CE - 012333000201401488011SENTENCIA20231019145709

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., cinco (5) de octubre dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 76001 23 33 000 2014 01488 01 (1029-2022)

Demandante: Martha Sáenz Ramos Demandado: Departamento del Valle del Cauca Temas: Pensión de sobrevivientes. Fallecimiento anterior a la vigencia de la Ley 100 de 1993. No procede aplicación del Decreto 758 de 1990.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 31 de octubre de 2019 por el Tribunal Administrativo de l Valle del Cauca, por medio de la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1 1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la señora Martha Sáenz Ramos , por conducto de apoderado, demandó la nulidad de las Resoluciones números 727 del 18 de agosto

consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la señora Martha Sáenz Ramos , por conducto de apoderado, demandó la nulidad de las Resoluciones números 727 del 18 de agosto de 2005, 1186 del 22 de julio de 2005 y 591 del 21 de febrero de 2005, proferidas por el Departamento del Valle del Cauca, mediante las cuales se le negó el reconocimiento y pago de la pensión de sobr evivientes, en calidad de cónyuge del

1 Folios 72 al 102.2

Radicado: 76001 23 33 000 2014 01488 01 (1029-2022)

Demandante: Martha Sáenz Ramos

causante Gilberto Soto Montoya.

Como consecuencia de la declaraci ón anterior, a título de restablecimiento del derecho, pidió condenar a la entidad demandada a i) reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes desde el 4 de marzo de 1995, hasta la fecha en que se efectúe el pago de la primera mesada pensional, por concepto de retroactivo, así como la respectiva indexación de la primera mesada y los intereses de mora ; ii) incluirla en la nómina de pensionados del departamento del Valle del Cauca; y iii) pagar las costas y agencias en derecho.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado de la actora señaló los siguientes:

1. Los señores Martha Sáenz Ramos y Gilberto Soto Montoya contrajeron matrimonio católico el 22 de diciembre de 1979 y convivieron hasta el día de l fallecimiento de este, el 4 de marzo de 1995. En dicha unión procrearon tres hijos.

matrimonio católico el 22 de diciembre de 1979 y convivieron hasta el día de l fallecimiento de este, el 4 de marzo de 1995. En dicha unión procrearon tres hijos.

1. El señor Gilberto Soto, a través del Decreto 1744 de 1987, fue nombrado inspector departamental de Policía del Corregimiento de Tenerife, municipio del Cerrito (Valle del Cauca), adscrito a la Secretaría de Gobierno Departamental, cargo del cual tomó posesión el 23 de diciembre de 1987 y donde laboró hasta el día de su muerte.

1. Durante dicha relación laboral nunca estuvo afiliado a ningún fondo de pensiones, pues la Gobernación del Valle solamente lo tenía afiliado a salud con su grupo familiar. Por ello, la señora Martha Sáenz Ramos, en calidad de viuda, solicitó a la Secretaría de Prestaciones Sociales de la Gobernación del Valle del Cauca el pago de las respectivas prestaciones sociales y el reconocimiento de la pensión de sobrevivencia.

1. La Secretaría de Desarrollo Institucional —Área de Prestaciones Sociales de la Gobernación del Valle del Cauca— procedió a pagarle las prestaciones sociales de su esposo, al igual que el pago proporcional a sus tres hijos menores, el auxilio3

Radicado: 76001 23 33 000 2014 01488 01 (1029-2022) Demandante: Martha Sáenz Ramos funerario y el seguro de vida, sin pronunciarse sobre el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes.

1. La señora Sáenz Ramos solicitó el reconocimiento de la mencionada prestación, la cual fue negada por la Gobernación del Departamento del Valle del Cauca a

pensión de sobrevivientes.

1. La señora Sáenz Ramos solicitó el reconocimiento de la mencionada prestación, la cual fue negada por la Gobernación del Departamento del Valle del Cauca a través de la Resolución 591 del 21 de febrero de 2005, con el argumento de que el causante solo completó 7 años, 2 meses y 12 días de servicio y, además, porque para la fecha del fallecimiento el ente territorial aún no había adoptado la aplicación de la Ley 100 de 1993.

