CE - 012333000201500143011SENTENCIA20230124103917

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de enero de dos mil veintitrés (2023)

Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho Expediente : 76001-23-33-000-2015-00143-01 (2443-2021)

Demandante : María de los Ángeles Lamir Caballero

Demandada : Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) Tema : Reliquidación de pensión ordinaria de jubilación; factores salariales que deben tenerse en cuenta en el ingreso base de liquidación pensional de persona beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de 1993

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia de 25 de septiembre de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual negó las súplicas de la demanda dentro del proceso del epígrafe.

I. ANTECEDENTES

1.1 Medio de control (ff. 50 a 66) . La señora María de los Ángeles Lamir Caballero, mediante apoderada, ocurre ante la jurisdicción de lo contenciosoadministrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección

derecho conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), para que se acojan las pretensiones que en el apartado siguiente se precisan.

1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad de las Resoluciones RDP 6900 de 2 de agosto de 2012 y 12770 de 22 de octubre siguiente, por las cuales la UGPP negó la reliquidación de la pensión de jubilación de la actora.

Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la accionada «[…] reliquidar y pagar […] la pensión de vejez […] en un 85% del total devengado en el último año de servicios, incluyendo todos los factores salariales que no se tuvieron en cuenta para el ingreso base de liquidación […], de conformidad con […] la Ley 33 de 1985 […]» (sic); asimismo, «[…] reconocer y pagar […] el I.B.L, actualizado con aplicación de la fórmula del Conse jo de Estado, para la indexación de la primera mesada2

Expediente: 76001-23-33-000-2015-00143-01 (2443-2021) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho María de los Ángeles Lamir Caballero contra la UGPP

pensional» (sic); dar cumplimiento a la sentencia y que sobre las sumas que resulte condenada la entidad se efectúen los ajustes de valor de acuerdo con el índice de precios al consumidor. Por último, sufragar costas procesales.

pensional» (sic); dar cumplimiento a la sentencia y que sobre las sumas que resulte condenada la entidad se efectúen los ajustes de valor de acuerdo con el índice de precios al consumidor. Por último, sufragar costas procesales.

1.3 Fundamentos fácticos. Relata la actora que nació el 15 de julio de 1940 e «ingres[ó] al servicio público el día primero de mayo de 1959 (1965 semanas)» (sic).

Que la liquidada Cajanal, por conducto de Resolución 5748 de «1997» (sic), le reconoció pensión de jubilación efectiva a partir del 1º de julio de 1995 , condicionada al retiro del servicio, en cuantía de $441.467,17, con el 75% «promedio de 12 meses» (sic); reajustada con Resolución 15466 de 28 de mayo de 1998 al haber cesado sus labores, «por la suma de $606.316,48 efectiva a partir del 01 de julio de 1997 […] al 75%, promedio de 12 meses […]» (sic).

Dice que, mediante Resolución 41005 de 6 de septiembre de 2007 , Cajanal «reconoció y ordenó pagar la reliquidación de esa pensión de vejez […] en los siguientes términos: a) por la suma de $776.578.92. b) Efectiva a partir del 01 de julio de 1995. d) Tasa de reemplazo al 85%, promedio de 10 años. e) I.B.L., asignación básica me nsual, prima antigüedad, bonificación por servicios prestados» (sic); corregida por medio de Resolución 62274 de 30 de diciembre de 2008, en el sentido de indicar que la efectividad de la prestación era desde el

asignación básica me nsual, prima antigüedad, bonificación por servicios prestados» (sic); corregida por medio de Resolución 62274 de 30 de diciembre de 2008, en el sentido de indicar que la efectividad de la prestación era desde el 1º de julio de 1997.

Que, a través de escrito de 11 de junio de 2012, deprecó de la UGPP el reajuste de la pensión con inclusión de lo s factores salariales devengados durante el último año de servicios «con indexación y actualizaciones del IPC», negado por los actos acusados.

1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas violadas por los actos demandados los artículos 1º, 2, 4º, 5º, 6º, 13, 23, 25, 46, 48, 53, 58, 228 y 336 de la Constitución Política; 2 de la Ley 91 de 1989, 2 de la Ley 4ª de 1992, 115 y 180 de la Ley 115 de 1994, 4 de la Ley 4ª de 1966, 1º de la Ley 62 de 1985, 81 de la Ley 812 de 2003 , 7 del Decreto 2563 de 1990 , 1º del Decreto 1440 de 1992 y 5 del Decreto 1743 de 1996.

