CE - 012333000201500081011SENTENCIA20230127102820

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá D.C., trece (13) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 47001-23-33-000-2015-00081-01 (1946-2017)

Demandante: ERMES ENRIQUE FUENTES PIÑA

Demandada: DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

Tema: Reconocimiento relación laboral. Funcionario de hecho.

Actividades voluntarias de celaduría.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA Ley 1437 de 2011

ASUNTO

La Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 25 de enero de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena que negó las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

El señor Ermes Enrique Fuentes Piña , en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley 1437 del 20112, formuló, en síntesis, las siguientes:

Pretensiones1

1. Declarar la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio sin fecha,

1437 del 20112, formuló, en síntesis, las siguientes:

Pretensiones1

1. Declarar la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio sin fecha, por medio del cual el departamento de l Magdalena negó la solicitud de reconocimiento y pago de salarios y prestaciones sociales a las que tiene derecho el señor Ermes Enrique Fuentes Piña por haber laborado como celador y bibliotecario en la Institución Educativa Departamental Las Mercedes, desde el año 2000.

2. A título de restablecimiento del derecho reconocer la existencia de una relación laboral sin solución de continuidad entre el demandante y el departamento del Magdalena, Secretaría de Educación, por haberse desempeñado como celador de la Institución Educativa Departamental Las Mercedes, desde el año 2000.

3. Reconocer y ordenar el pago a favor del interesado los dineros adeudados por concepto de salarios, horas extras, recargo nocturno, trabajo dominical y festivo, primas de vacaciones, servicios y navidad, vacaciones, bonificaciones, auxilio de alimentación, auxilio de transporte, cesantías,

1 Folios 8 y 9, C1.2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co intereses de cesantías, sanción moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías, dotaciones, aportes a salud, pensión y riesgos profesionales.

4. Ordenar la indexación de las sumas adeudadas, de acuerdo a lo señalado en el artículo 187 del CPACA.

de las cesantías, dotaciones, aportes a salud, pensión y riesgos profesionales.

4. Ordenar la indexación de las sumas adeudadas, de acuerdo a lo señalado en el artículo 187 del CPACA.

5. Disponer el cumplimiento de la sentencia en los términos del artículo 189 del CPACA; así como la liquidación de intereses comerciales y moratorios en caso de que no se efectúe el pago de forma oportuna, conforme lo dispone el artículo 195 ibídem.

6. Condenar al pago de agencias en derecho.

Fundamentos fácticos relevantes2

1. De conformidad con el organigrama de la Institución Educativa Departamental Las Mercedes, se encuentra como personal administrativo adscrito, el denominado celaduría y el asignado a biblioteca.

2. El señor Ermes Enrique Fuentes Piña se ha desempeñado en el cargo de celador, así como desarrollado actividades de bibliotecario al servicio de la Institución Educativa, desde el año 2000.

3. En atención a la necesidad del servicio, el demandante ha laborado p ara la entidad demandada todos los días de la semana, en jornada diurna y nocturna, domingos y festivos, así como en jornadas continuas que superan las 44 horas semanales.

4. Pese a que el señor Fuentes Piña ha prestado de manera eficiente la labor encomendada, al mismo no le han sido cancelados los salarios correspondientes a todo el tiempo trabajado, como tampoco los aportes al sistema de seguridad social integral ni las demás prestaciones sociales a que tiene derecho.

5. Por medio de escrito radicado el 27 d e mayo de 2014, el interesado presentó reclamación administrativa ante la entidad cuestionada, la cual

sistema de seguridad social integral ni las demás prestaciones sociales a que tiene derecho.

5. Por medio de escrito radicado el 27 d e mayo de 2014, el interesado presentó reclamación administrativa ante la entidad cuestionada, la cual fue resuelta de manera negativa, mediante oficio sin fecha.

6. Desde el año 2015, el señor Ermes Enrique Fuentes Piña fue vinculado a una empresa privada p ara prestar sus servicios como celador en las instalaciones de la Institución, con un horario de 8:00 am a 6:00 pm ; sin embargo, por necesidades del servicio (solicitud de las directivas de la institución) y sin pago alguno, ha desempeñado el cargo de cela dor nocturno del referido colegio.

DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL

En el marco de la parte oral del proceso, bajo la Ley 1437 de 2011, la principal función de la audiencia inicial es la de establecer el objeto del proceso y de la prueba. En esta etapa se revelan los extremos de la demanda o de su reforma, de la contestación o de la reconvención. Además, se conciertan las principales decisiones que guiarán el juicio.

2 Folios 1 a 3, C1.3

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Con fundamento en lo anterior, se realiza el siguiente resumen de la audiencia inicial en el presente caso, a modo de antecedentes:

Resumen de las principales decisiones

Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)

Con fundamento en lo anterior, se realiza el siguiente resumen de la audiencia inicial en el presente caso, a modo de antecedentes:

Resumen de las principales decisiones

Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)

En el acta se consignó lo siguiente al momento de decidir las excepciones3:

«El Depto del Magdalena propuso las siguientes excepciones (fls.55):

 Genérica  Inexistencia de la obligación:

DECISIÓN:

No se encuentra enlistada en el numeral 6º del artículo 180 del CPACA, ni en el artículo 100 del CGP

 Caducidad de la acción:

DECISIÓN:

Esta excepción no prospera

 Prescripción:

DECISIÓN:

Esta excepción no prospera […]». (Negrillas y mayúsculas del texto original)

Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)

El litigio se fijó en los siguientes términos4:

«[…] Una vez escuchados los extremos procesales el litigio se fijó de la siguiente forma:

 Determinar si en el caso del demandante existe una vinculación laboral con el DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA por el servicio prestado como CELADOR de l a institución educativa “LAS MERCEDES”, sin mediar un contrato o nombramiento para que pueda reclamar el derecho al reconocimiento y pago de salarios y prestaciones sociales.  Si efectivamente prestó sus servicios en los periodos 200(sic) a 2014

Y como consecuencia de loa anterior se deberá establecer:

 La forma como la administración vincula a su personal  Pronunciamiento del Consejo de Estado respecto de los funcionarios de

Y como consecuencia de loa anterior se deberá establecer:

 La forma como la administración vincula a su personal  Pronunciamiento del Consejo de Estado respecto de los funcionarios de hecho,  Y las pruebas recaudadas en el proceso (sic) el caso concreto del demandante. […]». (Negrillas y mayúsculas del texto)

3 Folio 88, C1. 4 Folio 88 y Vto., C1.4

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SENTENCIA APELADA5

El Tribunal de primera instancia dictó sentencia escrita el 25 de enero de 2017, a través de la cual negó las pretensiones de la demanda, con sustento en lo siguiente:

En primer lugar, hizo alusión al desarrollo normativo y jurisprudencial que se le ha otorgado a la figura del funcionario de hecho, al cabo de lo cual indicó que, a efectos de concluir que el demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones causadas durante el tiempo reclamado, debe demostrar los requisitos esenciales para la configuración de dicho fenómeno , esto es, que el cargo este creado de conformidad con las normas legales, que la función sea ejercida irregularmente, y que se ejerza de la misma forma que lo hubiese realizado un empleado nombrado con los requisitos legales.

Sobre el primer elemento sostuvo que, contrastado el material probatorio, se evidenció que si bien se aportó organigrama de la institución educativa en donde se visualiza el cargo de celador, el departamento del Magdalena

Sobre el primer elemento sostuvo que, contrastado el material probatorio, se evidenció que si bien se aportó organigrama de la institución educativa en donde se visualiza el cargo de celador, el departamento del Magdalena certificó que dicho colegio no tenía asignado el empleo mencionado. Al respecto, señaló el tribunal que corresponde a la entidad territorial la administración de la planta de personal de las instituciones educativas, y, por ello, es de su competencia certificar la organización del establecimiento Las Mercedes.

Lo anterior, en tanto para el a quo el documento que ofrece mayor valor probatorio, en cuanto a la estructura de la planta de personal de la institución, es la certificación expedida por la entidad demandada que niega la existencia del cargo de celador.

Manifestó además que, de conformidad con el informe rendido por la rectora del colegio, el servicio de seguridad había sido prestado por empresas privadas, lo que deviene en que la vigilancia no estaba asignada a alguno de los cargos que hacían parte de la planta.

Resaltó que, pese a que en los hechos se indicara que el demandante laboró como bibliotecario, las pretensiones solo están dirigidas al reconocimiento de la existencia de la relación laboral como celador.

