CE - 012333000201500120011SENTENCIA20231206113852

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., primero (1) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación número: 27001-23-33-000-2015-00120-01 (67.284)

Actor: Solima Murillo Perlaza y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional Referencia: Medio de control de reparación directa

Temas: RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO - FALLA EN EL SERVICIO – No se probó que el ataque fuera previsible para la demandada – la muerte del uniformado se produjo como la concreción de los riesgos de su profesión - Ausencia de criterios de imputación en el presente caso.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó, a través de la cual negó las pretensiones de la demanda.

Se demanda la reparación de los daños causados por la muerte de un miembro de la Policía Nacional por el aparente incumplimiento de una orden de traslado contenida en un acto administrativo.

I. SENTENCIA APELADA

1. Corresponde a la sentencia proferida el 21 de febrero de 2020 por el Tribunal Administrativo del Chocó, mediante la cual decidió la demanda instaurada el 24 de julio de 2015 1 por Solima Murillo Perlaza (compañera permanente), Yasir

Administrativo del Chocó, mediante la cual decidió la demanda instaurada el 24 de julio de 2015 1 por Solima Murillo Perlaza (compañera permanente), Yasir Adney y Luis Yampier López Murillo (hijos), en contra del Ministerio de Defensa – Policía Nacional, con el fin de que se declare su responsabilidad patrimonial por la muerte del señor Luis Adney Lóp ez Bonilla, ocurrida el 14 de julio de 2013, en el municipio de Quibdó, Chocó2.

1 Folio 73 del cuaderno 1. 2 Como indemnización se pidió: i) por perjuicios morales la suma de 100 SMLMV para cada una de los demandantes; ii) “alteración grave a las condiciones de existencia”, el equivalente a 100 SMLMV, en favor de su compañera permanente y cada una de sus hijos; y, iii) lucro cesante, un monto global de $1.154’469.422 para todos los actores.Radicación número: 27001-23-33-000-2015-00120-01 (67.284)

Actor: Solima Murillo Perlaza y otros

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La demanda

2. Como fundamento fáctico de sus pretensiones, indicaron que mediante Resolución No. 0003 del 5 de octubre de 1992, el señor Luis Adney López fue incorporado a la Escuela de Carabineros “ Alejandro Gutiérrez”, con sede en el municipio de Manizales. El 3 de marzo de 1993, fue posesionado como Agente de la Policía Nacional, y más tarde obtuvo el grado de intendente en el que fue

incorporado a la Escuela de Carabineros “ Alejandro Gutiérrez”, con sede en el municipio de Manizales. El 3 de marzo de 1993, fue posesionado como Agente de la Policía Nacional, y más tarde obtuvo el grado de intendente en el que fue designado como subcomandante de la Unidad de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía del Chocó; posteriormente fue nombrado comandante de esa dependencia.

3. Afirmaron que debido a que el referido intendente sufrió una lesión en su rodilla derecha, la Junta Médica Laboral de esa institución, en Acta No. 556 del 25 de abril de 2013, lo declaró no apto para el servicio operativo y, por tal motivo, ordenó su reubicación en el área administrativa.

4. Manifestaron que en la mañana del 14 de julio de 2013, el intendente López Bonilla fue requerido, junto a otros uniformados de esa dependencia, a una reunión urgente con un coronel de esa institución policial, quien les informó que después de haber interceptado las comunicaciones del frente 34 de las FARC, se tuvo conocimiento de un plan terrorista contra varias instalaciones, entre ellas, la

Unidad de Tránsito.

5. Señalaron que ese mismo día a las 7:37 p.m., en momentos en el que el uniformado se encontraba en las instalaciones de la Policía de Tránsito y Transporte de esa localidad en cumplimiento de sus funciones como comandante, fue sorprendido por un artefacto explosivo lanzado por desconocidos, que al detonar le causó graves lesiones que posteriormente le causaron la muerte.

