CE - 012333000201400677011SENTENCIASENTENCIA20231101192531

Radicado: 76001-23-33-000-2014-00677-01 (68162)

Demandante: Municipio de Santiago de Cali

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá, D.C., cuatro (04) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Radicado número: 76001-23-33-000-2014-00677-01 (68162)

Demandante: Municipio de Santiago de Cali.

Demandado: Jhon Maro Rodríguez Flórez.

Referencia: Medio de control con pretensión de repetición.

Tema 1: Pretensión de repetición. Subtema 1.1. Presupuestos del recurso de apelación – exigencia de carga argumentativa que no se satisface con la mera reiteración de las razones expuestas en el curso de la primera instancia, bien sea en la demanda o en la contestación.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección, con fundamento en el acta número 15 del cinco (5) de mayo de dos mil cinco (2005)1, resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte accionante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el treinta (30) de julio de dos mil veintiuno (2021), que negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS

El municipio de Santiago de Cali fue condenado al pago de los salarios y demás emolumentos dejados de percibir por una servidora pública, como consecuencia de

de la demanda.

I. SÍNTESIS

El municipio de Santiago de Cali fue condenado al pago de los salarios y demás emolumentos dejados de percibir por una servidora pública, como consecuencia de la declaración de nulidad de l decreto con el que, el actual demandado, declaró la insubsistencia tácita del nombramiento de dicha funcionaria. Pretende que la suma pagada en cumplimiento de esa condena sea reembolsada por el ex funcionario, al que le atribuye un actuar gravemente culposo . S in embargo, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en la sentencia de primera i nstancia, negó aquella pretensión, decisión que fue apelada por el extremo actor con fundamento en los mismos argumentos planteados en la demanda.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

El tres (3) de julio de dos mil catorce (2014)2, el entonces municipio de Santiago de Cali —hoy Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali3—, en ejercicio del medio de control con pretensión de repetición , presentó demanda en contra del señor Jhon Maro Rodríguez Flórez, con la que pretende que este último, en su condición de ex alcalde municipal

1 En la que la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado aprobó que los procesos de repetición podrían fallarse por las Subsecciones, sin sujeción al turno respectivo, pero respetando el año de ingreso del expediente al Consejo de Estado. 2 Folio 1 a 28 C.1. 3 Según Ley 1933 del 1° de agosto de 2018 , “Por medio de la cual se categoriza al municipio de Santiago de

expediente al Consejo de Estado. 2 Folio 1 a 28 C.1. 3 Según Ley 1933 del 1° de agosto de 2018 , “Por medio de la cual se categoriza al municipio de Santiago de Cali como Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios”.Radicado: 76001-23-33-000-2014-00677-01 (68162)

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de Cali, sea declarado responsable por los perjuicios ocasionados a es a entidad territorial con la condena impuesta por la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia proferida el veintitrés (23) de febrero de dos mil doce (2012) dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral iniciado por la señora Claudia Janeth Sandoval Piñeros en contra de la aquí demandante y, como consecuencia de ello , se le condene al pago de dos mil diez millones novecientos cuarenta y siete mil ochenta y seis pesos M/cte. ($2.010.947.086) , suma de dinero que el ente municipal debió pagar a la señora Sandoval Piñeros en cumplimiento de la aludida orden judicial que, de un lado, declaró la nulidad del acto administrativo mediante el cual el ahora demandado efectuó el nombramiento del señor Jaime Albán Rivera en el empleo que aquella ocupaba y, por otra parte, ordenó la vinculación de esta funcionaria al mismo cargo que desempeñaba o a otro de igual o superior categoría , con el consecuente pago de salarios y prestaciones sociales dejadas de devengar desde el momento de su retiro y hasta la fecha de su reintegro efectivo.

de igual o superior categoría , con el consecuente pago de salarios y prestaciones sociales dejadas de devengar desde el momento de su retiro y hasta la fecha de su reintegro efectivo.

Para la entidad demandante, se encuentran configurados los presupuestos para la prosperidad de la pretensión de repetición por la existencia del fallo condenatorio y el pago de la condena efectuada por el municipio, tanto como por la actuación que a título de culpa grave atribuyó a l señor J hon Maro Rodríguez Flórez , la cual sustentó en los mismos argumentos que sirvieron a e sta jurisdicción para la anulación del aludido acto administrativo cuestionado en sede de legalidad.

