CE - 012333000201400553021SENTENCIA20231124122549

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Sentencia segunda instancia __________________________________________________________________

Asunto

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el 6 de agosto de 2018 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Conjueces 1, por medio de la cual accedió a las pretensiones de la demanda.

Antecedentes 1.1. La demanda 1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, Yohela Flórez Rúa presentó demanda en orden a que se:

• Inaplicara el Acuerdo PSAA11 -8596 del 19 de septiembre de 2011 del Consejo Superior de la Judicatura, en lo que se refiere a la creación del empleo que

1 Mediante auto del 23 de octubre de 2014, la Sección Segunda del Consejo de Estado declaró fundado el impedimento manifestado por los magistrados del Tribunal Administrativo del Atlántico por la causal de recusación prevista en el numeral 1.° del artículo 150 del CPC «concordante con el

fundado el impedimento manifestado por los magistrados del Tribunal Administrativo del Atlántico por la causal de recusación prevista en el numeral 1.° del artículo 150 del CPC «concordante con el artículo 130 y 131 de la Ley 1437 de 2011]» y ordenó el sorteo de conjueces. 2 En adelante CPACA.

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 08001-23-33-000-2014-00553-02 (5506-2019)

Demandante: Yohela Flórez Rúa

Demandado: Nación, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva

de Administración Judicial

Tema: Nivelación salarial del cargo de abogado asesor grado 23 de tribunal judicial2

Radicado: 08001-23-33-000-2014-00553-02 (5506-2019)

Demandante: Yohela Flórez Rúa

Demandante: denominó «abogado asesor» en cuanto le asignó el grado 23, en un despacho de magistrado de descongestión del Tribunal Administrativo del Atlántico.

• Declarara la nulidad de los siguientes actos administrativos: i) Oficio DES-002419 del 2 de septiembre de 2013, por medio de la cual la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla negó la solicitud de re conocimiento y pago del salario establecido para el cargo de «abogado asesor» sin grado de tribunal judicial, en los términos de los decretos 1039 de 2011 y 874 de 2012, así como la reliquidación de las prestaciones sociales causadas ; y ii) Resolución 5594 del 20 de noviembre de 2013, por la cual el director ejecutivo de administración nacional

reliquidación de las prestaciones sociales causadas ; y ii) Resolución 5594 del 20 de noviembre de 2013, por la cual el director ejecutivo de administración nacional confirmó la anterior decisión al resolver el recurso de apelación interpuesto contra la decisión anterior.

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó que i) se condenara a la demandada a reconocer y pagar la diferencia salarial y prestacional entre lo que percibió como «abogado asesor grado 23» y lo que debía recibir según el salario establecido para el cargo de «abogado asesor» sin grado en el Decreto 0874 de 2012 desde el 4 de agosto de 2011 ; ii) se pagaran las sumas adeudadas con la respectiva indexación; y iii) se cumpliera la sentencia en los términos de los artículos 187, 192 y 195 ibidem.

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes se señalaron los siguientes3:

• Mediante Resolución 0080 del 4 de agosto de 2011 Yohela Flórez Rúa fue nombrada en el cargo de abogado asesor grado 23 de despacho en el Tribunal Administrativo del Atlántico y su nombramiento fue prorrogado en virtud de la Resolución 0088 del 29 de junio de 2012.

• El 17 de julio de 2013 le solicitó a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Barranquilla el reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestacionales causadas desde su vinculación, respecto de la asignación dispuesta por los decretos expedidos po r el gobierno nacional para el empleo de abogado asesor sin grado.

Seccional Barranquilla el reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestacionales causadas desde su vinculación, respecto de la asignación dispuesta por los decretos expedidos po r el gobierno nacional para el empleo de abogado asesor sin grado.

• Por medio del Oficio 002419 del 2 de septiembre de 2013 la Dirección Ejecutiva negó su petición , porque existían diferencias entre la asignación de los cargos nominados y los que tienen escalas de remuneración.

