultura, al Distrito de Cartagena, al Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, a la Escuela Taller Cartagena de

1ª instancia) y ordenó notificar a la Nación-Ministerio de Cultura, al Distrito de Cartagena, al Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, a la Escuela Taller Cartagena de Indias y a la sociedad Café del Mar Ltda., así como al Ministerio Público y al Defensor del Pueblo e informar a todos los miembros de la comunidad (fls. 45 y 46, c. ppal, 1ª instancia).

6. La Nación-Ministerio de Cultura, en su contestación de la demanda (fls. 242 a 250, c. ppal 2, 1ª instancia) , precisó que de conformidad con las Leyes 397 de 1997 y 1185 de 2008, únicamente, está encargado de la declaratoria y manejo de los monumentos y los bienes de interés cultural de carácter nacional. Que el manejo se limitaba a la orientación técnica para los e fectos del mantenimiento del Patrimonio Cultural de la Nación y la competencia para autorizar o denegar cualquier intervención que se pretenda hacer en estos bienes o sus áreas de influencia.

6.1. Sostuvo que no fue parte del contrato cuestionado, razón por la cual mal haría en salir a responder sobre eventuales incumplimientos, imposición de sanciones u otras figuras que corresponden a las partes de dicho acuerdo. Igualmente, estimó que el juez popular tampoco es el llamado a solucionar las controversias de tipo contractual, sino el juez del contrato.

6.2. Afirmó que el contrato no es entre entidades públicas, razón por la cual esta jurisdicción no es a la que le corresponde el conocimiento de la presente acción.

6.3. Propuso, con base en lo expuesto, la falta de legitimación en la causa, pero precisó

jurisdicción no es a la que le corresponde el conocimiento de la presente acción.

6.3. Propuso, con base en lo expuesto, la falta de legitimación en la causa, pero precisó que “no le corresponde ser emplazado a ser parte pasiva dentro de la presente acción, pero sí está obligado a prestar todo el apoyo técnico, en lo que esté a su alcance, así como dar la colaboración que sea necesaria, tanto a su despacho como a las partes involucradas o afectadas” (fl. 249, c. ppal 2, 1ª instancia).6

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7. El Distrito de Cartagena (fls. 252 a 256, c. ppal 2, 1ª instancia) precisó que la Escuela Taller Cartagena de Indias, que suscribió el contrato cuestionado, es un establecimiento público y, por lo tanto, dada su descentralización, es el que debe responder directamente por los hechos que se reprochan.

7.1. Señaló que el baluarte Santo Domingo es un bien de interés cultural de propiedad de la Nación, que fue entregado en administración por parte del Ministerio de Cultura a la Escuela Taller Cartagena de Indias, según el contrato inte radministrativo de comodato n.º 2199 de 2012.

7.2. En desarrollo del citado contrato interadministrativo, la Escuela Taller Cartagena de Indias celebró un contrato de arrendamiento con la sociedad Café del Mar Ltda. y, por consiguiente, es la llamada a responder por cualquier afectación que dicho acuerdo hubiera podido causar.

de Indias celebró un contrato de arrendamiento con la sociedad Café del Mar Ltda. y, por consiguiente, es la llamada a responder por cualquier afectación que dicho acuerdo hubiera podido causar.

7.3. Con base en lo expuesto, propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.

8. La Escuela Taller Cartagena de Indias (fls. 277 a 284, c. ppal 2, 1ª instancia) se opuso a la declaratoria de incumplimiento del contrato suscrito con la sociedad Café del Mar Ltda., como quiera que no ha iniciado ninguna acción contractual con tal finalidad.

Igualmente, puso de presente que el estado del baluarte Santo Domingo se encuentra en perfectas condiciones, toda vez que el contrato de arrendamiento suscrito para el efecto se ha cumplido a cabalidad.

8.1. Precisó que los baños del baluarte Santo Domingo fueron entregados a la fundación Mujeres Emprendedoras de Cartagena, desde el 6 de mayo de 2013, una agrupación de mujeres cabeza de familia, que cumple con todas las exigencias para la conservación de dichos espacios.

8.2. Señaló que ha respondido todas las solicitudes del actor, en las cuales ha precisado que la Escuela obró en cumplimiento del marco legal que le permite celebrar directamente los contratos de arrendamiento, como el que aquí se cuestiona.

