CE - 012333000201400967011SENTENCIA20230524000646

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D. cuatro (4) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.

Radicación: 05001233300020140096701 (3478 -2018)

Demandante: Guillermo Mena Machado Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la

Protección Social 1

Tema: Tiempo de servicio docente. Carga de la prueba. Ley 1437 de 2011.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

La Sala de la Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado , resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demanda da contra la sentencia del 6 de marzo de 2018 , proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia , que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA 2

1.1. Pretensiones

El señor Guillermo Mena Machado , por intermedio de apoderad o, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del

1 En adelante UGPP.

1.1. Pretensiones

El señor Guillermo Mena Machado , por intermedio de apoderad o, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del

1 En adelante UGPP. 2 Folios 2 a 11.Nu lidad y restablecimiento del derecho Radicación: 05001233300020140096701 (3478 -2018)

Demandante: Guillermo Mena Machado

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2 derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 3, requirió declarar l a nulidad de la s Resoluci ones 8286 del 18 de febrero de 2005, expedida s por la UGPP , que negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia de l ac cionante y la 4823 del 10 de agosto de 2005 que resolvió el recurso de reposición ; de la 12870 del 26 de marzo de 2008 que nuevamente negó la petición , así como del Auto ADP 000622 del 10 de mayo de 2012 , que se negó a emitir un nuevo pronunciamiento en tanto que la anterior decisión se encontraba en firme .

A título de restablecimiento del derecho, solicitó condenar a la entidad demandada a (i) reconocer y pagar la pensión gracia , liquidada sobre el 75% de todos los factores salariales percibidos el año anterior a la adquisición del estatus pensional, el «18 de julio

entidad demandada a (i) reconocer y pagar la pensión gracia , liquidada sobre el 75% de todos los factores salariales percibidos el año anterior a la adquisición del estatus pensional, el «18 de julio de 2014 » (sic) debidamente indexado ; (ii) reajustar las sumas conforme al artículo 157 del CPACA, y (i ii ) cumplir la sentencia en los términos de l ey.

1.2. Fundamentos fácticos

a) El señor Guillermo Mena Machado expuso que nació el 4 de mayo de 1950 y prestó sus servicios como docente de manera interrumpida desde el 15 de abril de 1974 por más de 29 años .

b) El 27 de julio de 2004 el demandante solicit ó el reconocimiento y pago de la pensión gracia ante la entidad demandada . Petición que le fue negada mediante la Resoluci ón 8286 del 18 de febrero de 2005 , y confirmada en sede de reposición por la Resolución 4823 del 10 de agosto de 2005 , al considerar que el tiempo laborado en el dep artamento de Antioquia correspondió a una vinculación de carácter nacional.

3 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en adelante CPACANu lidad y restablecimiento del derecho Radicación: 05001233300020140096701 (3478 -2018)

Demandante: Guillermo Mena Machado

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3

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3 c) El 26 de octubre de 2007 , el accionante presentó solicitud en igual sentido , la cual fue negada por medio de la Resolución 12870 del 26 de marzo de 2008 , con los mismos argumento s expuesto s con anterioridad .

d) El 3 de abril de 2012 el actor petici onó por última vez el reconocimiento pensional y la UGPP a través de Auto ADP 000622 del 10 de mayo de 2012, indicó que aquel había aportado los mismos documentos relacionados en la oportunidad anterior , por lo que la decisión contenida en la Resolución 12 870 del 26 de marzo de 2008 se encontraba en firme y, por tanto, no había lugar a un nuevo pronunciamiento.

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de violación

El actor expuso que la UGPP desestimó el tiempo laborado desde el 18 de julio de 1994 hasta el 31 de octubre de 2006 , por considerar que eran tiempos nacionales cuando en realidad correspondi eron a tiempos como docente nacionalizado , por ende , tiene derecho a l reconocimiento de la pensión gracia al cumplir con los requisitos de tiempo y edad establecidos en la Ley 114 de 1913.

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 4

La UGPP se opuso a todas las pretensiones formuladas en su defensa propuso las excepciones que denominó (i) ausencia de

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 4

La UGPP se opuso a todas las pretensiones formuladas en su defensa propuso las excepciones que denominó (i) ausencia de vic ios en los actos administrativos demandados; (ii) inexistencia de la obligación, y; (iii) prescripción.

