CE - 012333000201401127011SENTENCIA20230419123039

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D. C., trece (13 ) de abril de dos mil veintitrés (20 23 )

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.

Radicación: 05001 23 33 000 2014 01127 01 (2748 -2017) Demandante: Sandra Patricia Sánchez Escobar Demandado: E.S.E. Hospital San Ju lián de l municipio de Argelia

Tema: Supernumerario . Principio de primacía de la realidad sobre las formas

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ASUNTO

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia del 9 de marzo de 201 7, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioqui a, que accedió a las pretensiones de la demanda .

II. ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA 1

La señora Sandra Patricia Sánchez Escobar en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 2, formuló en síntesis las

1 Folios 4 a 1 4. 2 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 2, formuló en síntesis las

1 Folios 4 a 1 4. 2 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en adelante CPACANulidad y restablecimiento del derecho Rad icación: 05001 23 33 000 2014 01127 01 (2748 -2017)

Demandante: Sandra Patricia Sánchez Escobar

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2 siguientes:

Pretensiones

Que se declare la nulidad de los Oficios del 28 de diciembre de 2013 y 5 de febrero de 2014 , que neg aron la liquidación y pago de las prestaciones sociales a que tenía derecho con ocasión de su retiro del servicio y mantuvo dicha omisión , en sede de recurso de reposición .

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó declarar que entre aquel la y la aludida E.S.E. existió un vínculo legal y reglamentario y condenar a la referida entidad a (a) reconocerle las cesantías ; los intereses sobre las cesantías ; la sanción moratoria; la b onificación por recreación ; las vacaciones; las primas de navidad y de servicios; la dotación (vestido y calzado de labor); las horas extras ; los recargos nocturnos; la indemnización contemplada en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo y la deducción que efectuó por

(vestido y calzado de labor); las horas extras ; los recargos nocturnos; la indemnización contemplada en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo y la deducción que efectuó por concepto de plan de telefonía móvil corporativo , emolumentos que surgieron con ocasión de su retiro del servicio en el mes de agosto de 2010 ; (b) cumplir la condena en los términos del artículo 192 del CPACA y ( c) sufragar costas y agencias en derecho.

Fundamentos fácticos

La demandante relató que (i) fue vinculada a la E.S.E. Hospital San Julián del municipio de Argelia , en calidad de supernumerario, mediante Resolución 00 1 A del 1º de enero de 2007; (ii) en dicha entidad ocupó la plaza de Auxiliar Administrativo (auxiliar de contabilidad y archivo administrativo) desde el 1º de enero de 2007 hasta el 31 de agosto de 2010, fecha en la que presen tó renuncia voluntaria; (iii) durante su permanencia en la entidad, ejecutó las funciones asignadas bajo condiciones de subordinación ; (iv) e l 16Nulidad y restablecimiento del derecho Rad icación: 05001 23 33 000 2014 01127 01 (2748 -2017)

Demandante: Sandra Patricia Sánchez Escobar

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3 de mayo de 2011 y el 29 de noviembre de 201 3, solicitó de la

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3 de mayo de 2011 y el 29 de noviembre de 201 3, solicitó de la demandada el reconocimiento de las acreencias a q ue tiene derecho, con ocasión del retiro del servicio , reclamo que fue negado por prescripción y, luego, dejado en suspens o, con el argumento de que próximamente se efectuará la liquidación respectiva .

Normas violadas y concepto de violación

La actora citó como disposiciones violadas los artículos 6, 13, 23, 25, 53, 83, 122 y 123 de la Constitución Política , 17 de la Ley 6ª de 1945 , 1 y 2 de la Ley 65 de 1946, 1, 2 y 6 del Decreto 1160 de 1947, 1 del Decreto 1582 de 1998 y 13 de la Ley 344 de 1996 ; las Leyes 995 de 2005, 50 de 1990, 244 de 1995 , 1071 de 2006 y 1285 de 2009 ; el CPACA; y los Decreto s 1919 de 2002, 1950 de 1973, 1042 de 1978, 1045 de 1978, 404 de 2006, 3135 de 1968 , 1848 de 1969 y 1716 de 2009 .