6. Precisaron los demandantes que la institución demandada estaba llamada a responder patrimonialmente por la muerte del agente Luis Adney López Bonilla a

detonar le causó graves lesiones que posteriormente le causaron la muerte.

6. Precisaron los demandantes que la institución demandada estaba llamada a responder patrimonialmente por la muerte del agente Luis Adney López Bonilla a título de falla del servicio, en tanto que omitió dar cumplimiento al Acta No. 556 del 25 de abril de 2013, a través de la cual se ordenó reubicarlo en una dependencia que desarrollara funciones enteramente administrativas, en razón a la limitación física que presentaba3.

La defensa

7. La Policía Nacional se opuso a las pretensiones de la demanda, por considerar que el atentado terrorista en el que perdió la vida el referido intendente ocurrió dentro del término que le fue otorgado -4 mesespara apelar el Acta No.

3 Folios 8 a 19 del cuaderno 1.Radicación número: 27001-23-33-000-2015-00120-01 (67.284)

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556 de 2013, de allí que, al no encontrarse ejecutoriado dicho acto administrativo, la obligación de reubicarlo aún no había surgido para esa entidad.

8. Al lado de lo anterior, puso de presente que las pruebas develaban que el ataque terrorista se dirigió en contr a de las instalaciones administrativas del Comando de Policía de Tránsito y Transporte de Quibdó, de tal suerte que, aun cumpliendo labores puramente administrativas, el referido intendente resultó ser objeto de un atentado de esta naturaleza.

Comando de Policía de Tránsito y Transporte de Quibdó, de tal suerte que, aun cumpliendo labores puramente administrativas, el referido intendente resultó ser objeto de un atentado de esta naturaleza.

9. Sobre esa base, arguyó que la muerte de Luis Adney López se produjo en actividades propias e inherentes del servicio y a causa de la conducta ilícita de un tercero, por manera que el daño alegado no le resultaba imputable4.

10. Luego de surtirse el debate probatorio 5, en la oportunidad para alegar, la entidad demandada reiteró los argumentos esgrimidos en el escrito de contestación6. A su turno, la parte actora insistió en la falla en el servicio en cabeza de la Policía Nacional, al permitir que el policial López Bonilla continuara desempeñando labores operativa s, a pesar de presentar una disminución psicofísica del 15.50%, lo cual, en su sentir, lo colocaba en una situación de desventaja frente a los demás miembros del cuerpo armado.

11. Agregó que en el sub lite no se configuraban los elementos para declarar la eximente de responsabilidad del hecho de un tercero -formulada por la demandada-, en la medida en que la Policía Nacional tuvo conocimiento previo del atentado que realizaría las FARC en una de sus instalaciones ubicadas en el municipio de Chocó7.

12. El Ministerio Público solicitó negar las pretensiones de la demanda, tras señalar que los accionantes no acreditaron que el ente policial hubiese incumplido sus obligaciones normativas, como tampoco que hubiera puesto al hoy occiso en una situación especial de riesgo excepcional que excediera las condiciones normales inherentes al servicio.

señalar que los accionantes no acreditaron que el ente policial hubiese incumplido sus obligaciones normativas, como tampoco que hubiera puesto al hoy occiso en una situación especial de riesgo excepcional que excediera las condiciones normales inherentes al servicio.

4 Folios 121 a 144 del cuaderno 1. 5 En la audiencia inicial llevada a cabo el 24 de mayo de 2017 ( folios 216 a 221 ibidem ), el Tribunal decretó las siguientes pruebas: Documentales: i) conciliación extrajudicial; ii) escritura pública No. 334 del 5 de junio de 2010, en la que el occiso y la señora Solima Murillo declaran la existencia de su unión marital de hecho ante la Not aría Segunda de Circulo de Quibdó; iii) registros civiles de nacimiento y defunción; iv) informe administrativo por muerte No. 131/13; v) Resoluciones Nos. 2175 del 24 de marzo de 1993; 05838 del 24 de agosto de 1994; y, 03284 del 24 de agosto de 2013; vi) constancia de salario; vii) Acta No. 556 del 25 de abril de 2013; viii) planillas de los servicios prestados en “ tránsito urbano” del 5, al 14 de julio de 2013; ix) cuadro esquemático de la estructura de la Policía Nacional; x) oficio Nos. S -213-007910 y S-2013-000611 del 15 de julio de 2013; S-2013-008847 del 9 de agosto de 2013; xi) poligrama No, 0097; xii)

Testimoniales: Osney Becerra Murillo y Eison Palacios Córdoba. Folios 227 a 229 del cuaderno 1.