3 Folios 3 a 6.3

Radicado: 08001-23-33-000-2014-00553-02 (5506-2019)

Demandante: Yohela Flórez Rúa

Demandante: - Contra la anterior decisión interpuso recurso de apelación , la cual fue confirmada por el director ejecutivo de administración judicial con la Resolución 5594 del 20 de noviembre de 2013, notificada personal mente el 12 de diciembre del mismo año , porque, en su sentir, el cargo que ocupaba la peticionaria fue creado con denominación y grado, de manera que su remuneración correspond ía al grado 23 señalado en el Decreto 1039 de 2011.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se invocaron los artículos 2, 6, 25, 53 y 122 de la Constitución Política; 152-7 de la Ley 270 de 1996; y los decretos 1039 de 2011 y 0874 de 2012.

En cuanto al concepto de violación, expuso que los actos acusados están viciados de nulidad por los siguientes defectos4:

• Desconocimiento de las normas en que debieron fundarse

En cuanto al concepto de violación, expuso que los actos acusados están viciados de nulidad por los siguientes defectos4:

• Desconocimiento de las normas en que debieron fundarse

Las disposiciones constitucionales se transgredieron porque con los actos acusados no se está protegiendo el trabajo, como derecho fundamental de los empleados públicos, quienes tienen la posibilidad de exigir del Estado que ofrezca condiciones dignas y justas, en los términos de artículo 25 Superior. Además, el artículo 53 de la Carta prevé el derecho a una remuneración mínima, vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad del trabajo y a unos beneficios mínimos establecidos por normas laborales, los cuales son irrenunciables.

En toda planta de personal, incluso en la Rama Judicial, los cargos se encuentran clasificados por niveles y determinados por una denominación, código y grado. Sin embargo, es posible que un empleo solo tenga la primera (denominación) y no los últimos (código y grado). Es decir, no puede existir un cargo público sin denominación. Es este el ca so de los abogados asesores de tribunal judicial, que se concibieron solo con la denominación, sin grado de remuneración.

En esas condiciones, l a entidad demandada interpretó de forma errónea los decretos 1039 de 2011 y 0874 de 2012 , en los que el gobierno nacional fijó la remuneración mensual para el «abogado asesor» de tribunal judicial, el cual no tiene grado y determinó en forma expresa la aplicación subsidiaria de las escalas señaladas en el artículo 6 de los mencionados decretos , entre ella s la del «grado 23», pero ello solo en el evento en el que la denominación del cargo no se hubiere

grado y determinó en forma expresa la aplicación subsidiaria de las escalas señaladas en el artículo 6 de los mencionados decretos , entre ella s la del «grado 23», pero ello solo en el evento en el que la denominación del cargo no se hubiere señalado en los artículos anteriores5. Por consiguiente, la entidad demandada no le

4 Folios 7 a 13. 5 Artículo 6.4

Radicado: 08001-23-33-000-2014-00553-02 (5506-2019)

Demandante: Yohela Flórez Rúa

Demandante: pagó el salario que legalmente le correspondía a la solicitante por desempeñarse como abogado asesor en el Tribunal Administrativo del Atlántico.

• Falsa motivación

Los actos administrativos por los cuales se negó la petición de la solicitante se motivaron en los acuerdos proferidos por el Consejo Superior de la Judicatura que, a su vez, desconocieron la existencia del cargo de abogado asesor y la remuneración que dispuso el gobierno nacional en desarrollo de la Ley 4.ª de 1992, por lo tanto, no se ajustaron a derecho.

1.2. Contestación de la demanda

La Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial contestó la demanda y se opuso a las pretensiones. Para tal efecto, se pronunció en los siguientes términos6:

• De conformidad con la Ley 270 de 1996 el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, está facultado para adoptar las medidas temporales o transitorias cuando exista congestión en los despachos judiciales, entre ellas la creación de cargos de jueces, magistrados y otros servidores.

