CE - 012333000201500063011SENTENCIA20231030112625

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 17001 23 33 000 2015 00063 01 (2174-2017)

Demandante: Clara Ruby Loaiza Tabares Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Temas: Reconocimiento de Pensión Gracia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 30 de marzo de 2017 , proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, que accedió a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA, la señora Clara Ruby Loaiza Tabares , por conducto de apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de las Resoluciones RDP 031961 del 21 de octubre de 2014 y RDP 003084 del 27 de

conducto de apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de las Resoluciones RDP 031961 del 21 de octubre de 2014 y RDP 003084 del 27 de enero de 2015 expedid as por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), mediante

1 Folios 2 al 7.2

Radicado: 17001 23 33 000 2015 00063 01 (2174-2017) Demandante: Clara Ruby Loaiza Tabares las cuales se le negó la pensión gracia de jubilación y se resolvió el recurso de apelación, respectivamente.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, la accionante solicitó condenar a la UGPP a: i) reconocer y pagar la pensión gracia de jubilación a partir de la fecha de consolidación del estatus pensional; y ii) actualizar los valores reconocidos, de conformidad con los artículos 182 y ss. del CPACA.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:

1. Por Decretos 0527 del 18 de julio 1980 y 0781 del 11 de septiembre de 1980 , el Gobernador del Departamento de Caldas le reconoció a la señora Clara Ruby Loaiza Tabares los servicios docentes prestados en el ramo de la educación primaria, en el municipio de Neira, así: del 25 de abril al 7 de mayo, del 20 de mayo al 20 de junio y del 21 de julio al 2 de agosto de 1980.

1. Por Decreto 1107 del 17 de noviembre de 1981, el mandatario departamental de

al 20 de junio y del 21 de julio al 2 de agosto de 1980.

1. Por Decreto 1107 del 17 de noviembre de 1981, el mandatario departamental de Caldas nombró a la señora Loaiza Tabares en el cargo de docente de Escuela Rural Vereda El Yunque, del municipio de Neira, en el cual se posesionó el 26 de noviembre de 1981, fecha desde la cual ha laborado en forma ininterrumpida al servicio de la docencia en dicho ente territorial.

1. El día 27 de junio de 2014, la señor a Loaiza Tabares solicitó el reconocimiento de la pensión gracia ante la UGPP.

1. Mediante las Resoluciones RDP 031961 del 21 de octubre de 2014 y RDP 003084 del 27 de enero de 2015, le entidad negó la petición.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación3

Radicado: 17001 23 33 000 2015 00063 01 (2174-2017) Demandante: Clara Ruby Loaiza Tabares Como tales se señalaron las Leyes 114 de 1913; 91 de 1989 ; 909 de 2004 ; y el Decreto Ley 2400 de 1968.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la actora alegó que los actos demandados fueron expedidos con infracción de las normas en que deb ían fundarse, por cuanto esta cumple con los requisitos de ley para acceder a la pensión gracia que reclama, pues se encuentra demostrada su vinculación al magisterio antes del 31 de diciembre de 1980, así como la calidad de docente territorial.

1.2. Contestación de la demanda2

gracia que reclama, pues se encuentra demostrada su vinculación al magisterio antes del 31 de diciembre de 1980, así como la calidad de docente territorial.

1.2. Contestación de la demanda2

El apoderado de la UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda , con los siguientes argumentos de defensa:

1. Los actos acusados se expidieron con arreglo a la ley, pues la accionante no reúne los requisitos legales previstos para obtener la pensión gracia, toda vez que no se encontraba vinculada a la docencia oficial el 31 de diciembre de 1980.

1. Para reconocer la prestación periódica era necesario que la ac tora hubiese allegado en su totalidad los elementos de juicio que permitieran tomar una decisión; sin embargo, aunque en el expediente administrativo obra certificado de servicios expedido por la Secretaría de Educación, mediante el cual se establece que laboró como docente en dicha entidad por el periodo comprendido entre el 26 de noviembre de 1981 y el 2 de mayo de 2010, con tipo de vinculación nacionalizada, nombrada mediante Decreto 1107 del 17 de noviembre de 1981, este documento se aportó en copia simple, por lo que no constituye prueba.

