CE - 012333000201500040011SENTENCIA20231128154814

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

REFERENCIA: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO RADICACIÓN: 27001-23-33-000-2015-00040-01 (3694-2022)

DEMANDANTE: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1

DEMANDADO: Ilba María Mosquera de Ibarguen

Tema: Lesividad. Tiempos de servicio docente en plaza del orden nacional. Vinculación de docente bajo la modalidad de educación contratada CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el treinta (30) de noviembre de dos mil veintiuno (2021) por el Tribunal Administrativo del Chocó, por medio de la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) , instauró demanda en contra de la señora ILBA MARÍA MOSQUERA DE IBARGUEN en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del

CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) , instauró demanda en contra de la señora ILBA MARÍA MOSQUERA DE IBARGUEN en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, (lesividad), con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES2

Que se declare la nulidad de la Resolución 16165 del 5 de septiembre de 1997, por medio de la cual, la extinta Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal) reconoció y ordenó el reconocimiento y pago de una pensión gracia a favor de la demandada y; de las Resoluciones 10824 del 9 de abril de 2007 y UGM 50108 del 19 de junio de 2012 que ordenaron la reliquidación de la pensión gracia.

1 En adelante UGPP. 2 Expediente digitalizado – Carpeta Zip - Documento (27001233300320150004000_ACT_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_19022021100534am_da01d 828870b400f91d9866d9607241f_TCDescargaTotalItem133199077983250751.pdf.)Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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Que a título de restablecimiento del derecho se condene a restituir a la entidad de manera indexada, la suma correspondiente a las mesadas pensionales pagadas sin tener derecho.

HECHOS3

Que a título de restablecimiento del derecho se condene a restituir a la entidad de manera indexada, la suma correspondiente a las mesadas pensionales pagadas sin tener derecho.

HECHOS3

Los hechos en que se fundamenta la demanda pueden resumirse de la siguiente manera.

Que la demandada nació el 9 de julio de 1945 y durante su vida laboral tuvo una vinculación en calidad de educadora nacional entre el 1. ° de mayo de 1973 y el 15 de septiembre de 2010, siendo esta última la fecha de su retiro, que desempeñó el último cargo como docente de la Institución Educativa Agroecológico San Rafael el Dos.

Que mediante la Resolución 16165 del 5 de septiembre de 1997, la extinta Cajanal otorgó el reconocimiento de l a pensión gracia , en una cuantía de $203.482.65, efectiva a partir del 7 de septiembre de 1995, por haber acreditado «tiempos del orden NACIONAL».

Que en cumplimiento del fallo de tutela proferido dentro del radicado 2005-0238 por el Juzgado primero Penal del Circuito de Bogotá el 21 de julio de 2005, ordenó la reliquidación de la pensión gracia a favor de la señora Ilba Mosquera con la inclusión de todos los factores salari ales. En cumplimiento a lo expuesto, Cajanal profirió la Resolución 10824 del 9 de abril de 2007, elevando la cuantía a $226.469,93, a partir del 9 de julio de 1995, con efectos fiscales a partir del 7 de julio de 2002, por prescripción.

Resolución 10824 del 9 de abril de 2007, elevando la cuantía a $226.469,93, a partir del 9 de julio de 1995, con efectos fiscales a partir del 7 de julio de 2002, por prescripción.

Que, mediante escrito del 26 de diciembre de 2007, la docente nuevamente solicitó ante la entidad la reliquidación de la pensión gracia con la inclusión de los factores percibidos en la fecha de la configuración del estatus, misma que fue resuelta en forma negativa, mediante la Resolución 4547 del 3 de febrero de 2009. También decidió negar la reliquidación de la interesada por retiro definitivo del servicio, a través de la Resolución 20458 del 14 de diciembre de 2011.

Finalmente, en la Resolución UGM 50108 del 19 de junio de 2012, la extinta Cajanal modificó el artículo segundo de la Resolución 10824 de 2007 y en su lugar, ordenó indexar las diferencias que resultaren de la pensión reliquidada entre las Resoluciones 16165 de 1997 y 10824 de 2007.

