CE - 012333000201500057011SENTENCIA20230523155600

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá DC, dieciséis (1 6) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 17 00 1-23 -33 -000 -2015 -00057 -01 (3 489 -201 6)

Demandante: Amparo Arango Ángel Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la

Protección Social – UGPPTemas: Pensión gracia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA/ LEY 1437 DE 2011

I. ASUNTO

1. La Sala de Subsección A decide el recurso de apelación interpuesto por la parte accionada en contra de la sentencia del 29 de febrero de 2016 , proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas , que accedió a las súplicas de la demanda instaurada por la señora Amparo Arango Ánge l, en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la

Protección Social – UGPP -.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda 1.

2.1.1. Pretensiones.

Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP -.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda 1.

2.1.1. Pretensiones.

2. La señora Amparo Arango Ángel , por intermedio de apoderado judicial y en ejercicio de l medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 de la Ley

1 Folios 111 Cuaderno 1.Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado: 17001 -23 -33 -000 -2015 -00057 -01 (3489 -2016 )

Dem andante: Ampar o Arango Ángel

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1437 de 2011 2, solicitó la nulidad de las Resoluciones RDP 02 9365 de 2 6 de septiembre de 2014 , RDP 035392 de 21 de noviembre de 2014 y RDP 035745 de 25 de noviembre de 2014 por medio de la s cual es la UGPP le negó su solicitud de reconocimiento y pago de la pensión gracia y resolvió los recursos de reposición y apelación interpuestos contra la deci sión inicial, respectivamente.

3. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó condenar a la UGPP a reconocerle y pagarle la pensión gracia a partir del 10 de junio de 2005 , con inclusión de todos

3. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó condenar a la UGPP a reconocerle y pagarle la pensión gracia a partir del 10 de junio de 2005 , con inclusión de todos los factores deven gados en el año de liquidación del estatus pensional debidamente indexados; que se ordene el cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos 192 y siguientes del CPACA y finalmente, que se condene en costas a la entidad demandada.

2.1.2 . He chos.

4. Señaló como fundamentos fácticos relevantes los siguientes:

5. La señora Amparo Arango Ángel nació el 12 de octubre de 1949 y prestó sus servicios como docente al servicio del Estado por más de 20 años, p or lo que solicitó ante la UGPP el reconocimiento y pago de la pensión gracia de jubilación, de conformidad con las Leyes 114 de 1913 y 116 de 1928, en concordancia con el art ículo 3.° de la Ley 37 de 1933.

6. La UGPP inicialmente a través de las Resoluciones 18660 de 8 de mayo de 2008 y 2093 de 23 de enero de 2009 le negó su solicitud de reconocimiento y pago de la pensión gracia con base en que presenta ba vinculaciones del orden nacional.

7. El 16 de junio de 2014 la señora Amparo Arango Ángel solicitó nuevamente el reconocimiento pensional .

8. A través de la Resolución RDP 02 9365 de 2 6 de septiembre de 2014, la UGPP denegó su solicitud al señalar que el tiempo

nuevamente el reconocimiento pensional .

8. A través de la Resolución RDP 02 9365 de 2 6 de septiembre de 2014, la UGPP denegó su solicitud al señalar que el tiempo comprendido entre el 17 de febrero de 1971 y el 31 de enero de 1976 se trató de una vinculación del orden nacional.

9. Contra la anterior determinación la accionante interpuso recursos de reposición y apelación, donde indicó que se trató de tiempo del

2 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo».Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado: 17001 -23 -33 -000 -2015 -00057 -01 (3489 -2016 )

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orden departamental, según certificación expedida por la gobernación del departamento de Caldas, junto con el acto de nombr amiento.

10. Mediante la s Resoluciones RDP 035392 de 21 de noviembre de 2014 y RDP 035745 de 25 de noviembre de 2014 la entidad confirmó la decisión inicial.

2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación.