Propuso como excepciones las que denominó inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido; buena fe; prescripción; y genérica.

2 Folios 80 al 84.4

Radicado: 17001 23 33 000 2015 00063 01 (2174-2017) Demandante: Clara Ruby Loaiza Tabares 1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia del 30 de marzo de 2017,

Demandante: Clara Ruby Loaiza Tabares 1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia del 30 de marzo de 2017, accedió a las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte accionada. Sustentó su decisión en las siguientes consideraciones:3

1. Para tener derecho a la pensión gracia, no se requiere que el docente se encuentre vinculado al servicio territorial exactamente el 31 de diciembre de 1980, sino que también tienen derecho a ella las docentes que en cualquier tiempo anterior a esta fecha hayan estado vinculados al servicio y que cumplan con los demás requisitos señalados en la ley.

1. Sobre el tipo de vinculación anterior a esta data, ha sido posición unificada en las dos Subsecciones de la Sección Segunda del Consejo de Estado que no se requiere que exista una vinculación en propiedad, y perfectamente el desempeño del servicio como docente en cubrimiento de licencias es suficiente para demostrar este requisito.

1. La demandante prestó sus servicios en cubrimiento de licencias, del 25 de abril al 7 de mayo, del 20 de mayo al 20 de junio y del 21 de julio al 2 de agosto de 1980, experiencia laboral que la habilita para tener derecho a la pensión gracia. Además, demostró que posteriormente fue vinculada en la docencia territorial en el municipio de Neira desde el 26 de noviembre de 1981 y que desde ese momento ha laborado de manera ininterrumpida, hasta, por lo menos, el 5 de junio de 2014, fecha de la certificación.

1. L a demandante tiene derecho a que la UGPP le liquide la pensión gracia

de manera ininterrumpida, hasta, por lo menos, el 5 de junio de 2014, fecha de la certificación.

1. L a demandante tiene derecho a que la UGPP le liquide la pensión gracia incluyendo todos los factores salariales devengados durante el año anterior a aquel en que consolidó el derecho, comprendido entre el 2 de mayo de 2009 y el 2 de mayo de 2010, con efectos fiscales a partir del 27 de junio de 2011, por prescripción

3 Folios 148 al 155.5

Radicado: 17001 23 33 000 2015 00063 01 (2174-2017) Demandante: Clara Ruby Loaiza Tabares trienal, comoquiera que radicó la solicitud el 27 de junio de 2014 y presentó la demanda el 20 de febrero de 2015.

1.4. El recurso de apelación

La UGPP solicitó revocar la sentencia apelada y, en su lugar, denegar las pretensiones de la demanda. Expuso las siguientes razones de inconformidad:4

1. De conformidad con la norma transcrita y los tiempos de servicio antes relacionados se puede observar que al 31 de diciembre de 1980, la demandante no se encontraba vinculada a la docencia oficial, teniendo en cuenta que la disposición regula una situación transitoria, pues, su propósito era colmar las expectativas de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980.

1. Hay que tener en cuenta que la vinculación laboral por prestación de servicios tiene carácter de contrato civil. Por lo tanto, e n ningún caso se generó entre las partes una relación laboral ni prestaciones sociales, ni afiliación a seguridad social;

1. Hay que tener en cuenta que la vinculación laboral por prestación de servicios tiene carácter de contrato civil. Por lo tanto, e n ningún caso se generó entre las partes una relación laboral ni prestaciones sociales, ni afiliación a seguridad social; mucho menos derivó para la actora derechos que solo están consagrados para los docentes que a diciembre 31 de 1980 hubieran estado vinculados en la planta de personal estatal.

1. Respecto a la condena en costas, debe tenerse en cuenta que la demandada no ha obrado en forma temeraria, y su actuación ha sido de buena fe, siempre en derecho y procurando la protección de los recursos del Estado.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

En esta etapa procesal la parte demandante guardó silencio.5 Por su parte, la UGPP6 reiteró los argumentos expuestos en el transcurso del proceso.