Finalmente, ofició: i) a la dirección territorial del INVIAS, con el fin de que certificara a cargo de quién se encuentra el mantenimiento, conservación y señalización de la vía Pradera – Candelaria y, ii) Acuavalle SA ESP, para que informe si el día de lo s hechos, se estaba realizando alguna obra. Folios 245, 269, 270, 275, 276, 278 y 279del cuaderno 1. 6 Folios 239 a 250 del cuaderno 1. 7 Folios 231 a 238 del cuaderno 1.Radicación número: 27001-23-33-000-2015-00120-01 (67.284)

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13. Finalmente, indicó que el fallecimiento de Luis Adney López se encontraba cubierto con la protección laboral predeterminada -indemnización a forfait-, la cual contempla una serie de indemnizaciones y reconocimientos patrimoniales y prestacionales especiales para aquellos casos en los que los integrantes de la fuerza pública sufren lesiones o mueren en cumplimiento de su deber o con ocasión del servicio8.

La decisión

14. Mediante sentencia proferid a el 2 1 de febrero de 2020, el Tribunal Administrativo del Chocó negó las pretensiones de la demanda, por considerar que se acreditó la configuración de las excepciones del hecho de un tercero y de

14. Mediante sentencia proferid a el 2 1 de febrero de 2020, el Tribunal Administrativo del Chocó negó las pretensiones de la demanda, por considerar que se acreditó la configuración de las excepciones del hecho de un tercero y de la concreción del riesgo propio del servicio, en la medida en qu e el deceso del intendente López Bonilla tuvo su génesis en el atentado terrorista perpetrado por un grupo armado ilegal contra la estación donde se encontraba el hoy occiso, el cual resultó irresistible e imprevisible para la Policía Nacional.

15. Respecto a la falla endilgada por el incumplimiento de la orden contenida en el Acta No. 556 del 25 de abril de 2013, arguyó que, para el 14 de junio de 2013 -fecha en que ocurrió el deceso del IT-, no había nacido la obligación de reubicar laboralmente al uniformado, en tanto que dicho acto administrativo cobró firmeza con posterioridad al suceso, esto es, el 10 de septiembre siguiente9.

II. EL RECURSO INTERPUESTO

16. En su apelación, la parte actora solicitó revocar la sentencia de primera instancia y acceder a las pretensiones de la demanda. Partió por cuestionar que el a quo se hubiera apartado del precedente jurisprudencial relativo a la obligación del Estado de evitar los ataques terroristas que sean previsibles, bajo el argumento de que el daño alegado sobrevino por la concreción de un riesgo inherente al servicio policial, a pesar de que el material probatorio allegado develaba que la Policía Nacional tenía pleno conocimiento de las actividades de incursión armada que pretendía ejecutar las FARC en la oficina de Tránsito de Quibdó y, pese a ello,

servicio policial, a pesar de que el material probatorio allegado develaba que la Policía Nacional tenía pleno conocimiento de las actividades de incursión armada que pretendía ejecutar las FARC en la oficina de Tránsito de Quibdó y, pese a ello, no adoptó las medidas de seguridad pertinentes.

17. Por otro lado, indicó que el Tribunal no dilucidó en debida forma el problema jurídico planteado, pues no evidenció que el occiso, por su estado de salud, “no se encontraba en igualdad de condiciones con los otros uniformados que se encontraban plenamente de salud, aunado a que ésta probado que el 14 de julio de 2013 falleció en actos del servicio el IT López Bonilla, al igual que conforme a la junta médica laboral del 13 de abril de 2013, el señor López tenía una

8 Folios 251 a 258 del cuaderno del Consejo de Estado. 9 Folios 259 a 270 del cuaderno 1.Radicación número: 27001-23-33-000-2015-00120-01 (67.284)

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incapacidad permanente parcial, situación que lo ubica entre los sujetos de especial protección”10.