Administrativa, está facultado para adoptar las medidas temporales o transitorias cuando exista congestión en los despachos judiciales, entre ellas la creación de cargos de jueces, magistrados y otros servidores.

• A través del Acuerdo PSAA11-8596 de 2011, el Consejo Superior de la Judicatura creó el cargo de abogado asesor grado 23 y no el de abogado asesor. El Decreto 1039 de 201 1 estableció la escala de remuneración salarial de los servidores públicos de la Rama Judicial y señaló la asignación de $3.845.934 para el de abogado asesor grado 23, que es precisamente el salario que pagó a la demandante en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6 del mencionado decreto 1039 de

2011.

• En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 4.ª de 1992, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial no puede establecer o modificar el régimen salarial de los servidores de la Rama Judicial, pues cualquier disposición en contrario carecería de todo efecto y no crearía derechos adquiridos. En consecuencia, no ha dado un alcance diferente de los decretos que fijan los salarios de los empleados de la Rama Judicial al reconocer la remuneración prevista para el abogado asesor grado 23 a la demandante.

Asimismo, propuso las siguientes excepciones:

6 Folios 88 a 92.5

Radicado: 08001-23-33-000-2014-00553-02 (5506-2019)

Demandante: Yohela Flórez Rúa

Demandante: - Inexistencia de daño imputable a la Dirección Seccional de Administración Judicial:

Radicado: 08001-23-33-000-2014-00553-02 (5506-2019)

Demandante: Yohela Flórez Rúa

Demandante: - Inexistencia de daño imputable a la Dirección Seccional de Administración Judicial: no se ha causado daño ni perjuicio alguno a la parte actora, por lo tanto, no se puede declarar la responsabilidad patrimonial de la entidad, puesto que todas sus actuaciones se ajustaron a derecho.

• Pago de lo no debido: no expuso razonamientos que la sustentaran.

• Innominada: pidió que se declare cualquier excepción que se encontrara probada.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Atlántico, en sentencia proferida el 6 de agosto de 2018 accedió a las pretensiones de la demanda. Para tal efecto se pronunció en estos términos7:

• Según los artículos 256 y 257 de la Constitución Política, el Consejo Superior de

la Judicatura, Sala Administrativa, tiene la función de administrar la carrera judicial, crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la administración de la Rama Judicial y dictar los reglam entos necesarios para el funcionamiento eficaz de la administración de justicia. Asimismo, el artículo 85 -9 de la Ley 270 de 1996 prevé que le corresponde determinar la estructura y las plantas de personal de las corporaciones y juzgados.

• La Ley 1285 de 2009, en el artículo 63 , instauró un Plan Nacional de Descongestión, con fundamento en el cual el Consejo Superior de la Judicatura creó, de manera transitoria, el cargo de abogado asesor grado 23 en cada uno de

• La Ley 1285 de 2009, en el artículo 63 , instauró un Plan Nacional de Descongestión, con fundamento en el cual el Consejo Superior de la Judicatura creó, de manera transitoria, el cargo de abogado asesor grado 23 en cada uno de los 6 despachos que integran el Tribunal Adm inistrativo del Atlántico , el cual se prorrogó.

• Por otra parte, e l gobierno nacional tiene la competencia para fijar el régimen salarial y prestacional de los servidores de la Rama Judicial (artículos 150, numeral 19, literal e), de la Constitución Política y 8 de la Ley 4.ª de 1992).

• En desarrollo de la Ley 4.ª de 1992, el gobierno nacional expidió los decretos 1039 de 2011 y 874 de 2012 , por los cuales definió , para esas anualidades, el régimen salarial y prestacional de los servidores de la Rama Judicial. En el artículo 4-2 fijó la escala salarial para los empleados de los tribunales judiciales e incluyó el cargo de abogado asesor con una remuneración específica . En el artículo 6 estableció una tabla de valores salariales por grado , aplicable a los empleos cuya denominación no estuviera señalada en los artículos anteriores. En ese listado genérico se ubicó

7 Folios 124 a 34.6

Radicado: 08001-23-33-000-2014-00553-02 (5506-2019)

Demandante: Yohela Flórez Rúa

Demandante: el grado 23, que tiene una asignación salarial inferior a la prevista para e l cargo de abogado asesor, indicado en el artículo 4 de esos decretos.

