CE - 012333000201500033021SENTENCIA20230330115524

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá, D.C. , veintitrés (23 ) de marzo de dos mil veinti trés (202 3)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho .

Radica ción : 54 00 1-23 -33 -000 -201 5-00033-02 (6646 -20 19)

Demandante: FERNANDO IVÁN ACOSTA MEDINA .

Demandad o: NACI ÓN – MINISTERIO DE DEFENSA -POLICÍA

NACIONAL .

Tema: Disciplinario. Ley 1437 de 2011.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ASUNTO

La Sección Segunda , Subsección A decide el recurso de apelación int erpuesto por el señor FERNANDO IVÁN ACOSTA MEDINA contra la sentencia de l 10 de octubre de 2019 , proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander , que negó las pretensiones de la demanda de la referencia.

II. ANTECEDENTES.

2. 1. Pretensiones

2.1.1. Se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:

a) Decisión sancionatoria de primera instancia proferida el 22 de

II. ANTECEDENTES.

2. 1. Pretensiones

2.1.1. Se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:

a) Decisión sancionatoria de primera instancia proferida el 22 de abril de 2013 expedida por el Jefe de la Oficina Control Disciplinario Interno de la Policía Metropolitana de Cúcuta en la que se impone sanción de destitución e inhabilidad general por un término de 11 años . b) Decisión disciplinaria de segunda instancia del 15 de junio de 2013 emitida por el Inspector Delegado Región Cinco de Policía que resolvió el recurso de apelación confirmando la providencia de primera instancia. c) Resolución No. 03274 del 24 de agosto de 2013 expedida porNulidad y restablecimiento del derecho.

Radicación: 54001-23-33-000-2015-00033-02 (6646-2019)

Demandante: Fernando Iván Acosta Medina

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 2 el Director General de la Policía Nacional por medio de la cual se ejecuta la sanción impuesta en la s decisiones di sciplinarias de primera y segunda instancia. A título de restablecimiento del derecho solicitó:

2.1.2 Se ordene por intermedio de la Policía Nacional y a la Procuraduría General de la Nación levantar los registros realizados por la sanción impuesta al demandante .

A título de restablecimiento del derecho solicitó:

2.1.2 Se ordene por intermedio de la Policía Nacional y a la Procuraduría General de la Nación levantar los registros realizados por la sanción impuesta al demandante .

2.1.3 Se condene al Gobierno Nacional - Ministerio de Defensa Nacional, por intermedio de la Policía Nacional al reintegro al servicio activo al estado en que se encontraba el Patrullero FERNANDO IVÁN ACOSTA MEDINA y a reconocer y p agar los salarios, primas, subsidios, vacaciones, prestaciones sociales y demás emolumentos dejados de percibir desde el momento en que fue retirado del servicio hasta su reintegro reconociendo el tiempo de antigüedad en el escalafón de sus compañeros, así como los cursos y grados de ascenso junto con los incrementos contemplados en el inciso cuarto del artículo 187 de la Ley 1437 de 2011 los cuales deben cancelarse indexados con el Índice de Precios al Consumidor , IPC al igual que las costas que se generen .

2.1.4 . Se condene al Gobierno Nacional - Ministerio de Defensa Nacional, por intermedio de la Policía Nacional a reconocer y pagar al actor los perjuicios de orden material y moral objetivados y subjetivados, actuales y futuros en forma genérica o como s e regule de conformidad con el artículo 138 del CPACA, los cuales se estiman en 300 salarios mínimos legales vigentes discriminados en 150 SMLV por el daño material causado, por cuanto la sanción limitó el derecho al trabajo y a proporcionar su sustento f amiliar y 150 SMLV como reparación por los daños morales que le gener ó la violación a la imagen y al prestigio personal, toda vez que salió

limitó el derecho al trabajo y a proporcionar su sustento f amiliar y 150 SMLV como reparación por los daños morales que le gener ó la violación a la imagen y al prestigio personal, toda vez que salió como un delincuente.Nulidad y restablecimiento del derecho.