11 . Como normas vulneradas citó los artículos 2.º a 6.° , 13, 46, 48 y 53 de la Constitución Política; las Leyes 114 de 1913, 116 de 128,

11 . Como normas vulneradas citó los artículos 2.º a 6.° , 13, 46, 48 y 53 de la Constitución Política; las Leyes 114 de 1913, 116 de 128, 37 de 1933, 43 de 1975, 91 de 1989, artículo 15 y finalmente los artículos 2 .° 3.°, 82 y 85 del CPACA.

12 . En el concepto de violación sostuvo, en síntesis, que se incurrió en violación de la ley como causal de nulidad al negarse el reconocimiento de la pensión gracia a la demandante.

13. Según la demanda, debe reconocérsele la pensión comoquiera que la docente se vinculó al servicio an tes de 1980, en el departamento de Caldas, acreditó vinculación nacionalizada, y que para ello aportó certificación expedida el 21 de noviembre de 2013 por la profesional especializada del grupo de gestión administrativa del ente territorial.

2.2. Contes tación de la demanda 3.

14. La UGPP , por intermedio de apoderado judicial, se opuso a las súplicas de la demanda al considerar que no le asiste derecho a la demandante al reconocimiento de la pensión gracia comoquiera que existe contradicción probatoria en torno a la naturaleza docente de los cargos desempeñados, entre 1991 y 2005, toda vez que fueron por nombramiento del orden nacional.

15. Por tanto, al advertir lo anterior, profirió los actos administrativos demandados que se encuentran ajustados a derecho pues se aplicaron de forma correc ta las normas que consagran la pensión gracia.

por nombramiento del orden nacional.

15. Por tanto, al advertir lo anterior, profirió los actos administrativos demandados que se encuentran ajustados a derecho pues se aplicaron de forma correc ta las normas que consagran la pensión gracia.

16. Propuso las excepciones de « inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido » y «prescripción».

3 Folio s 104 a 110 .Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado: 17001 -23 -33 -000 -2015 -00057 -01 (3489 -2016 )

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2.3. La sentencia apelada 4.

17. El Tribunal Administrativo de Caldas mediante sentencia del 29 de febrero de 2016 accedió a las súplicas de la demanda , declaró la prescripción parcial, de las mesadas anteriores al 16 de junio de 2011 y condenó en costas a la entidad demandada .

18. Al respecto, realizó un recuento normativo y jurisprudencial sobre los requisitos exigidos para acceder a la pensión gracia de jubilación, de conformidad con las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933, y 91 de 1989 y artículo 15, numeral 2.° literal A).

19. Luego se refirió al acervo probator io allegado al proceso y a partir de allí determinó que la demandante fue nombrada en propiedad en

y 91 de 1989 y artículo 15, numeral 2.° literal A).

19. Luego se refirió al acervo probator io allegado al proceso y a partir de allí determinó que la demandante fue nombrada en propiedad en el Liceo Claudina Múnera de Aguadas mediante Decreto 239 de 6 de marzo de 1991 y posesionada el 14 del mismo mes y año y se retiró del servicio el 1.° de julio de 2006.

20. Así mismo explicó frente a ese periodo que según certificado de 14 de mayo de 2005 fue afiliada com o docente nacionalizada. Precisó que ese certificado fue posterior al emitido el 5 de septiembre de 2007 donde se señaló que era docente nacional ( ff. 12 a 18 del cuaderno principal). Adicionalmente mediante Resolución 239 de 6 de marzo de 1991 el alcalde del municipio de Aguadas nombró a la docente el «Liceo Claudina Múnera Nacionalizado» por lo que concluyó que la v incu lación no era de tipo nacional .