18. En el término para alegar de conclusión en segunda instancia 11, la entidad demandada reiteró que fue el hecho de un tercero -grupo subversivolo que causó la muerte del uniformado, circunstancia que, a su juicio, materializó los riesgos propios del servicio, los cuales quedaron amparados con los reconocimientos

demandada reiteró que fue el hecho de un tercero -grupo subversivolo que causó la muerte del uniformado, circunstancia que, a su juicio, materializó los riesgos propios del servicio, los cuales quedaron amparados con los reconocimientos económicos predeterminados -indemnización a forfait-12.

19. El Ministerio Público solicitó confirmar la decisión de primera instancia, por cuanto el fallecimiento del agente López Bonilla no obedeció a una conducta negligente de la entidad demand ada, sino al riesgo propio que experimenta el personal que ingresa de forma voluntaria o profesional a las fuerzas armadas.

20. Por otro lado, indicó que la Policía Nacional no incurrió en omisión al no reubicar laboralmente al occi so, comoquiera que para el 14 de julio de 2013, el Acta No. 556 del 25 de abril de 2013 no se encontraba en firme y, por ende, la orden contenida en dicho acto no le era exigible a esa institución13.

21. La parte actora guardó silencio14.

III. CONSIDERACIONES

22. Surtido el trámite procesal sin que se observe causal de nulidad o vicio que impida dictar sentencia, procede la Sala a resolver el recurso interpuesto.

Problema jurídico

23. En los términos del recurso de apelación, el análisis de la Sala se circunscribe a verificar si la muerte del intendente Luis Adney López Bonilla15 se produjo como consecuencia de una falla del servicio imputable a la institución demanda derivada de no haber adoptado las medidas necesarias para evitar ese ataque terrorista. A la par, deberá verificarse si la Policía Nacional colocó al occiso en una situación

consecuencia de una falla del servicio imputable a la institución demanda derivada de no haber adoptado las medidas necesarias para evitar ese ataque terrorista. A la par, deberá verificarse si la Policía Nacional colocó al occiso en una situación de riesgo superior a la de sus demás compañeros de dependencia, en tanto no cumplió con la orden de reubicarlo en una dependencia que desarrollara funciones enteramente administrativas, en razón a la limitación física que presentaba.

10 Folios 271 a 275 del cuaderno del Consejo de Estado. 11 Folio 186 del cuaderno del Consejo de Estado. 12 SAMAI, índice 13. 13 SAMAI, índice 14. 14 SAMAI, índice 15. 15 Condición que se desprende de la Resolución No. 02173 del 26 de diciembre de 2013, por medio de la cual se reconoció la pensión de sobrevivientes por la muerte del Intendente. Folios 154 a 156 del cuaderno 1.Radicación número: 27001-23-33-000-2015-00120-01 (67.284)

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Caso concreto

24. La Sala parte por señalar que confirmará la decisión de primera instancia, toda vez que el material probatorio que reposa en el expediente no revela la falla del servicio que se r eprochó en la demanda, esto es, que la muerte de Luis Adney López Bonilla sobrevino a causa de la supuesta omisión en la que habría incurrido la Policía Nacional al no evitar o mitigar el ataque terrorista del cual tenía previo

servicio que se r eprochó en la demanda, esto es, que la muerte de Luis Adney López Bonilla sobrevino a causa de la supuesta omisión en la que habría incurrido la Policía Nacional al no evitar o mitigar el ataque terrorista del cual tenía previo conocimiento, como tampoco que se probó que dicho hecho luctuoso hubiera sobrevenido a causa de un riesgo excepcional al cual supuestamente fue sometido el uniformado en razón de que no fue reubicado en labores propiamente administrativas.