4 Folios 165 al 168. 5 Según constancia secretarial obrante en el folio 313. 6 Folios 309 al 312.6

Radicado: 17001 23 33 000 2015 00063 01 (2174-2017)

Demandante: Clara Ruby Loaiza Tabares

1.6. El Ministerio Público

El agente del Ministerio Público no rindió concepto.7

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

El problema jurídico consiste en determinar lo siguiente : i) si la demandante tiene derecho a que la UGPP le reconozca la pensión gracia, en aplicación del régimen consagrado en la Ley 114 de 1913 y demás normas que regulan dicha prestación;

El problema jurídico consiste en determinar lo siguiente : i) si la demandante tiene derecho a que la UGPP le reconozca la pensión gracia, en aplicación del régimen consagrado en la Ley 114 de 1913 y demás normas que regulan dicha prestación; y ii) si la condena en costas impuesta en primera instancia consulta los postulados de los artículos 188 del CPACA y 365 del CGP.8

2.2. Marco normativo

El artículo 1 de la Ley 114 de 1913 dispuso que los maestros de escuelas primarias oficiales «que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente Ley».

Por su parte, las Leyes 116 de 1928 9 y 37 de 193310 consagraron la posibilidad de que los docentes obtuvieran la pensión gracia computando los años laborados en la enseñanza secundaria, normalista o como inspectores de instrucción pública,

7 Constancia secretarial obrante a folio 313. 8 Código General del Proceso. 9 Artículo 6. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de Instrucción Pública tienen derecho a jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que a esta complementan. Para el computo de los años de servicio se sumarán los prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la enseñanza primaria cono en el de la normalista, pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección. 10 Artículo 3. Las pensiones de jubilación de los maestros de escuela rebajadas por decreto de carácter

enseñanza primaria cono en el de la normalista, pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección. 10 Artículo 3. Las pensiones de jubilación de los maestros de escuela rebajadas por decreto de carácter legislativo, quedaran nuevamente en la cuantía señalada por las leyes. Hácense extensivas estas pensiones a los maestros que hayan completado los años de servicios señalados por la Ley, en establecimientos de enseñanza secundaria.7

Radicado: 17001 23 33 000 2015 00063 01 (2174-2017) Demandante: Clara Ruby Loaiza Tabares siempre y cuando cumplieran los demás requisitos fijados por el artículo 4 de la Ley 114 de 1913, pues estos no fueron modificados por la normativa posterior.11

Dentro de los requerimientos para acceder al mencionado beneficio, el artículo 4 ibidem incluyó el referente a que el educador no haya recibido o reciba «otra pensión o recompensa de carácter nacional».12

En virtud de dicho condicionamiento, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante Sentencia S-699 de 1997 del 29 de agosto de 1997, concluyó que «la pensión gracia no puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues constituye requisito indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución alguna de la nación por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado por cuenta de ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran los educadores locales o regionales».13

Al respecto, es preciso resaltar que la prestación en comento se creó con la finalidad de compensar a los profesores adscritos a entidades territoriales en razón a la

locales o regionales».13

Al respecto, es preciso resaltar que la prestación en comento se creó con la finalidad de compensar a los profesores adscritos a entidades territoriales en razón a la diferencia salarial que se evidenciaba en comparación con los docentes nacionales; sin embargo, este objetivo inicial perdió su fundamento con ocasión del proceso de nacionalización de la educación que instituyó la Ley 43 de 1975 y en razón a que el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 dispuso que tal beneficio sería compatible con la

11 Al respecto pueden consultarse las siguientes providencias del Consejo de Estado: i) sentencia de 16 de junio de 1995, radicado: 10665; ii) sentencia de 29 de agosto de 1997, radicado: S-699. 12 Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:

1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración. 2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).

3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.

4. Que observe buena conducta. 5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).

6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento. 13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de agosto de 1997,

6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento. 13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de agosto de 1997, radicado: S -699. También pueden consultarse las siguientes providencias de la Sección Segunda que han acogido igual lineamiento: i) Subsección A, sentencia del 10 de marzo de 2016, radicado: 52001 -23-33-0002013-00145-01 (2604-2014); ii) Subsección B, sentencia del 1 de marzo de 2018, radicado: 25000 -23-42-0002013-06449-01 (3989-2015); y iii) Subsección B, sentencia del 30 de enero de 2020, radicado: 23001 -23-33000-2016-00431-01 (5640-2018). En similar sentido, puede consultarse la Sentencia C -085 de 2002, proferida por la Corte Constitucional.8

Radicado: 17001 23 33 000 2015 00063 01 (2174-2017) Demandante: Clara Ruby Loaiza Tabares pensión ordinaria de jubilación, «aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación».