21. De otra parte, explicó que la demandante prestó sus servicios como docente antes del 31 de diciembre de 1980 desde el 17 de febrero de 1971 al 31 de enero de 1976. Así mismo mediante Decreto 0049 de 1971 el departamento de Caldas reconoció los citados serv icios como prestados en cumplimiento de una «licencia » de la docente Consuelo Patiño de Bedoya, por lo que no es posible entender que esos tiempos fueron nacionales . Además, según jurisprudencia del Consejo de Estado no podía colegirse que por cubrir una l icencia puedan descartarse esos tiempos laborados, para

entender que esos tiempos fueron nacionales . Además, según jurisprudencia del Consejo de Estado no podía colegirse que por cubrir una l icencia puedan descartarse esos tiempos laborados, para lo cual citó la sentencia de 13 de febrero de 2014 de la Sección Segunda, Subsección A dentro del proceso radicado170012331000201200008 -01 .

22. Por tanto, concluyó que la docente laboró por m ás de 20 años, 3 meses y 1 día al servicio de entes territoriales nacionalizados y además no registraba antecedentes disciplinarios según certificado expedido por la Procuraduría General de la Nación.

4 Folio 158 y s.s.Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado: 17001 -23 -33 -000 -2015 -00057 -01 (3489 -2016 )

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23. Por lo anterior concluyó que, al acreditar la edad y tiempos de servicios requeridos, debía accederse a las pretensiones de la demanda por lo que declaró la nulidad de los actos acusados y ordenó el reconocimiento pensional solicitado a partir del 30 de ma rzo de 2006 , fecha en que adquirió el estatus pensional al cumplir el tiempo requerido, li quidándola con el 75% de todo lo devengado por la servidora (asignación básica y las primas de alimentación,

2006 , fecha en que adquirió el estatus pensional al cumplir el tiempo requerido, li quidándola con el 75% de todo lo devengado por la servidora (asignación básica y las primas de alimentación, vacaciones y navidad) en el año inmediatamente anterior a esa fecha , pero con efectividad desde el 16 de junio de 2011, por efectos de la prescripción, por cuanto realizó la petici ón el 16 de junio de 2014 y presentó la demanda el 18 de febrero de 2015 .

24 Finalmente , ordenó actualizar las sumas generadas, de conformidad con el artículo 178 del «CCA» , y condenó en costas a la entidad demandada , pero o miti ó referirse a los demás términos de cumplimiento de la sentencia.

25. El magistrado Augusto Morales Valencia salvó su voto ( ff. 167 y s.s.) e indicó que en este caso la demandante solamente prestó sus servicios docentes antes del 31 de diciembre de 1980, cubriendo una licencia de la docente titular lo que no le daba derecho a percibir la pensión gracia porque la titul ar del derecho era quien tenía expectativa de obtenerla y el tiempo restante lo prestó después de

1981.

2.4. Recurso de apelación 5

26. La apoderad a la UGPP presentó escrito de disenso 6 donde señaló que se encontraba en desacuerdo con acceder a las suplicas de la demanda p orque los tiempos laborados lo fueron en c alidad de docente del orden nacional , situación que no solo se contrapone con la finalidad de esta prestación especial, sino a la normatividad que la creó y desarrolló.

demanda p orque los tiempos laborados lo fueron en c alidad de docente del orden nacional , situación que no solo se contrapone con la finalidad de esta prestación especial, sino a la normatividad que la creó y desarrolló.

27. Adicional a lo anterior indicó que no debe condenarse en costas la entidad demandada comoquiera que no actuó de forma temeraria sino de buena fe, en aras de la protección de los recursos del E stado.

5 Folio 174 y s.s. 6 Folios 202 y s.s.Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado: 17001 -23 -33 -000 -2015 -00057 -01 (3489 -2016 )

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2.5. Alegatos de segunda instancia

28. En esta oportunidad la apoderada de la UGPP 7 reiter ó los argumentos de la contestación y el recurso de apelación.

2.5.3. Tanto la parte demandante como e l Ministerio Público guardaron silencio 8.

29. Como no se observa causal que invalide lo actuado, la Sala de Subsección procede a decidir previas las siguientes.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

30. Esta Subsección es competente para conocer del asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 9 de la Ley 1437 de 2011.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

30. Esta Subsección es competente para conocer del asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 9 de la Ley 1437 de 2011.

