CE - 012333000201500003011SENTENCIA20231009090717

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN Bogotá D.C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintitrés (2023) Radicación número: 88001-23-33-000-2015-00003-01 Actor: CINTHYA SALINAS CASTRO Y OTROS Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO Temas: ACCIÓN DE GRUPO / FALLA DEL SERVICIO POR OMISIÓNnecesidad de verificar contenido obligacional a cargo del Estado y su determinación en la producción del daño. CONTROL DE TRÁFICO MARÍTIMO. Los buques de bandera colombiana tienen la obligación de instalar y mantener en funcionamiento, de forma permanente, el dispositivo de posicionamiento y seguimiento de ruta por satélite. La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por la parte actora y por la parte demandada contra la sentencia de 3 de agosto de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, mediante la cual se accedió parcialmente a las súplicas de la demanda. I. SÍNTESIS DEL CASO Se atribuye a la demandada una falla del servicio, por omisión, lo cual impidió el rescate de los tripulantes de una embarcación que naufragó cuando se desplazaba desde la isla de San Andrés hacia la de Providencia. II. ANTECEDENTES 1. La demanda El 19 de diciembre de 2013 (fls. 1-19 c. n.° 1), los señores Lesma Elena Thyme Smith, Rigel Kent Nelson Thyme, Roberto Nelson James, Leonardo Nelson James, Hemblis Nelson James, Claudia Adela Nelson James, Leonardo Nelson

1. La demanda El 19 de diciembre de 2013 (fls. 1-19 c. n.° 1), los señores Lesma Elena Thyme Smith, Rigel Kent Nelson Thyme, Roberto Nelson James, Leonardo Nelson James, Hemblis Nelson James, Claudia Adela Nelson James, Leonardo Nelson James,Radicación número: 88001-23-33-000-2015-00003-01 Actor: Cinthya Salinas Castro y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional Referencia: Reparación de los perjuicios causados a un grupo

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Ivon Adela Nelson Manuel, Grace Kelly Williams, Silvia Lever Jay, Reggidy Cherry Ann Manuel Jay, Aida Lucrecia Whitaker Martin, Reggidy Ann Hawkins Whitaker, Delia Lucila Hawkins Whitaker, Melendes Francisco Whitaker Martin, Lucila Verónica Whitaker Martin, Elona O’Neill, Emerson Bowie Mitchell, Urbano Bowie Mitchell, Carmen Bowie Mitchell, Alvis Antonio Bowie Mitchell, Magnolia Bowie Mitchell, Casilda Cleotilde Bowie Mitchell, Jorley Orseda Bowie Mitchell, Diana Irizari Bent Steele, Liantis Margarita Venner de Forbes, Aristides Rafael Salinas Venner, Leticia Jiménez de la Cruz, Charlenis Salinas Cantillo, Aristides Rafael Salinas Castro, Cinthya Salinas Castro, Soleida Archbold Venner y Lindley Rolin Robinson Bush, por intermedio de apoderado judicial (fls. 1-4 c. n.° 1), interpusieron el medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo en contra de la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Dirección General Marítima, con el fin de que se le declarara patrimonialmente responsable de los perjuicios causados a partir de la muerte del señor Eduardo Meza Caballer y la desaparición de los señores Andye Nelson James, Charles Manuel Whitaker y Robert Bent Davis, como consecuencia del naufragio de la embarcación en la que se transportaban desde la isla de San Andrés hacia la isla de Providencia, el 5 de enero de 2012. Para el efecto, se elevaron las siguientes pretensiones: Primera. Se declare que la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Dirección General Marítima incurrió en causas originarias de perjuicios individuales a los demandantes y a todos y cada uno de los demás integrantes