2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia

La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de l Valle del Cauca mediante auto de l veintiuno ( 21) de agosto de dos mil catorce ( 2014)4, que fue notificado al demandado5.

El señor Jhon Maro Rodríguez Flórez contestó la demanda, con escrito en el que se opuso a la prosperidad de las pretensiones formuladas 6. Aseguró que su actuación estuvo ceñida a derecho, comoquiera que el cargo que la señora Claudia Janeth Sandoval Piñeros ocupaba en la administración municipal era de aquellos catalogados como de libre nombramiento y remoción y que, fue la falta de cuidado y diligencia de la entidad territorial, por no recurrir el auto que concedió la apelación en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, la que originó el pronunciamiento condenatorio del Consejo de Estado. Incluso, destacó que aun de aceptarse que la sentencia de condena se hallaba desprovista de vicios de nulidad,

en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, la que originó el pronunciamiento condenatorio del Consejo de Estado. Incluso, destacó que aun de aceptarse que la sentencia de condena se hallaba desprovista de vicios de nulidad, la demanda de reembolso en todo caso estaba llamada a fracasar, habida cuenta que la señora Sandoval Piñeros nunca tomó posesión del cargo al cual fue reintegrada en cumplimiento de la sentencia dictada por esta Corporación.

La audiencia inicial fue celebrada el veinticuatro ( 24) de agosto de dos mil diecisiete ( 2017)7, y en esa oportunidad, el Tribunal administrativo de l Valle del Cauca manifestó que el litigio se contraía a establecer si, en el presente asunto, se configuraban los elementos que determina ban la prosperidad de la acción de repetición del Estado contra sus agentes y, por tanto, si le asist ía derecho al municipio de Cali para repetir contra el señor Jhon Maro Rodríguez Flórez, por los perjuicios ocasionados como consecuencia de la condena impuesta, mediante

4 Folio 737 a 738 C. Ppal. 5 Folio 773 C. Ppal. 6 Folio 777 a 781 C. Ppal. 7 Acta de audiencia con su registro de video es visible a folios 825 a 840 C. Ppal.Radicado: 76001-23-33-000-2014-00677-01 (68162)

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sentencia del veintitrés ( 23) de febrero de dos mil doce ( 2012) proferida por el Consejo de Estad o. Posteriormente, el Tribunal a quo decretó las pruebas

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sentencia del veintitrés ( 23) de febrero de dos mil doce ( 2012) proferida por el Consejo de Estad o. Posteriormente, el Tribunal a quo decretó las pruebas documentales aportadas con la demanda y aquellas que fueron solicitadas por el demandado, con excepción del expediente contentivo de la hoja de vida de Claudia Janeth Sandoval Piñeros, que fue solicitada con el escrito de contestación.

La audiencia de pruebas tuvo lugar el día veintiocho (28) de septiembre de dos mil diecisiete ( 2017)8. En esta diligencia, se corri ó traslado a las partes de las pruebas decretadas y recaudadas para su respectiva incorporación al expediente, luego de lo cual el Tribunal prescindió de la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento , y ordenó la presentación de los alegatos de conclusión por escrito , a lo que procedi ó únicamente el extremo demandante , quien reiteró los argumentos expuestos en la demanda9.

2.3. La sentencia recurrida

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en sentencia del treinta (30) de julio de dos mil veintiuno (2021)10, encontró acreditada la existencia de la condena objeto de r epetición, tanto como el pago realizado por la entidad pública en cumplimiento de esa orden judicial y la calidad del demandado como ex agente del Estado. Sin embargo, denotó ausencia de prueba en el expediente que demostrara conducta dolosa o gravemente culposa de l señor Jhon Maro Rodríguez Flórez al momento de expedir el acto declarado nul o, pues más allá de las conclusiones

Estado. Sin embargo, denotó ausencia de prueba en el expediente que demostrara conducta dolosa o gravemente culposa de l señor Jhon Maro Rodríguez Flórez al momento de expedir el acto declarado nul o, pues más allá de las conclusiones contenidas en la sentencia que determinó la ilegalidad de esa manifestación de voluntad, no fueron aportad os elementos de convicción idóneos que permitieran analizar e identificar una conducta malintencionada del agente frente “a dichas falencias e infracciones a la normatividad vigente ”; por lo que negó las pretensiones de la demanda.