Al pronunciarse sobre el elemento relacionado con que la función sea ejercida irregularmente, el juez de conocimiento referenció las pruebas testimoniales recepcionadas en el curso de la actuación y concluyó que, contrario a lo afirmado por el demandante, no hay prueba de los presupuestos de la relación laboral o que permitan la demostración de la figura del funcionario de hecho, es decir, que el interesado haya desempeñ ado funciones propias de un empleo público adscrito a la planta de personal de la entidad esta tal, sin que

laboral o que permitan la demostración de la figura del funcionario de hecho, es decir, que el interesado haya desempeñ ado funciones propias de un empleo público adscrito a la planta de personal de la entidad esta tal, sin que medie nombramiento alguno que justifique esa labor.

Puntualizó que las certificaciones aportadas, precisan que el señor Fuentes Piña prestó sus servicios de forma voluntaria, sin que p ueda indicarse a q ué hace referencia este calificativo. Pese a ello, refirió que no existe prueba que hubiese actuado con la aquiescencia del departamento del Magdalena sin nombramiento o contratación, ni reconocimiento económico a cambio.

5 Folios 204 a 214, C1.5

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En cuanto al último elemento, el a quo consideró que no se encuentra acreditado que la parte demandante hubiese cumplido las mismas funciones que un empleado nombrado o vinculado formalmente con el departamento del Magdalena.

En razón a lo expuesto, manifestó que el interesado no demostró estar ejerciendo funciones propias de un empleo público, ni que mediara vínculo laboral con la entidad cuestionada.

RECURSO DE APELACIÓN

La parte demanda nte6 presentó recurso de apelación contra la sentencia arriba referenciada, con fundamento en lo siguiente:

Contrastados los requisitos con las pruebas obrantes en el expediente, es posible evidenciar que, en el presente asunto, si hay lugar a la configuració n del denominado funcionario de hecho.

arriba referenciada, con fundamento en lo siguiente:

Contrastados los requisitos con las pruebas obrantes en el expediente, es posible evidenciar que, en el presente asunto, si hay lugar a la configuració n del denominado funcionario de hecho.

Es así como tras indicar los elementos de juicio que refirieron la inexistencia del cargo de celador de la planta de personal de la entidad educativa, el recurrente precisó que, era ilógico pensar que dicho empleo no existiera, pues salta a la vista el actuar negligente del departamento del Magdalena al haber omitido por muchos años adecuar su estructura a las necesidades del servicio educativo, en tanto se ha limitado a solicitar la colaboración de la comunidad, quienes a la expectativa de una vinculación formal y el pago de los servicios prestados, ejercen funciones públicas; así como a contratar con empresas que no cuentan con la acreditación, permisos y experiencia necesaria.

Argumentó que la labor desempeñad a por el demandante no se encuentra dentro de aquellas calificadas como voluntariado, y que el interesado no actuó con el propósito de prestar un servicio gratuito, pues conforme se extrae de las pruebas anexas al expediente , el señor Fuentes Piña ha pres tado sus servicios al colegio Las Mercedes, de manera personal y subordinada a las directivas de la Institución, con la esperanza en una promesa de vinculación y pago, que solo se ha visto materializada en los cheques que a su favor giró el Fondo Educativo Departamental y en las colectas realizadas por la rectora de dicha Institución.

Resaltó que el hecho de que el demandante haya estado vinculado con las empresas INSERCOL y ASEAR en distintos períodos de tiempo, no implicaba desconocer que era un trabajador más de la entidad, pues , al finalizar la

dicha Institución.

Resaltó que el hecho de que el demandante haya estado vinculado con las empresas INSERCOL y ASEAR en distintos períodos de tiempo, no implicaba desconocer que era un trabajador más de la entidad, pues , al finalizar la jornada, continuaba desempeñándose como celador a petición de sus superiores, quienes indicaban que el colegio debía esta r bajo su cuidado, en tanto el sector era inseguro.

Sobre este punto concluyó que, si bien es cierto la parte demandante sabía que no había sido nombrado formalmente para el cargo de celador, la administración había generado la expectativa de ello, pues el inicio y continuación de sus labores se dio con oca sión de la petición expresa de las directivas de la institución educativa.