Demandante: Yohela Flórez Rúa

Demandante: el grado 23, que tiene una asignación salarial inferior a la prevista para e l cargo de abogado asesor, indicado en el artículo 4 de esos decretos.

• El Consejo Superior de la Judicatura no podía asignarle grado al cargo de abogado asesor porque su denominación « se encuentra dentro de los empleos existentes en la estructura de la entidad, siempre y cuando se respeten las normas salariales proferidas por el Gobierno Nacional para tal efecto» (sic).

• Existe una incoherencia entre lo regulado por los decretos salariales expedidos por el gobierno nacional y el Acuerdo PSAA11-8596 de 2011 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura . Este último no podía abrogarse una competencia para establecer la remuneración del cargo de abogado asesor de tribunal y mucho menos imponerle grados. Ello conlleva el desconocimiento de la potestad exclusiva del presidente de la República , según lo reglado por la Ley 4.ª de 1992 y la Constitución Política. En consecuencia, la demandante ha venido devengando una asignación inferior a la que le corresponde como abogado asesor.

• Según el Consejo de Estado, a los cargos de los despachos judiciales para los cuales el Decreto 57 de 1993 definió una asignación como nominados el Consejo Superior de la Judicatura no puede determinarles grados de remuneración, pues esta última corporació n no tiene competencia para modificar el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos que los desempeñan, toda vez que se trata de una atribución exclusiva del ejecutivo8.

esta última corporació n no tiene competencia para modificar el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos que los desempeñan, toda vez que se trata de una atribución exclusiva del ejecutivo8.

• Por lo anterior, el a quo: i) inaplicó por inconstitucional la expresión «grado 23» contenida en el artículo 1 del Acuerdo PSAA11-8596 del 19 de septiembre de 2011; ii) anuló los actos administrativos acusados; iii) a título de restablecimiento del derecho, condenó a la Rama Judicial a reconocer y pagar desde la fecha de vinculación, las diferencias salariales y prestacionales existentes entre el cargo de «abogado asesor» y el de «grado 23», de conformidad con los decretos 1039 de 2011 y 874 de 2012 expedidos por el gobierno nacional y los subsiguientes que lo s modificaron, durante el tiempo de vinculación en el empleo, con la respectiva indexación, sin que operara el fenómeno de la prescripción; y iv) no condenó en costas a la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

1.4. El recurso de apelación

8 Citó: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de febrero de 2012, radicación: 05001233100020030244801(2135-2010).7

Radicado: 08001-23-33-000-2014-00553-02 (5506-2019)

Demandante: Yohela Flórez Rúa

Demandante: La parte demandada interpuso recurso de apelación con el fin de que se revocara la decisión de primera instancia y para tal efecto argumentó lo siguiente9:

Demandante: Yohela Flórez Rúa

Demandante: La parte demandada interpuso recurso de apelación con el fin de que se revocara la decisión de primera instancia y para tal efecto argumentó lo siguiente9:

• El Consejo Superior de la Judicatura es un ente de origen constitucional,

encargado de reglamentar lo concerniente a la carrera judicial. En ejercicio de la potestad reglamentaria atribuida por la Norma Superior10 y la LEAJ11, está facultado para expedir actos administrativos de carácter general con el fin de materializar el enunciado abstracto de la ley y lograr su cumplida ejecución12.