2.4. El recurso de apelación

El veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintiuno (2021)11, la entidad demandante presentó escrito con el que, con fundamento en los mismos argumentos expuestos expresamente en la demanda, se alzó en contra de las consideraciones que, en la sentencia de primer grado, sirvieron al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca para negar las pretensiones formuladas en el acto procesal introductorio de la litis.

2.5. Trámite procesal relevante en segunda instancia

Esta Corporación admitió el recurso de apelación, con auto del treinta ( 30) de marzo de dos mil veintidós (2022)12.

El agente del Ministerio Público se abstuvo de rendir concepto en el término previsto en el numeral 6° del artículo 247 del Código Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 202113.

III. PROBLEMA JURÍDICO

en el numeral 6° del artículo 247 del Código Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 202113.

III. PROBLEMA JURÍDICO

8 Acta de la audiencia con su respectivo registro de video obra a folios 845 a 849 C. Ppal. 9 Folio 957 a 960 C. Ppal. 10 Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI. 11 Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI. 12 Índice 4 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI. 13 Índice 9 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI.Radicado: 76001-23-33-000-2014-00677-01 (68162)

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De acuerdo con el artículo 320 del Código General del Proceso (CGP) —aplicable en esta instancia conforme a la jurisprudencia administrativa unificada 14— el “recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión”. En razón a ello, la competencia funcional de la Sala, como juzgador de segunda instancia, se limita a “pronunciarse únicamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley”, como lo prescribe el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP). En el presente asunto, el recurso se entiende interpuesto en vigencia del CGP , toda vez que se presentó el veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintiuno (2021)15, lo que de suyo

asunto, el recurso se entiende interpuesto en vigencia del CGP , toda vez que se presentó el veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintiuno (2021)15, lo que de suyo implica que esta sea la normativa aplicable para su delimitación.

Como la única parte que recurrió en apelación fue la demandante, en principio, la competencia de la Sala estaría restringida a resolver los motivos que en aquella oportunidad procesal fueron propuestos por la entidad territorial, de no ser porque, los argumentos plasmados en el recurso de apelación , hacen necesaria la verificación del cumplimiento de las cargas de sustentación, de cara a las exigencias impuestas por el artículo 322 del Código General del Proceso (CGP), por lo que, en ese orden, resulta pertinente abordar el siguiente interrogante:

¿Desde el punto de vista material, se encuentra debidamente sustentado el recurso de apelación propuesto por el municipio de Santiago de Cali contra la sentencia que, en primera instancia, dictó el Tribunal Administrativo del Caquetá el día treinta (30) de julio de dos mil veintiuno (2021)?

Solo en el evento en que la respuesta a dicho problema sea de signo afirmativo, la Subsección pasará a pronunciarse sobre los argumentos expuestos por la entidad pública y adoptará, si es del caso, las determinaciones a que haya lugar.

IV. CONSIDERACIONES

4.1. Sobre la competencia

La jurisdicción contencioso-administrativa conoce de los procesos de repetición contra agentes que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, hayan originado una condena contra una entidad pública, conforme al artículo 7° de la Ley 678 de

200116. En ese orden, el Consejo de Estado es competente para desatar el recurso

contra agentes que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, hayan originado una condena contra una entidad pública, conforme al artículo 7° de la Ley 678 de

200116. En ese orden, el Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto, según el inciso segundo del artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) , modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021.

4.2. La vigencia del medio de control

14 Consejo de Estado, Sección Tercera. Auto del 25 de junio de 2014, rad. núm. 25000-23-36-000-2012-0039501(IJ). 15 En el caso en concreto, como el recurso de apelación fue interpuesto el 24 de agosto de 2001, este se regirá por las disposiciones que le resulten aplicables contenidas en el Código General del Proceso (CGP) , que empezó a regir el 1 ° de enero de 2014, de acuerdo con lo previsto en el numeral 6 ° del artículo 627 de dicha codificación. 16 Ley 678 de 2001. Artículo 7. “La jurisdicción de lo con tencioso administrativo conocerá de la acción de repetición. (…)”.Radicado: 76001-23-33-000-2014-00677-01 (68162)

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El veintitrés (23) de febrero de dos mil doce (2012) , la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado , declaró la nulidad del decreto por medio del cual el entonces alcalde de Santiago de Cali nombró a Jaime Albán Rivera en reemplazo