Arguye que la entidad dejó «[…] de un lado la correcta interpretación del artículo 1º de la Ley 62 de 1985, el cual señala de una manera enunciativa los factores salariales a los cuales tiene derecho el funcionario público, motivó falsamente el Acto Administrativo atacado pues lo privó d e tener una pensión3

factores salariales a los cuales tiene derecho el funcionario público, motivó falsamente el Acto Administrativo atacado pues lo privó d e tener una pensión3

Expediente: 76001-23-33-000-2015-00143-01 (2443-2021) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho María de los Ángeles Lamir Caballero contra la UGPP

justa al excluirse los factores salariales arriba mencionados. Al dejar de lado la correcta interpretación de las Leyes 33 y 62 de 1985, la Entidad demandada desconoce ostensiblemente el principio constitucional consagrado en el artículo 53 […]» (sic).

1.5 Contestación de la demanda (109 a 112 vuelto). La entidad demandada, a través de apoderada, se opuso a la prosperidad de las pretensiones y se refirió a cada uno de los hechos de la demanda, en el sentido de que algunos son ciertos y otros carecen de esa naturaleza . De igual modo, propuso las excepciones denominadas inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido, ausencia de vicios en el acto administrativo demandado y prescripción. Aduce que «[…] no es viable la solicitud de la demandante, quien adquirió el status de pensionada el 15 de Julio de 1995, en vigencia de la ley 100 de 1993 y su decreto reglamentario 1158 de 1994, por lo que le es aplicable el régimen de seguridad social integral previsto en la ley 100 de 1993» (sic).

1.6 La providencia apelada (ff. 155 a 166). El Tribunal Administrativo de l Valle del Cauca , mediante sentencia de 25 de septiembre de 2019 , negó las

social integral previsto en la ley 100 de 1993» (sic).

1.6 La providencia apelada (ff. 155 a 166). El Tribunal Administrativo de l Valle del Cauca , mediante sentencia de 25 de septiembre de 2019 , negó las súplicas de la demanda ( sin condena en costas), al considerar que «[…] se observa que la liquidación de la pensión reconocida a la parte actora, fue liquidada bajo los lineamientos del inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y en cuanto a los factores a tener en cuenta, se aplicaron los lineamientos del Decreto 1158 de 1994. Bajo este orden de ideas, con relación a la pretensión de reliquidación [de] la pensión con la inclu sión de todos los factores salariales devengados en el último año de servicio, en aplicación de la Ley 33 y 62 de 1985, por ser beneficiaria del régimen de transición; se observa que acogiendo los parámetros fijados por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado señalados en el acápite precedente, no resulta procedente disponer dicha reliquidación, por cuanto, de conformidad con el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el IBL no hace parte de la transición y los factores a tener en cuenta en la liquidación de la pensión son los enlistados taxativamente en la Ley y sobre los cuales hubiere cotizado el afiliado» (sic).

1.7 El recurso de apelación (ff. 172 a 174). La demandante, a través de apoderada, interpuso recurso de apelación, porque «[…] se encuentra en una condición fáctica y jurídica por encontrarse inmers [a] en un régimen de

apoderada, interpuso recurso de apelación, porque «[…] se encuentra en una condición fáctica y jurídica por encontrarse inmers [a] en un régimen de transición por nacimiento (05 -07-1940) y vinculación (01 -05-59)-, que trajo consigo el ART. 27del Decreto 3135 de 1.968; Ley 33 del año 1.985, y también la Ley 100 de 1.993 y por lo tanto remite a que se le aplique la ley 33 de 1.985 y 62 de 1.985 (en edad – tiempo de servicio y tasa de reemplazo, solamente en4

Expediente: 76001-23-33-000-2015-00143-01 (2443-2021) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho María de los Ángeles Lamir Caballero contra la UGPP

lo favorable Ley 100 de 1.993), por haber laborado en El Ministerio de Hacienda y Crédito Público hasta el 01-07-97» (sic). En consecuencia, solicita «[…] se reconozca y pague […] la Reliquidación de su pensión incluyendo la totalidad de los factores salariales percibidos en el último año de servicio tal como aparece en la certificación de salarios percibidos en el último año de servicio del 1 de julio del año 1.996 al 30 de Junio de 1.997 […]» (sic).

II. TRÁMITE PROCESAL.

El recurso de apelación fue concedido mediante proveído de 20 de noviembre de 2020 (f. 176 y vuelto) y admitido por esta Corporación a través de auto de 28 de abril de 2022 (f. 181), en el que se dispuso la notificación personal al

de 2020 (f. 176 y vuelto) y admitido por esta Corporación a través de auto de 28 de abril de 2022 (f. 181), en el que se dispuso la notificación personal al agente del Ministerio Público y a las partes por estado, en cumplimiento de los artículos 198 (numeral 3) y 201 del CPACA.