Sostuvo, al explicar el concepto de violación , que los oficios acusados desconocieron que , con su vinculación , «adquirió todos los derechos que amparan a los empleados públicos » y al momento de su retiro surgió para la E.S.E . «la obligación de liquidar de forma

acusados desconocieron que , con su vinculación , «adquirió todos los derechos que amparan a los empleados públicos » y al momento de su retiro surgió para la E.S.E . «la obligación de liquidar de forma proporcional las prestaciones sociales que no le habían sido pagadas, al igual que los demás derechos laborales expuestos» .

Que la entidad demandada «incurrió en la violación de las normas antes citadas por cuanto hasta la fecha no ha cancelado [los mencionados] derechos laborales».

2. AUDIENCIA INICIAL

El Tribunal Administrativo de Antioquia , en diligencia s del 21 de enero de 2015 3 y 10 de diciembre de 201 44, (a) determinó que no

3 Folios 94 y 95. 4 Folios 104 a 109.Nulidad y restablecimiento del derecho Rad icación: 05001 23 33 000 2014 01127 01 (2748 -2017)

Demandante: Sandra Patricia Sánchez Escobar

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4 exist e ninguna irregularidad que gener e nulidad; ( b) declaró que no se configuraron las excepciones previas propuestas y ( c) fij ó el litigio , en los siguientes términos :

«Corresponde a la Sala , al decidir sobre la legalidad de los actos administrativos contenidos en el Oficio del veintiocho (28) de diciembre de dos mil trece (2013) y Oficio del cinco (5) de febrero

«Corresponde a la Sala , al decidir sobre la legalidad de los actos administrativos contenidos en el Oficio del veintiocho (28) de diciembre de dos mil trece (2013) y Oficio del cinco (5) de febrero de dos mil catorce (2014), proferidos por el Gerente de la E.S.E . Hospital San Julián de Argelia por medio de los cuales la entidad demandad a negó la reliquidación (sic) de las prestaciones sociales supuestamente adeudadas a la señora SANDRA PATRICIA SÁNCHEZ ESCOBAR , al momento de su desvinculación y, en consecuencia, resolver si la accionante tiene o no derecho al reconocimiento y pago de los emolumentos laborales reclamados ».

3. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 5

El Tribunal Administrativo de Antioquia , mediante sentencia proferida el 9 de marzo de 2017 , (i) declaró la nulidad de los Oficios del 28 de diciembre de 2013 y 5 de febrero de 2014 ; (i i) declaró probada la excepción de prescripción propuesta por la demandada ; (iii) condenó a la E.S.E. Hospital San Julián del municipio de Argelia a reconocer y pagar a la señor a Sandra Patricia Sánchez Escobar «las sumas adeudadas por concepto de la compensación en dinero de las vacaciones causadas durante el período comprendido entre el 1º de enero de 2009 [y el] 1º de enero de 2010, la cual deberá liquidarse de conformidad con el artículo 8 del Decreto 1045 de 1978 » y (i ii) negó las demás pretensiones,

de 2010, la cual deberá liquidarse de conformidad con el artículo 8 del Decreto 1045 de 1978 » y (i ii) negó las demás pretensiones, entre ellas, la condena en costas. Lo anterior, con fundamento en lo que sigue :

Que la demandante estuvo vinculada en calidad de supernumeraria , condición de la que «se desprende la existencia de una relación laboral subordinada entre [ella] y la entidad demandada en las condiciones establecidas en el acto de vinculación, de donde surgió

5 Folios 147 a 163 .Nulidad y restablecimiento del derecho Rad icación: 05001 23 33 000 2014 01127 01 (2748 -2017)

Demandante: Sandra Patricia Sánchez Escobar

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5 el derecho al pago de [los] salarios y las prestaciones prop ias de las escalas asignadas a la nomenclatura del empleo que desempeñó la señora SÁNCHEZ ESCOBAR».