Radicación: 54001-23-33-000-2015-00033-02 (6646-2019)

Demandante: Fernando Iván Acosta Medina

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 3 2. 2. Hech os.

En la demanda 1 se narraron los hechos relevantes que a continuación se resume n:

2. 2.1. El día 17 de diciembre el Teniente Andrés Felipe Betancourt Pinzón suscribió informe en contra de los Patrulleros FERNANDO ACOSTA MEDINA y Miller Hernando Pardo Hernández relacionados con una me rcancía que se verificó y que contenía unas cajas de licor al parecer de contrabando.

2.2. 2. Los Patrulleros FERNANDO ACOSTA MEDINA y Miller Hernando Pardo Hernández se encontraban de comisión de servicio ordenada por la Dirección de la Escuela de Policía de Vélez Santander, que tenía por objeto recoger un trasteo del Mayor Giovanni Guerrero Parra orden ajustada al plan de marcha suscrito por la Dirección de la citada escuela a la que pertenecen los uniformados.

2.2.3 Los patrulleros mencionados fueron sancionados con destitución e inhabilidad general por 10 años (sic) mediante una

por la Dirección de la citada escuela a la que pertenecen los uniformados.

2.2.3 Los patrulleros mencionados fueron sancionados con destitución e inhabilidad general por 10 años (sic) mediante una investigación adelantada con irregularidades procesales y sustanciales que vulneraron los derechos y garantías judiciales de los disciplinados.

2. 3. Conce pto de la violación .

El apoderad o del demandante señaló como norma s vulnerada s:

• Artículo s 25 y 29 de la Constitución Política .

Consideró que la investigación disciplinaria se inició sin determinar con claridad si existió flagrancia en relación con la supuesta utilización del bien del Estado, por cuanto el demandante lo hizo en cumplimiento de una orden leg ítima emanada de su superior jerárquic o el Mayor Giovanni Guerrero Parra , por lo que no se

1 Folios 1 al 4 6 y subsanación en los folios 83 al 86 del expediente.Nulidad y restablecimiento del derecho.

Radicación: 54001-23-33-000-2015-00033-02 (6646-2019)

Demandante: Fernando Iván Acosta Medina

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 4 estableció si se cumplían los requisitos para adelantar el procedimiento verbal.

Agregó que tampoco existe prueba esencial que soporte el cargo endilgado al demandante , pues el investigador se fundamentó en el informe mencionado y la diligencia de declaración del Mayor

procedimiento verbal.

Agregó que tampoco existe prueba esencial que soporte el cargo endilgado al demandante , pues el investigador se fundamentó en el informe mencionado y la diligencia de declaración del Mayor Guerrero , pero en ninguna de esas pruebas se demostró que el señor ACOSTA MEDINA haya hecho uso ilegal del camión . Por ello consideró debe aplicarse el pr incipio de in dubio pro disciplina do.

Señaló no se entiende c ómo el operador disciplinario le dio valor probatorio a la declaración del Mayor Guerrero si él era quien debió haber organizado el desplazamiento de sus pertenencias y engañó al demandante para que recogiera unas supuestas anchetas que eran para su beneficio.

Expuso que se vulneró el debido proceso, pues en el auto de cargos se tomaron unas pruebas de manera sesgada que servían para responsabilizar al accionante pero no se analizaron los hechos y , además se efectuó un análisis colectivo , pues no se individualizó la condu cta de cada uno de los disciplinados .

Afirmó que de las pruebas testimoniales recepcionadas no se deduce la responsabilidad del disciplinado, pues insistió en que el demandante actuó amparado en una orden de marcha suscrita por el Coronel Jorge Palomino y bajo la dirección del Mayor Guerrero Parra.

De otro lado, sostuvo que no se encuentra probado que la conducta se haya cometido a título de dolo debido a que no se demostró la intención en la conducta y el patrullero ACOSTA MEDINA actuó con la convicció n de que actuaba en cumplimiento de una orden lógica y leg ítima del Mayor Guerrero .

intención en la conducta y el patrullero ACOSTA MEDINA actuó con la convicció n de que actuaba en cumplimiento de una orden lógica y leg ítima del Mayor Guerrero .