25. La realización de los riesgos que comporta la actividad militar puede afectar los derechos a la vida y a la integridad personal de quienes los asumen, al desarrollar actos propios del servicio. La Fuerza Pública, está instituida para defender la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional a términos del artículo 217 de la Constitución Política y ello implica que en cumplimiento de la función constitucional que le ha sido encomendada puedan concretarse riesgos contingentes, bien sea por el accionar de grupos subversivos, delincuencia común, bandas emergentes etc. En estos eventos sus integrantes tendrán derecho a exigir los reconocimientos que previamente el ordenamiento ha dispuesto para quienes se someten a r iesgos mayores y de frecuente ocurrencia, pues los mismos deben ser cubiertos con la indemnización a fort fait, a la cual tienen derecho en virtud de su vínculo con el Estado.

26. No obstante lo anterior, a pesar de que a los miembros de la fuerza pública y de policía se les exige una exposición mayor dadas sus funciones constitucionales, tal situación no habilita a los superiores para que les impongan cargas adicionales

26. No obstante lo anterior, a pesar de que a los miembros de la fuerza pública y de policía se les exige una exposición mayor dadas sus funciones constitucionales, tal situación no habilita a los superiores para que les impongan cargas adicionales o distintas de las que normalmente deben afrontar en el control o restablecimiento del orden público, pues ello no solo colocaría en juego el respeto de los derechos humanos sino la vida e integridad física de los agentes, quienes no están obligados a asumir hasta lo imposible.

27. En ese sentido, se precisa que al Estado no se le puede atribuir responsabilidad por la concreción de los riesgos propios de la actividad militar o de policía, a menos que se demuestre que la lesión o muerte se produjo por una falla del servicio 16,

16 Esta Corporación, de manera pacífica y reiterada, ha precisado que la falla del servicio o la falta en la prestación del mismo se configura por retardo, por irregularidad, por ineficiencia, por omisión o por ausencia del mismo. El retardo se da cuando la Administración actúa tardíamente ante la ciudadanía en prestar el servicio; la irregularidad, por su parte, se configura cuando se presta el servicio en forma diferente a como debe hacerse en condiciones normales, contrariando las normas, reglamentos u órd enes que lo regulan y la ineficiencia se presenta cuando la Administración presta el servicio pero no con diligencia y eficacia, como es su deber legal. Y obviamente se estaría ante la omisión o ausencia del mismo cuando la Administración, teniendo el deber legal de prestar el servicio, no actúa o no lo presta. Así, cuando el daño se produce como

su deber legal. Y obviamente se estaría ante la omisión o ausencia del mismo cuando la Administración, teniendo el deber legal de prestar el servicio, no actúa o no lo presta. Así, cuando el daño se produce como consecuencia de la omisión del Estado en la prestación de los servicios de protección y vigilancia, es decir,Radicación número: 27001-23-33-000-2015-00120-01 (67.284)

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como sería, por ejemplo, la derivada de la omisión en la dotación de elementos necesarios para el cabal cumplimiento de sus funciones u obligaciones, o como en las hipótesis en las que siendo previsibles los enfrentamientos armados, no se adoptan las medidas y planes necesarios para proteger la vida e integridad de los miembros de la fuerza pública. Igualmente habría compromiso de responsabilidad del Estado, en los casos en los que se hubiere sometido al sujeto afectado a un peligro mayor al que normalmente debía asumir en su actividad militar.

28. Para determinar si la conducta del Estado fue anómala o irregular frente al hecho dañoso perpetrado por el tercero, debe analizarse si para la Administración y para las autoridades era previsible en cada caso concreto que se desencadenara el acto delictivo o terrorista, por manera que si del estudio fáctico y probatorio se concluye que para el Estado existieron circunstancias que indicaban un alto grado de previsibilidad de la comisión de un atentado y no obstante omitió tomar las medidas necesarias para evitar o enfrentar de forma eficiente el ataque, estaría

concluye que para el Estado existieron circunstancias que indicaban un alto grado de previsibilidad de la comisión de un atentado y no obstante omitió tomar las medidas necesarias para evitar o enfrentar de forma eficiente el ataque, estaría llamado a responder por falla en el servicio.