Segunda del Consejo de Estado , declaró la nulidad del decreto por medio del cual el entonces alcalde de Santiago de Cali nombró a Jaime Albán Rivera en reemplazo de Claudia Sandoval Piñeros y, como consecuencia de esa declaración, ordenó el reintegro de ésta última al cargo que desempeñaba en la administración municipal o a otro de igual o superior categoría, con el correspondiente pago de los salarios y prestaciones sociales dejadas de devengar desde el momento de su retiro y hasta la fecha en que fuera reintegrada efectivamente al cargo17. Por lo tanto, el plazo de vigencia del presente medio de control comenzó a correr cuando se encontraba en vigor la Ley 678 de 2001, esto es, después del 4 de agosto de ese año 18, definiéndose así dicho término conforme a esta ley.

De acuerdo con el artículo 11 ejusdem —vigente para la presentación de la demanda— y lo establecido por la Corte Constitucional en sentencias C -832 de 200119 y C-394 de 200220, la pretensión de repetición tiene un término de caducidad de dos (2) años, contados a partir del día siguiente a aquel en el que la condena hubiera sido pagada por la entidad o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de diez ( 10) meses previstos en el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)21, según lo prescrito en el texto original del literal l del numeral 2° del artículo 164 ibidem22. Sin embargo, esta Sección de la Corporación ha precisado que el plazo para pagar con que cuenta la entidad pública deberá computarse con arreglo a la antigua codificació n — dieciocho ( 18) meses del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo

esta Sección de la Corporación ha precisado que el plazo para pagar con que cuenta la entidad pública deberá computarse con arreglo a la antigua codificació n — dieciocho ( 18) meses del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo (CCA)— si el proceso que le da base a la repetición se tramitó bajo ese régimen jurídico y se ordenó sufragar la condena en esos términos23.

En este proceso se acreditó que: (i) el municipio de Santiago de Cali fue condenado con sentencia que cobró ejecutoria el dieciocho (18) de m ayo de dos mil doce (2012)24; (ii) la condena fue proferida dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que inició su trámite en vigencia del Código Contencioso Administra tivo (CCA), por lo que dicho ente debía cumplirla en los

17 Copia auténtica de la sentencia es visible en el cuaderno número uno. 18 Según el artículo 31 de la Ley 678 de 2001, “[l]a presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las normas que le sean contrarias” y ésta fue publicada en el Diario Oficial No. 44.509, del 4 de agosto de 2001. 19 “Declarar EXEQUIBLE la expresión ‘contados a partir del día siguiente de la fecha del pago total efectuado por la entidad’, contenida en el numeral 9º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, bajo el entendido que el término de caducidad de la acción empieza a correr, a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago, o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 inciso

entendido que el término de caducidad de la acción empieza a correr, a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago, o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 inciso 4 del Código Contencioso Administrativo”. Corte Constitucional. Sentencia C-832 de 2001. 20 “Tercero.- Declarar EXEQUIBLE por los cargos analizados en esta Sentencia, el segundo inciso del artículo 11 de la Ley 678 de 2001, bajo el entendido que la expresión ‘Cuando el pago se haga en cuotas, el término de caducidad comenzará a contarse desde la f echa del último pago’ contenida en él, se somete al mismo condicionamiento establecido en la Sentencia C-832 de 2001, es decir, que el término de caducidad de la acción empieza a correr, a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago, o, a m ás tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 inciso 4 del Código Contencioso Administrativo”. Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002. 21 CPACA. Artículo 192. “Las condenas impuestas a entidades públicas consistent es en el pago o devolución de una suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de diez (10) meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia. Para tal efecto, el beneficiario deberá presentar la solicitud de pago correspondiente a la entidad obligada”. 22 CPACA. Artículo 164. “(…) l) Cuando se pretenda repetir para recuperar lo pagado como consecuencia de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto, el término será de dos (2) años, contados

22 CPACA. Artículo 164. “(…) l) Cuando se pretenda repetir para recuperar lo pagado como consecuencia de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto, el término será de dos (2) años, contados a partir del día siguiente de la fecha del pago, o, a más tardar desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago de condenas de conformidad con lo previsto en este Código”. 23 Consejo de Estado. Sección Tercera. Auto del 5 de abril de 2017, exp. 58762. 24 Conforme se desprende del oficio expedido por la Alcaldía de Cali, el 7 de noviembre de 2013, visible a folio 642 C.1.Radicado: 76001-23-33-000-2014-00677-01 (68162)