Manifestó que el procedimiento policial efectuado por el Teniente Bethancourt y el Patrullero Silva no fue ajustado a la legalidad, toda vez que capturaron a los patrulleros investigados sin informarles sus derechos, contrario a lo que expresaron en el sentido de queNulidad y restablecimiento del derecho.

Radicación: 54001-23-33-000-2015-00033-02 (6646-2019)

Demandante: Fernando Iván Acosta Medina

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 5 fueron por su propia voluntad .

Expresó que el demandante llevaba 6 años como patrullero con una hoja de vida excelente, pero con la sanción impuesta se le violó el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas.

Sostuvo que solicitó la práctica de unas pruebas que se requerían en el proceso, pero fueron negadas, como la copia del oficio del hotel que demostraba que el patrullero Miller pernoctó allí lo que servía para corroborar lo que afirmaba el Mayor Guerrero bajo juramento de que había pasado la noch e en su residencia .

Sumado a lo anterior, advirtió que el operador disciplinario a sabiendas que de los testimonios solicitados por la defensa surgían más pruebas no las ordenó de oficio y las pedidas por la parte

Sumado a lo anterior, advirtió que el operador disciplinario a sabiendas que de los testimonios solicitados por la defensa surgían más pruebas no las ordenó de oficio y las pedidas por la parte tampoco la s decretó coartando el derecho a la defensa técnica y el debido proceso.

Ahora bien, respecto de la autoridad disciplinaria afirmó que no es abogado titulado ni cursa siquiera el último año de derecho jugando con las garantías de los investigados.

Relató que dentro de las pruebas solicitadas había unas fundamenta les para demostrar que el demandante no hizo uso ilegal de los bienes del Estado, pues el camión se encontraba amparado en una orden legal y quienes lo utilizaron mal fueron el Coronel Jorge Palomino y el Mayor Guerrero Parra, como este último lo afirma en su declaración , que lo uso para transportar un escritorio y un computador .

Así las cosas , mencionó que el Coronel Palomino debió ser llamado a rendir testimonio para establecer cuál fue el objeto de la autorización del vehículo, pues si lo hizo para fines personales como realizar el trasteo del Mayor Guerrero debe ser investigado.

Agregó que el mayor Guer rero se contradijo en su declaración al manifestar que el vehículo lo solicit ó para f ines administrativos que eran trasladar un escritorio y un computador cuando afirmó que noNulidad y restablecimiento del derecho.

Radicación: 54001-23-33-000-2015-00033-02 (6646-2019)

Demandante: Fernando Iván Acosta Medina

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o

Radicación: 54001-23-33-000-2015-00033-02 (6646-2019)

Demandante: Fernando Iván Acosta Medina

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 6 tenía oficina y trabajaba desde la casa .

Señaló que en el testimonio rendido po r el Patrullero Silva se contradice cuando afirma que incautó tanto las armas como el licor dejándolos a disposición del Coronel J2 , pero al preguntársele si el procedimiento se ajustó a la legalidad expresó que quien lo adelant ó fue el teniente .

Por últi mo, expuso , existen contradicciones entre las declaraciones del teniente Betancourt y el patrullero Silva , pues el primero afirmó que se trasladó por una orden del mayor Comandante del Distrito mientras el segundo indicó que fue J2.

2. 4. Contestación de la demanda .

La Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional , por medio de apoderad o judicial, se opuso a las pretensiones de la demanda 2,con fundamento en l os siguientes argumentos :

Sostuvo que el demandante no indica las razones por las cuales considera se vulneraron las normas constitucionales señaladas, sólo hace aseveraciones subjetivas en su afán de demostrar alguna irregularidad que no existió.

Después de hacer un recuento de las actuaci ones surtidas dentro del proceso disciplinario , manifestó que existió total apego a las garantías constitucionales salvaguardando los derechos del

irregularidad que no existió.