29. Precisado lo anterior y con el objetivo de adoptar una decisión frente al aspecto que delimita el problema jurídico, la Sala recapitulará, en cuanto importa, los siguientes hechos cuya prueba milita en el expediente.

30. El 14 de julio de 2013, siendo aproximadamente las 19:37 horas, dos sujetos desconocidos que se movilizaban en una motocicleta lanzaron una granada de fragmentación contra las instalaciones de la oficina de Tránsito y Transporte del municipio de Quibdó, Ch ocó, la que al denotar causó graves lesiones a varios uniformados que se encontraban prestando servicio en esa dependencia 17, entre ellos, el intendente Luis Adney López Bonilla18, quien falleció minutos después de ser trasladado al Hospital San Francisco de Asís de ese municipio19.

31. En cuanto a las circunstancias que rodearon el siniestro, se cuenta con el oficio No. 047 suscrito el 9 de agosto de 2013 por el J efe Seccional de Investigación Criminal del Departamento de Policía del Chocó, en el que se registró que la

cuando la imputación se refiere a la actuación falente o irregular de la Administración por su actuar omisivo, al no utilizar todos los medios que a su alcance tenía con conocimiento previo para repeler, evitar o atenuar el hecho dañoso del tercero. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 27 de noviembre

al no utilizar todos los medios que a su alcance tenía con conocimiento previo para repeler, evitar o atenuar el hecho dañoso del tercero. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 27 de noviembre de 2002, exp. 13.774, MP. María Elena Giraldo Gómez. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 11 de junio de 2014, exp. 29.359, MP: Hernán Andrade Rincón (E). 17 Tal como consta en la planilla de servicios de la oficina de tránsito del 14 de julio de 2013, la cual reposa a folios 59 a 60 del cuaderno 1. 18 Calidad que se desprende de la información contenida en el poligrama No. 097 del 14 de julio de 2013, proferido por el comandante Seccional de Tránsito y Transporte de Chocó y de la de la Resolución No. 02173 del 26 de diciembre de 2013, por medio de la cual se reconoció la pensión de sobrevivientes por la muerte del Intendente. Folios 65, 154 a 156 del cuaderno 1. 19 Según consta en el informe administrativo por muerte No. 131/13 expedido el 6 de agosto de 2013, por el Director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, el poligrama No. 097 del 14 de julio de 2013, proferido por el comandante Seccional de Tránsito y Transporte de Chocó. Folios 26 a 30, 65 del cuaderno 1Radicación número: 27001-23-33-000-2015-00120-01 (67.284)

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hipótesis de los hechos estaba direccionada a la participación de miembros de la red de apoyo del frente 34 de las FARC, comoquiera que la información “ de inteligencia captada a través del desarrollo de controles técnicos e información recolectada a través del intercambio de información con agencias de inteligencia e investigación”, daba cuenta de “ coordinaciones, órdenes y/o pretensiones ” de este frente subversivo de atentar contra las instalaciones de la oficina de tránsito, el comando del departamento y el complejo policial ubicado en la vía aeropuerto de Quibdó20.

32. Por su parte, el señor Osney Becerra Murillo, quien el día del siniestro prestaba su servicio como patrullero en la oficina de tránsito y transporte de Quibdó, rindió testimonio en el que aseveró que el 14 de julio de 2013, se encontraba en la referida dependencia con el intendente Luis Adney López cuando fue lanzado el artefacto explosivo que cobró la vida de este último. Señaló que ese mismo día del atentado, el occiso después de haber asistido a una reunión con el Comandante Operativo de Seguridad Ciudad ana del departamento de Policía de Chocó, les informó que había una amenaza terrorista por parte del frente 34 de las FARC contra esa instalación, el colegio de la Policía y la piscina, por lo que debían tener precaución21.