1. Por medio de la Resolución 727 del 18 de agosto de 2005 se resolvió el recurso de apelación, confirmando en su totalidad la decisión.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales, se señalaron los artículos 2, 6, 13, 29, 48, 53, 123, 124, 125 y 150 de la Constitución Política; la Ley 100 de 1993 y el Decreto 758 de 1990. Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la actora expuso, en esencia, lo siguiente:

1. Se vulneraron las disposiciones co nstitucionales citadas, por cuanto se desconocieron las obligaciones en ellas contenidas, de dar protección a la seguridad social del trabajador. Además, se desconoció el justo equilibrio de la normatividad en seguridad social y los intereses de la administración departamental.

1. La Ley 100 de 1993 empezó a regir «a partir del 1 de enero de 1994», pero a las entidades territoriales se les dio plazo para adoptarla hasta el 30 de junio de 1995; es decir, que la Gobernación del Valle del Cauca tuvo mucho ti empo para afiliar a

entidades territoriales se les dio plazo para adoptarla hasta el 30 de junio de 1995; es decir, que la Gobernación del Valle del Cauca tuvo mucho ti empo para afiliar a sus empleados al Sistema de Seguridad Social, pero se esperó hasta el último día, con lo cual los dejó desprotegidos y, por ello, debe responder por el reconocimiento de la prestación reclamada.4

Radicado: 76001 23 33 000 2014 01488 01 (1029-2022) Demandante: Martha Sáenz Ramos iii) El causante, en el momento del fall ecimiento, tenía 7 años, 2 meses y 12 días, equivalentes a 372 semanas, lapso superior a las 26 que exige la Ley 100 de 1993 y las 150 que requiere el Decreto 758 de 1990.

1.2. Contestación de la demanda

El departamento del Valle del Cauca se opuso a las pretensiones del libelo y expuso los siguientes argumentos de defensa:2

1. La actora pretende que se le otorgue la pensión solicitada con base en el régimen contenido en la Ley 100 de 1993, pero dicha posibilidad debe desestimarse puesto que al momento de la muerte del causante dicho régimen no se encontraba vigente en el orden territorial , de acuerdo con lo reglamentado en el parágrafo del artículo 151 de esta. Por lo tanto, se deben aplicar las Leyes 6 de 1945, 12 de 1975 y 33 de

1985.

1. El tiempo de servicio prestado por el señor Soto Montoya al departamento del Valle del Cauca es insuficiente para lograr que la demandante pueda obtener la pensión de sobrevivencia de conformidad con lo establecido en las leyes anteriormente citadas, las cuales regulan su situación.

Valle del Cauca es insuficiente para lograr que la demandante pueda obtener la pensión de sobrevivencia de conformidad con lo establecido en las leyes anteriormente citadas, las cuales regulan su situación.

1. El Decreto 758 de 1990 tampoco es aplicable al presente asunto, toda vez que el departamento del Valle del Cauca , al 17 de julio de 1977 , no se encontraba registrado como patrono ante el ISS.

1. Frente a la presunta omisión de afiliación del causante al sistema general de pensiones, el ente territorial cumplió con la carga de afiliar a sus empleados y trabajadores al Sistema General de Pensiones desde el 30 de junio de 1995 , por esta razón el señor Soto Montoya no fue afiliado al ISS toda vez que falleció el 4 de marzo de 1995, por lo que el ente territorial actuó dentro de los límites temporales para ello.

2 Folios 149 al 161.5

Radicado: 76001 23 33 000 2014 01488 01 (1029-2022)

Demandante: Martha Sáenz Ramos

Finalmente, propuso las excepciones de cobro de lo no debido e innominada.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de l Valle del Cauca denegó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte actora. Basó su decisión en las siguientes consideraciones:3

1. Dado que la muerte del señor Gilberto Soto Montoya data del 4 de marzo de 1995, es decir, fecha anterior a la entrada en vigencia en el nivel territorial del sistema general de pensiones contenido en la Ley 100 de 1993, teniendo en cuenta que esta

1. Dado que la muerte del señor Gilberto Soto Montoya data del 4 de marzo de 1995, es decir, fecha anterior a la entrada en vigencia en el nivel territorial del sistema general de pensiones contenido en la Ley 100 de 1993, teniendo en cuenta que esta entró a regir el 30 de junio de 1995, como lo establece el parágrafo del artículo 151, este régimen no resulta aplicable al caso concreto, pues la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido reiterativa en afirmar que la norma aplicable para el reconocimiento de la p ensión de sobrevivientes es la vigente en el momento del deceso del causante.