Después de hacer un recuento de las actuaci ones surtidas dentro del proceso disciplinario , manifestó que existió total apego a las garantías constitucionales salvaguardando los derechos del disciplinado , tanto así que el demandante contó con un apoderado de confianza, el cual tuvo la oportunidad de ejercer el derecho de defensa y contradicción, controvertir las pruebas, presentar recursos y alegatos, lo cual desvirtúa la intención de reprochar las irregularidades supuestamente presentadas .

Además, frente a la valoración probatoria afirmó que en el momento procesal se dieron traslado de las mismas para que fueran controvertidas y se le dio la posibilidad al actor de aportar pruebas por lo que en esta instancia no debería ventilarse el asunto .

2 Folios 107 al 119 del expediente.Nulidad y restablecimiento del derecho.

Radicación: 54001-23-33-000-2015-00033-02 (6646-2019)

Demandante: Fernando Iván Acosta Medina

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 7 Manifestó que los actos administrativos proferidos gozan de la presunción de legalidad mientras no se compruebe lo contrario, por lo que le corresponde a la parte actora probar las supuestas irregularidades, lo que en este caso no se hizo.

Agregó que solo pueden ser estudiadas las pruebas relacionadas en la demanda y no las aportadas posteriormente sin el cumplimient o de la formalidad y oportunidad que exige la norma.

irregularidades, lo que en este caso no se hizo.

Agregó que solo pueden ser estudiadas las pruebas relacionadas en la demanda y no las aportadas posteriormente sin el cumplimient o de la formalidad y oportunidad que exige la norma.

Presentó como excepciones:

(i) Ineptitud sustantiva de la demanda por incumplimiento de requisitos sustanciales . Afirmó que el actor al momento de impetrar la demanda deja de lado el numeral 3 del art íc ulo 162 del CPACA ya que no en uncia los hechos , toda vez que lo que se hace es una serie de aseveraciones sin enumerarl os ni clasificarlos . (ii) Innominada o genérica.

2. 5. Decisiones relevantes en la audiencia inicial 3

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander analizó la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda propuesta por la apoderada de la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional y señaló que al momento del estudio de la admisión de la demanda ordenó la corrección de la misma en relación con los hechos, la cual fue subsanada por la parte actora, por lo que la estimó no probada.

Además, declaró probada de oficio la excepción de caducidad de la acción, por cuanto el término para interpon erla se debe empezar a contabilizar desde la notificación de la decisión disciplinaria que resolvió de fondo el asunto.

En el caso sub examine el término se estableció a partir de la Resolución No. 03274 del 24 de agosto de 2013 mediante la cual el

3 Folios 156 al 162 y 189 al 194 del expediente.Nulidad y restablecimiento del derecho.

En el caso sub examine el término se estableció a partir de la Resolución No. 03274 del 24 de agosto de 2013 mediante la cual el

3 Folios 156 al 162 y 189 al 194 del expediente.Nulidad y restablecimiento del derecho.

Radicación: 54001-23-33-000-2015-00033-02 (6646-2019)

Demandante: Fernando Iván Acosta Medina

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 8 Direc tor General de la Policía Nacional ejecutó al sanción disciplinaria impuesta al actor , y no se tuvo en cuenta que es un acto de ejecución no susceptible de ser demandado ante la jurisdicción , por lo que los 4 meses se deben empezar a contar desde la notif icación de la decisión de segunda instancia el 18 de junio de 2013, es decir que la acción se encuentra caducada porque se interpuso el 10 de marzo de 2014.

La decisión de declarar la excepci ón de caducidad fue objeto de recurso de apelación por la parte actora.

Esta Corporación mediante auto del 15 de mayo de 2017 4 revocó la providencia del Tribunal Administrativo de Norte de Santander que declaró probada la excepción de caducidad al considerar que el computo del término se debe realizar a partir de la fecha de notificación del acto de ejecución de la sanción.

El Tribunal p revio a la fijación del litigio advirtió que la Resolución No. 03274 del 24 de agosto de 2013 es un acto de tr ámite no

notificación del acto de ejecución de la sanción.