del grupo de personas afectadas con el incidente de la motonave Miss Isabel ocurrido el 5 de enero de 2012 en jurisdicción del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, como consecuencia de la omisión en el ejercicio de su misión, sus funciones y facultades, al no haber actuado oportuna y adecuadamente ante los llamados de auxilio de la motonave Miss Isabel, y la omisión en el control del tráfico marítimo en forma segura al no advertir las capitanías de Puerto de San Andrés y de Providencia en sus sistemas, la situación anómala o por lo menos irregular por la que en forma evidente estaba atravesando la motonave Miss Isabel. Segunda. Como consecuencia de lo anterior, se condene a la parte demandada al pago de la indemnización colectiva que contenga la suma ponderada de las indemnizaciones individuales, las cuales tendrán como factores mínimos lo concerniente a los perjuicios materiales del armador, y morales de todos -que se prueben dentro del procesoy el daño a la vida de relación. Tercera. Se condene a la demandada al pago de las costas procesales que se generen. Cuarta. Se ordene la liquidación y pago de la suma que determina el numeral 6º del artículo 65 de la Ley 472 de 1998. Quinta. Se ordene, a cargo de la demandada, la publicación de un extracto de la sentencia definitiva en un diario de amplia circulación nacional dentro del mes siguiente a su ejecutoria, con la prevención de que todos los interesadosRadicación número: 88001-23-33-000-2015-00003-01 Actor: Cinthya Salinas Castro y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional Referencia: Reparación de los perjuicios causados a un grupo

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que no hubieren concurrido al proceso se podrán presentar a reclamar el valor de su indemnización, dentro de los veinte (20) días siguientes a la misma. Sexta. Se ordene el envío de copia del fallo definitivo a la Defensoría del Pueblo de conformidad con lo establecido en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998. Como fundamentos fácticos se narró, en síntesis, lo siguiente: El 4 de enero de 2012, la Capitanía de Puerto de San Andrés Isla expidió la autorización de zarpe no. 154305 a la motonave Miss Isabel, identificada con la matrícula MC-07-0175, para un recorrido desde la isla de San Andrés hasta la isla de Providencia, ida y regreso, programado para el 5 de enero de 2012. La motonave zarpó a las 5:00 horas, en la fecha indicada, con las siguientes personas a bordo: Andye Nelson James (capitán), Charles Manuel Whitaker (marinero), Eduardo Meza Caballero (maquinista), Emerson Bowie Mitchell, Aristides Rafael Salinas Venner, Robert Bent Davis y Juan Livingston (pasajeros). Su arribo a la isla de Providencia se estimaba a las 15:00 horas del mismo día. Aproximadamente a las 17:20 horas, los señores Giselle Robinson Archbold y Johan Mattos informaron a la Capitanía de Puerto de San Andrés Isla que la embarcación Miss Isabel no había llegado a su destino; en dicho lugar, uno de los funcionarios mencionó que había oído sobre “una embarcación o lancha que estaba botando humo sin confirmar de qué motonave se trataba, siendo su deber legal”. El capitán

de puerto de San Andrés Isla advirtió que la última posición de la motonave se había registrado a las 8:35 horas y realizó un llamado al guardacostas de la Armada Nacional, en el cual confirmó que la nave no tenía personas a bordo, sacaba humo y no era posible acercarse a ella. Uno de los sobrevivientes del naufragio, el señor Aristides Rafael Salinas Venner, en declaración rendida ante la Capitanía de Puerto de San Andrés Isla, manifestó que el capitán de la embarcación realizó dos llamados de auxilio mediante radio, aproximadamente a las 8:30 de la mañana. Posteriormente, se entregaron chalecos salvavidas a los ocupantes, luego la motonave explotó. El grupo de personas permaneció junto hasta las 14:00 horas; sin embargo, los señores Aristides Rafael Salinas Venner y Emerson Bowie Mitchell decidieron nadar hasta la isla en búsqueda de ayuda. El señor Emerson Bowie Mitchell llegó a la isla a las 17:30 horas, seguido del señor Aristides Rafael Salinas Venner quien arribó a las 18:30 horas. El señor Eduardo Meza Caballero falleció en cuanto llegó a la isla. Uno de los requisitos para que se expida autorización de zarpe a una motonave es la tenencia de una “aparato electrónico satelital denominado Vessel MonitoringRadicación número: 88001-23-33-000-2015-00003-01 Actor: Cinthya Salinas Castro y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional Referencia: Reparación de los perjuicios causados a un grupo