3 Ibidem.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida mediante auto del 29 de abril de 201 54, ante la imposibilidad de notificar a la señora Ilba María Mosquera de Ibarguen 5, el tribunal

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida mediante auto del 29 de abril de 201 54, ante la imposibilidad de notificar a la señora Ilba María Mosquera de Ibarguen 5, el tribunal procedió a realizar emplazamiento 6 y asignó curador ad litem 7. La solicitud de medida cautelar fue concedida en auto del 6 de septiembre de 20188. Por su parte, posteriormente, el curador de la demandada presentó memorial de contestación 9, en el cual advirtió que se acoge a los hechos que se demuestren en el plenario.

En la audiencia inicial 10, fijó el litigio estableciendo el objeto de la demanda y las pretensiones frente a las cuales se orientaría la decisión , consideró que las excepciones serían resueltas con el fondo del asunto, ordenó incorporar las pruebas allegadas, corrió traslado para alegatos en concordancia con los artículos 179 y 180 del CPACA.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN11

El Tribunal Administrativo del Chocó, dictó sentencia del 30 de noviembre de 2021 a través de la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, esto es, declaró la nulidad de los actos reprochados y negó la devolución de los dineros percibidos de buena fe. Como sustento de lo anterior, expuso los siguientes argumentos:

Que, de conformidad con el material probatorio allegado al plenario, mismo que demuestra la relación laboral de la demandada, pudo constatar que no cumplió con la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la pensión, puesto que, si bien la señora Ilba Mosquera se vinculó como docente antes del 31 de diciembre de

demuestra la relación laboral de la demandada, pudo constatar que no cumplió con la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la pensión, puesto que, si bien la señora Ilba Mosquera se vinculó como docente antes del 31 de diciembre de 1980, no acreditó los 20 años de vinculación como docente territorial o nacionalizada, pues laboró con la calidad de nacional.

Que se desempeñó como docente de primaria desde el 1. ° de mayo de 1973 hasta el 2 de diciembre de 19 75, pero su nombramiento fue ratificado mediante la

4Expediente digitalizado – ZIPdocumento (27001233300320150004000_ACT_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_19022021100555am_a5154 e8d06ff4089a1f4076e90adc8a6_TCDescargaTotalItem133199077902311947) 5 Auto del 15 de febrero de 2017Ibidem. 6 Emplazamiento fijado entre el 17 y 23 de febrero de 2017, ibidem. 7 Posesionado el 19 de febrero de 2019 . Documento ZIP27001233300320150004000_ACT_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_19022021100623am_a6e155 2f9b90492d81462b8939059eda_TCDescargaTotalItem133199077852936755. 8 Ibidem. 9 Ibidem. 10 El 25 de septiembre de 2019, expediente digitalizado. 11 Documento ZIP (27001233300320150004000_09Sentencia_70f467b863bb478b83f585e61ed4d5dd_TCDescargaTotalItem133 199077782153790)Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

199077782153790)Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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Resolución 12915 del 16 de noviembre de 1977 , expedida por el Ministerio de Educación Nacional, esto es, que a partir de 1977 ostentó la calidad de nacional.

Añadió que la UGPP orden ó el reconocimiento del derecho precisamente con los tiempos certificados en calidad de docente nacional, situación que no le permitía a la señora Ilba María Mosquera ser beneficiaria de la pensión gracia, en razón, a que el tiempo laborado desde agosto de 1976 , no podía ser considerado del orden territorial.

Sobre la devolución de los dineros, sostuvo que, de la situación fáctica descrita en la demanda, así como del material probatorio allegado al plenario, no pud o evidenciarse que existió por parte de la demandada actuación fraudulenta para la obtención de la pensión gracia, por el contrario , fue la entidad quien bajo su sano juicio decidió tener en cuenta los tiempos certificados y aportados para el reconocimiento de la pensión.

Por lo tanto, como los dineros fueron percibidos de buena fe no hay lugar al reembolso en los términos del artículo 164 del CPACA.

EL RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandada12 presentó escrito de apelación en el que solicita revocar la sentencia en favor de la docente, al considerar que existe desconocimiento de las garantías fundamentales al tratar de manera desigual a los docentes nacionales que

La parte demandada12 presentó escrito de apelación en el que solicita revocar la sentencia en favor de la docente, al considerar que existe desconocimiento de las garantías fundamentales al tratar de manera desigual a los docentes nacionales que al igual que los territoriales o nacionalizados, se desempeñaron en «los mismos establecimientos, alumno s y toda la infraestructura institucional propia de la actividad docente».