El Tribunal p revio a la fijación del litigio advirtió que la Resolución No. 03274 del 24 de agosto de 2013 es un acto de tr ámite no susceptible de control jurisdiccional, razón por la cual no se tendrá en cuenta para establecer el problema jurídico.

El litigio fue fijado así:

“….corresponde pronunciarse sobre si los fallos de primera instancia del 22 de abril de 2013 emiti do por el Jefe de Control Interno Disciplinario de la Metropolitana de Cúcuta y de segunda instancia de fecha 15 de junio de 2013, proferido por el Inspector Delegado de la Región Cinco Policía con sede en la Ciudad de San José de Cúcuta Norte de Santander, mediante las cuales se impuso una sanción disciplinaria al Ex patrullero de la Policía Nacional FERNANDO IVÁN ACOSTA MEDINA se ajustan a derecho o si por lo contrar io, los mismos fueron expedidos con transgresión de las normas y cargos citados por la parte demandante como vulneradas? ”

4 Folios 169 al 179 del expediente.Nulidad y restablecimiento del derecho.

Radicación: 54001-23-33-000-2015-00033-02 (6646-2019)

Demandante: Fernando Iván Acosta Medina

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 9 2. 6. La sentencia apelada 5

Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 9 2. 6. La sentencia apelada 5

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander por medio de la sentencia de l 10 de octubre de 2019 negó las pretensiones de la demanda, con base en los argumentos que se resumen a continuación:

Después de hacer un recuento de los hechos probados en el proceso y de las actuaciones realizadas en la investigación disciplinaria advirtió que no se acreditaron los cargos de nulidad planteados, pues en las diferentes diligencias procesales la autoridad administrativa respetó y garantizó los derechos del investigado .

Al respecto sostuvo que una vez ini ciada la indagación preliminar la misma fue notificada al accionante para que accediera a la investigación, designara apoderado, pidiera pruebas y ejerciera su derecho de defensa y contradicción, pudiera ser oído en versión libre, rendir descargos e impugn ar las decisiones.

No obstante, adujo que el demandante manifestó su deseo de no rendir versión libre, pero sí estuvo presente en las diligencias de declaración del Teniente Betancourt y el Patrullero Silva aunque no interrogó a los testigos.

Agregó que también estuvo presente en la diligencia del Mayor Guerrero Parra y tampoco formuló preguntas.

De otro lado , expuso que la oportunidad con la que cuenta el disciplinado para aportar pruebas es al inicio de la audiencia al dar la versión de los hechos o en la etapa de descargos. En esta última el demandante solicitó (i) diligencia de ampliación del Teniente

disciplinado para aportar pruebas es al inicio de la audiencia al dar la versión de los hechos o en la etapa de descargos. En esta última el demandante solicitó (i) diligencia de ampliación del Teniente Betancourt, el Patrullero Silva y el Mayor Guerrero Parra, (ii) el regi stro del hotel en el que se hospedó el Patrullero Miller Pardo y (iii) la inspección al lugar de los hechos.

5 Folios 272 al 291 del expediente.Nulidad y restablecimiento del derecho.

Radicación: 54001-23-33-000-2015-00033-02 (6646-2019)

Demandante: Fernando Iván Acosta Medina

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 10 Indicó que el operador disciplinario accedió a la práctica de las ampliaciones, pero negó las otras dos pruebas, por cuanto eran inconducentes e i nnecesarias, por lo que el apoderado presentó recurso de reposición y apelación resolviéndose el primero desfavorablemente y frente al segundo se señaló que la oportunidad era cuando se notificara la decisión de primera instancia.

Consider ó que aunque se negaron las pruebas estas no eran pertinentes ni conducentes para desvirtuar el cargo endilgado por lo que la decisión no fue injusta ni caprichosa.

Agregó que se buscaba por parte del accionante demostrar una presunta falsedad testimonial para lo cual d ebió, si ese era su parecer, instaurar la correspondiente denuncia .

lo que la decisión no fue injusta ni caprichosa.