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System, o V.M.S., por sus siglas en inglés”. La embarcación Miss Isabel efectuó la última transmisión a las 8:25 horas, como aparece en el expediente de la investigación del siniestro, adelantada por la Capitanía de Puerto de San Andrés Isla. 2. Trámite en primera instancia 2.1. Mediante auto de 4 de febrero de 2014, el Juzgado Contencioso Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina admitió la demanda (fls. 234-236 c. n.º 1). Las notificaciones se efectuaron en debida forma (fls. 243-245 c. n.° 1). En proveído de 17 de septiembre de 2014, se adicionó el auto admisorio, en el sentido de tener como integrantes del grupo demandante a los señores Ivon Adela Nelson Manuel, Aida Lucrecia Whitaker Martin, Delia Cecilia Hawkins Whitaker, Reggidy Ann Hawkins Whitaker y Lindley Rollin Robinson Bush, quienes fueron omitidos en el proveído adicionado. En la misma decisión, fueron excluidos del grupo los señores Aristides Salinas Venner, Leticia Jiménez de la Cruz, Liantis Margarita Venner Forbes, Aristides Rafael Salinas Castro, Cinthya Salinas Castro, Charlenys Salinas Cantillo, Solaida Archbold Venner y Emerson Bowie Mitchell, en consideración a la solicitud que elevaron en ese sentido (fls. 271-272 y 289-290 c. n.º 1). 2.2. Dentro de la oportunidad legal para contestar la demanda, la Nación-Ministerio de Defensa Nacional se opuso a la prosperidad de las pretensiones. Propuso las excepciones de indebida

representación de la Dirección General Marítima, haberse notificado la admisión de la demanda a persona distinta de la que fue demandada y falta de legitimación en la causa por pasiva de la Dirección General Marítima, bajo el argumento de que en la demanda se hizo alusión únicamente a la Dirección General Marítima, la cual no tiene personalidad jurídica, y no al Ministerio de Defensa, por lo que no debió ser notificada esa última entidad. Agregó que no existe nexo causal entre el incendio de la embarcación y la actuación de la Dirección General Marítima. Mencionó que no existe reporte ni prueba de los llamados de auxilio efectuados por el capitán de la motonave, ni se recibió información de los armadores, agencias marítimas, empresas de transporte marítimos o la Policía Nacional, lo cual no contradice las versiones de los sobrevivientes. Indicó que el armador no hizo seguimiento a su embarcación, tampoco escuchó los llamados de auxilio pese aRadicación número: 88001-23-33-000-2015-00003-01 Actor: Cinthya Salinas Castro y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional Referencia: Reparación de los perjuicios causados a un grupo

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tener equipo de radiofrecuencia y comunicó la anomalía a la Capitanía de Puerto respectiva, de forma tardía. Señaló, además, que los señores Emerson Bowie Mitchell, Aristides Rafael Salinas, Eduardo Meza Caballero, Juan Livingston y Robert Kent no fueron reportados como pasajeros por parte del armador, por lo que no debían estar a bordo de la nave. Por esa razón, fue sancionado el señor Lindley Rollin Robinson Bush, quien actuaba como Armador de la aeronave, en la investigación jurisdiccional por siniestro marítimo de incendio no. 17012012001 de 28 de febrero de 2014, en primera instancia, adelantado por el Puerto de Capitanía de San Andrés Isla. Informó que la Capitanía de Puerto de San Andrés es una autoridad administrativa, la cual coordinó de forma voluntaria y gratuita la salida de 4 lanchas para la búsqueda de los náufragos; sin embargo, por las condiciones adversas, sólo fue posible efectuar labores de búsqueda durante dos horas. La Capitanía participó en las actividades que realizó el Comité Regional de Prevención y Atención de Desastres el día de los hechos y al siguiente día; adicionalmente, dispuso otra motonave para apoyar en la búsqueda, el 6 de enero de 2012. Finalmente, la Capitanía de Puerto de San Andres Isla solicitó al Centro de investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe, perteneciente a la Dirección General Marítima, efectuar la modelación oceanográfica de corrientes y vientos para estimar un área de búsqueda de la motonave, sin que se hubiera logrado obtener su ubicación. Adujo que la Motonave Miss Isabel tenía a bordo el sistema de comunicación