3. AUDIENCIA INICIAL 5

4 Folios 80 a 86. 5 Folios 101 a 109. CD a folio 111.Nu lidad y restablecimiento del derecho Radicación: 05001233300020140096701 (3478 -2018)

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4 El Tribunal Administrativo de Antioquia en acatamiento al artículo 180 del CPACA, llevó a cabo audiencia inicial el 25 de noviembre de 2015 , oportunidad en la que fij ó el litigio en los siguientes términos:

«Le corresponde a la Sala resolver si en el presente asunto ¿Es procedente declarar la nulidad de las Resoluciones 8286 del 18 de febrero de 2005, 4823 del 10 de agosto de 2005, 12870 del 26 de marzo de 2008 y el auto ADP 000622 del 10 de mayo de 2012, por medio de las cuales se le negó el reconocimiento de la pensión gracia al demandante y se resolvieron desfavorablemente los recursos en contra de ella, por encontrarse demostrado que efectivamente el actor desempeñó sus servicios como docente

medio de las cuales se le negó el reconocimiento de la pensión gracia al demandante y se resolvieron desfavorablemente los recursos en contra de ella, por encontrarse demostrado que efectivamente el actor desempeñó sus servicios como docente nacionalizado, cumpliendo con los 20 años de servicios que exige esta prestación, como lo afirma la parte actora? O , por el contrario, ¿No hay lugar a la nulidad de los mencionados actos debido a que no puede computársele dentro de su tiempo de servicios los años que se desempeñó como docente nacional, tal como lo afirma la entidad demandada?»

4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 6

El Tribunal Administrativo de Antioquia , en sentencia del 6 de marzo de 2018 , accedió a las pretensiones de la demanda y, en consecuencia, ordenó :

«PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución No. 8286 del 18 de febrero de 2005, Resolución No. 4823 del 10 de agosto de 2005, Resolución No. 12870 del 26 de marzo de 2008 y el Auto ADP 000622 del 10 de mayo de 2012, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: Como restablecimiento del derecho, CONDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRI BUCIONES PARAFISCALES -UGPP -, a reconocer y pagar al señor GUILLERMO MENA MACHADO identi fi cado con C.C. N° 4,831.053, pensión vitalicia de jubilación -grac ia como quedó expuesto en la parte motiva de esta sentencia, reconocimiento que

al señor GUILLERMO MENA MACHADO identi fi cado con C.C. N° 4,831.053, pensión vitalicia de jubilación -grac ia como quedó expuesto en la parte motiva de esta sentencia, reconocimiento que debe efectuarse a par tir del 5 de mayo del 2000 y cuyo pago deberá realizarse desde el 3 abril de 2009.

6 Folios 132 a140 Vto.Nu lidad y restablecimiento del derecho Radicación: 05001233300020140096701 (3478 -2018)

Demandante: Guillermo Mena Machado

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5 La entidad demandada deberá proceder a incluir en nómina de pensionados al demandante .

TERCERO: DECLARAR probada la excepción de prescripción, propuesta por la entidad demandada, frente las (sic) mesadas pensionales causadas con anterioridad al 3 de abril de 2009, con fundamento en lo expuesto en la parte motiva.

[…] »

La autoridad judicial indicó que, conforme a las pruebas allegadas al proceso, el demandante cumplió con los requisitos de buena conducta y que alcanzó 50 años de edad el 4 de mayo de 2000.

En cuanto al tiempo de servicios, expuso que de acuerdo con el Decreto 161 del 15 de abril de 1974 , se demostró su vinculación antes del 31 de diciembre de 1980, pues ingresó como maestro en

En cuanto al tiempo de servicios, expuso que de acuerdo con el Decreto 161 del 15 de abril de 1974 , se demostró su vinculación antes del 31 de diciembre de 1980, pues ingresó como maestro en el departamento del Chocó desde el 25 de abril de 1974 hasta el 1 6 de julio de 1994, con naturaleza jurídica del vínculo departamental .

Agregó que m ediante los Decreto s 1897 del 17 de mayo de 1994 y 4197 del 14 de octubre de 1994 , se nombró al accionante como docente nacionalizad o, razón por la cual debe darse prevalencia a los actos de nombramiento y no a la historia laboral allegada al plenario que señala que la vinculación fue de carácter nacional.

Por lo anterior, co ligi ó que el actor acreditó los 20 años de servicios exigidos y , en ese orden, accedió a las pretensiones de la demanda.

5. EL RECURSO DE APELACIÓN 7

La UGPP solicitó revocar la decisión y, en su lugar , negar las pretensiones de la demanda . Para el lo, s ostuvo que conforme con los documentos aportados , en especial las certificaciones allegadas, es posible colegir que el periodo comprendido entre 1994

7 Folios 144 a 146 Vto.Nu lidad y restablecimiento del derecho Radicación: 05001233300020140096701 (3478 -2018)

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6 y 2006 en el departamento de Antioquia, correspondió a una vinculación nacional y, por lo tanto, no alcanza a cumplir los 20 años de servicio.

6. ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA

6.1 La parte demanda nte 8 solicitó confirmar la sentencia recurrida por encontrarse de acuerdo con los argumentos expuestos por el tribunal.

6.2 La entidad demanda da 9 reiteró l as manifestaciones del escrito de apelación.

El Ministerio Público guard ó silencio según el informe secretarial obrante a folio 187 del expediente .

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 10, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.

Asimismo , conforme a lo dispuesto en el artículo 328 11 del Código

8 Folio s 177 a 182. 9 Folios 183 a 186. 10«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, as í como de los recursos de queja

en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, as í como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.[…]» 11«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segundaNu lidad y restablecimiento del derecho Radicación: 05001233300020140096701 (3478 -2018)

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7 General del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos expuestos por el apelante.

2.2 Cuestión previa

Conforme al memorial visible en el índice 49 del expediente digital disponible en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – SAMAI, se observa que el apoderado de la UGPP interpuso recurso de reposición en contra del auto del 26 de octubre de 2022, mediante el cual esta Sala resolvió no avocar conocimiento de la solicitud de unificación presentada por dicha entidad.

Sobre el particular, resulta pertinente señalar que en el artículo 242 del CPACA, modificado por el artículo 61 de la Ley 2080 de 2021,

conocimiento de la solicitud de unificación presentada por dicha entidad.

Sobre el particular, resulta pertinente señalar que en el artículo 242 del CPACA, modificado por el artículo 61 de la Ley 2080 de 2021, se dispuso que el recurso de reposición procede contra to dos los autos, salvo norma l egal en contrario, así:

«Artículo 242. Reposición . El recurso de reposición procede contra todos los autos, salvo norma legal en contrario. En cuanto a su oportunidad y trámite, se aplicará lo dispuesto en el Código General del Proceso.»

Por su parte, el artículo 271 del CPACA, modificado por el artículo 79 de la Ley 2080 de 2021, dispuso:

«Artículo 271. Decisiones por importancia jurídica,

instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando amb as partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que, en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, s alvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.»Nu lidad y restablecimiento del derecho Radicación: 05001233300020140096701 (3478 -2018)

recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.»Nu lidad y restablecimiento del derecho Radicación: 05001233300020140096701 (3478 -2018)

Demandante: Guillermo Mena Machado

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8 trascendencia económica o social o necesidad de sentar jurisprudencia o precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación. [...] La instancia competente decidirá si avoca o no el conoci miento del asunto, mediante auto no susceptible de recursos. […]»

En esos términos, en lo que corresponde a la decisión que resuelve una solicitud de unificación, el legislador expresamente previó que no era susceptible de recursos, por ende, prevalece es ta norma especial en cuanto a la improcedencia de los mismos.

De acuerdo con lo expuesto, se tiene que el auto que resolvió no avocar conocimiento de la solicitud de unificación no es pasible del recurso de reposición, por lo que esa petición resulta imp rocedente.

Finalmente, es necesario resaltar que esta Sala 12 en otras oportunidades, en casos como el presente, ha sostenido que el objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo es garantizar la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución Política y la ley.

De manera que, tratándose de controversias relacionadas con asuntos pensionales, es razonable entender que involucran a muchas personas de la tercera edad. Por ello, resulta imperativo

Constitución Política y la ley.

De manera que, tratándose de controversias relacionadas con asuntos pensionales, es razonable entender que involucran a muchas personas de la tercera edad. Por ello, resulta imperativo atender el hecho de que, a través de la Ley 2055 del 10 de septiembre de 2020, se aprobó la « Convención Interamericana Sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores ». Se destaca de dicha norma el artículo 4, literal c), en el que se estableció el compromiso de adoptar y fortalecer « todas las medidas legislativas, administrativas, judiciales, presupuestarias y de cualquier otra índole, incluido un adecuado acceso a la justicia a fin garantizar a la persona mayor un trato diferenciado y preferencial en todos los

12 Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia del 2 de febrero de 2023. Radicado 54001233100020110027201 (0551 -2019).Nu lidad y restablecimiento del derecho Radicación: 05001233300020140096701 (3478 -2018)

Demandante: Guillermo Mena Machado

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9 ámbitos », por lo que la presente medida se acompasa con tal contenido. 13

2. 3 Problema jurídico

De acuerdo con el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada , corresponde a la Sala determinar lo siguiente:

¿Si el señor Guillermo Mena Machado , en su calidad de

2. 3 Problema jurídico

De acuerdo con el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada , corresponde a la Sala determinar lo siguiente:

¿Si el señor Guillermo Mena Machado , en su calidad de docente oficial, tiene derecho al reconocimiento de la pensión gracia en aplicación del régimen consagrado en la Ley 114 de 1913 y demás normas que regulan dicha prestación ?