6 Folios 219 a 223, C1.6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En punto al cumplimiento de horario, el recurrente señaló que la prestación del servicio se hacía extensiva a la jornada de la noche y que correspondía a más de 8 horas diarias.

Así mismo, precisó el desarrollo de funciones de vigilancia en la institución y la continuidad de la relación laboral , en tanto durante en el tiempo en que el departamento del Magdalena contrató los servicios de celaduría , el demandante siguió ejerciendo sus labores en los horarios en que dichas empresas no lo hacían.

Al referirse a la voluntad de la entidad territorial en la prestación del servicio del señor Fuentes Piña, sostuvo que en el expediente existen elementos

demandante siguió ejerciendo sus labores en los horarios en que dichas empresas no lo hacían.

Al referirse a la voluntad de la entidad territorial en la prestación del servicio del señor Fuentes Piña, sostuvo que en el expediente existen elementos probatorios que permiten concluir que el departamento, con su actitud omisiva, creó las condiciones para que el interesado prestara las funciones de celador en el Instituto Educativo Las Mercedes, una de las cuales es el giro de cheques a favor del peticionario por parte del Fondo Educativo del departamento del Magdalena.

Con sustento en la anterior exposición, solicitó revocar la sentencia de primera instancia y acceder a las pretensiones de la demanda.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La parte demanda da7 refirió acompañar los argumentos señalados por el tribunal de primera instancia relacionados con los requisitos para configurar el fenómeno del funcionario de hecho, y señaló que en el presente asunto había operado la caducidad que debía ser declarada por el Despacho en la audiencia inicial. Por último, hizo alusión a la figura de la prescripción.

La parte demanda nte8 reiteró la exposición realizada en el escrito de apelación.

El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa, según co nstancia secretarial visible a folio 261 del expediente.

CONSIDERACIONES

Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma, es necesario precisar que , de conformidad con lo previsto por el artículo 328 del Código General del Proceso 9, el juez de segunda instancia debe

competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma, es necesario precisar que , de conformidad con lo previsto por el artículo 328 del Código General del Proceso 9, el juez de segunda instancia debe

7 Folios 252 y 256, C1. 8 Folios 257 y 258, C1. 9 «Artículo 328. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

Problema jurídico

De acuerdo con los planteamientos derivados de la sentencia impugnada y del recurso de apelación elevado por la parte demandada, los problemas jurídicos a resolver en esta instancia se circunscriben a:

1. ¿En el caso del señor Ermes Enrique Fuentes Piña se comprobó la configuración de los elementos de la figura del funcionario de hecho y , en esa medida, la existencia de una relación laboral con el departamento del

1. ¿En el caso del señor Ermes Enrique Fuentes Piña se comprobó la configuración de los elementos de la figura del funcionario de hecho y , en esa medida, la existencia de una relación laboral con el departamento del Magdalena, por haber prestado servicios como vigilante o celador y bibliotecario en la Institución Educativa Las Mercedes?

En caso afirmativo,

2. ¿Hay lugar a declarar probada la excepción de prescr ipción extintiva del derecho, al haber transcurrido más de tres años entre la finalización de todos o algunos de los per íodos contractuales y la reclamación administrativa?

Primer problema jurídico

¿En el caso del señor Ermes Enrique Fuentes Piña se comprobó la existencia de una relación laboral con el departamento del Magdalena , por haber prestado servicios como vigilante o celador y bibliotecario en la Institución Educativa Las Mercedes, como funcionario de hecho?

Al respecto, la Subsección sostendrá la siguiente tesis: en el presente asunto no se demostró fehacientemente la existencia de una relación legal y reglamentaria entre el señor Ermes Enrique Fuentes Piña con el departamento del Magdalena, por lo que debe confirmarse la decisión asumida por el a quo, con base en los argumentos que se explican a continuación:

Conforme lo consagrado en los artículos 122 y 125 de la Carta Política, existen tres formas por medio de las cuales se puede estar vinculado con una entidad pública. La primera de ellas se da a través de una relación legal y reglamentaria10 que corresponde a los denominados empleados públicos; la segunda por medio de un contrato laboral 11 que cobija a los llamados

pública. La primera de ellas se da a través de una relación legal y reglamentaria10 que corresponde a los denominados empleados públicos; la segunda por medio de un contrato laboral 11 que cobija a los llamados