1. Así las cosas, la normatividad vigente a la muerte del trabajador para la prestación pretendida es la prevista en las 12 de 1975 y 33 de 1985, siempre y cuando el causante hubiere reunido los requisitos para acceder a la pensión de jubilación, los cuales no cumplió el señor Soto Montoya, pues a la fecha de su muerte contaba apenas con 40 años de edad y solo completó 7 años, 2 meses y 9 días de servicio, razón por la cual no es posible el reconocimiento de la pensión de sobreviviente s que reclama la actora.

1.4. El recurso de apelación

La parte demandante interpuso recurso de apelación4 y solicitó revocar la sentencia y acceder a las pretensiones de la demanda. Expuso las siguientes razones de inconformidad:

3 Folios 255 al 265. 4 Folios 275 al 292.6

Radicado: 76001 23 33 000 2014 01488 01 (1029-2022)

Demandante: Martha Sáenz Ramos

3 Folios 255 al 265. 4 Folios 275 al 292.6

Radicado: 76001 23 33 000 2014 01488 01 (1029-2022)

Demandante: Martha Sáenz Ramos

1. El régimen aplicable a la señora Martha Sáenz Ramos, en materia de pensión de sobrevivencia, como beneficiaria de un empleado público, es la Ley 100 de 1993, y no las Leyes 12 de 1975 y 33 de 1985, según las cuales, en todo caso, el causante debía cumplir con el tiempo de servicios exigido en la norma anterior, es decir, 20 años dentro de una entidad oficial, siendo que la muerte solo era habilitante del requisito de edad.

1. El Consejo de Estado, en casos similares, había aplicado el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, en virtud del principio de favorabilidad indicando que si bien existían regímenes pensionales anteriores a la vigencia de la Ley 100 de 1993, se había admitido la posibilidad de que a los beneficiarios de dichos regímenes les fueran aplicables las disposiciones general es, en tanto estas podían resultar más favorables a sus pretensiones.

1. Por su parte, la Cor te Constitucional dijo que l a pensión de sobrevivientes constituye uno de los mecanismos instituidos por el legislador para la consecución del objetivo de la seguridad social y que l a finalidad esencial de esta prestación social es la protección de la familia como núcleo fundamental de la sociedad . Es así, que el reconocimiento y pa go de la pensión de sobrevivientes tiene, en la mayoría de los casos, estrecha relación con derechos como el mínimo vital y la vida digna, adquiriendo así carácter fundamental.

así, que el reconocimiento y pa go de la pensión de sobrevivientes tiene, en la mayoría de los casos, estrecha relación con derechos como el mínimo vital y la vida digna, adquiriendo así carácter fundamental.

1. Finalmente, se debe tener en cuenta que la sentencia objeto de apelación omitió analizar la pretensión de la actora conforme a los lineamientos del Decreto 758 de

1990.

1.5. Alegatos de conclusión

Las partes guardaron silencio en esta etapa procesal.

1.6. Ministerio Público7

Radicado: 76001 23 33 000 2014 01488 01 (1029-2022) Demandante: Martha Sáenz Ramos El agente del Ministerio Público no emitió concepto.

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

Corresponde a la Sala de Subsección establecer si la demandante tiene derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, en virtud de la aplicación de la Ley 100 de 1993 , con ocasión del fallecimiento de su cónyuge, el señor Gilberto Soto Montoya, comoquiera que su fallecimiento ocurrió el 4 de marzo de 1995, antes de que esta empezara a regir en el nivel territorial.

2.2. Marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso 2.2.1. Del régimen general para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.