2.1 Alegatos de conclusión . Admitida la alzada, se continuó con el trámite regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio Público, por medio de auto de 23 de agosto de 2022 (f. 183), para que aquellas alegaran de conclusión y este conceptuara, oportunidad aprovechada por l as primeras1.

2.1.1 Demandante. Por intermedio de apoderada, reitera los argumentos del recurso de apelación.

2.1.2 UGPP. Presentó escrito de alegatos de conclusión, sin embargo, quien dice actuar en representación de est a no aportó los documentos que acredit en tal calidad, por ende, no se tendrán en cuenta.

III. CONSIDERACIONES.

3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA a esta Corporación le corresponde conocer del presente litigio, en segunda instancia.

3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación 2, corresponde en esta oportunidad a la Sala determinar si a la demandante le asiste derecho a

1 Memoriales presentados a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada Samai, índices 1 5 y 17. 2 Según el artículo 328 del Código General del Proceso, « El juez de segunda instancia deberá pronunciarse

1 Memoriales presentados a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada Samai, índices 1 5 y 17. 2 Según el artículo 328 del Código General del Proceso, « El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley»; asimismo, «El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella».5

Expediente: 76001-23-33-000-2015-00143-01 (2443-2021) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho María de los Ángeles Lamir Caballero contra la UGPP

la reliquidación de su pensión de jubilación, por no habérsele tenido en cuenta la totalidad de los factores salariales devengados durante el último año de servicios, de conformidad con el régimen ordinario previsto en la Ley 33 de 1985; o, por el contrario, carece de razón, pues para efect os de la liquidación pensional le es aplicable la Ley 100 de 1993 y su Decreto reglamentario 1158 de 1994, como lo concluyó el a quo.

3.3 Marco jurídico. En punto a la resolución del problema jurídico planteado en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta respecto del caso concreto.

Lo primero que ha de anotarse es que la Ley 100 de 1993, «Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones», fue

a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta respecto del caso concreto.

Lo primero que ha de anotarse es que la Ley 100 de 1993, «Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones», fue expedida por el Congreso de la República con el fin, entre otros, de unificar la normativa en cuanto a la diversidad de regímenes pensionales especiales existentes.

No obstante lo anterior y con el objetivo de evitar menoscabar derechos a personas que se encontraban próximas a ser pensionadas o tuviesen cierto tiempo de servicio, se previó el régimen de transición, consagrado en el artículo 36 de la referida Ley 100 de 1993.

En efecto, en dicha norma se dispuso que las personas que al momento de entrar en vigencia el sistema de seguridad social integral (1° de abril de 1994) contaran con treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, se les reconocerá la pensión de jubilación de conformidad con el régimen anterior al cual se encontraban afiliados, es decir, la pensión de jubilación respecto de la edad, tiempo de servicio y monto se les aplicará el régimen anterior.

En lo que atañe al ingreso base de liquidación (IBL) pensional de tales personas, el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 preceptúa que los beneficiarios del régimen de transición «[…] que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere

beneficiarios del régimen de transición «[…] que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE» (se subraya). Respecto de esta norma, la Corte Constitucional3 precisó:

3 Corte Constitucional, sentencia C-258 de 2013.6

Expediente: 76001-23-33-000-2015-00143-01 (2443-2021) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho María de los Ángeles Lamir Caballero contra la UGPP

[…] En efecto, la Sala recuerda que el propósito original del Legislador al introducir el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 4, tal como se desprende del texto de la disposi ción y de los antecedentes legislativos, fue crear un régimen de transición que beneficiara a quienes tenían una expectativa legítima de pensionarse conforme a las reglas especiales que serían derogadas. Para estas personas, el beneficio derivado del régim en de transición consistiría en una autorización de aplicación ultractiva de las reglas de los regímenes a los que se encontraban afiliados, relacionadas con los requisitos de edad, tiempo de servicios o cotizaciones y tasa de reemplazo. El Ingreso Base de Liquidación no fue un aspecto sometido a transición, como se aprecia claramente en el texto del artículo 36… […]

Para el efecto, la Corte acudirá a la regla general de Ingreso Base de

Ingreso Base de Liquidación no fue un aspecto sometido a transición, como se aprecia claramente en el texto del artículo 36… […]