En virtud de la expedición de la Ley 91 de 1989, la Sala Plena de esta corporación, en la referida Sentencia S -699 de 1997, afirmó que la pensión gracia debe reconocerse a los docentes nacionalizados, en aras de «colmar las expectativas de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por su labor, en el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria

reconocerse a los docentes nacionalizados, en aras de «colmar las expectativas de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por su labor, en el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria oficiales».

Ahora bien, la Ley 91 de 1989 pretendió desmontar el reconocimiento de la pensión gracia en consideración a que ya no existía la diferencia salarial anotada; sin embargo, en su artículo 15, numeral 2, literal a), previó lo siguiente:

Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones: […]

2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les recono cerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

La Sentencia C-489 de 2000 declaró la exequibilidad condicionada de la expresión «vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980» contenida en la norma transcrita, bajo el entendido de que «las situaciones jurídicas particulares y concretas que se

«vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980» contenida en la norma transcrita, bajo el entendido de que «las situaciones jurídicas particulares y concretas que se hubieran consolidado antes de entrar en vigencia la ley 91/89, esto es, antes del 29 de diciembre de 1989, quedan a salvo de la nueva normatividad por cuanto constituyen derechos adquiridos que el legislador no podía desconocer».9

Radicado: 17001 23 33 000 2015 00063 01 (2174-2017) Demandante: Clara Ruby Loaiza Tabares Mediante sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022,14 la Sección Segunda del Consejo de Estado analizó el alcance de la citada disposición, en consonancia con la jurisprudencia constitucional proferida en la materia, con el fin de determinar si era necesario tener consolidado el derecho pensional al 29 de diciembre de 1989.

Al respecto, se explicó que el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 contiene dos fechas relevantes para estudiar el derecho a la pensión gracia, a saber:

1. 31 de diciembre de 1980 - constituye el último momento en que podía realizarse la vinculación del docente que pretendiera el reconocimiento pensional.

1. 29 de diciembre de 1989 - corresponde a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989; sin embargo, esta «no puede entenderse como un plazo que demarque la última oportunidad para consolidar el derecho a la pensión gracia».15

En este orden de ideas, tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel docente que haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial

plazo que demarque la última oportunidad para consolidar el derecho a la pensión gracia».15

En este orden de ideas, tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel docente que haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114 de 1913 y demás normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre colmar los requisitos de edad y tiempo de servicio, es decir, que lo haga antes o después del 29 de diciembre de 1989. Al respecto, esta corporación explicó lo siguiente:16

[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del docente territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos posteriores siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o territoriales».17

14 Radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017). 15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, r adicado 1500123-33-000-2016-00278-01 (3018-2017). 16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, r adicado 1500123-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).

17 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001 -03-15-0002019-02219-01 (AC).10

Radicado: 17001 23 33 000 2015 00063 01 (2174-2017)

Demandante: Clara Ruby Loaiza Tabares

[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición buscó proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta ese momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por ende, el único límite temporal que se i mpuso consistió en que los docentes territoriales y nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos como las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional, pues las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores vinculados en la forma indicada. […]

1. La Sentencia C -506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al límite temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso a la pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de diciembre de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar los requisitos previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista

nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de diciembre de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar los requisitos previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista laboral respecto de la cual tenían aspiraciones legítimas.

1. Mediante la Sentencia SU -014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible, esto es, la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los profesores de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían acceder a la prestación siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980 y cumplieran los demás requisitos de ley ». A partir de dicho entendimiento, se reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó antes de la referida fecha y consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación de la Ley 91 de 1989.

Bajo este contexto, se fijó como regla de unificación que «[l]os docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».