En materia de sustitución pensional, el Decreto 3135 de 1968, artículos 36 y 39, y el Decreto 1848 de 1969, artículos 80 y 92, consagraron la posibilidad de trasmitir el derecho jubilatorio a favor de los beneficiarios del causante únicamente en dos

el Decreto 1848 de 1969, artículos 80 y 92, consagraron la posibilidad de trasmitir el derecho jubilatorio a favor de los beneficiarios del causante únicamente en dos eventos: i) cuando fallece el empleado público en goce de pensión, y ii) cuando el empleado público muere con derecho a pensión sin que en efecto se haya efectuado el reconocimiento. Las mencionadas normas indicaban:

Decreto 3135 de 1968

Artículo 36. Al fallecimiento de un empleado público o trabajador oficial con derecho a pensión de jubilación, sus beneficiarios, en el orden y proporción señalados en el artículo 3412, tienen derecho a recibir de la respectiva entidad de previsión la pensión que le hubiere correspondido durante dos (2) años, sin perjuicio de las prestaciones anteriores. […] Artículo 39. Sustitución de Pensión. Fallecido un empleado público o trabajador oficial en goce de pensión de jubilación, invalidez o vejez, su cónyuge y sus hijos menores de 18 años o incapacitados para trabajar por razón de sus estudios o por invalidez, que dependieren económicamente de él, tendrán derecho a percibir la respectiva pensión durante los dos años subsiguientes.8

Radicado: 76001 23 33 000 2014 01488 01 (1029-2022)

Demandante: Martha Sáenz Ramos Decreto 1848 de 1969

Artículo 80. Fallecimiento del empleado con derecho a pensión. Cuando fallezca un empleado oficial que hubiere causado en su favor el derecho a pensión de jubilación, por reunir los requisitos legales, sin haberla hecho efectiva en vida, ese derecho se

Artículo 80. Fallecimiento del empleado con derecho a pensión. Cuando fallezca un empleado oficial que hubiere causado en su favor el derecho a pensión de jubilación, por reunir los requisitos legales, sin haberla hecho efectiva en vida, ese derecho se transmite a las personas señaladas en el Artículo 92 de este Decreto13, para el solo efecto de recibir de la entidad obligada el pago de la pensión que le hubiere correspondido al causante, durante los dos (2) años a que se refiere la citada norma legal. […].

Artículo 92. Transmisión de la Pensión. Cuando fallezca el pensionado por invalidez, jubilación o retiro por vejez, su cónyuge y sus hijos menores de dieciocho (18) años o incapacitados para trabajar por razón de estudios o por invalidez, que dependieren económicamente del causante, tendrán derecho a percibir la respectiva pensión durante los dos (2) años subsiguientes al fallecimiento del pensionado. […].

Posteriormente, la Ley 33 de 1973, en materia de sustitución pensional, exigió que el trabajador particular o el empleado o trabajador del sector público, debía estar pensionado o, en el momento de su fallecimiento, tener el derecho a pensión de jubilación, invalidez o vejez. Así se previó: Artículo 1. Fallecido el particular pensionado o con derecho a pensión de jubilación, invalidez o vejez, o un empleado o trabajador del sector público, sea este oficial o semioficial con el mismo derecho, su viuda podrá reclamar la respectiva pensión en forma vitalicia. […] Parágrafo 2. A las viudas que se encuentren en la actualidad disfrutando, o tengan

semioficial con el mismo derecho, su viuda podrá reclamar la respectiva pensión en forma vitalicia. […] Parágrafo 2. A las viudas que se encuentren en la actualidad disfrutando, o tengan derecho causado a disfrutar, de los cinco (5) años de sustitución de la pensión, les queda prorrogado su derecho dentro de los términos de esta Ley.

Luego, la Ley 12 de 1975, exigió que el trabajador o empleado hubiera completado el tiempo de servicio, de manera que si fallecía antes de cumplir la edad cronológica para tener derecho a la pensión de jubilación, había lugar a la sustitución pensional. Así, dispuso: Artículo 1 . El cónyuge supérstite, o la compañera permanente, de un trabajador particular o de un empleado o trabajador del sector público y sus hijos menores o inválidos, tendrán derecho a la pensió n de jubilación del otro cónyuge si este falleciere antes de cumplir la edad cronológica para esta prestación, pero que9

Radicado: 76001 23 33 000 2014 01488 01 (1029-2022) Demandante: Martha Sáenz Ramos hubiere completado el tiempo de servicio consagrado para ella en la Ley o en convenciones colectivas.