2. 4 Marco normativo y jurisprudencial

2. 4.1 La pensión gracia

La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1 .º de la Ley 114 de 1913 , en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de 20 años.

En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a la misma , la Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su reconocimiento, además de los 20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse desempeñado en los empleos con honradez, consagraci ón y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años de edad. Por su parte, la Ley 91 de 1989 precisa que el docente se haya vinculado al servicio oficial con anterioridad al 1 .º de enero de 1981.

13 En el presente caso, quien demanda es una pers ona de la tercera de edad, pues nació el 4 de mayo de 1950, es decir, que para la fecha tendría 73 años de edad.Nu lidad y restablecimiento del derecho Radicación: 05001233300020140096701 (3478 -2018)

pues nació el 4 de mayo de 1950, es decir, que para la fecha tendría 73 años de edad.Nu lidad y restablecimiento del derecho Radicación: 05001233300020140096701 (3478 -2018)

Demandante: Guillermo Mena Machado

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10 Posteriormente, el artículo 6 .º de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la pensión gracia a los empleados y profesores de las escuelas normales, junto a los inspectores de instrucción pública. De manera que autorizó la suma de los servicios prestados en diversas épocas al computar los años en la enseñanza primaria, la normalista y la inspección con el fin de completar el tiempo requerido para acceder a l a pensión.

Más adelante, con la Ley 37 de 1933 , el beneficio gratuito de la pensión gracia se hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren completado el tiempo de servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.

Luego, se expidió la Ley 91 de 1989 en cuyo artículo 1 .º , distinguió entre los conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:

«ARTÍCULO 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:

Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional .

«ARTÍCULO 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:

Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional .

Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.

Personal territorial . Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial , a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.» [Negrillas fuera de texto].

El numeral 2 del artículo 15 de dicha ley limitó el reconocimiento de la pensión gracia para los docentes al establecer lo siguiente:

«[…] A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado,Nu lidad y restablecimiento del derecho Radicación: 05001233300020140096701 (3478 -2018)

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11 tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los

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11 tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos . Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación. […]»

De las diferentes normas enunciadas, la jurisprudencia de esta Corporación ha advertido que la pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que en v irtud de sus condicionantes, esta solo está prevista para los de carácter territorial y nacionalizado , es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S -699 del 26 d e agosto de 1997 14 señaló:

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requ isitos”. Y por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y secundaria oficiales, dicha

A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que inicialmente le asignó la ley. […].»

Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de unificación CE -SUJ2 -011 -18 del 21 de junio de 2018 15 previó las siguientes pautas jurisprudenciales:

14Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S -699 de 26 de agosto de 1997, actor: Wilberto Therán Mogollón . 15 Proceso identificado con radicación 25000 -23 -42 -000 -2013 -04683 -01 (38052014), de Gladys Amanda Hernández Triana contra la UGPP.Nu lidad y restablecimiento del derecho Radicación: 05001233300020140096701 (3478 -2018)

Demandante: Guillermo Mena Machado

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12 «i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991,

12 «i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante , su origen o fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas .

1. Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones , por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

1. La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por concepto del situado fiscal , sino que también corres pondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).

1. Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal — como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusi va a los entes locales dado que

ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal — como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusi va a los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas .

1. Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo regional , así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal 13 ; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.

1. Prueba de calidad de docente territorial . Se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la resp ectiva certificaciónNu lidad y restablecimiento del derecho Radicación: 05001233300020140096701 (3478 -2018)

Demandante: Guillermo Mena Machado

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia

13 de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que

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13 de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.

1. Origen de los recursos de la entidad nominadora . Lo esencialmen te relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a l os educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal — cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales ; y en lo que ti ene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal , hoy sistema general de participaciones .» (Resaltado del texto original)

Por último, en reciente sentencia de unificación SUJ -030 -CE -S22022 del 11 de agosto de 2022 16 la Sección Segunda , incorporó adicionalmente como regla jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2, literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimi ento de la pensión gracia, que «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y

«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».

Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obliga