A partir de la terminación del vínculo laboral ( 31 de agosto de 2011 ), se hizo exigible para la actora «el derecho a reclamar las distintas prestaciones sociales a las que se hace alusión en la demanda; sin embargo, con la presentación de la petición del 16 de mayo de 2011 , interrumpió el término prescriptivo pero únicamente respecto de las vacaciones causad as entre el 1º de

demanda; sin embargo, con la presentación de la petición del 16 de mayo de 2011 , interrumpió el término prescriptivo pero únicamente respecto de las vacaciones causad as entre el 1º de enero de 2009 y el 1º de enero de 2010 ; las horas extras ; la dotación de los años 2007, 2008 y 2010 ; las cesantías y la cuenta de celular por el [interregno comprendido] del 28 de julio al 27 de agosto de 2010 que le fue descontada por nó mina» (negrita fuera del texto) .

Solo hay «lugar al reconocimiento del período de vacaciones comprendido entre el 1º de enero de 2009 y el 1º de enero de 2010, al encontrarse acreditado que la demandante estuvo vinculada hasta el 31 de agosto de 2010, en calidad de supernumeraria, al servicio de la ESE Hospital San Julián de Argelia, prestación social a la que tiene derecho de conformidad con los artículos 5, 8 y siguientes del Decreto 1045 de 1978 y respecto de la cual sí interrumpió el fenómeno de la prescripción, presentando reclamación adm inistrativa y judicial oportunamente».

No hay evidencia en el plenario que la actora hubiera devengado, durante la vigencia de la relación laboral, la bonificación por recreación de origen extralegal.

La accionante no tiene derecho a calzado y vestido de labor, por cuanto esta dotación está destinada a trabajadores oficiales de carácter permanente.

En este caso no se acreditó que el trabajo suplementario contó conNulidad y restablecimiento del derecho

cuanto esta dotación está destinada a trabajadores oficiales de carácter permanente.

En este caso no se acreditó que el trabajo suplementario contó conNulidad y restablecimiento del derecho Rad icación: 05001 23 33 000 2014 01127 01 (2748 -2017)

Demandante: Sandra Patricia Sánchez Escobar

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6 la autorización por parte del funcionario competente, hecho que impide reconocer el pago de las horas extras perseguidas.

Si bien a la demandante se le descontó la suma de $98.868, por concepto del plan de telefonía móvil corporativo, al plenario «no se arrimaron los elementos de prueba necesarios para establecer las condiciones bajo las cu ales se adquirió dicha obligación, esto es, si fue por intermedio de la entidad o si fue de manera particular [...] bajo un convenio de deducción por nómina».

No hay lugar al pago de la indemnización de que trata el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo por cuanto está prevista para trabajadores del sector privado.

Como algunos emolumentos se pidieron de forma expresa con la reclamación del 29 de noviembr e de 2013, resulta claro que esas «prestaciones económicas de prima de vacaciones, prima de navidad, prima de servicios y cesantías [proporcionales al año 2010] » se encuentran prescritas, de ahí que no serán objeto de estudio ni de reconocimiento.

«prestaciones económicas de prima de vacaciones, prima de navidad, prima de servicios y cesantías [proporcionales al año 2010] » se encuentran prescritas, de ahí que no serán objeto de estudio ni de reconocimiento.

Al estar las c esantías proporcionales prescritas, no hay lugar a hacer pronunciamiento respecto de la sanción moratoria y los intereses causados sobre las mismas.

Por prosperar las pretensiones parcialmente, no hay lugar a condenar a la E.S.E . en costas y agencias en derecho.

4. EL RECURSO DE APELACIÓN

La actora 6 apeló la anterior decisión , por cuanto el a quo interpretó mal la petición del 16 de mayo de 2011, pues esta interrumpió

6 Folios 1 70 a 185 .Nulidad y restablecimiento del derecho Rad icación: 05001 23 33 000 2014 01127 01 (2748 -2017)

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7 legalmente el término de prescripción, así:

Si se lee , en su integridad , la aludida reclamación se evidencia que lo que pretendía era la liquidación final a que tenía derecho con ocasión del retiro . En efecto, no se limitó a solicitar unas prestaciones, sino todas las que legalmente se le adeudaban.

En la solicitud del 16 de m ayo de 2011 no relacionó expresamente

ocasión del retiro . En efecto, no se limitó a solicitar unas prestaciones, sino todas las que legalmente se le adeudaban.

