CE - 012333000201401170011SENTENCIA20230518130841

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 05001-23-33-000-2014-01170-01 (1340-2016)

Demandante: Gustavo Orrego Arbeláez

Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

Temas: Reconocimiento pensión gracia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 14 de diciembre de 2015 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA, el señor Gustavo Orrego Arbeláez , por conducto de apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones: i) RDP033749 del 25 de junio de 2013, que le negó el

conducto de apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones: i) RDP033749 del 25 de junio de 2013, que le negó el reconocimiento de la pensión gracia; ii) RDP037707 del 15 de agosto de 2013, que resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la anterior decisión y la2

Radicación: 05001-23-33-000-2014-01170-01 (1340-16) Demandante: Gustavo Orrego Arbeláez confirmó; y iii) RDP038779 del 23 de agosto de 201 3, que desató el recurso de apelación incoado dentro de dicha actuación y ratificó la postura de la administración. Los m encionados actos fueron proferidos por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la

Protección Social, en adelante UGPP.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, la accionante solicitó condenar a la UGPP a lo siguiente: i) reconocer la pensión gracia de jubilación a partir del día que cumplió el estatus, es decir, 50 años de edad y 20 año s de servicio (o sea, a partir del 4 de noviembre de 1999 ); ii) pagar el valor de las mesadas pensionales , con los reajustes de ley, desde la fecha de adquisición del estatus de pensionada; iii) inaplicar por inconstitucional el artículo 15, literal a ) numeral 2 de la Ley 91 de 1989 , dado que consolidó su derecho pensional antes de la entrada en vigencia de la referida norma; iv) actualizar el monto de la condena conforme lo autoriza el artículo 187 del CPACA; v) cancelar

15, literal a ) numeral 2 de la Ley 91 de 1989 , dado que consolidó su derecho pensional antes de la entrada en vigencia de la referida norma; iv) actualizar el monto de la condena conforme lo autoriza el artículo 187 del CPACA; v) cancelar los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993; v i) dar cumplimento a la sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA; y vii) pagar las costas procesales.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:

1. El señor Gustavo Orrego Arbeláez nació el 4 de noviembre de 1949, por lo que cumplió 50 años de edad el 4 de noviembre de 1999.

1. El 3 de marzo de 1977, i ngresó a laborar como docente de carácter oficial municipal (nacionalizado) en el municipio de Medellín. El 17 de octubre de 1977 fue trasladado a l municipio de Bello y posteriormente fue trasladado de nuevo al municipio de Medellín, donde laboró en diversas instituciones educativas de carácter oficial nacionalizado hasta el 31 de mayo de 2008.3

Radicación: 05001-23-33-000-2014-01170-01 (1340-16) Demandante: Gustavo Orrego Arbeláez iii) El 19 de junio de 2013, solicitó ante la UGPP el reconocimiento de la pensión gracia; sin embargo, esta petición fue negada, mediante los actos administrativos enjuiciados.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

gracia; sin embargo, esta petición fue negada, mediante los actos administrativos enjuiciados.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 13, 23, 25, 29, 46, 48, 5 3, 58, 125, 228 y 336 de la Constitución Política; 1, 3 y 4 de la Ley 114 de 1913; 3 y 6 de la Ley 116 de 1928; 3 del Decreto 2277 de 1979; y 15 de la Ley 91 de 1989.

1. Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del actor expuso que los actos administrativos atacados desconocieron sus derechos y vulne raron expresamente las normas señaladas, pues la UGPP estaba en la obligación de reconocer la prestación gracia al haberse demostrado que el señor Orrego Arbeláez sumó más de 20 años de servicio a la docencia a través de vinculaciones de orden nacionalizadas, y 50 años de edad.

1. La Secretaría de Educación de Antioquia, «de manera dolosa o mal informada» expidió las certificaciones de tiempo de servicio y en el formato señaló que el régimen de pensiones del demandante es «nacional», lo cual no corresponde a la realidad , situación que conllevó que la UGPP desconociera los derechos adquiridos por el educador.