• En virtud de esta potestad de regulación y de su autonomía administrativa, adoptó las medidas pertinentes para ejecutar el plan nacional de descongestión (artículo 63 ibidem), entre ellas, la creación con carácter transitorio de cargos y la vinculación de empleados judiciales, de acuerdo con la ley de presupuesto. Al efecto, por medio de sus funciones administrativas y con base en las necesidades de la jurisdicción y especialidad determinó que el cargo que se debía crear inicialmente de manera transitoria para descongestionar los tribunales administrativos era el de «abogado asesor grado 23» el cual no hace relación al de «abogado asesor» innominado, sino que se determinó un g rado específico cuya remuneración es proporcional a las funciones y responsabilidades del empleo.

• A partir de la vigencia del Acuerdo PSAA15 -10402 de 2015 a la fecha, existe en los despachos de los tribunales administrativos y superiores «el empleo de abogado asesor grado 23 y no el de “abogado asesor” puesto que desde su creación ha sido muy

los despachos de los tribunales administrativos y superiores «el empleo de abogado asesor grado 23 y no el de “abogado asesor” puesto que desde su creación ha sido muy clara su denominación, la cual no se asimila a la de la Ley 4° de 1992 sino a la que estableció el Consejo Superior de la Judicatura dentro de su autonomía administr ativa brindada en la Constitución Política y en la ley estatutaria de administración de justicia» (sic).

1.5. Intervenciones en segunda instancia

Mediante auto del 11 de diciembre de 2019, notificado el 14 de febrero de 202013, se admitió el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. Por auto del 6 de diciembre de 2021, notificado el 28 de enero de 2022, se corrió traslado para que las partes alegaran de conclusión14.

9 Folios 223 a 225. 10 En los artículos 256, numeral 1 y 257, numeral 3. 11 Artículo 85, numerales 17 y 22. 12 Al respecto citó: - Consejo de Estado, Sección Segunda, fallo del 15 de abril de 2004, radicación 565-99. - Corte Constitucional, sentencias C-228 de 1993 y C-350 de 1997. 13 Folio 159 vto. 14 Folio 169.8

Radicado: 08001-23-33-000-2014-00553-02 (5506-2019)

Demandante: Yohela Flórez Rúa

Demandante:

La demandante presentó escrito de alegatos, en el cual ratificó las pretensiones de la demanda, con fundamento en los argumentos en ella contenidos, de acuerdo con

Demandante: Yohela Flórez Rúa

Demandante:

La demandante presentó escrito de alegatos, en el cual ratificó las pretensiones de la demanda, con fundamento en los argumentos en ella contenidos, de acuerdo con los cuales ha venido recibiendo una asignación salarial inferior a la que le corresponde como abogado asesor de tribunal administrativo15.

La Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial intervino para reiterar que se debe re vocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda16.

El Ministerio Público no intervino en esta etapa procesal.

2. Consideraciones

2.2. El problema jurídico

Se circunscribe a resolver el siguiente interrogante:

¿El Consejo Superior de la Judicatura se excedió en el ejercicio de sus competencias constitucionales y legales al asignarle el grado 23 al empleo de «abogado asesor» y si con ello modificó el régimen salarial y prestacional establecido por los decretos anuales expedidos por el gobierno nacional para dicho cargo?

Para su resolución se abordarán los siguientes temas: i) la autoridad competente para fijar el régimen salarial y prestacional de los cargos de la Rama Judicial; ii) la competencia del Consejo Superior de la Judicatura para la creación de cargos de la Rama Judicial; y iii) estudio del caso concreto.

2.3. Marco normativo. Con el propósito de solucionar el problema jurídico planteado, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo aplicable al caso concreto.

2.3.1. Autoridad competente para fijar el régimen salarial y prestacional de los cargos de la Rama Judicial

planteado, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo aplicable al caso concreto.