VMS y registró, el día de los hechos, 41 eventos de reporte básico de posición sin novedad, identificados en el sistema con el mensaje “no contiene evento”, con periodicidad normal. No se reportaron problemas con el equipo, ni alarmas de pánico. Añadió que la empresa Ultra S.A. se encarga del monitoreo del sistema VMS en algunas naves colombianas y de retransmitir la información a la estación de la Dirección General Marítima, por lo que se le solicitó informe y, en respuesta, dicha sociedad manifestó que la explosión de la motonave afectó el equipo de comunicación, de modo que al no existir emisión de señal, no se retransmitió información al sistema; además, tampoco se reportó aviso de alarma, que hubiera sido activado manualmente por el capitán o la tripulación mediante el botón de pánico, o no fue reportado por fallas técnicas. Manifestó que el propietario y armador de la aeronave debía tener constante comunicación con la aeronave e informar cualquier novedad a la autoridad marítima; no obstante, ello no sucedió y, en cambio, se determinó que la personaRadicación número: 88001-23-33-000-2015-00003-01 Actor: Cinthya Salinas Castro y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional Referencia: Reparación de los perjuicios causados a un grupo

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que aparentemente se encontraba atenta a la nave era un tercero que no se encontraba en el país cuando sucedieron los hechos. De otra parte, mencionó que el capitán de la nave tenía a cargo el control de la actividad de navegación y era el encargado de tomar las decisiones respectivas, en materia de seguridad y navegabilidad, incluidas las medidas para conjurar el incendio, por lo que dicha responsabilidad no podría ser trasladada a la autoridad marítima, la cual realiza control, principalmente, en los momentos de zarpe y arribo a puerto. Adujo que, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Ley 2324 de 1984, la autoridad marítima ejerce funciones jurisdiccionales en las investigaciones por siniestros marítimos y, en el caso concreto, se emitió fallo de primera instancia el 28 de febrero de 2014, en el que se exoneró de responsabilidad al capitán de la nave; además, se indicó que la embarcación se encontraba apta para navegar, tenía certificado de inspección vigente y no era posible prever el incendio que ocurrió, porque no se había presentado un daño previo o complicación en el zarpe. Con base en lo anterior, se afirmó que la situación presentada fue imprevisible e irresistible, que constituyó un caso fortuito o fuerza mayor; no obstante haberse presentado conductas reprochables como el cambio de tripulación, la falta de certificado de idoneidad en el desarrollo de actividades marítimas y la prestación de un servicio diferente al autorizado por la autoridad marítima nacional. Aclaró, en todo caso, que la investigación sólo tuvo en cuenta lo acontecido con anterioridad al incendio, pero no se estudiaron las acciones posteriores desplegadas por el capitán, por ejemplo, el llamado de auxilio que debió hacer. Propuso las causales de exculpación de hecho de un tercero, por la responsabilidad del armador de la nave, quien debió controlar y vigilar el trayecto de navegación e informar oportunamente la

desplegadas por el capitán, por ejemplo, el llamado de auxilio que debió hacer. Propuso las causales de exculpación de hecho de un tercero, por la responsabilidad del armador de la nave, quien debió controlar y vigilar el trayecto de navegación e informar oportunamente la novedad, y hecho exclusivo de la víctima, por cuanto el capitán transportó a pasajeros no reportados y no pudo utilizar “los medios de salvamento con los cuales contaba la embarcación debido a la utilización de dichos medios como bodega”, culpa que se traslada al armador (fls. 250-270 c. n.º 1). 2.2. Mediante auto de 7 de noviembre de 2014, se señaló fecha para llevar a cabo audiencia inicial (fl. 297 c. n.º 1); no obstante, en proveído de 2 de diciembre de 2014 se advirtió la falta de competencia del juzgado para adelantar el litigio, por lo que se dispuso la remisión del expediente al Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (fls. 300-301 c. n.º 1). En decisión de 10 de marzo de 2015, el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina avocóRadicación número: 88001-23-33-000-2015-00003-01 Actor: Cinthya Salinas Castro y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional Referencia: Reparación de los perjuicios causados a un grupo