En la solicitud del 16 de m ayo de 2011 no relacionó expresamente «la prima de navidad, la prima de servicios, ni las cesantías, ni las vacaciones proporcionales al año 2010, porque se entendía que ya lo estaba pidiendo, cuando dijo que le pagaran “ [su] liquidación”. Por el contrario , sí paso a enumerar lo que consideraba pagos atrasados o no habituales y que por ello debía recordarle al Hospital que se los adeudaba como: las vacaciones del período 01 de enero de 2009 al 01 de enero de 2010, los intereses de las cesantías de todos los años, las horas extras laboradas [...], al igual que el pago de la línea celular [...]».

En este caso, no se puede soslayar que la E.S.E. admitió , en el Oficio del 5 de febrero de 2014 , que le adeudaba el pago de su liquidación final , al señalar que próx imamente se la hará allegar para su revisión.

La omisión de la demandada , comporta una «desidia [que] genera consecuencias y, entre ellas, está el pago de las indemnizaciones y sanciones, como la consagrada en la Ley 1071 de 2006 [...]» .

En la reclamación del 16 de mayo de 2011, pidió el pago de su liquidación «según el artículo 4º de la Ley 1071 de 2006 [...]. En ese orden de ideas, el hospital tuvo hasta el 5 de agosto de 2011 para pagar, como no lo hizo ; por tanto , la indemnización moratoria se c uenta a partir del 6 de agosto de 2011 hasta la fecha efectiva

ese orden de ideas, el hospital tuvo hasta el 5 de agosto de 2011 para pagar, como no lo hizo ; por tanto , la indemnización moratoria se c uenta a partir del 6 de agosto de 2011 hasta la fecha efectiva del pago».Nulidad y restablecimiento del derecho Rad icación: 05001 23 33 000 2014 01127 01 (2748 -2017)

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8 En el asunto sub judice , no hay d uda de que, como consecuencia de la morosidad de la administración, se generó «el derecho a que se le pague la sanción contemplada en la Ley 1071 de 2006 y la regulada en el artículo 65 del C.S.T.».

Pid ió que se reconozca la bonificación por recreación por cuanto tiene su fundamento legal en el artículo 3º del Decreto 451 de 1984 .

Afirmó que l as horas extras está n certificad as por parte de la demandada y, por ello, «no es justo que estando autorizadas por el administrador de la entidad, no le sean pagadas, cuando real y efectivamente laboró [...]».

Los descuentos que se le efectuaron por concepto de la línea de celular son ilegales , por cuanto no hay escrito de autorización para ello. «Está probado que ta l deducción se realizó y que por ello [...] tiene derecho a que se le restituya, puesto que ella no hizo uso de ese servicio al devolver la tarjeta sim antes de que se realizara el

ello. «Está probado que ta l deducción se realizó y que por ello [...] tiene derecho a que se le restituya, puesto que ella no hizo uso de ese servicio al devolver la tarjeta sim antes de que se realizara el consumo».

Como estuvo vinculada a la E.S.E. por espacio de 3 años y 8 meses, es evidente que se abusó de la figura del supernumerario y, por ende, en virtud del principio de la primacía de la realidad sobre las formas, debió reconocerle el vestido y el calzado de labor.

Por último, solicitó que se condene en costas a la ent idad demandada.

5. ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA

El ponente, por auto del 6 de julio de 2018 , corrió traslado a las partes y al agente del Ministerio Público para alegar de conclusiónNulidad y restablecimiento del derecho Rad icación: 05001 23 33 000 2014 01127 01 (2748 -2017)

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9 y presentar el respectivo concepto 7.

La actora 8 se acogió a los argumentos expresados en la demanda y en el recurso de apelación.

La E.S.E demandada y el agente del Ministerio Público guardaron silencio 9.

II I. CONSIDERACIONES

1. Competencia

De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento

La E.S.E demandada y el agente del Ministerio Público guardaron silencio 9.

II I. CONSIDERACIONES

1. Competencia

De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 10, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.

Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 328 11 del Código General del Proceso, la competencia del juez de se gunda instancia está circunscrita a los argumentos expuestos por l a apelante.