2.3.1. Autoridad competente para fijar el régimen salarial y prestacional de los cargos de la Rama Judicial

La Constitución Política previó en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f), como atribución del Congr eso de la República aquella concerniente a dictar las normas generales y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debía sujetarse el

15 Índice 27 de SAMAI. 16 Índice 24, 25 y 26 de SAMAI9

Radicado: 08001-23-33-000-2014-00553-02 (5506-2019)

Demandante: Yohela Flórez Rúa

Demandante: gobierno para efectos de fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos17.

En desarrollo de esta potestad, el Congreso expidió la Ley 4 .ª de 199218, en cuyo artículo 1 otorgó al gobierno nacional facultades extraordinarias para que, con sujeción a las normas, criterios y objetivos contenidos en la citada ley, fijara el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos de la Rama Judicial 19. A su vez, el parágrafo del artículo 14 ejusdem dispuso que el ejecutivo revisaría el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o reclasific ación en atención a criterios como el de equidad. Con base en ello, se expidieron anualmente los decretos en materia salarial y prestacional de dichos empleados.

En efecto, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 4 .ª de 1992, se

Con base en ello, se expidieron anualmente los decretos en materia salarial y prestacional de dichos empleados.

En efecto, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 4 .ª de 1992, se expidió el Decreto 57 del 7 de enero de 1993 20, en el cual el presidente de la República estableció el régimen salarial de los servidores públicos de la Rama Judicial. En el artículo 1 dispuso que sería de obligatorio cumplimiento para quienes se vincularan al servic io con posterioridad a su vigencia y que no se tendría en cuenta para la determinación de la remuneración de otros funcionarios de cualquiera de las otras ramas, organismos o instituciones del sector público.

El artículo 2 ibidem preceptuó que los servido res públicos vinculados a la Rama Judicial y a la Justicia Penal Militar podían optar por una sola vez, antes del 28 de febrero de 1993, por el régimen salarial y prestacional establecido en el Decreto 57 de 1993 y advirtió que quienes no se acogieran a aquel, continuarían rigiéndose por las normas vigentes a esa fecha.

17 «Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: (…)

19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse

el Gobierno para los siguientes efectos: (…) e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública […]» 18 Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los

Nacional y la Fuerza Pública […]» 18 Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política. 19 «Artículo 1.- El Gobierno Nacional, con sujeción a las normas, criterios y objetivos contenidos en esta Ley, fijará el régimen salarial y prestacional de: (…) b. Los empleados del Congreso Nacional, la Rama Judicial, el Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación, la Organización Electoral y la Contraloría General de la República […]» (se resalta) 20 «Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar y se dictan otras disposiciones».10

Radicado: 08001-23-33-000-2014-00553-02 (5506-2019)

Demandante: Yohela Flórez Rúa

Demandante:

El artículo 3 señaló lo siguiente:

«A partir del 1º de enero de 1993 la remuneración mensual de los empleados de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar será la siguiente: […]

2.- Para los siguientes empleos de los Tribunales Judiciales, del Tribunal Superior Militar y de los Consejos Seccionales de la Judicatura: […] Abogado asesor $1.125.000 […]»

[…]

2.- Para los siguientes empleos de los Tribunales Judiciales, del Tribunal Superior Militar y de los Consejos Seccionales de la Judicatura: […] Abogado asesor $1.125.000 […]»

El artículo 4 previó que la remuneración mensual para los empleos de la Rama Judicial y la Justicia Penal Militar cuya denominación del cargo no estuviera señalada en el artículo anterior, se regiría por la escala allí establecida.

El artículo 11 señaló: «[l]a incorporación del personal a los cargos con diferentes grados establecidos en el artículo 3.º se hará con base en los requisitos y condiciones establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura».

Posteriormente, el gobierno nacional expidió los decretos 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995, 65 de 1998, 388 de 2006, 657 de 2008, 1388 de 2010, 1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013, 194 de 2014, 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013 de 2017, 337 de 2018 y 991 de 201921. En ellos fijó las remuneraciones anuales de los empleados de la Rama Judicial que no se acogieron al régimen salarial y prestacional establecido en el Decreto 57 de 1993, entre ellos el de abogado asesor de tribunal judicial.