31. D e conformidad con el artículo 328 del Código General del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos expuestos por la apelante. No obstante, en caso de que ambas partes hayan apelado la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.

32. En el asunto objeto de estudio la entidad demandada es apelante única, por lo que la competencia de la Sala de Subsección se encuentra limitada a lo expuesto en el recurso de apelación.

3.2. Problema s Jurídico s.

33. Los problema s jurídico s que se debe n resolver en esta instancia se contrae n a determinar si en ¿este caso, la señora Amparo Arango Ángel acreditó los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia? , adicionalmente deberá establecerse si ¿era posible condenar a la UGPP en costas en pr imera instancia ?.

7 Folios 226 y s.s 8 Según informe secretarial visible a folio 229. 9 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de i mpugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios

susceptibles de este medio de i mpugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia. […] ».Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado: 17001 -23 -33 -000 -2015 -00057 -01 (3489 -2016 )

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34. Para ese efecto, se analizará el marco normativo y jurisprudencial de la pensión gracia, las pruebas allegadas y por último se resolverá el caso concreto para verificar si le asiste razón a la entidad apelante.

3.3. Primer problema jurídico. ¿La señora Amparo Arango Ángel acreditó los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia?

3.3.1. Marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso. De la pensión gracia

35. En principio, la Ley 114 de 1913 les otorgó a los maestros de escuelas primarias oficiales que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 4, una pensión nacional por servicios prestados a los departamentos y a los municipios, siempre que compru eben «que no reciben actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional».

36. Dicha pensión fue concebida como una compensación o

en el artículo 4, una pensión nacional por servicios prestados a los departamentos y a los municipios, siempre que compru eben «que no reciben actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional».

36. Dicha pensión fue concebida como una compensación o retribución en favor de los maestros de primaria del sector oficial que percibían una baja remuneración y, por consig uiente, tenían un poder adquisitivo precario y menor frente a aquellos educadores cuyos salarios y prestaciones estaban a cargo de la Nación, situación causada por la debilidad financiera de los departamentos y municipios para atender las obligaciones sala riales y prestacionales que les fueron asignadas por virtud de la Ley 39 de 1903, que rigió la educación durante la mayor parte del siglo. En consecuencia, un maestro de primaria puede recibir simultáneamente pensión de jubilación departamental y nacional con base en la Ley 114 de 1913, pero en ningún caso dos pensiones de índole nacional.

37. Sobre los alcances de la Ley 37 de 1933, ha sido reiterada la jurisprudencia de la Corporación al precisar que la referida norma lo que hizo simplemente fue extender a los maestros de establecimientos de enseñanza secundaria la pensión aludida, pero sin cambio alguno de requisitos 10.

38. Con la entrada en vigor de la Ley 43 de 1975, se nacionalizó la educación primaria y secundaria que oficialmente venían prestando y asumiendo financieramente los departamentos y municipios, redefiniéndose entonces la educación oficial como un servicio público a cargo de la Nación.

39. Dicho proceso de nacionalización se llevó a cabo de manera

asumiendo financieramente los departamentos y municipios, redefiniéndose entonces la educación oficial como un servicio público a cargo de la Nación.

39. Dicho proceso de nacionalización se llevó a cabo de manera progresiva entre el 1.° de ener o de 1976 y el 31 de diciembre de 1980, quedando perfeccionado desde tal fecha, lo que implicó, además, que

10 Sentencia de 16 de junio de 1995. Exp. 10665. C.P. Dra. Clara Forero de Castro.Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado: 17001 -23 -33 -000 -2015 -00057 -01 (3489 -2016 )

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los costos salariales y prestacionales del cuerpo docente territorial fueran asumidos completamente por la Nación a partir del 31 de diciembre de 19 80, pues de ello se trataba. Con ello se buscó elevar a los docentes territoriales a un plano de igualdad salarial y prestacional respecto de los docentes nacionales, que conduciría, por ende, a la desaparición de las precarias condiciones económicas que justificaban la previsión legal de la pensión gracia y su otorgamiento, una vez perfeccionado tal proceso.