1.2. Contestación de la demanda

El apoderado de la UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda y expuso como razones de defensa que para el reconocimiento de la pensión gracia no es admisible computar o complementar tiempos de servicio prestados en la Nación,

El apoderado de la UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda y expuso como razones de defensa que para el reconocimiento de la pensión gracia no es admisible computar o complementar tiempos de servicio prestados en la Nación, cuyo nombramiento provenga del Ministerio de Educación , puesto que son incompatibles con los prestados en un departamento, municipio o distrito.1

1 Folios 95 al 101.4

Radicación: 05001-23-33-000-2014-01170-01 (1340-16) Demandante: Gustavo Orrego Arbeláez Propuso las excepciones de ausencia de vicios en los actos administrativos demandados, inexistencia de la obligación y prescripción.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia escrita proferida el 14 de diciembre de 2015, negó las pretensiones de la demanda, con sustento en las siguientes consideraciones:2

1. El demandante laboró en establecimientos educativos de carácter departamental como profesor de tiempo completo durante 6.054 días, por lo cual, el tiempo laborado como docente en estas instituciones debe considerarse para efectos del reconocimiento de la pensión gracia; sin embargo, no alcanzó a cumplir los 20 años de servicio , equiva lentes a los 7.200 días exigidos para obtener la pensión gracia.

1. Así las cosas, como el demandante acreditó un tiempo inferior a 20 años de servicio como educador, deviene negativa su súplica.

1.4. El recurso de apelación

El apoderado de l señor Gustavo Orrego Arbeláez inter puso recurso de apelación

servicio como educador, deviene negativa su súplica.

1.4. El recurso de apelación

El apoderado de l señor Gustavo Orrego Arbeláez inter puso recurso de apelación contra la referida sentencia al considerar que en el dossier está plenamente probado y demostrado «con luz de siete soles» que el maestro cuenta con más de 20 años de servicios como docente territorial o nacionalizado , luego el fallador incurrió en error:3

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

1.5.1. El demandante

2 Folios 126 al 134. Con ponencia de la magistrada Beatriz Elena Jaramillo Muñoz. 3 Folios 137 y 138.5

Radicación: 05001-23-33-000-2014-01170-01 (1340-16)

Demandante: Gustavo Orrego Arbeláez

El señor Gustavo Orrego Arbeláez no emitió pronunciamiento alguno en esta etapa procesal.4

1.5.2. La demandada

La UGPP, por conducto de apoderado, descorrió el término para alegar y reiteró los argumentos invocados en la contestación de la demanda.5

1.6. El Ministerio Público

El agente del Ministerio Público no rindió concepto.6

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

El problema jurídico consiste en determinar si el demandante tiene derecho a que la UGPP le reconozca la pensión gracia, en aplicación del régimen consagrado en la Ley 114 de 1913 y demás normas que regulan dicha prestación.

2.2. Marco normativo

la UGPP le reconozca la pensión gracia, en aplicación del régimen consagrado en la Ley 114 de 1913 y demás normas que regulan dicha prestación.

2.2. Marco normativo

El artículo 1° de la Ley 114 de 1913 dispuso que los maestros de escuelas primarias oficiales «que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente Ley».

Por su parte, las Leyes 116 de 1928 7 y 37 de 19338 consagraron la posibilidad de

4 Folio 189. 5 Folios 187 y 188 6 Folio 11896

Radicación: 05001-23-33-000-2014-01170-01 (1340-16) Demandante: Gustavo Orrego Arbeláez que los docentes obtuvieran la pensión gracia computando lo s años laborados en la enseñanza secundaria, normalista o como inspectores de instrucción pública, siempre y cuando cumplieran los demás requisitos fijados por el artículo 4 de la Ley 114 de 1913, pues estos no fueron modificados por la normativa posterior.9

Dentro de los requerimientos para acceder al mencionado beneficio, el artículo 4 ibidem incluyó el referente a que el educador no haya recibido o reciba «otra pensión o recompensa de carácter nacional».10

En virtud de dicho condicionamiento, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante Sentencia S -699 de 1997 del 29 de agosto de 1997, con cluyó que « la pensión gracia no puede ser reconocida a favor de un docente nacional ,

En virtud de dicho condicionamiento, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante Sentencia S -699 de 1997 del 29 de agosto de 1997, con cluyó que « la pensión gracia no puede ser reconocida a favor de un docente nacional , pues constituye requisito indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución alguna de la nación por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado por cuenta de ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran los educadores locales o regionales».11

7 Artículo 6. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de Instrucción Pública tienen derecho a jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que a esta complementan. Para el computo de los años de servicio se sumarán los prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la enseñanza primaria cono en el de la normalista, pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección. 8 Artículo 3. Las pensiones de jubilación de los maestros de escuela rebajadas p or decreto de carácter legislativo, quedaran nuevamente en la cuantía señalada por las leyes.