Una vez aclarado este aspecto, es preciso tener en cuenta que para determinar la plaza docente que permite obtener el beneficio pensional en comento, en sentencia del 21 de junio de 2018, 18 esta corporación fijó las siguientes reglas de

Una vez aclarado este aspecto, es preciso tener en cuenta que para determinar la plaza docente que permite obtener el beneficio pensional en comento, en sentencia del 21 de junio de 2018, 18 esta corporación fijó las siguientes reglas de

18 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-2342-000-2013-04683-01 (3805-2014).11

Radicado: 17001 23 33 000 2015 00063 01 (2174-2017)

Demandante: Clara Ruby Loaiza Tabares unificación:19

(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886 como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a los presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;

(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se pierde, o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya intervenido el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el respectivo fondo educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal o la vacancia definitiva del cargo;

(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas de la

aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas de la respectiva localidad, o de las exógenas -situado fiscalcuando se sufragaban los gastos a través de los endógenas exógenas fondos educativos regionales, y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fisc al, hoy sistema general de participaciones; y

(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.

El escenario normativo y jurisprudencial antes transcrito permite concluir que, en lo que atañe al requerimiento de acreditar de [se elimina] 20 años en el servicio educativo para acceder a la pensión gracia, los docentes deben demostrar una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y pueden acumular dichos tiempos con los posteriores laborados en similar condición.

A su vez, no se les puede exigir haber completado todos los requisitos antes del 29 de diciembre de 1989 y tampoco es válido impedir el acceso al beneficio pensional bajo el argumento de que los salarios fueron pagados total o parcialmente con

A su vez, no se les puede exigir haber completado todos los requisitos antes del 29 de diciembre de 1989 y tampoco es válido impedir el acceso al beneficio pensional bajo el argumento de que los salarios fueron pagados total o parcialmente con

19 Para mayor claridad se separaron cada una de las reglas, pero se conservó el contenido literal de la sentencia transcrita.12

Radicado: 17001 23 33 000 2015 00063 01 (2174-2017) Demandante: Clara Ruby Loaiza Tabares recursos provenientes del situado fiscal o del sistema general de participaciones, pues «lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada».20

2.3. Hechos probados

➢ Edad, tiempo de servicios y antecedentes disciplinarios

• La señora Clara Ruby Loaiza Tabares nació el 2 de mayo de 1960,21 es decir, que cumplió 50 años el 2 de mayo de 2010.

• El 18 de julio de 1980, mediante Decreto 0527, la gobernadora de Caldas hizo unos reconocimientos por servicios prestados en el ramo de la educación prim aria durante el año 1980 a varios docentes, entre ellos a la señora Clara Ruby Loaiza Tabares, del 25 de abril al 7 de mayo de 1980, en la Seccional Rural de Neira, en licencia de Alba Lucia Betancurth de Morales.22

• El 11 de septiembre de 1980, a través del Decreto 0781, la gobernadora de Caldas reconoció los servicios prestados en el ramo de la educación primaria a varios

licencia de Alba Lucia Betancurth de Morales.22

• El 11 de septiembre de 1980, a través del Decreto 0781, la gobernadora de Caldas reconoció los servicios prestados en el ramo de la educación primaria a varios docentes, entre ellos a la señora Clara Ruby Loaiza Tabares, del 20 de mayo al 20 de junio y del 21 de julio al 2 de agosto de 1980, en la Seccional Urbana de Neira, en licencia de Nancy García de Cardona.23

• El 17 de noviembre de 1981, por medio del Decreto 1107 , el gobernador del Departamento de Caldas realizó unos nombramientos en el ramo de la educación primaria, entre ellos el de la señora Clara Ruby Loaiza en la seccional rural vereda

20 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-2342-000-2013-04683-01 (3805-2014). 21 El a quo estableció que el registro civil de nacimiento obra en el folio 2 del cd que contine el expediente administrativo, sin embargo, la Sala no tuvo acceso a dicho medio magnético. En todo caso, de tal fecha de nacimiento da cuenta la resolución que negó la solicitud de reconocimiento pensional. 22 Folios 17 y 18 23 Folios 19 al 2113

Radicado: 17001 23 33 000 2015 00063 01 (2174-2017) Demandante: Clara Ruby Loaiza Tabares El Yunque.24 De este cargo la docente tomó posesión el 26 de noviembre siguiente, como da cuenta el Acta 0428.25

• Según Acta 879 del 2 de octubre de 1989, la demandante se posesionó en el cargo

El Yunque.24 De este cargo la docente tomó posesión el 26 de no