Para el efecto, la Corte acudirá a la regla general de Ingreso Base de Liquidación prevista en los artículos 21 y 36 de la Ley 100. En efecto, el artículo 36 estableció dos reglas específicas en la materia: (i) para quienes el 1° de abril de 1994, les faltara menos de 10 años para pensionarse, el IBL sería (a) “el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta” para reunir los requisitos para causar el derecho a la pensión, o (b) el promedio de lo “cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE”. (ii) En los demás casos, es decir, en la hipótesis de las personas a quienes el 1° de abril de 1994 les faltaban más de 10 años para reunir los requisitos de causación de la pensión, a falta de regla especial en el artículo 36 y teniendo en cuenta que el inciso segundo ibídem solamente ordena la aplicación ultractiva de las reglas de los regímenes especiales sobre edad, tiempo de cotización o servicios prestados, y tasa de reemplazo, se les debe aplicar la regla general del artículo 21 de la Ley 100, el cual indica:

“ARTÍCULO 21. INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN. Se entiende por ingreso base para liquidar las pensiones previstas en esta ley, el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anterio res al

entiende por ingreso base para liquidar las pensiones previstas en esta ley, el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anterio res al reconocimiento de la pensión, o en todo el tiempo si este fuere

4 El artículo 36 indica: “ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres. || La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones c ontenidas en la presente Ley. || El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE” (negrilla fuera del texto).7

durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE” (negrilla fuera del texto).7

Expediente: 76001-23-33-000-2015-00143-01 (2443-2021) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho María de los Ángeles Lamir Caballero contra la UGPP

inferior para el caso de las pensiones de invalidez o sobrevivencia, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

Cuando el promedio del ingreso base, ajustado por inflación, calculado sobre los ingresos de toda la vida laboral del trabajador, resulte superior al previsto en el inciso anterior, el trabajador podrá optar por este sistema, siempre y cuando haya cotizado 1250 semanas como mínimo.”

El precitado derrotero fue acogido por la sala de lo contencioso-administrativo del Consejo de Estado, al estudiar un caso en el que se reclamaba el reajuste de la pensión de jubilación en virtud de la Ley 33 de 1985, mediante sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, expediente 52001-23-33-000-2012-0014301 (4403-2013), consejero ponente César Palomino Cortés, en la que se fijaron las siguientes reglas de interpretación en torno al tema, así:

[…] Sentar como jurisprudencia del Consejo de Estado frente a la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que consagra el régimen de transición pensional, lo siguiente:

[…] Sentar como jurisprudencia del Consejo de Estado frente a la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que consagra el régimen de transición pensional, lo siguiente:

1. El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.

2. P ara los servidores públicos que se pensionen conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la pensión

es:

• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

3. Los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la8

Expediente: 76001-23-33-000-2015-00143-01 (2443-2021)

3. Los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la8

Expediente: 76001-23-33-000-2015-00143-01 (2443-2021) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho María de los Ángeles Lamir Caballero contra la UGPP

pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones.

Lo anterior, al considerar:

A juicio de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado una lectura del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 permite concluir que en el régimen de transición el IBL que debe tenerse en cuenta para liquidar el monto pensional es el previsto en el inciso 3 de dicha norma.

86. Como se dijo en párrafos anteriores el régimen de transición prorrogó la vigencia de todos los regímenes pensionales anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, otorgando efectos ultractivos a algunos elementos constitutivos de dichos regímenes para aquellas personas que se encontraban afiliadas a los mismos y que estaban próximas a adquirir el derecho pensional. Tales elementos son la edad, el tiempo de servicios y el monto de la pensión.

87. Para establecer el monto de la pensión, el legislador, en este caso de la Ley 100 de 1993, en desarrollo de su libertad de configuración, fijó un elemento, el IBL, que cumpliría con la finalidad no solo de unificar la base de la pensión para todos aquellos que estaban

de la Ley 100 de 1993, en desarrollo de su libertad de configuración, fijó un elemento, el IBL, que cumpliría con la finalidad no solo de unificar la base de la pensión para todos aquellos que estaban próximos a pensionarse, sino como manifestación de los principios de solidaridad, universalidad y sostenibilidad financiera para garantizar la viabilidad futura del Sistema General de Pensiones; máxime teniendo en cuenta que el periodo de transición abarcaría varias décadas5.

88. Como toda reforma pensional implica un cambio de las condiciones para acceder a la pensión, es importante que ese cambio no resulte traumático o desafortunado para aquellas personas que, si bien no alcanzaron a consolidar su derecho pensional bajo el régimen anterior, sí estaban próximos a adquirir tal derecho y venían cotizando con la confianza legítima que se pensionarían en las condiciones que los cobijaban.