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el conocimiento del asunto y citó a las partes a audiencia inicial, fecha que fue posteriormente modificada por solicitud de la parte demandada (fl. 314 c. n.º 1). 2.3. El 28 de abril de 2015 se llevó a cabo la audiencia inicial, durante la cual se aceptó el llamamiento en garantía al señor Lindley Rollin Robinson1, propietario y armador de la motonave siniestrada, solicitado por la parte demandada, y se declaró impróspera la excepción de falta de legitimación en la causa por activa, propuesta por el Ministerio de Defensa. El 20 de mayo de 2015 se reanudó la audiencia inicial y se decretaron las pruebas solicitadas por las partes (fls. 333-337 y 342-346 c. n.° 1). 2.4. El 14 de julio de 2015 se celebró audiencia de pruebas (fls. 369-374 c. n.º 1). 2.5. En auto de 29 de octubre de 2015 se corrió traslado para alegar de conclusión (fl. 502 c. n.º 1). La parte actora reiteró los argumentos expuestos en el libelo introductorio y recalcó que la omisión de socorro es la generadora del daño y tiene “relación de causalidad con la desaparición de las personas cuyos familiares aquí demandan. Se constituye en el nexo causal con el daño, por una falla en el servicio”. Mencionó que, de conformidad con el numeral 5º del artículo 5º del Decreto 2324 de 2984, la Dirección General Marítima dirige y controla las actividades relacionadas con la seguridad de la vida humana

en el mar, la búsqueda y salvamento marítimos; sin embargo, en el asunto que se analiza, no acudió tempranamente para auxiliar a las víctimas. Por último, señaló que la investigación del siniestro, adelantada por la Capitanía de Puerto de San Andrés Isla, contiene conclusiones parcializadas (fls. 511-516 c. n.º 1). La Nación-Ministerio de Defensa Nacional manifestó que la entidad no incurrió en omisión, por cuanto actuó de forma diligente una vez conoció la emergencia. Adujo que se configuraron las causales eximentes de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima y hecho de un tercero, por cuanto la autorización emitida por la autoridad marítima no fue cumplida, toda vez que se excedieron las cargas autorizadas y se distribuyeron de manera inadecuada en el interior de la embarcación, de modo que no se pudo hacer uso del bote salvavidas; además, no se autorizó el tránsito de pasajeros y una de las personas que conformaba la tripulación no contaba con permiso para navegar. Adicionalmente, en criterio de la entidad, el capitán era el responsable de cumplir las normas y acatar los permisos 1 Previamente, se había dejado sin efecto el proveído que había aceptado el llamamiento en garantía hecho al señor Lindley Rollin Robinson.Radicación número: 88001-23-33-000-2015-00003-01 Actor: Cinthya Salinas Castro y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional Referencia: Reparación de los perjuicios causados a un grupo

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otorgados por la Capitanía de Puerto; sin embargo, según versiones recaudadas, se encontraba durmiendo cuando inició el fuego y no activó el sistema de alarma, posiblemente a causa del incendio. Agregó que las actuaciones del capitán y la tripulación no tienen nexo alguno con la autoridad marítima, por acción, ni fue provocada o es consecuencia del servicio; por el contrario, se presentó una situación imprevisible e irresistible para la demandada, pues el capitán tenía licencia para desarrollar la actividad peligrosa, pero el día de los hechos no estuvo al frente de la operación; el maquinista estaba autorizado, así como un timonel; sin embargo, este último finalmente no embarcó; la motonave contaba con certificado de inspección; empero, durante el trayecto el bote salvavidas fue cargado con mercancía y los extintores no se pudieron utilizar en su totalidad, debido al incendio; finalmente, pese a contar la embarcación con el equipo de comunicación exigido, la entidad demandada no recibió ningún reporte de novedad, por lo que no pudo conocer del siniestro con antelación. Resaltó que, según las pruebas aportadas por la empresa Ultra S.A., la embarcación había sufrido accidentes similares y, aun así, continuó operando “sin las correcciones y prevenciones necesarias para evitar un nuevo siniestro”. Agregó que, de acuerdo con el artículo 1473 del Código de Comercio, el armador es la persona que bajo su cuenta y riesgo percibe las utilidades y soporta todas las responsabilidades que afectan la embarcación. En el caso analizado, la persona que estaba a cargo del seguimiento de la embarcación no era el armador, sino un tercero que no se encontraba en el país. Concluyó que la Armada Nacional actuó de manera inmediata para intentar rescatar a los náufragos, habiendo logrado, en efecto, rescatar a uno de los tripulantes (fls.