33. Asimismo, el señor Javier Emilio Pino Mena quien, para la fecha de los hechos

contra esa instalación, el colegio de la Policía y la piscina, por lo que debían tener precaución21.

33. Asimismo, el señor Javier Emilio Pino Mena quien, para la fecha de los hechos se encontraba de servicio en el organismo de tránsito, manifestó que el domingo, “el año fue no estoy seguro pero me parece que fue como en 2014 ” a las 20:30 horas, un integrante del frente 34 de las FARC lanzó una granada en la oficina de tránsito de Quibdó que produjo la muerte del Sargento López Bonilla.

Seguidamente, afirmó que el día del atentado, el occiso había sido citado a una reunión con el Comandante Operativo de Seguridad Ciudadana del Departamento del Chocó, posterior a la cual les comunicó sobre el atentado terrorista que se iba a realizar en el complejo policial Santo Domingo, el aeropuerto y la oficina de tránsito, por lo que debían extremar al máximo las medidas de seguridad22.

34. De la valoración conjunta de los hechos antes relacionados, no es posible establecer que la Policía Nacional hubiese incurrido en la falla del servicio alegada, habida cuenta que no se probó que hubiera omitido brindar seguridad y adoptar medidas dirigidas a prevenir o contrarrestar el mencionado atentado.

35. Ciertamente, si bien en el oficio 47 del 9 de agosto de 2013, se plasmó que el atentado realizado 14 de julio de 2013, en la oficina de tránsito y transporte de Quibdó pudo haber sido perpetrado por el frente 34 de las FARC, lo concreto es que en dicho documento no se indicó la fecha en que la fuerza pública conoció de

20 Folios 66 a 68 del cuaderno 1.

Quibdó pudo haber sido perpetrado por el frente 34 de las FARC, lo concreto es que en dicho documento no se indicó la fecha en que la fuerza pública conoció de

20 Folios 66 a 68 del cuaderno 1. 21 CD obrante en el folio 229A del cuaderno 1. 22 CD obrante en el folio 229A del cuaderno 1.Radicación número: 27001-23-33-000-2015-00120-01 (67.284)

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tal situación, pues de su lectura ni siquiera es posible establecer si dicho conocimiento fue antes de que se efectuara dicho acto bélico o con posterioridad a éste.

36. Al lado de lo anterior, se advierte que los testigos de marras afirmaron que fue el mismo día de los hechos cuando el Comandante Operativo de Seguridad Ciudadana de Chocó le informó al occiso sobre la posible arremetida que se realizaría contra la Estación de tránsito en la que aquel laboraba, frente a lo cual aquél les había solicitado tener precaución y les había ordenado extremar las medidas de seguridad, sin que se hubiese especificado cuáles.

37. Lo referido por los mencionados testigos resulta acorde con lo que se manifestó en el escrito inicial de demanda, en el que se plasmó que fue ese mismo día -14 de julio de 2013 -, que el intendente López Bonilla fue requerido, junto a otros uniformados de esa dependencia, a una reunión urgente con un coronel de esa institución policial, quien les informó que después de haber interceptado las

día -14 de julio de 2013 -, que el intendente López Bonilla fue requerido, junto a otros uniformados de esa dependencia, a una reunión urgente con un coronel de esa institución policial, quien les informó que después de haber interceptado las comunicaciones del frente 34 de las FA RC, se tuvo conocimiento de un plan terrorista contra la Unidad de Tránsito y otras edificaciones civiles.

38. Cabe resaltar que los deponentes no especificaron las medidas especiales que la entidad accionada empleó ese día para prevenir o menguar el posible ataque criminal advertido, amén de que tampoco se probó que las mismas no hubieran sido las apropiadas para ese tipo de eventos, pues en relación con las circunstancias del atentado, únicamente se tiene que se produjo por el lanzamiento de una granada contra dicha dependencia de transporte.

39. Para la Sala resulta claro que en la medida en que la parte actora no realizó esfuerzo probatorio para