9. El Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (fls. 303 a 308, c. ppal 2, 1ª instancia) señaló que no está d entro de sus funciones el manejo y administración de los monumentos nacionales, como el baluarte Santo Domingo, sino que es competencia7

Radicación número: 13001233300020140040601(65.566)

señaló que no está d entro de sus funciones el manejo y administración de los monumentos nacionales, como el baluarte Santo Domingo, sino que es competencia7

Radicación número: 13001233300020140040601(65.566) Actor: David García Gómez Demandada: Nación-Ministerio de Cultura y otros Referencia: Apelación sentencia-Acción popular

del Ministerio de Cultura, el que a su vez entregó su administración a la Escuela Taller Cartagena de Indias a través de un contrato interadministrativo. Con base en lo anterior, estimó probada la falta de legitimación en la causa por pasiva.

10. La sociedad Café del Mar Ltda. (fls. 58 a 83, c. ppal 1, 1ª instancia) sostuvo que ha cumplido con las obligaciones surgidas del arrendamiento del baluarte Santo Domingo.

Afirmó que la estructura de las bóvedas, donde se encuentran los baños, no ha sido modificada, pero, con aprobación de la Sociedad de Mejoras Públicas de Cartagena y el Consejo de Monumentos Nacionales, los baños fueron renovados, incluso, con la intervención como arquitecto del hoy padre del accionante, quien además fue representante legal de la sociedad demandada. Precisó que dichos baños están hoy entregados a una fundación de mujeres cabezas de familia.

10.1. Estimó que la presente acción está motivada por la enemistad del actor con uno de los socios de Café del Mar Ltda., el señor Peter Kreill, al punto que su finalidad es simplemente cambiar el operador privado. Esta enemistad se generó por los problemas de propiedad de una terraza en el edificio donde vivían el mencionado señor y el actor.

simplemente cambiar el operador privado. Esta enemistad se generó por los problemas de propiedad de una terraza en el edificio donde vivían el mencionado señor y el actor.

10.2. Precisó que en la única acción popular adelantada en contra de la sociedad demandada (2006-0650), el Juzgado Segundo Administrativo de Cartagena declaró la licitud del contrato celebrado entre la Escuela Taller Cartagena de Indias y la pluricitada sociedad; sin embargo, dicha sentencia, que no fue apelada, ordenó a Café del Mar Ltda. retirar unas materas que obstaculizaban el acceso al público, lo cual se cumplió.

10.3. Negó que se tuviera algún tipo de publicidad en los muros o lugares visibles, por cuanto esto estaba prohibido en la cláusula sexta, parágrafo primero, literales i) y k) del contrato. El precio fue fijado con base en las condiciones pactadas en el contrato, entre las cuales se incluyó el mantenimiento de toda la zona, la cual es de libre acceso a todos los transeúntes y tan sólo el 50% restante es la dedicada a la explotación comercial.

10.4. Estimó desafortunada la afirmación de la demanda, e n cuanto tilda de ilegal y discriminatoria la adjudicación del contrato de arrendamiento, cuando en los términos de la Ley 1150 de 2007 se puede contratar directamente, sin que medie invitación pública. Con mayor razón, si el padre del accionante fue el re presentante legal de la sociedad que se demanda.8

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sociedad que se demanda.8

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10.5. Recalcó que el baluarte, antes de que les fuera entregado en arrendamiento, era una zona peligrosa y abandonada, situación que cambió por completo, hasta el punto de convertirse en un lugar insignia del turismo en Cartagena.

11. El 13 de abril de 2015 se llevó a cabo la audiencia especial de pacto de cumplimiento, sin ningún acuerdo (fls. 403 a 406, c. ppal 3, 1ª instancia).

12. El 17 de marzo de 2016, además de negar la solicitud de desistimiento de la presente acción por parte del actor popular y la sociedad Café del Mar Ltda. (fls. 409 a 414, c. ppal 3, 1ª instancia) , se decretaron las pruebas solicitadas por las partes (fls. 423 a 426, c. ppal 3, 1ª instancia) . El Distrito de Cartagena solicitó que el costo de la prueba pericial decretada lo asumieran las partes del contrato de arrendamiento cuestionado o, en su defecto, el Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos (fls. 439 a 441, c. ppal 3, 1ª instancia). El a quo repuso su auto para ordenar que los gastos los asumieran ambas partes, pero que el 50% de la carga del demandante, fuera cubierto por el citado Fondo (fls. 508 a 510, c. ppal 3, 1ª instancia).

13. El 30 de abril de 2018, el a quo, además de prescindir de la práctica del dictamen

por el citado Fondo (fls. 508 a 510, c. ppal 3, 1ª instancia).

13. El 30 de abril de 2018, el a quo, además de prescindir de la práctica del dictamen pericial, por la falta de pago de los gastos por parte del Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, corrió traslado para alegar de conclusión (fls. 502 y rev., c. ppal 3, 1ª instancia).

13.1. El Ministerio de Cultura solicitó un pronunciamiento de fondo sobre las imputaciones del actor, con el fin de tomar las medidas a que hubiere lugar (fls. 588 a 590, c. ppal 3, 1ª instancia).