40. Por su parte, el literal a) del numeral 2 .° del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, limitó la vigencia temporal del derecho al reconocimiento de la pensión gracia para los docentes vinculados hasta el 31 de

40. Por su parte, el literal a) del numeral 2 .° del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, limitó la vigencia temporal del derecho al reconocimiento de la pensión gracia para los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, siempre que reunieran la totalidad de los requisitos

legales, al señalar textualmente la norma que:

«[…] Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandat o de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocer á siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Est a pensión seguirá reconociéndose por la Caj a Nacional de previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de j ubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación.»

41. La disposición trascr ita fue objeto de análisis por la Sala Plena del Consejo de Estado en la sentencia S -699 de 29 de agosto de 1997 11, en el cual se fijaron algunos lineamientos sobre la pensión

gracia, así:

«[…] La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aq uellos docentes departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el mencionado proceso d e nacionalización. A ellos, por habérseles sometido repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se les reconoci era la referida pensión, siempre que reunieran la totalidad d e los requisitos y que hubiesen estado vinculados de conformidad con

este cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se les reconoci era la referida pensión, siempre que reunieran la totalidad d e los requisitos y que hubiesen estado vinculados de conformidad con las Leyes 114 de1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, con el aditament o de su compatibilidad […] También, que dentro del grupo de be neficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dic e la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia «[…]siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. Y por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del recono cimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y secundaria

11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia S699 de 29 de agosto de 1997, Consejero ponente, Nicolás Pájaro Peñaranda, Actor: Wilberto Therán Mogollón.Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado: 17001 -23 -33 -000 -2015 -00057 -01 (3489 -2016 )

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oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que inicialmente le asignó la ley.»

42. Esa tesis fue reiterada por esta Corporación en la sentencia SUJ11 -S2 de 21 de junio de 2018 12 al señalar que «el numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 es de carácter transitorio, para no desconocer los derechos adquiridos en relación con la pensión gracia, en tratándose de los docentes nacionalizados»,

concluyéndose, además que:

«[…] para el reconocimiento y pago de la pensión gracia es indispensable acreditar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en la normativa que la regula, entre los que se encuentr an, haber prestado los servicios como docente en planteles departamentales, distritales o municipales por un término no menor de veinte (20) años y que estuviere vinculado antes del 31 de diciembre de 1980; haber cumplido cincuenta años de edad; y haberse desempeñado con honradez, consagración y buena conducta».

43. Así mismo en la citada decisión unificadora se estableció que «[…] lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada» y que para demostrar la calidad de docente territorial « […] se requiere copia de los actos

pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada» y que para demostrar la calidad de docente territorial « […] se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la p laza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial».

44. Finalmente es de destacar que en sentencia de 11 de agosto de 2022 13 la Sección Segunda de esta Corporación fijó la siguiente regla jurisprudencial frente al entendimiento que debe oto rgarse al artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 para efectos de

reconocer la pensión gracia de jubilación:

«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinc ulación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia SUJ2 -011 -S2 de 21 de junio de 2018. radicado 25000 -23 -42 -000 -201304683 -01 (3805 -2014). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter, Actor: Gladys Amanda Herná ndez Triana.