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nuli dades procesales deberán alegarse durante la audiencia.» 10 La vinculación legal y reglamentaria es la forma predominante de acceso a cargos públicos, la cual está dirigida a la vinculación de los empleados públicos. Por empleado público debe entenderse aquella persona nombrada para ejercer un empleo y que ha tomado posesión del mismo. De acuerdo con la jurisprudencia, los elementos que deben concurrir para que se admita que una persona se desempeña como empleado público son, en principio: i) la existencia del empleo en la planta de personal de la entidad; ii) la determinación de las funciones propias del cargo; y iii) la existencia de recursos para proveer el cargo. 11 La relación laboral contractual es la forma de vinculación de los trabajadores oficiales, la cual se realiza a través de contrato de trabajo de acuerdo con la normatividad prevista en el Código Sustantivo del Trabajo y normas concordantes. Estos, si bien desempeñan empleos públicos, cuentan con derechos y reglamentación propia. Así, el decreto 3135 de 1968 define que, en principio, trabajadores oficiales son aquellos que se dedican a la construcción y sostenimiento de obras públicas y, aquellos que prestan sus servicios en empresas industriales y comerciales del Estado, en este último caso con l a excepción de quienes realicen actividades de dirección y confianza que ostentan la calidad de empleados públicos.8

industriales y comerciales del Estado, en este último caso con l a excepción de quienes realicen actividades de dirección y confianza que ostentan la calidad de empleados públicos.8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co trabajadores oficiales y; final mente, los contratistas de prestación de servicios12, vinculación que ha sido considerada como una relación de naturaleza contractual con el Estado.

La vinculación legal y reglamentaria, propia de los empleados públicos, se acredita con la concurrencia de los elementos regulados en el artículo 122 de la Constitución Política, como son: i) la existencia del cargo en la planta de personal de la entidad13; ii) que dicho cargo tenga determinadas sus funciones y; iii) que exista la provisión de los recursos en e l presupuesto de la entidad para el pago de la labor.14

Ahora, existe otra forma de vinculación a la administración, excepcional, y que se configura en virtud de una investidura irregular, esto es, cuando una persona, sin cumplir con los requisitos previstos por la ley, desempeña funciones públicas como si fuese un verdadero funcionario.

Al respecto, la Corporación ha sostenido que los requisitos esenciales para que se configure una relación laboral con un funcionario de hecho son: i) que existe de iure el cargo y; ii) que la función ejercida irregularmente, se haga de la misma forma y apariencia como la hubiera desempeñado una persona designada regularmente.15

Así mismo, se ha considerado que dicha figura puede darse cuando una persona ejerce funcio nes públicas con la anuencia y permiso de las

la misma forma y apariencia como la hubiera desempeñado una persona designada regularmente.15

Así mismo, se ha considerado que dicha figura puede darse cuando una persona ejerce funcio nes públicas con la anuencia y permiso de las autoridades encargadas de controlar e impedir esta clase de situaciones que permiten el ejercicio irregular de una investidura, por circunstancias de facto, no previstas en la ley, pero que, en todo caso, debe ser objeto de protección a través del principio de la realidad sobre las formas.16

Para esta Subsección, el ejercicio de las funciones de manera irregular, debe entenderse en el sentido de que, la persona que las cumple , no se vinculó al servicio público con el lleno de los requisitos para que surja la vinculación legal y reglamentaria, es decir, cuando no existe ni nombramiento ni elección según

12 La vinculación a través de contratos de prestación de servicios, la cual se regula por el numeral 3 del artículo 32 de la ley 80 de 1993. Las personas vinculadas a través de este sistema se denominan contratistas, quienes tienen por finalidad desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, siempre que estas no puedan ser ejercidas por el personal de planta o por que requieran de conocimientos especializados para ello. 13 Sobre el requisito particular, esta subsección e n sentencia del 29 de septiembre de 2022 (radicado 23001-23-33-000-2015-00240-01 (1932-2020)), sostuvo que «con todo, y en gracia de la discusión, debe recordarse que si bien la jurisprudencia de esta Corporación ha exigido prueba de la existencia del cargo a efectos de reconocer una situación de funcionario de hecho, lo cierto es que para garantizar la vigencia