21 Por medio de estos decretos se reguló el «[…]régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar». En cada anualidad se determinó la remuneración mensual del cargo abogado asesor, así: Decreto Año Remuneración mensual

públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar». En cada anualidad se determinó la remuneración mensual del cargo abogado asesor, así: Decreto Año Remuneración mensual Decreto Año Remuneración mensual 106/94 1994 $1.361.250 618/07 2007 $4.131.340 43/95 1995 $1.606.275 658/08 2008 $4.366.414 36/96 1996 $1.847.217 723/09 2009 $4.744.983 76/97 1997 $1.994.995 1388/10 2010 $4.982.233 64/98 1998 $2.476.551 1039/11 2011 $5.140.170 44/99 1999 $2.798.503 874/12 2012 $5.397.179 2740/00 2000 $3.056.805 1024/13 2013 $5.582.842 2720/01 2001 $ 3.133.226 194/14 2014 $5.746.978 673/02 2002 $ 3.296.789 1257/15 2015 $6.014.797 (4.66%) 3569/03 2003 $ 3.425.364 245/16 2016 $6.482.146 (7.77%) 4172/04 2004 $ 3.568.887 1013/17 2017 $6.919.690 (6.75%) 936/05 2005 $3.765.176 337/18 2018 $7.271.902 (5.09%) 389/06 2006 $3.953.435 991/19 2019 $7.599.137 (4.5%)11

936/05 2005 $3.765.176 337/18 2018 $7.271.902 (5.09%) 389/06 2006 $3.953.435 991/19 2019 $7.599.137 (4.5%)11

Radicado: 08001-23-33-000-2014-00553-02 (5506-2019)

Demandante: Yohela Flórez Rúa

Demandante:

El Decreto 1039 de 201122 que fijó la remuneración mensual de ese año, estableció en su artículo 4 lo siguiente:

«A partir del 1.° de enero de 2011, la remuneración mensual de los empleos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar será la siguiente:(…)

2. Para los siguientes empleos de los Tribunales Judiciales, del Tribunal Superior Militar y de los Consejos Seccionales de la Judicatura:

Abogado Asesor 5.140.170 […]».

De igual forma, en su artículo 6 fijó la escala de remuneración mensual de los diferentes grados, para los empleos de la Rama Judicial y la Justicia Penal Militar cuya denominación del cargo no estuviese señalada en los artículos anteriores del citado decreto.

En esa anualidad (2011), inició la implementación del Plan Nacional de Descongestión a nivel nacional 23 y se expidió el Acuerdo PSAA12 -9139 del 17 de enero de 2012 24 con base en este se profirieron varios acuerdos 25 mediante los

22 «Por el cual se dictan unas disposiciones en materia salarial y prestacional para los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar y se dictan otras disposiciones».

22 «Por el cual se dictan unas disposiciones en materia salarial y prestacional para los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar y se dictan otras disposiciones». 23 Durante esta época se expidieron varios acuerdos que adoptaron medidas de descongestión, entre otros, los a cuerdos PSAA11 -8531; PSAA11 -8532; PSAA11 -8533; PSAA11 -8534; PSAA118535; PSAA11-8536; PSAA11-8537; PSAA11-8538; PSAA11-8539; PSAA11-8540; PSAA11-8541; PSAA11-8542; PSAA11 -8543; PSAA11 -8544; PSAA11 -8545; PSAA11 -8546; PSAA11 -8547; PSAA11-8548; PSAA11 -8549; PSAA11 -8550; PSAA11 -8551; PSAA11 -8552; PSAA11 -8553; PSAA11-8554; PSAA11 -8555; PSAA11 -8556; PSAA11 -8557; PSAA11 -8558; PSAA11 -8559; PSAA11-8560; PSAA11 -8561; PSAA11 -8562; PSAA11 -8563; PSAA11 -8564;