04683 -01 (3805 -2014). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter, Actor: Gladys Amanda Herná ndez Triana. 13 Proceso radicado 15001 -23 -33 -000 -2016 -00278 -01 (3018 -2017).Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado: 17001 -23 -33 -000 -2015 -00057 -01 (3489 -2016 )

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45. Lo anterior permite concretar lo siguiente : i) la inexistencia de derecho a la pensión gracia para los docentes nacionales, como quiera que no fueron sujetos de su creación o previsión legal; ii) la vigencia del derecho a la pensión gracia para aquellos docentes territoriales o nacionalizados vinculados antes del 31 de diciembre de 1980, siempre y cuando reúnan la totalidad de requisitos consagrados en la ley para tal efecto; iii) la terminación de dicho beneficio para los docentes territoriales o nacionalizados vinculados por primera vez a partir del 31 de diciembre de 1980 ; iv) la e xcepción en cuanto a la pensión gracia que permite la compatibilidad en el pago de dos pensiones de carácter nacional -pensión gracia y pensión ordinaria de jubilación - en virtud de la Ley 91 de 1989, que es limitada a aquellos docentes departamentales y m unicipales que a la fecha señalada en tal disposición, quedaron comprendidos en el proceso de

de jubilación - en virtud de la Ley 91 de 1989, que es limitada a aquellos docentes departamentales y m unicipales que a la fecha señalada en tal disposición, quedaron comprendidos en el proceso de nacionalización iniciado con la Ley 43 de 1975, quienes deberán reunir en todo caso los demás requisitos contemplados en la Ley 114 de 1913 para hacer efectivo di cho beneficio.

46. A fin de determinar en cada caso la clase de vinculación del personal docente que aspira a acceder a la pensión gracia, la Ley 91 de 1989, en su artículo 1, definió quiénes son docentes nacionales, y quiénes ostentan vinculación nacional izada y territorial, así: personal nacional: son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional; personal nacionalizado: son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a par tir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975, particularmente en el artículo 10; personal territorial: son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1.° de enero de 1976, sin el cumplimiento d el requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.

47. Bajo las anteriores precisiones, se procede a examinar las pruebas obrantes dentro del proceso a fin de verificar si a la demandante le asiste el derecho al reconocimiento de la pensión gracia.

3.4. Caso concreto

48. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala de Subsección advierte como relevantes las siguientes pruebas en el expediente.Nulidad y r establecimiento del der echo

gracia.

3.4. Caso concreto

48. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala de Subsección advierte como relevantes las siguientes pruebas en el expediente.Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado: 17001 -23 -33 -000 -2015 -00057 -01 (3489 -2016 )

Dem andante: Ampar o Arango Ángel

11

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia

3.4.1. En cuanto a la edad . • Según la copia del registro civil de nacimiento aportada a folio 9 vto. del cuaderno de antecedentes administrativos y copia de la cédula de ciudadanía 14 consta que la demandante nació el 12 de octubre de 1949 por lo que cumplió 50 años de edad el 12 de oc tubre de 199 9.

3.4.2. Tiempo de servicios. • Primer periodo (17 de febrero de 1971 a l 31 de enero de 1976 ): De acuerdo con la certificación de 31 de agosto de 2007 15 suscrita por la profesional especializada del grupo de gestión administrativa de la Gobernación de Caldas se tiene que la señora Arango Ángel laboró a partir del 17 de febrero de 1971 al 31 de enero de 1976 así:

• Igualmente se allegó copia del acto de nombramiento Decreto

14 Visible a folio 11 vto. Cdno. Antecedentes administrativos. 15 Folio 20.Nulidad y r establecimiento del der echo

• Igualmente se allegó copia del acto de nombramiento Decreto

14 Visible a folio 11 vto. Cdno. Antecedentes administrativos. 15 Folio 20.Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado: 17001 -23 -33 -000 -2015 -00057 -01 (3489 -2016 )

Dem andante: Ampar o Arango Ángel

12

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia

049 de 5 de febrero de 1971, suscrito por el gobernador del Departamento de Caldas, visible a folio 46 del cuaderno de antecedentes administrativos:Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado: 17001 -23 -33 -0