Agregó que se buscaba por parte del accionante demostrar una presunta falsedad testimonial para lo cual d ebió, si ese era su parecer, instaurar la correspondiente denuncia .

Ahora bien, frente a las pruebas solicitadas en los alegatos de conclusión señaló que las mismas fueron pedidas de manera extemporánea y los testimonios requeridos no desvirtuaban el carg o, por cuanto no se encontraban presentes en el lugar de los hechos al momento de ser requisado el camión.

Además, advirtió que dichas pruebas estaban encaminadas a demostrar la responsabilidad del Mayor Guerrero Parra y no a confirmar si el camión de la policía nacional se utilizó o no para un fin ilegal.

Por otra parte, respecto a que el capitán que profirió la decisión de pr imera instancia no es abogado titulado sostuvo que en el artículo 54 de la Ley 1015 de 2006, quien tiene la atribución disciplinaria debe ostentar el grado de oficial en servicio activo y no exige que sea profesional del derecho.

En relación con la afirm ación de que la autoridad disciplinaria no indicó con claridad los elementos o requisitos esenciales para aplicar el procedimiento verbal expresó que la Oficina de Control Disciplinario Interno Metropolitana de Cúcuta en el auto que abrió investigación hiz o alusión a las pruebas recaudadas indicando que se seguía este trámite, por cuanto estaban dados los requisitosNulidad y restablecimiento del derecho.

Radicación: 54001-23-33-000-2015-00033-02 (6646-2019)

Demandante: Fernando Iván Acosta Medina

se seguía este trámite, por cuanto estaban dados los requisitosNulidad y restablecimiento del derecho.

Radicación: 54001-23-33-000-2015-00033-02 (6646-2019)

Demandante: Fernando Iván Acosta Medina

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 11 sustanciales para proferir pliego, es decir , sí expresó la razón .

Frente a l cargo de que se endilgó responsabilidad colectiva manifestó que no comparte la afirmación del apoderado de la parte actora, debido a que el análisis de la identidad del investigado, de las pruebas, la valoración de los cargos, las alegaciones presentadas, la calificación de la falta, la culpabilidad, las razones de la sanción y los criterios de graduación de la misma se hicieron de manera individual .

Argumentó que el hecho de que el demandante se hubiera trasladado de la Escuela Vélez a la ciudad de Cúcuta amparado en una orden de marcha no lo exonera de la responsa bilidad disciplinaria al haber sido encontrado utilizando un bien del Estado de manera ilegal. Tampoco lo exime el hecho de que supuestamente el Mayor Guerrero Parra haya sido quien le ordenó cargar el camión con el licor de contrabando o sin la document ación correspondiente , toda vez que de conformidad con el articulo 29 de la Ley 1015 de 2006 si la orden es ileg ítima el subalterno no está obligado a obedecerla.

Adicionó que no resulta creíble la versión del demandante en la que

toda vez que de conformidad con el articulo 29 de la Ley 1015 de 2006 si la orden es ileg ítima el subalterno no está obligado a obedecerla.

Adicionó que no resulta creíble la versión del demandante en la que se dirigió al lugar para recoger unas supuestas anchetas limitándose a observar cómo cargaban el camión de la Policía, por cuanto al tener más de 4 años de servicio a la institución debió verificar la mercancía.

Sumado a lo anterior, expresó que las pruebas s í comprometen la responsabilidad del Patrullero ACOSTA MEDINA, pues los testimonios del Teniente Betancourt y del Patrullero Silva son coherentes y señalan al unísono que en el patrullaje observaron un camión de la Policía Nacional que procedieron a verific ar y encontraron más de 100 cajas de licor sin estampilla ni la documentación pertinente.

Finalmente, frente al argumentó expuesto por la parte actora en el sentido de que con la sanción impuesta se le vulneró el derecho al trabajo y al mínimo vital cons ideró que esta es una consecuenciaNulidad y restablecimiento del derecho.