Hácense extensivas estas pensiones a los maestros que hayan completado los años de servicios señalados por la Ley, en establecimientos de enseñanza secundaria. 9 Al respecto pueden consultarse las siguientes providencias del Consejo de Estado: i) sentencia de 16 de junio de 1995, radicado: 10665; ii) sentencia de 29 de agosto de 1997, radicado: S-699. 10 Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:

de 16 de junio de 1995, radicado: 10665; ii) sentencia de 29 de agosto de 1997, radicado: S-699. 10 Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:

1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración. 2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).

3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional.

Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento .

4. Que observe buena conducta. 5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).

6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento. 11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de agosto de 1997, radicado: S -699. También pueden consultarse las siguientes providencias de la Sección Segunda que han acogido igual lineamiento: i) Subsección A, sentencia del 10 de marzo de 2016, radicado: 52001 -23-33-000-2013-00145-01 (2604 -2014); ii) Subsección B, sentencia del 1 de marzo de 2018, radicado: 25000 -23-42-000-2013-06449-01 (3989 -2015); y iii) Subsección B,7

Radicación: 05001-23-33-000-2014-01170-01 (1340-16)

Demandante: Gustavo Orrego Arbeláez

Radicación: 05001-23-33-000-2014-01170-01 (1340-16)

Demandante: Gustavo Orrego Arbeláez

Al respecto, es preciso resaltar que la prestación en comento se creó con la finalidad de compensar a los profesores adscritos a entidades territoriales en razón a la diferencia salarial que se evidenciaba en comparación con los docentes nacionales; sin embargo, este objetivo inicial perdió su fundamento con ocasión del proceso de nacionalización de la educaci ón que instituyó la Ley 43 de 1975 y en razón a que el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 dispuso que tal beneficio sería compatible con la pensión ordinaria de jubilación, «aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación».

En virtud de la expedición de la Ley 91 de 1989, la Sala Plena de esta corporación, en la referida Sentencia S -699 de 1997, afirmó que la pensión gracia debe reconocerse a los docentes nacionalizados, en aras de «colmar las expectativas de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por su labor, en el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria oficiales».

Ahora bien, la Ley 91 de 1989 pretendió desmontar el reconocimiento de la pensión gracia en consideración a que ya no existía la diferencia salarial anotada; sin embargo, en su artículo 15, numeral 2, literal a), previó lo siguiente:

Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posteriori dad al 1. de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones: […]

Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posteriori dad al 1. de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones: […]

2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Dec reto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

sentencia del 30 de enero de 2020, radicado: 23001 -23-33-000-2016-00431-01 (5640 -2018). En similar sentido, puede consultarse la Sentencia C -085 de 2002, proferida por la Corte Constitucional.8

Radicación: 05001-23-33-000-2014-01170-01 (1340-16)

Demandante: Gustavo Orrego Arbeláez

La Sentencia C-489 de 2000 declaró la exequibilidad condicionada de la expresión «vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980» contenida en la norma transcrita, bajo el entendido de que «las situaciones jurídicas particulares y concretas que se hubieran consolidado antes de entrar en vigencia la ley 91/89, esto es, antes del

bajo el entendido de que «las situaciones jurídicas particulares y concretas que se hubieran consolidado antes de entrar en vigencia la ley 91/89, esto es, antes del 29 de diciembre de 1989, quedan a salvo de la nueva normatividad por cuanto constituyen derechos adquiridos que el legislador no podía desconocer».

Mediante sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022,12 la Sección Segunda del Consejo de Estado analizó el alcance de la citada disposición, en consonancia con la jurisprudencia constitucional proferida en la materia, con el fin de determinar si era necesario tener consolidado el derecho pensional al 29 de diciembre de 1989.

Al respecto, se explicó que el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 contiene dos fechas relevantes para estudiar el derecho a la pensión gracia, a saber:

1. 31 de diciembre de 1980 - constituye el último momento en que podía realizarse la vinculación del docente que pretendiera el reconocimiento pensional.