7 Folio 201 . 8 Folio 2 02 9 Folio 206 . 10«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impu gnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.[…]» 11«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, c uando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y

Sin embargo, c uando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que, en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promo ver incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.»Nulidad y restablecimiento del derecho Rad icación: 05001 23 33 000 2014 01127 01 (2748 -2017)

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2. Problema jurídico

De acuerdo con los argumentos que sustentaron la apelación , se deberá determinar si la demandante, en su condición de supernumeraria, tiene derecho a que la E.S.E. le liquide y pague las acreencias que reclama, porque se generaron con ocasión del retiro del servicio . En caso afirmativo, si sobre estas operó el fenómeno de la prescripción.

La Sala para resolver el problema jurídico planteado desarrollará el siguiente orden metodológico: (i) régimen jurídico de los supernumerarios; (ii) prescripción y (ii i) caso concreto.

La Sala para resolver el problema jurídico planteado desarrollará el siguiente orden metodológico: (i) régimen jurídico de los supernumerarios; (ii) prescripción y (ii i) caso concreto.

2.1 Régimen jurídico de los supernumerarios

La posibilidad con la que cuenta la administración para vincular personal supernumerario deviene directamente de la Constitución Política cuando señala en su artículo 125 que, por regla general, los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carr era, excepto, los de elección popular, libre nombramiento y remoción, trabajadores oficiales y los demás que determine la ley, por lo que la normativa puede señalar qué empleos no son de carrera, entre los que se encuentran los nombramientos temporales con las restricciones que imponen las leyes de carrera administrativa, dentro de los cuales pueden ubicarse los supernumerarios.

Esta clase de nombramiento fue prevista por el Decreto Extraordinario 1042 de 1978, que señaló el sistema de nomenclatura y clas ificación, y fijó las correspondientes escalas de remuneración de los empleos. Al respecto, el artículo 83 previó que:

«[…] De los supernumerarios. Para suplir las vacancias temporales de los empleados públicos en caso de licencias o vacaciones, podrá vincularse personal supernumerario.Nulidad y restablecimiento del derecho Rad icación: 05001 23 33 000 2014 01127 01 (2748 -2017)

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También podrán vincularse supernumerarios para desarrollar actividades de carácter netamente transitorio.

En ning ún caso la vinculación de un supernumerario excederá el término de tres meses, salvo autorización especial del gobierno cuanto se trate de actividades que por su naturaleza requieran personal transitorio por períodos superiores.

Inciso 3 Declarado Inexequible mediante Sentencia C-401 DE 1998.

La remuneración de los supernumerarios se fijará de acuerdo co n las escalas de remuneración establecidas en el presente Decreto, según las funciones que deban desarrollarse.

Cuando la vinculación de personal supernumerario no exceda el término de tres meses, no habrá lugar al reconocimiento de prestaciones sociales . Sin embargo, las entidades deberán suministrar al personal supernumerario atención médica en caso de enfermedad o accidente de trabajo.

Texto subrayado declarado INEXEQUIBLE mediante Sentencia C401 de 1998.

La vinculación de supernumerarios se hará mediante resolución administrativa, en la cual deberá constar expresamen te el término durante el cual se prestarán los servicios y la asignación mensual que vaya a pagarse […]».

La Corte Constitucional, en la sentencia C -401 de 1998, respecto del pago de prestaciones sociales a los empleados supernumerarios, manifestó :

que vaya a pagarse […]».

La Corte Constitucional, en la sentencia C -401 de 1998, respecto del pago de prestaciones sociales a los empleados supernumerarios, manifestó :

[... ] 23. la Corte encuentra que ella no se ajusta al régimen constitucional vigente a partir de 1991, régimen que no sólo reconoce que el derecho al trabajo es fundamental por constituir un valor inherente a la naturaleza humana, sino que en la efectivizac ión de este derecho, así como de los demás de este mismo rango, funda la legitimidad del Estado mismo. En tal virtud, el constituyente, en el artículo 25 superior, prescribió que el trabajo goza de la especial protección del Estado y reconoció que toda per sona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Pero, avanzando aún más en la protección de este derecho fundamental, en el artículo 53, con el objetivo de garantizar aquellas condiciones dignas y justas de cada trabajo particularmenteNulidad y restablecimiento del derecho Rad icación: 05001 23 33 000 2014 01127 01 (2748 -2017)