De lo anterior se infiere, que si bien en principio el derecho a la sustitución pensional solo surgía para los beneficiarios de un empleado público cuando a la fecha de su fallecimiento este había consolidado el derecho jubilatorio, con posterioridad el Legislador lo extendió para los casos en los que el empleado público hubiese logrado el tiempo de servicios sin completar la edad pensional, con el fin de amparar con tal medida el núcleo familiar de este, que por la contingencia de la muerte no

Legislador lo extendió para los casos en los que el empleado público hubiese logrado el tiempo de servicios sin completar la edad pensional, con el fin de amparar con tal medida el núcleo familiar de este, que por la contingencia de la muerte no logró consolidar plenamente su derecho pensional.

Con la expedición de la Ley 100 de 1993, y sin extinguir las normas especiales existentes en la materia, se estableció dentro del Régimen General de Seguridad Social la denominada «pensión de sobrevivientes» que prevé, además de la sustitución de la pensión ya percibida o consolidada por el trabajador fallecido, el reconocimiento de dicha prestación para sus beneficiarios, pese a no haber logrado el estatus pensional en el momento del fallecimiento, siempre y cuando hubiese efectuado un mínimo de cotizaciones establecido por el legislador.

La finalidad de dicha prestación es garantizar a los sobrevivientes del pensionado o afiliado fallecido la disposición de unos recursos para su digno sostenimiento, de tal forma que su deceso no signifique una ruptura que afecte la subsistencia del núcleo familiar más próximo del causante.

Ahora bien, respecto de la vigencia del régimen general de pensiones, el parágrafo del artículo 151 señaló que para los servidores públicos de los niveles departamental, municipal y distrital entraría a regir a más tardar el 30 de junio de 1995, «en la fecha que así lo determine la respectiva autoridad gubernamental». Es decir, facultó a las autoridades locales para que fijaran el momento a partir del cual empezaría a regir para sus trabajadores esta parte del régimen de seguridad social.10

Radicado: 76001 23 33 000 2014 01488 01 (1029-2022)

empezaría a regir para sus trabajadores esta parte del régimen de seguridad social.10

Radicado: 76001 23 33 000 2014 01488 01 (1029-2022) Demandante: Martha Sáenz Ramos Dicho precepto fue objeto de estudio por la Corte Constitucional, que, en sentencia C-415 de 2014 ,5 lo declaró exequible, al considerar, luego de analizar las circunstancias que precedieron a la expedición de la Ley 100 de 1993 y las condiciones que en materia pensional e xistían en el orden territorial, que el legislador no desconoce el principio de igualdad, por cuanto la consagración de una fecha posterior para la entrada en vigencia del sistema para los servidores públicos de los departamentos y municipios, sin incluir a los servidores públicos de l orden nacional, está fundado en un fin aceptado constitucionalmente, consistente en la protección especial al derecho a la seguridad social en pensiones de los servidores públicos de los niveles departamental, municipal y dist rital, pues los entes territoriales debían someterse a un proceso de adecuación y evaluación de las condiciones de solvencia o insolvencia de las cajas, fondos o entidades de previsión que reconocían y pagaban pensiones a los servidores públicos de orden territorial.

Por lo cual, concluyó que la vigencia diferida del Sistema General de Pensiones a nivel territorial , conforme al parágrafo del artículo 151 de la Ley 100 de 1993 , resultaba adecuada y además necesaria, pues «el trato legal divergente se justifica respecto de los grupos sometidos a una situación fáctica particular de los servidores públicos del nivel territorial y la regulación diferencial que contempla la norma tiene por objeto maximizar la protección de un derecho fundamental a través de la entrada

respecto de los grupos sometidos a una situación fáctica particular de los servidores públicos del nivel territorial y la regulación diferencial que contempla la norma tiene por objeto maximizar la protección de un derecho fundamental a través de la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones a partir del 30 de junio de 1995».