13.2. La Escuela Taller Cartagena de Indias, además de reiterar sus argumentos de defensa, señaló que presentó una demanda contractual para determinar el incumplimiento de la sociedad Café del Mar Ltda. (fls. 595 a 599, c. ppal 3, 1ª instancia).

13.3. Café del Mar y el Distrito de Cartagena reiteraron los a rgumentos de sus intervenciones, con fundamento en las pruebas allegadas (fls. 648 a 662, c. ppal 4, 1ª instancia).

13.4. El Ministerio Público (fls. 629 a 647, c. ppal 4, 1ª instancia) , después de precisar la naturaleza de bien de interés cultural destinado al espacio público, estimó que, en línea con la jurisprudencia de esta Corporación, estaba prohibido el arrendamiento de este9

Radicación número: 13001233300020140040601(65.566)

Actor: David García Gómez Demandada: Nación-Ministerio de Cultura y otros

con la jurisprudencia de esta Corporación, estaba prohibido el arrendamiento de este9

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tipo de inmuebles y, por lo tanto, debía declararse su nulidad absoluta, con mayor razón si se tenía en cuenta que dicho contrato tenía cláusula de renovación automática. Con base en lo anterior, solicitó que se declarara la violación al derecho colectivo a la moralidad administrativa, aun cuando el actor no lo solicitó, en atención a las facultades oficiosas del juez popular.

C. La sentencia de primera instancia

14. El 13 de agosto de 2019 (fls. 692 a 706, c. ppal, 2ª instancia) , el Tribunal a quo declaró vulnerados los derechos colectivos a la moralidad administrativa, el goce del espacio público, la utilización y defensa de los bienes de uso público y la defensa del patrimonio público.

14.1. En primer lugar, sostuvo que las excepciones se diri gían a atacar el fondo del presente asunto y, por lo tanto, se resolverían al desatarlo. Por otro lado, consideró que el contrato de arrendamiento de 2012, suscrito entre la Escuela Taller Cartagena de Indias y la firma Café del Mar Ltda., tuvo por objeto entregarle a este último el goce sobre 2.010 metros cuadrados del bien de interés cultural de la Nación denominado baluarte Santo Domingo, por un valor mensual de $7.327.819 para el año 2016.

14.2. Sostuvo que aunque es posible legalmente dar en arrendam iento ese tipo de

baluarte Santo Domingo, por un valor mensual de $7.327.819 para el año 2016.

14.2. Sostuvo que aunque es posible legalmente dar en arrendam iento ese tipo de inmuebles, el valor pagado a título de arrendamiento resultaba irrisorio respecto de las características del mismo. Apoyó esta conclusión en el avalúo realizado por el Instituto Agustín Codazzi, en adelante IGAC, que demuestra, a su juici o, que el valor pactado está muy por debajo del valor mínimo legal para esta clase de bienes y, por lo tanto, es lesivo para el patrimonio público.

14.3. Descartó que existiera modificación de la estructura del bien y concluyó que es posible en el marco de esta acción revisar la actuación contractual de las entidades públicas, aunque la noticia de estas posibles vulneraciones provengan de un tercero, en atención a la autonomía de la presente acción.

14.4. Finalmente, determinó que debían responder por estas conductas el Ministerio de Cultura, por ser la entidad encargada de administrar este tipo de bienes; el Distrito de Cartagena, como quiera que “tiene la obligación constitucional” ; el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena “por ser el rector de la Política Cultural del Distrito”;10

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la Escuela Taller Cartagena de Indias y Café del Mar Ltda., como administradora y explotadora del bien inmueble, respectivamente (fl. 702, c. ppal, 2ª instancia).

15. El magistrado Luis Miguel Villalobos Álvarez salvó su voto, por cuanto consideró

explotadora del bien inmueble, respectivamente (fl. 702, c. ppal, 2ª instancia).

15. El magistrado Luis Miguel Villalobos Álvarez salvó su voto, por cuanto consideró que no hay pruebas para concluir que el valor del arrendamiento fuera lesivo para el patrimonio público, por cuanto el método utilizado por el IGAC fue el de comparación y mercado, con base en el cual se fijó el costo de reposición por metro cuadrado del baluarte Santo Domingo, “más no el valor del cánon que correspondería pagar por metro2, por concepto de arrendamiento de dicho inmueble” (fl. 705, c. ppal, 2ª instancia).

15.1. Sostuvo que “no existe claridad, acerca d e cuál es el valor del canon de arrendamiento que debería pagar Café del Mar Ltda. por el uso del bien de interés cultural, máxime cuando en materia comercial no existe norma legal que establezca un rango mínimo o máximo del valor del cánon”