1. 29 de diciembre de 1989 - corresponde a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989; sin embargo, esta «no puede entenderse como un plazo que demarque la última oportunidad para consolidar el derecho a la pensión gracia».13

En este orden de ideas, tiene derecho a que s e le reconozca la pensión gracia aquel docente que haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la

12 Radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).

territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la

12 Radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017). 13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificaci ón del 11 de agosto de 2022, radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).9

Radicación: 05001-23-33-000-2014-01170-01 (1340-16) Demandante: Gustavo Orrego Arbeláez Ley 114 de 1913 y demás normas que la desarrollaron, sin importa r el momento en que logre colmar los requisitos de edad y tiempo de servicio, es decir, que lo haga antes o después del 29 de diciembre de 1989. Al respecto, esta corporación explicó lo siguiente:14

[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del docente territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos posteriores siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o territoriales».15

[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición buscó proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta ese momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por ende, el único límite temporal que se i mpuso consistió en que los docentes territoriales y nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con

ese momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por ende, el único límite temporal que se i mpuso consistió en que los docentes territoriales y nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos como las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional, pues las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores vinculados en la forma indicada. […]

1. La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al límite temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso a la pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de diciembre de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar los requisitos previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista laboral respecto de la cual tenían aspiraciones legítimas.

1. Mediante la Sentencia SU -014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 « solo tiene una lectura posible, esto es, la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los profesores de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían acceder a la prestación siempre que se hubiesen vin culado hasta el 31

profesores de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían acceder a la prestación siempre que se hubiesen vin culado hasta el 31 de diciembre de 1980 y cumplieran los demás requisitos de ley ». A partir de dicho entendimiento, se reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó antes de la referida fecha y consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación de la Ley 91 de 1989.

14 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017). 15 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 1100103-15-000-2019-02219-01 (AC).10

Radicación: 05001-23-33-000-2014-01170-01 (1340-16) Demandante: Gustavo Orrego Arbeláez Bajo este contexto, se fijó como regla de unificación que «[l]os docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada co n antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».

Una vez aclarado este aspecto, es preciso tener en cuenta que para determinar la plaza docente que permite obtener el beneficio pensional en comento, en sentencia del 21 de junio de 2018, 16 esta corporación fijó las siguientes reglas de unificación:17

plaza docente que permite obtener el beneficio pensional en comento, en sentencia del 21 de junio de 2018, 16 esta corporación fijó las siguientes reglas de unificación:17

(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886 como en la de 1991, que transferí a o cedía la Nación a las entidades territoriales para atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a los presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;

(ii) la calidad de docente te rritorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se pierde, o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya intervenido el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el respectivo fondo educativo regional o h aya certificado la disponibilidad presupuestal o la vacancia definitiva del cargo;

(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas de la respectiva localidad, o de las -situado fiscal - cuando se sufragaban los gastos a través de los endógen as exógenas fondos educativos regionales, y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones; y

(iv) para acreditar la ca lidad de docente territorial, se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer

se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones; y

(iv) para acreditar la ca lidad de docente territorial, se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.

16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). 17 Para mayor claridad se separaron cada una de las reglas, pero se conservó el contenido literal de la sentencia transcrita.11

Radicación: 05001-23-33-000-2014-01170-01 (1340-16)

Demandante: Gustavo Orrego Arbeláez

El escenario normativo y jurisprudencial antes transcrito permite concluir que, en lo que atañe al requerimiento de acreditar de 20 años en el servicio educativo para acceder a la pensión gracia, los docentes deben demostrar una vinculación en una plaza na cionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y pueden acumular dichos tiempos con los posteriores laborados en similar condición.

A su vez, no se les puede exigir haber completado todos los requisitos antes del 29 de diciembre de 1989 y ta mpoco es válido impedir el acceso al beneficio pensional bajo el argumento de que los salarios fueron pagados total o

A su vez, no se les puede exigir haber completado todos los requisitos antes del 29 de diciembre de 1989 y ta mpoco es válido impedir el acceso al beneficio pensional bajo el argumento de que los salarios fueron pagados total o parcialmente con recursos provenientes del situado fiscal o del sistema general de participaciones, pues « lo esencialmente relevante, fre nte al reconocimiento de la aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada».18

2.3. Hechos probados

2.3.1. Edad, tiempo de servicios y antecedentes disciplinarios

1. Conforme el registro civil de nacimiento , el señor Gustavo Orrego Arbeláez nació el 4 de noviembre de 19 49, es decir, cumplió 50 años de edad el 4 de noviembre de 1999.19