recordarse que si bien la jurisprudencia de esta Corporación ha exigido prueba de la existencia del cargo a efectos de reconocer una situación de funcionario de hecho, lo cierto es que para garantizar la vigencia del derecho al trabajo, debe considerarse que este no es un requisito rígido ni absoluto, de suerte que no es indispensable su demostración cuando lo que se advierte es que la entidad ha tolerado que el trabajador desarrolle actividades propias de la admi nistración sin la existencia del empleo en su planta de personal, lo cual, como se ha expuesto a lo largo de esta decisión, quedó acreditado». 14 «Artículo 122. No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente. Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben. Antes de tomar posesión del cargo, al retirarse del mismo o cuando autoridad competente se lo solicite deberá declarar, bajo juramento, el monto de sus bienes y rentas. Dicha declaración sólo podrá ser utilizada para los fines y propósitos de la aplicación de las normas del servidor público. […]» 15 Consejo de Estado, Sección Segunda. Consejera Ponente: Bertha Lucía Ramírez de Páez. Sentencia del 9 de junio de 2011. Radicación: 85001-23-31-000-2005-00571-01 (1457-08). 16 Ídem.9

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16 Ídem.9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co el tipo de cargo, como tampoco posesión o que tales requisitos, pese a que existieron, ya no están vigentes.17

En el sub examine , se tiene que la inconformidad de la parte demanda nte radica en que el tribunal no encontró probados los elementos de la existencia de la figura del funcionario de hecho, y en esa medida negó las reclamaciones del libelo , encaminadas a que se declarara la configuración de la relación laboral y se reconociera, en consecuencia , el pago de las prestaciones sociales a que tendría derecho.

En ese orden de ideas, corresponde a la Corporación determinar si en el presente asunto, se encuentran demostrados los requisitos exigidos por la ley y la jurisprudencia para determinar la existencia de una relación laboral con la administración, a título de un funcionario de hecho.

Análisis probatorio

De conformidad con el desarrollo normativo y jurisprudencial que ha tenido la figura del funcionario de hecho, se tiene que en el caso objeto de debate, los siguientes son los elementos de juicio recaudados para dirimir los cuestionamientos de la alzada:

Obra certificación exp edida por la Rectora de la Institución Educativa Las Mercedes, de fecha 14 de mayo de 2007 18, en la cual se relacionan las personas que se encontraban prestando sus servicios como «[…]administrativos en la institución […]», y el tipo de vinculación. En ella, se observa al señor Ermes Fuentes Piña, asignado al cargo de bibliotecario y bajo la denominación de «voluntario».

en la institución […]», y el tipo de vinculación. En ella, se observa al señor Ermes Fuentes Piña, asignado al cargo de bibliotecario y bajo la denominación de «voluntario».

Refiere documento anexo sin fecha de emisión 19, que el demandante se encontraba desempeñando la labor de bibliotecario desde el 9 de enero, en reemplazo de la señora Ingrith Valle Gómez, ausente por incapacidad médica, quien fue nombrada para el cargo.

De otro lado, se evidencia certificación proferida por la Rectora del Instituto 20, en la que da cuenta de las personas que estaban prestando sus servicios como administrativos del Centro Educativo, a quienes no se les había cancelado desde el 1.º de febrero y hasta el 20 de noviembre de 2004, y en donde , además, se incluye al señor Fuentes Piña en el cargo de celador.

Más adelante se visualiza certificación expedida por la misma directiva del plantel educativo Las Mercedes 21, en la que refiere que el señor Ermes Fuentes Piña «[…] se encuentra prestando sus servicios como celador, en el Centro de Educación Básica “Las Mercedes” del corregimiento de la Gran Vía, desde el mes de Febrero hasta el 30 de Noviembre del año 2003 y del mes de enero hasta la fecha del año 2004».

17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Consejero ponente: William Hernández Gómez. Sentencia del 5 de mayo de 2016. Radicación 85001-23-31-000-2012-00032-02 (2119-14). 18 Folios 20 y 21, C1. 19 Folio 21, C1. 20 Folio 22, C1.

18 Folios 20 y 21, C1. 19 Folio 21, C1. 20 Folio 22, C1. 21 Folio 23, C1.10

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