no era el armador, sino un tercero que no se encontraba en el país. Concluyó que la Armada Nacional actuó de manera inmediata para intentar rescatar a los náufragos, habiendo logrado, en efecto, rescatar a uno de los tripulantes (fls. 505-510 c. n.º 1). 3. Sentencia de primera instancia El Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina profirió sentencia de primera instancia, el 3 de agosto de 2016, en la que resolvió lo siguiente: Primero. Declárese patrimonialmente responsable a la Nación-Ministerio de Defensa-Dirección General MarítimaCapitanía de Puerto de San Andrés y Providencia, por los daños causados a Lesma Elena Thyme Smith, Rigel Kent Nelson Thyme, Ivon Adela Nelson Manuel, Elona O’Neill, Reggidy Cherry Ann Manuel Jay y Diana Irizari Bent Steel, con ocasión del siniestro de la M/N Miss Isabel, en donde resultaron desaparecidos los señores Andye Nelson James, Charles Manuel Whitaker y Robert Bent Davis, como consecuencia,Radicación número: 88001-23-33-000-2015-00003-01 Actor: Cinthya Salinas Castro y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional Referencia: Reparación de los perjuicios causados a un grupo

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Segundo. Condénase a la Nación-Ministerio de Defensa-Dirección General MarítimaCapitanía de Puerto de San Andrés y Providencia, a pagar por perjuicios morales, la suma ponderada de seiscientos (600) salarios mínimos legales mensuales vigentes, los cuales se pagarán en la forma y términos señalados en la parte motiva de esta providencia. Parágrafo. La suma a que se refiere el presente numeral será entregada al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia y será administrada por el Defensor del Pueblo. Tercero. Condénase a la Nación-Ministerio de Defensa-Dirección General MarítimaCapitanía de Puerto de San Andrés y Providencia a pagar por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante la suma ponderada de ciento veintiséis millones quinientos noventa y nueve mil ciento cincuenta y un pesos con tres centavos ($126.599.151,3), discriminados así: para Diana Irizari Bent Steel veintiún millones trescientos veintitrés mil seiscientos sesenta y cuatro pesos ($21.323.664); para Elona O’Neill diecisiete millones ochenta y seis mil setecientos noventa pesos ($17.086.790); para Lesma Elna Thume Smith once millones setecientos cincuenta mil ochocientos veintiún pesos con siete centavos ($11.750.821,7), para Riguel Nelson Thyme un valor total de veintiocho millones novecientos cinco mil doscientos siete pesos con tres centavos ($28.905.207,3); y para Reggidy Çherry Ann Manuel un valor de treinta

y seis millones ciento cuarenta y un mil cuatrocientos setenta y cinco pesos ($36.141.475), de acuerdo con las liquidaciones y consideraciones efectuadas en la parte motiva de esta providencia. Parágrafo. La suma a que se refiere el presente numeral será entregada al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia y será administrada por el Defensor del Pueblo. Cuarto. Condénase a la Nación-Ministerio de Defensa-Dirección General MarítimaCapitanía de Puerto de San Andrés y Providencia a pagar a quien o quienes, dentro de los veinte días siguientes a la publicación de esta sentencia, demuestren ante el Fondo para la Defensa de Derechos e intereses Colectivos, su parentesco con los señores Andye Nelson James, Charles Manuel Whitaker y Robert Bent Davis, las indemnizaciones que a continuación se relacionan, teniendo en cuenta el grado de consanguinidad se relacionan, teniendo en cuenta el grado de consanguinidad así: - Nivel No. 1. Primer grado de consanguinidad o civil y relaciones conyugales: 100 S.M. L.M.V. - Nivel No. 2. Segundo grado de consanguinidad o civil: 50 S.M.L.M.V. - Nivel No. 3. Tercer grado de consanguinidad o civil: 35 S.M.L.M.V. - Nivel No. 4. Cuarto grado de consanguinidad o civil: 25 S.M.L.M.V. Quinto. No reconocer perjuicios a favor de los señores Roberto Nelson James, Hemblis Nelson James, Claudia Adela Nelson James, Leonardo Nelson James, Melendes Francisco Whitaker, Lucila Verónica Whitaker, Aida Lucrecia Whitaker Martín, Delia Cecilia Hawkins Whitaker y Reggidy Ann Hawkins Whitaker por no acreditar en debida forma el parentesco alegado. Sexto. No reconocer perjuicios a favor de los señores Urbano Bowie Mitchell, Alvis Antonio Bowie Mitchell, Casilda Cleotilde Bowie Mitchell, Jorley Orsena