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términos de los artículos 177 y 178 de esa codificación; (iii) la aquí demandante contaba así con un plazo de dieciocho (18) meses para dar cumplimiento a lo fallado y este se cumplió el dieciocho (18) de noviembre de dos mil trece (2013); y (iv) que, de acuerdo con la constancia expedida el 20 de marzo de 2014 por la Subdirectora de Tesorería de Rentas del municipio de Santiago de Cali 25, el pago realizado en cumplimiento de la sentencia condenatoria fue hecho por esa entidad, el día 5 de julio de 2013 . Por lo tanto, en el sub lite, el plazo para presentar la demanda de repetición caducaba el seis (6) de julio de dos mil quince (2015). Como la demanda que inició este proceso fue radicada el tres (3) de julio de dos mil catorce (2014) 26,

repetición caducaba el seis (6) de julio de dos mil quince (2015). Como la demanda que inició este proceso fue radicada el tres (3) de julio de dos mil catorce (2014) 26, se impone concluir que el medio de control fue incoado en forma oportuna.

4.3. La legitimación para la causa

El municipio de Santiago de Cali está legitimado en la causa por activa, por ser el órgano de derecho público que realizó el pago de la condena impuesta por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado , en sentencia del veintitrés (23) de febrero de dos mil doce (2012). Y, aunque la demanda de repetición fue interpuesta con posterioridad al término previsto en el artículo 8° de la Ley 678 de 2001, lo cierto es que dicha norma, como lo ha explicado esta Sección del Consejo de Estado27, en ningún modo dispone que vencidos los seis (6) meses desde el pago de la condena, la entidad afectada pierda competencia para presentar la demanda, pues lo que ocurre es que si aquella no se instaura en dicho periodo, el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia y del Derecho quedan hab ilitados para hacerlo, pero no extingue la posibilidad de que la persona jurídica de derecho público directamente perjudicada ejercite la acción de repetición en el término de dos (2) años antes referi do. Ya en lo que atañe al extremo demandado, el señor Jhon Maro Rodríguez Flórez se encuentra legitimado en la causa por pasiva , pues se demostró que para el momento de los hechos que dieron lugar a l pago de la condena fungía como alcalde del municipio de Cali, y que, en tal calidad, expidió

pues se demostró que para el momento de los hechos que dieron lugar a l pago de la condena fungía como alcalde del municipio de Cali, y que, en tal calidad, expidió el Decreto número 0009 del 1° de enero de 2001, por el cual nombró a Jaime Alban Rivera en reemplazo de la señora Sandoval Piñeros28.

4.4. En relación con el problema jurídico propuesto

El artículo 212 del Código Contencioso Administrativo (CCA), antes y después de la modificación incorporada por el artículo 37 de la Ley 1395 de 2010, exigía a la parte inconforme con la decisión de primera instancia sustentar su impugnación y, por tanto, imponía en cabeza del recurrente la carga de manifestar sus reparos frente a las razones que sirvieron de sustento a la decisión considerada como errónea o contraria a derecho, obligación que posteriormente se mantuvo con la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 201129.

En ese mismo sentido, el artículo 350 del Código de Procedimiento Ci vil (CPC), prescribía que el recurso de apelación tenía por objeto que el superior estudiara la cuestión decidida en la providencia de primer grado , para que la revocara o reformara y, según el artículo 352 ejusdem, “el apelante deb[ía] sustentar el recurso ante el juez o tribunal que deb[iera] resolverlo (…), so pena de que se decla r[ara]

25 La constancia expedida por el ente municipal el 20 de marzo de 2013 obra a folio 73 C.1. 26 Folio 28 C.1. 27 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 6 de julio de 2020, exp. 46808.

26 Folio 28 C.1. 27 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 6 de julio de 2020, exp. 46808. 28 Copia auténtica del Decreto 0009 de 2001 es visible en el cuaderno número uno. 29 CPACA. Artículo 247. “Trámite del recurso de apelación contra sentencias”.Radicado: 76001-23-33-000-2014-00677-01 (68162)

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desierto. Para la sustentación del recurso, ser[ía] suficiente que el recurrente expres[ara], en forma concreta, las razones de su inconformidad con la providencia”, obligación que se mantuvo y reafirmó con la entrada en vigor del Código General del Proceso (CGP)30.