2.2.2. Improcedencia de la aplicación por favorabilidad y retrospectividad del régimen general de pensiones

El artículo 288 de la Ley 100 de 1993 determinó:

Artículo 288. Aplicación de las disposiciones contenidas en la presente ley y en leyes anteriores. Todo trabajador privado u oficial, funcionario público, empleado público y servidor público tiene derecho a la vigencia de la presente Ley le sea aplicable cualquier norma en ella contenida que estime favorable ante el cotejo con lo dispuesto en leyes anteriores sobre la misma materia, siempre que se someta a la totalidad de disposiciones de esta Ley.

5 Expediente D-9760, Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo del artículo 151 de la Ley 100 de

1993. Demandante: William David Gil Tovar. Magistrado ponente: Alberto Rojas Ríos.11

Radicado: 76001 23 33 000 2014 01488 01 (1029-2022)

Demandante: Martha Sáenz Ramos

Esta Corporación, a través de la sentencia de 29 de abril de 2010,7 precisó que, en materia laboral, en aplicación del artículo 288 de la Ley 100 de 1993 y en desarrollo del principio de favorabilidad, la ley podía ser aplicada de forma retrospectiva, en el entendido de que la nueva ley puede regular cierta s situaciones o hechos jurídicos que aun cuando han acaecido bajo la vigencia de una ley anterior no tuvieron la

del principio de favorabilidad, la ley podía ser aplicada de forma retrospectiva, en el entendido de que la nueva ley puede regular cierta s situaciones o hechos jurídicos que aun cuando han acaecido bajo la vigencia de una ley anterior no tuvieron la virtud de obtener su consolidación de manera definitiva como derecho bajo la ley antigua.

No obstante, la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia del 25 de abril de 2013,6 rectificó la posición frente a la aplicación retrospectiva del régimen general de pensiones en virtud del principio de favorabilidad e igualdad , consagrados en el citado precepto, y consideró que la ley que resulta aplicable es la que se encuentre vigente en el momento en que se estructura el derecho, esto es, en el caso de la pensión de sobrevivientes, en la fecha en que se produjo la muerte. Así, la Sala Plena de la Sección Segunda señaló:

Para la Sala es evidente que lo que pretende la demandante es la aplicación retroactiva de la Ley 100 de 1993, pues considera que le es benéfica y favorece sus pretensiones; no obstante, los derechos prestacionales derivados de la muerte del señor Reyes se consolidaron a la luz de las normas vigentes al momento de su fallecimiento, lo que lleva a afirmar que no es viable la aplicación de la ley que se pretende, toda vez que ello iría en contravía del principio de irretroactividad de la ley, derivado de la Ley 153 de 1887.

La ley sustancial, por lo general, tiene la vi rtud de entrar a regir las situaciones que se produzcan a partir de su vigencia, pues aún no se encuentran consolidadas y, solo por excepción, rigen de manera retroactiva; sin embargo, para que ello ocurra, el

La ley sustancial, por lo general, tiene la vi rtud de entrar a regir las situaciones que se produzcan a partir de su vigencia, pues aún no se encuentran consolidadas y, solo por excepción, rigen de manera retroactiva; sin embargo, para que ello ocurra, el contenido de la ley debe precisar lo pertinente, lo que no sucede en el caso de la Ley 100 de 1993, pues al tenor de lo dispuesto en su artículo 151 empezó a regir a partir del 1º de abril de 1994.

En las anteriores condiciones, la demandante no tiene derecho a acceder al derecho pensional consagrado en los artículos 46 a 48 de la Ley 100 de 1993, toda vez que los derechos prestacionales causados con la muerte de su cónyuge se consolidaron en vigencia de la normatividad anterior7, la que exigía el requisito de tener 15 o más años de servicio activo y, como no cumplió ese requisito, no era viable su reconocimiento.