Martín, Delia Cecilia Hawkins Whitaker y Reggidy Ann Hawkins Whitaker por no acreditar en debida forma el parentesco alegado. Sexto. No reconocer perjuicios a favor de los señores Urbano Bowie Mitchell, Alvis Antonio Bowie Mitchell, Casilda Cleotilde Bowie Mitchell, Jorley Orsena Bowie Mitchell, Diana Irizari Bent Steele y Lindley Rollin Robinson por no acreditar la existencia de un daño que los lesione.Radicación número: 88001-23-33-000-2015-00003-01 Actor: Cinthya Salinas Castro y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional Referencia: Reparación de los perjuicios causados a un grupo

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Séptimo. Negar las demás pretensiones. Octavo. Declarar impróspero el llamamiento en garantía hecho al señor Lindley Rollin Robinson Bush, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Décimo. Fíjense como honorarios en favor del abogado, Dr. José Manuel Gnecco Valencia, el diez por ciento (10%) de la indemnización que obtenga cada uno de los miembros del grupo que no haya sido representado judicialmente. Como sustento de la decisión, se indicó, en síntesis, lo siguiente: Las funciones y competencias de la Dirección General Marítima y de las Capitanías de Puerto se encuentran establecidas en los Decretos 2324 de 1984 y 5057 de 2009; por su parte, las Resoluciones No. 2280 de 2002 y 038 de 2003 disponen la obligación a cargo de los buques de bandera colombiana dedicados al transporte marítimo y a la pesca industrial, de instalar el dispositivo de posicionamiento y seguimiento por satélite con el fin de que la autoridad marítima pueda monitorear la posición de las embarcaciones que navegan en jurisdicción nacional. El código de Comercio, en los artículos 1458, 1473, 1478 y 1481, establece las obligaciones y responsabilidades del armador. En el caso bajo análisis, se discute la responsabilidad de la entidad demandada por no atender la emergencia o haberla atendido tardíamente, teniendo en cuenta que la motonave siniestrada dejó de transmitir señal desde las horas de la mañana del día del incidente, “de lo cual podían enterarse oportunamente las Capitanías de Puerto de San Andrés y Providencia, si hubiese hecho

el debido control del tráfico marítimo ese día, máxime cuando a través del zarpe de la embarcación, tenían conocimiento de que la M/N Miss Isabel debía llegar a puerto seguro la tarde del 5 de enero de 2012, más o menos a las 3:00 p.m., no obstante, la Capitanía de Puerto de Providencia nunca se preocupó por la suerte de la embarcación y tampoco lo hizo la autoridad marítima de la Isla de San Andrés, quienes omitieron su deber funcional de revisar el monitor para controlar el trayecto de la embarcación (art. 8 Res. 38 de 2003), ya que, de haberlo hecho, eventualmente otra hubiera sido la suerte de sus tripulantes”. La autoridad marítima conocía sobre la ruta emprendida por la nave Miss Isabel; así mismo, los testigos presenciales que rindieron declaración en la investigación del siniestro adelantada por la Capitanía de Puerto de San Andrés Islas señalaron que el capitán de la nave reportó la salida de la embarcación; no obstante, la Dirección General Marítima “tenía en su poder el control del tráfico de la motonave”, pero no se percató de que la motonave había dejado de transmitir señal y sólo ochoRadicación número: 88001-23-33-000-2015-00003-01 Actor: Cinthya Salinas Castro y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional Referencia: Reparación de los perjuicios causados a un grupo

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horas después del siniestro conoció la anomalía, porque un representante del armador puso el aspecto en su conocimiento. No se configuraron las excepciones de hecho de un tercero y culpa exclusiva de la víctima, pues, según el informe de la empresa Ultra S.A., el sistema de comunicación “VMS no transmite alertas o alarmas cuando se presentan explosiones”; además, aunque el capitán intentó activar la alarma, no existe prueba de