En el presente asunto, la decisión desfavorable a los intereses de la entidad demandante, adoptada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en este proceso de repetición, giró en torno a la ausencia de prueba de la conducta gravemente culposa atribuida a Jhon Maro Rodríguez Flórez al momento de expedir el acto administrativo posteriormente declarado nulo. A esta decisión, como se dijo en acápite previo de esta providencia, reaccionó el extremo actor con escrito en el que solicitó su revocación, por considerar que le asistía el derecho de repetir en contra del demandado por los perjuicios que le fueron ocasionados como consecuencia de la condena impuesta en sede de legalidad, producto del actuar del entonces servidor público. Pero, luego de revisados los argumentos constitutivos del recurso de apelación propuesto por el munic ipio de Santiago de Cali, resulta

consecuencia de la condena impuesta en sede de legalidad, producto del actuar del entonces servidor público. Pero, luego de revisados los argumentos constitutivos del recurso de apelación propuesto por el munic ipio de Santiago de Cali, resulta posible denotar que, más allá de un reparo concreto o de una exposición de motivos de inconformidad, elaborada a partir de los argumentos planteados por el Tribunal para denegar las pretensiones de la demanda, el recurrent e se limitó a modo de reproche a replicar , in extenso, los argumentos desarrollados en el escrito de la demanda para sustentar el elemento subjetivo de la pretensión de repetición.

La entidad municipal , aun en el recurso de alzada, afirmó expresamente que la demanda había sido sustentada “en el análisis que hizo la máxima corporación jurisdiccional sobre la conducta del exservidor público demandado JOHN MARO RODRIGUEZ FLOREZ, Alcalde de la ciudad de Santiago de Cali para la época de los hechos, quien expidió el acto administrativo de insubsistencia —contenido en el Decreto No. 009 de enero 1° de 2001” e, incluso, procedió a reiterar, al igual que en el escrito introductorio, los fundamentos fácticos y jurídicos de la sentencia condenatoria proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, el 23 de febrero de 2013 , a partir de los cuales esta Corporación, en aquella oportunidad, encontró acreditado que la manifestación de voluntad de la administración municipal, mediante la cual se declaró la insubsistencia tácita del nombramiento de la señora Claudia Sandoval Piñeros, fue expedida con desviación de poder, porque, “la facultad discrecional fue utilizada no en beneficio del buen servicio público, sino

municipal, mediante la cual se declaró la insubsistencia tácita del nombramiento de la señora Claudia Sandoval Piñeros, fue expedida con desviación de poder, porque, “la facultad discrecional fue utilizada no en beneficio del buen servicio público, sino que se usó con fines contrarios al mismo, caso en el cual se deb[ía] establecer un límite claro a su ejercicio”.

La recurrente insistió nuevamente en los argumentos de su demanda, sin detenerse a confrontar los con aquellos considerados por el juez de primera instancia para tomar su decisión, pues incluso, aun cuando el Tribunal encontró demostrados los demás presupuestos de procedencia de la acción de repetición , el municipio de Santiago de Cali volvió , sin necesidad alguna, sobre la prueba de la existencia de la sentencia condenatoria y del pago efectuado en cumplimiento de esa determinación. Es más, en un ejercicio meramente repetitivo, desprovisto de cualquier análisis de reproche, transcribió las mismas normas de derecho que en la demanda consideró aplicables al caso, tanto como las sentencias dictadas por la Sección Tercera del Consejo de Estado , relativas a la procedencia del medio de control propuesto y a la responsabilidad persona l del agente por la expedición de

30 CGP. Artículo 320. “El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión. (…)”.Radicado: 76001-23-33-000-2014-00677-01 (68162)

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un acto administrativo posteriormente declarado nulo31. Inclusive, para sustentar la

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un acto administrativo posteriormente declarado nulo31. Inclusive, para sustentar la alzada, el ente demandante replicó la misma conclusión con la que, en su momento, buscó trabar el litigio, en virtud de la cual aseguró, en uno y otro momento procesal, que “el señor Jhon Maro Rodríguez Flórez, Alcalde del Municipio de Santiago de Cali, para la época de los hechos, obró de manera contraria al interés general, principio que debe orientar la función pública, tal como lo señala el Consejo de Estado en la sentencia condenatoria al indicar ‘la facultad discrecional fue utilizada no en bene ficio del buen servicio público, sino que se usó con fines contrarios al mismo, caso en el cual se debe establecer un límite claro a su