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12 con siderado, definió los principios constitucionales rectores de la protección estatal al trabajo. Así, indicó que tales principios eran el de igualdad de oportunidades para los trabajadores, el de remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y

protección estatal al trabajo. Así, indicó que tales principios eran el de igualdad de oportunidades para los trabajadores, el de remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; el de estabilidad en el empleo; el de irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; el de las facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; el de la situación más favorab le al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; el de garantía a la seguridad social, la capacitació n, el adiestramiento y el descanso necesario; y el de protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.

24. Para esta Corporación el desconocimiento de las prestaciones sociales a los empleados supernumerarios que se vinculan transitoriamente a la Administración Pública, resulta contrario a los principios rectores de las relaciones laborales, y a la justicia que debe presidir dichas relaciones. En efecto, desconoce, en primer término, el principio de igualdad de oportunidades, por cuanto el hecho de que la vinculación sea transitoria, no es óbice legítimo para establecer diferencias frente a aquellos servidores públicos vinculados permanentemente a la Administración. Esta desigualdad en el trato, no se justifica por ningún objet ivo de rango constitucional que pudiera perseguirse a través de ella. La Corte no encuentra en ella nada distinto de un mecanismo para reducir la carga prestacional de la Administración, que no justifica el desconocimiento general del principio de igualdad .

constitucional que pudiera perseguirse a través de ella. La Corte no encuentra en ella nada distinto de un mecanismo para reducir la carga prestacional de la Administración, que no justifica el desconocimiento general del principio de igualdad .

25. Adicionalmente, la restricción que se viene comentando desconoce el principio constitucional de irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales. Puede decirse que, ante la incapacidad de negociar las condiciones legales d e ejercicio del cargo, es la misma ley la que resulta imponiendo al servidor transitorio la inconstitucional renuncia a esta categoría de beneficios mínimos que constituyen las prestaciones sociales reconocidas a los servidores públicos.

Esta Sala preceptuó en relación con la providencia atrás aludida, lo siguiente :

• […] “1. - La vinculación de personal numerario es una forma excepcional en la Administración Pública y supone, siempre, el cumplimiento de labores transitorias, bien para suplir la vacancia en caso de licencias o vacaciones de los funcionarios titulares o bien para desarrollar labores de carácter netamente transitorio.Nulidad y restablecimiento del derecho Rad icación: 05001 23 33 000 2014 01127 01 (2748 -2017)

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2. - El término de duración de la designación no está limitada, pues

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2. - El término de duración de la designación no está limitada, pues es la finalidad de la actividad la que determ ina su permanencia, sin olvidar que la facultad que tiene el nominador para atender necesidades excepcionales del servicio público no puede implicar de manera alguna que se conforme una nómina paralela

3. - La vinculación de supernumerarios no es óbice pa ra eludir el cumplimiento de las prestaciones sociales legales” 12.

• En consecuencia, en relación con el tema del personal Supernumerario se concluye que: (i) no puede ser utilizado para evitar el cumplimiento de las prestaciones sociales legales, (ii) su duración no puede ser limitada, pues la contratación la determina la permanencia de la actividad a desarrollar, y (iii) su utilización debe ser de carácter excepcional.

En esa medida le asiste razón al tribunal cuando afirma que hoy en día los supernumerarios tienen derecho a prestaciones sociales desde el mismo momento d e la vinculación y en forma proporcional al tiempo laborado 13.

2.2 Prescripción

La prescripción «es la institución que, uniendo el tiempo a otros requisitos o presupuestos, produce como efecto la adquisición o la extinción del derecho» 14. En tal sentido, el artículo 2512 del Código Civil la concibe como « […] un modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las acciones o derechos ajenos, por haberse poseído las cosas y no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiem po, y concurriendo los demás requisitos legales».

de extinguir las acciones o derechos ajenos, por haberse poseído las cosas y no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiem po, y concurriendo los demás requisitos legales».

Como se observa, la norma civil distingue dos tipos de prescripción: la adquisitiva y la extintiva; esta última, también conocida como