6 Sección Segunda, radicado 76001 23 31 000 2007 01611 01 (1605-09). 7 Artículo 120 del Decreto 2063 de 1984.12

Radicado: 76001 23 33 000 2014 01488 01 (1029-2022) Demandante: Martha Sáenz Ramos Con los argumentos expuestos en forma antecedente, la Sala rectifica la posición adoptada en sentencias de abril 29 de 20108 y noviembre 1º de 20129, en las que, en materia de sustitución pensional se aplicó una ley nueva o posterior a hechos acaecidos antes de su vigencia, en ejercicio de la retrospectividad de la ley, precisando que no hay lugar a la aplicación de tal figura, toda vez que la ley que

materia de sustitución pensional se aplicó una ley nueva o posterior a hechos acaecidos antes de su vigencia, en ejercicio de la retrospectividad de la ley, precisando que no hay lugar a la aplicación de tal figura, toda vez que la ley que gobierna el reconocimiento de la pensión de beneficiarios es la vigente al momento del fallecimiento del causante y no una posterior.

En el mismo sentido, en providencia del 5 de marzo de 2015, 10 estimó que no era factible conceder el derecho reclamado por la accionante aplicando retrospectivamente lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, porque, por esta vía , conforme con la nueva posición , se desconocería el principio de irretroactividad de la ley derivado de la Ley 153 de 1887.

En conclusión, conforme a la posición actual del Consejo de Estado, no es procedente aplicar la Ley 100 de 1993 a situaciones que se consolidaron antes de su entrada en vig or, en virtud del principio de favorabilidad, pues debe tenerse en cuenta la disposi ción normativa vigente en el momento de los hechos que dieron origen a la consolidación del derecho pensional.

2.2.3. Del Decreto 758 de 1990

El Decreto 758 de 1990, 11 aprobatorio del Acuerdo 049 de 1990, expedido por el Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios, dispone lo siguiente:

Artículo 1. Afiliados al seguro de invalidez, vejez y muerte. Salvo las excepciones

8 Radicación No. 25000-23-25-000-2007-00832-01 (0548-09) C. P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, en la que se reconoció una pensión de sobrevivientes con base en la aplicación retrospectiva de la Ley 12 de 1975, a pesar de que el fallecimiento había ocurrido en octubre de 1970. 9 Reconoció una pensión de sobrevivientes con base en la aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993, a pesar de que el deceso del causante se produjo el 20 de febrero de 1991. En esta oportunidad el doctor Gerardo Arenas Monsalve salvó el voto en los siguientes términos: “Nótese además, desde el punto de vista práctico, el complejo problema que surge con la tesis mayoritaria que no se comparte, de aplicar el régimen general de la Ley 100 de 1993 a situaciones que se resolvieron plenamente antes de su vigencia. Como se trata de pensiones, y éstas no tienen término de prescripción, todos los derechos pensionales de sobrevivientes, resueltos en su momento aplicando válidamente la legislación anterior, resultan ahora sorpresivamente liti giosos, es decir, susceptibles de discusión judicial, así el fallecimiento del causante se haya producido en vigencia de esa legislación anterior, y así se hayan reconocido los derechos derivados del régimen anterior. El principio constitucional de la sost enibilidad financiera, establecido en la Carta desde el Acto Legislativo No. 1 de 2005 queda en entredicho, con una extensión tan amplia y generalizada de la aplicación del régimen general. 10 Sentencia del 5 de marzo de 2015, radicado 05001233300020120077201, consejero ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

10 Sentencia del 5 de marzo de 2015, radicado 05001233300020120077201, consejero ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. 11 Mediante el cual se estableció el régimen del seguro social obligatorio de vejez, muerte e invalidez, aplicable a los particulares por regla general.13

Radicado: 76001 23 33 000 2014 01488 01 (1029-2022) Demandante: Martha Sáenz Ramos establecidas en el artículo 2 del presente R eglamento, estarán sujetos al seguro social obligatorio contra los riesgos de invalidez, vejez y muerte de origen no

profesional:

1. En forma forzosa u obligatoria:

a) Los trabajadores nacionales o extranjeros que presten sus servicios a patronos particulares mediante contrato de trabajo o de aprendizaje;

b) Los funcionarios de seguridad social del Instituto de Seguros Sociales y,

c) Los pensionados por jubilación cuyas pensiones vayan a ser compartidas con las pensiones de vejez a cargo del In