Además, precisa lo siguiente:

«¿No es una discriminación que por el solo hecho de su vinculación nacional, le denieguen derechos que sus propios colegas si disfrutan? El Estado es uno solo; el mismo estado no puede propiciar este tipo de agravios; eso sí es lesivo. ¿No están en juego el derecho a la igualdad, el cual es un derecho fundamental que el estado debe garantizar, según nuestra carta magna? Tengan por seguro honorables m agistrados, que el 80 o 90% de los docentes nacionales, que hoy disfrutan la pensión gracia, quedan en peligro de perder ese derecho. Es importante que los sindicatos intervengan para que impidan esa conjura contra el magisterio colombiano; vamos a poner en conocimiento este caso al sindicato de la federación colombiana de educadores (FECODE).»

12 Folio 206.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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PRONUNCIAMIENTO DE LAS PARTES

De conformidad con el numeral 4 del artículo 247 del CPACA, una vez admitido el recurso13, la parte demandante guardó silencio.

PRONUNCIAMIENTO DE LAS PARTES

De conformidad con el numeral 4 del artículo 247 del CPACA, una vez admitido el recurso13, la parte demandante guardó silencio.

De otra parte, la demandada en su intervención en segunda instancia, solicitó que se dé aplicación a la sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado sobre el reconocimiento de la pensión gracia contenida en el artículo 15, numeral 2, literal A, de la ley 91 de 1989, a la cual considera le resulta aplicable , toda vez que la docente fue vinculada desde el 1.° de mayo de 1973 al servicio del municipio de Istmina en la modalidad de educación contratada que manejaba la curia a través del vicariato apostólico de Istmina – Tadó, cuyos recursos pertenecían a la nación y siendo la educación un servicio público, esta modalidad se podía hacer a través de educación contratada.

POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

El procurador tercero delegado ante el Consejo de Estado rindió concepto14, en el que solicitó confirmar la sentencia apelad a al considerar que la demandada se vinculó al servicio educativo a partir de la Resolución 12915 del 1.° de mayo de 1973 en el Colegio Agroecológico San Rafael El Dos en l a Unión Panamericana de l Quibdó y que se retiró del servicio el 15 de septiembre de 2010, la cual f ue de carácter nacional, en tanto la institución estaba adscrita al Vicariato Apostólico de Itsmina, esto es, mediante la figura de educación nacional contratada.

Lo anterior y conforme a la jurisprudencia desarrollada por el Consejo de Estado en

carácter nacional, en tanto la institución estaba adscrita al Vicariato Apostólico de Itsmina, esto es, mediante la figura de educación nacional contratada.

Lo anterior y conforme a la jurisprudencia desarrollada por el Consejo de Estado en sentencia del 2 de junio de 2022 15, l a docente debía demostrar una vinculación territorial o nacionalizada previa al 31 de diciembre de 1980 y acreditar 20 años de servicios con el mismo carácter, condición que no fue agotada por parte de la señora Ilba María Mosquera.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

El problema que debe resolver la Subsección , es el de determinar si los períodos de labor de la demandada como docente desde el 1. ° de mayo de 1973 hasta el 30 de septiembre de 2010, lo fue bajo una vinculación del orden nacional que no pueda ser tenida en cuenta para consolidar la pensión gracia.

13 Índice 4 de SAMAI. 14 Índice 10 de SAMAI. 15 Radicación: 88001-23-33-000-2015-000054-02 (1393-2016), Sección Segunda, Subsección A.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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Marco normativo y jurisprudencial

En primer lugar, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación, habida cuenta de que es un beneficio prestacional que no requiere efectuar cotizaciones de ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar

Marco normativo y jurisprudencial

En primer lugar, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación, habida cuenta de que es un beneficio prestacional que no requiere efectuar cotizaciones de ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación de un tiempo de servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley 114 de 1913, que en su artículo 1° señaló,

«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»

Por su parte, el artículo 3° de la norma en cita estableció que: «Los veinte años de servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo 4º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados,

«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:

1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración. 2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).

3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.

4. Que observe buena conducta. 5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).

Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.

4. Que observe buena conducta. 5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).

6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»

Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún caso dos pensiones de este último orden.