Radicación: 54001-23-33-000-2015-00033-02 (6646-2019)

Demandante: Fernando Iván Acosta Medina

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 12 directa de las actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico que debieron pensarse antes de ejecutarse.

2. 7. Recurso de apelación .

Bogotá D.C. – Colombia 12 directa de las actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico que debieron pensarse antes de ejecutarse.

2. 7. Recurso de apelación .

El apoderad o de la parte demanda nte apeló 6 la anterior decisión , y solicitó que se revoque el fallo de primera instancia con base en los argumentos que a continuación se resumen:

Manifestó que no comparte la decisión del a quo cuando sostiene que no se violó el debido proceso y el derecho de defensa del demandante, tod a vez que uno de las prerrogativas del investigado conforme el artículo 92 de la Ley 734 de 2002 es el de solicitar pruebas, controvertirlas e intervenir en su práctica.

Sumado a lo anterior, expuso que la autoridad disciplinaria no practicó las pruebas e lementales como son la totalidad de las testimoniales .

Sostuvo que existió duda razonable frente a la supuesta utilización ile gal del vehículo, desconociéndose el principio de inocencia, toda vez que lo hizo por orden del Coronel Palomino para recoger un trasteo del Mayor Guerrero Parra .

De otro lado , expresó que no se presentó claridad ni congruencia en las pruebas que determinan la responsabilidad disciplinaria del actor, pues en el testimonio del Mayor Guerrero Parra manifestó que el camión se solicit ó para traste ar un escritorio y un computador pero después af irmó que era para llevar unos diplomas .

Además, mencionó que no se decretaron todas las pruebas solicitadas como la declaración del Coronel Palomino López, el jefe administrativo, los auxiliares que llevaron el trasteo violentándose el debido proceso y e l derecho de defensa .

Además, mencionó que no se decretaron todas las pruebas solicitadas como la declaración del Coronel Palomino López, el jefe administrativo, los auxiliares que llevaron el trasteo violentándose el debido proceso y e l derecho de defensa .

Argumentó que las únicas pruebas con las que se sancionó fueron

6 Folios 293 al 334 del expediente.Nulidad y restablecimiento del derecho.

Radicación: 54001-23-33-000-2015-00033-02 (6646-2019)

Demandante: Fernando Iván Acosta Medina

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 13 las declaraciones del Mayor Guerrero Parra y el Teniente Betancourt, testimonios que se contradijeron. Además el acto administrativo disciplinario se fundamentó en aprec iaciones subjetivas , no existió una valoración integral de la prueba.

Insistió en que se desconoció el principio de inocencia, toda vez que al existir duda en la responsabilidad ésta se resuelve a favor del disciplinado .

De otra parte, explicó que los actos administrativos fueron expedidos en forma irregular, por cuanto no existió certeza en la falta endilgada.

Expuso que el operador disciplinario de primera instancia decidió sin correr traslado para presentar alegatos de conclusión y se limitó a mencionar s ólo las pruebas que eran desfavorables al actor para sancionar lo, violándose el de bido proceso .

Adicionó que el fallador de primera instancia no hizo un control

a mencionar s ólo las pruebas que eran desfavorables al actor para sancionar lo, violándose el de bido proceso .

Adicionó que el fallador de primera instancia no hizo un control integral de los actos acusados conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado , se limitó a efectuar una revisión formal y no de fondo dejando de lado que existía una duda r azonable y se debía aplicar la presunción de inocencia .

De la misma manera consideró que no se realizó un análisis de la ilicitud sustancial debido a que en el caso bajo estudio no se presentó una afectación del deber funcional .

Mencionó que los actos a cusados se profirieron sin la suficiencia jurídica y por lo tanto , fueron expedidos en forma irregular, con desconocimiento del derecho de defensa y audiencia, falsa motivación, y desviación de las atribuciones que las profirió.

De otro lado, argumentó q ue se vulneraron los principios de igualdad y del trabajo, toda vez que reiteró se expidió los actos acusados sin observar las garantías procesales, sin valoración integral de las pruebas, desconociéndose el principio de inoce