1. Mediante el Decreto 282 del 10 de marzo de 197 7, «Por medio del cual se hacen nombramientos en secundaria», el gobernador del departamento de Antioquia, en uso de sus atribuciones legales, nombró al demandante como profesor de tiempo completo a partir del 3 de marzo en el Liceo Gonzalo Restrepo Jaramillo, en reemplazo de otra docente.20

18 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). 19 Cd folio 54 20 Folios 25 y 26.12

Radicación: 05001-23-33-000-2014-01170-01 (1340-16)

Demandante: Gustavo Orrego Arbeláez

19 Cd folio 54 20 Folios 25 y 26.12

Radicación: 05001-23-33-000-2014-01170-01 (1340-16)

Demandante: Gustavo Orrego Arbeláez

1. A través del Decreto 712 del 6 de junio de 1977, «Por medio del cual se hacen nombramientos en secundaria», el gobernador del departamento de Antioquia, en uso de sus atribuciones legales, nombró como educador de enseñanza secundaria del departamento al accionante, de tiempo completo a partir del 2 de mayo, en el Liceo Gonzalo Restrepo Jaramillo, en reemplazo de otra docente.21

21 Folios 27 y 28.13

Radicación: 05001-23-33-000-2014-01170-01 (1340-16)

Demandante: Gustavo Orrego Arbeláez

1. Con el Decreto 1594 del 28 de octubre de 1977, «Por medio del cual se hacen nombramientos en secundaria», el gobernador del departamento de Antioquia, en uso de sus atribuciones legales, nombró como educador de enseñanza secundaria del departamento al ac tor, de tiempo completo, a partir del 17 de octubre en el Idem Fernando Vélez, en reemplazo de otra docente.22

22 Folios 29 y 30.14

Radicación: 05001-23-33-000-2014-01170-01 (1340-16)

Demandante: Gustavo Orrego Arbeláez

1. Mediante el Decreto 342 del 9 de marzo de 197 8, «Por medio del cual se hacen nombramientos en secundaria», el gobernador del departamento de

Demandante: Gustavo Orrego Arbeláez

1. Mediante el Decreto 342 del 9 de marzo de 197 8, «Por medio del cual se hacen nombramientos en secundaria», el gobernador del departamento de Antioquia, en uso de sus atribuciones legales, nombró al demandante como profesor de tiempo completo a partir del 8 de febrero en el Idem San Luis , mientras durara la incapacidad del titular del empleo.23

23 Folios 31 y 32.15

Radicación: 05001-23-33-000-2014-01170-01 (1340-16)

Demandante: Gustavo Orrego Arbeláez

1. Con el Decreto 1362 del 12 de julio de 1978, «Por medio del cual se hacen nombramientos en secundaria», el gobernador del departamento de Antioquia, en uso de sus atribuciones legales, nombró como profesor de tiempo completo al señor Orrego Arbeláez, a partir del 3 de mayo en el Idem Germán Medina Angulo, en reemplazo de otra docente.24

24 Folios 33 y 34.16

Radicación: 05001-23-33-000-2014-01170-01 (1340-16)

Demandante: Gustavo Orrego Arbeláez

1. A través del Decreto 2008 del 5 de octubre de 1978, «Por medio del cual se hacen nombramientos en secundaria», el gobernador del departamento de Antioquia, en uso de sus atribuciones legales, nombró al demandante como educador de enseñanza secundaria del departamento, mientras durara la licencia del titul ar del empleo , a partir del 12 de septiembre, de tiempo completo, e n el

Liceo San Vicente de Paul.25

educador de enseñanza secundaria del departamento, mientras durara la licencia del titul ar del empleo , a partir del 12 de septiembre, de tiempo completo, e n el Liceo San Vicente de Paul.25

25 Folios 35 y 36.17

Radicación: 05001-23-33-000-2014-01170-01 (1340-16)

Demandante: Gustavo Orrego Arbeláez

1. Por medio del Decreto 456 del 30 de marzo de 1979, «Por medio del cual se hacen nombramientos en secundaria», el gobernador del departamento de Antioquia, en uso de sus atribuciones legales, nombró como educador de enseñanza secundaria del departamento al actor, para el Distrito Educativo 12, municipio 016, en remplazo de otro docente.26

26 Folios 37 y 38.18

Radicación: 05001-23-33-000-2014-01170-01 (1340-16)

Demandante: Gustavo Orrego Arbeláez

1. Con el Decreto 4160 del 12 de o