Posteriormente, la pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las escuelas normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo 6° de la Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios departamentales o municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…] de recibir dos pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en su artículo 6° señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento de los requisitos consagrados en el numeral cuarto de esta Ley»16. Con la expedición de la

16 Consejo de Estado, Sección Segunda-SubsecciónA, Sentencia de 11 de octubre de 2007, C. P. Dr. Gustavo Gómez Aranguren, expediente 0417-07.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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Ley 37 de 1933 se extendió el alcance de este derecho a los maestros de establecimiento de enseñanza secundaria, sin embargo, no se efectuaron modificaciones o adiciones a los requisitos previamente previstos para el efecto.

Por su parte, la Ley 24 de 1947 consagró que, «Cuando se trate de servidores del ramo docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los sueldos devengados durante el último año». De hecho, la Ley 4ª de 1966, en su artículo 4º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que «la pensión de gracia se liquidará con base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio».

Ahora bien, sobre la prerrogativa bajo estudio también resulta necesario precisar como marco normativo aplicable al caso, que m ediante la Ley 43 de 1975 se desarrolló en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido desde el 1º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.

Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes oficiales en los siguientes términos,

«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990

oficiales en los siguientes términos,

«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

(…)

2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de le y, se reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equiva lente a una mesada pensional.»

Por otro lado, la jurisprudencia de esta corporación ha advertido que la pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que, en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter

Por otro lado, la jurisprudencia de esta corporación ha advertido que la pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que, en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter territorial y nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales de suCalle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S-699 del 26 de agosto de 199717 señaló,

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derec ho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].» (Negrilla fuera de texto).

De hecho, en punto a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de unificación CE -SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 18 planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, respecto al interrogante de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo

planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, respecto al interrogante de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo por el hecho de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales provengan del presupuesto general de la Nación, se arribó a las siguientes conclusiones,

«i) Los rec ursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente nacional, una vez se incorporab an a los presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

1. Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones , por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

1. La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entida des territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).

1. Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados 12, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las

1. Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados 12, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.

17Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S -699 de 26 de agosto de 1997, actor: Wilberto Therán Mogollón. 18 Proceso identificado con radicación 25000 -23-42-000-2013-04683-01 (3805 -2014), de Gladys Amanda Hernández Triana contra la UGPP.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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1. Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo regional , así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal 13; y (ii) por

permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo regional , así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal 13; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.

1. Prueba de calidad de docente territorial . Se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territ oriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.

1. Origen de los recursos de la entidad nominadora . Lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal — cuando se sufragaban los gas tos a través de los fondos educativos regionales ; y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal , hoy sistema general de participaciones .» (Resaltado del texto original)

En atención a lo descrito hasta este punto , se advierte que el carácter territorial o nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el

del situado fiscal , hoy sistema general de participaciones .» (Resaltado del texto original)

En atención a lo descrito hasta este punto , se advierte que el carácter territorial o nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.

Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente es nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse en primer lugar la naturaleza de la plaza a ocupar, lo cual se puede advertir observando quién y bajo qué competencia se expide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de empleadores, con independenc ia de los recursos que se utilicen para su financiación, o si lo propio ocurre en virtud de una delegación mediante la cual dichas autoridades posesionan a los educadores en nombre y representación del Ministerio de Educación Nacional conforme a los artícu los 9 y 10 de la Ley 29 de 1989.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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Radicado: 27001-23-33-000-2015-00040-01 (3694-2022)

Finalmente, debe recalcarse que en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CES2-2022 del 11 de agosto de 2022 19 la Sección Segunda también fijó como regla jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse al artícul o 15, numeral 2,

S2-2022 del 11 de agosto de 2022 19 la Sección Segunda también fijó como regla jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse al artícul o 15, numeral 2, literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».

Se precisa además que las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede administrativa como judicial, tal como sucede con el asunto bajo examen en esta oportunidad.

Resolución del caso concreto

En primer lugar, es destacable el hecho de que, para definir el presente litigio, se torna innecesario efectuar un análisis integral de los requisitos legales para acceder a la pensión gracia, toda vez que el centro de discusión frente al reconocimiento de la prestación a favor del demandado, radica en determinar si los períodos de labor de la demandada como docente oficial bajo vinculación territorial y nacionalizada equivale a 20 años, tiempo mínimo que le permite consolidar la pensión gracia.

Pues bien, de acuerdo con los preceptos legales y el criterio jurisprudencial expuesto e