89. Entonces la razonabilidad de ese cambio legislativo está en poder conciliar la finalidad que motiva la reforma pensional con la confianza y la expectativa de los ciudadanos que están próximos a

5 En virtud del Acto Legislativo No. 1 de 2005, la aplicabilidad del régimen de transición corrió hasta el 31 de julio de 2010, o, excepcionalmente, hasta el 31 de diciembre de 2014, en el caso que los beneficiarios contaran con 750 semanas de cotización o su equivalente en tie mpo de servicios al momento de la entrada en vigencia de dicho Acto Legislativo.9

Expediente: 76001-23-33-000-2015-00143-01 (2443-2021) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

de dicho Acto Legislativo.9

Expediente: 76001-23-33-000-2015-00143-01 (2443-2021) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho María de los Ángeles Lamir Caballero contra la UGPP

pensionarse, es decir, garantizar el interés general sin sacrificar del todo el interés particular. Es importante precisar que un cambio en el sistema de pensiones necesariamente implica el establecimiento de requisitos y condiciones, en principio, menos favorables, para adquirir la pensión, por eso se requiere un periodo de transición que permita implementar de manera ponderada y equilibrada el nuevo régimen, concretamente, para aquellas personas que, bajo las condiciones legales anteriores, podrían adquirir su pensión en un corto periodo de tiempo.

De acuerdo con la anterior normativa y la jurisprudencia citada, nótese que en criterio de la Corte Constitucional y la sala de lo contencioso-administrativo del Consejo de Estado en el inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el legislador excluyó del régimen de transición la expectativa de las personas beneficiarias de este de obtener su pensión con el ing reso base de liquidación que consagraba el régimen anterior al que se encontraban afiliadas al entrar en vigor aquella; por ende, en virtud del principio de favorabilidad, la correspondiente entidad de previsión social, al momento de la liquidación pensional deberá determinar el ingreso base de liquidación que le fuera más benéfico al pensionado, en la medida en que la Ley 100 de 1993 permite optar por (i) el promedio de lo cotizado durante el tiempo que le hiciere falta entre la

pensional deberá determinar el ingreso base de liquidación que le fuera más benéfico al pensionado, en la medida en que la Ley 100 de 1993 permite optar por (i) el promedio de lo cotizado durante el tiempo que le hiciere falta entre la entrada en vigor de la Ley 100 (1° de abril de 1994) y la adquisición del estatus pensional, si fuere inferior a 10 años; (ii) el promedio de lo aportado durante todo el tiempo, si el monto es superior, actualizado anualmente con el índice de precios al consumidor (IPC); o (iii) el promedio de lo cotizado durante los últimos 10 años, conforme al artículo 21 ibidem.

Ahora bien, para efectos de determinar los factores sobre los cuales se debieron efectuar cotizaciones, cabe anotar que con el Decreto 691 de 1994, reglamentario de la L ey 100 de 1993, se incorporaron el sistema general de pensiones a los servidores públicos (i) de la rama ejecutiva del orden nacional, departamental, municipal o distrital, así como de sus entidades descentralizadas; y (ii) del Congreso de la República, de la rama judicial, el Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación, la organización electoral y la Contraloría General de la República; en cuyo artículo 6° se estableció el salario mensual base para calcular las cotizaciones al sistema de tales ser vidores, modificado por el Decreto 1158 de 1994, que previó los siguientes factores sobre los que se debe efectuar aportes: a) asignación básica mensual, b) gastos de representación; c) prima técnica, cuando sea factor de salario; d) primas de antigüedad, ascensional y de capacitación cuando sean factor salarial; e)

debe efectuar aportes: a) asignación básica mensual, b) gastos de representación; c) prima técnica, cuando sea factor de salario; d) primas de antigüedad, ascensional y de capacitación cuando sean factor salarial; e) remuneración por trabajo dominical o festivo; f) remuneración por trabajo10

Expediente: 76001-23-33-000-2015-00143-01 (2443-2021) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho María de los Ángeles Lamir Caballero contra la UGPP

suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna; y g) bonificación por servicios prestados.

Por otro lado, en lo pertinente a la normativa que rige los requisitos y tasa de la pensión de jubilación a la que alude la presente demanda, la Sala se remite a lo preceptuado en la Ley 33 de 1985, que en relación con el asunto objeto de examen dispone:

Artículo 1º. El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco años (55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equ ivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio. […]

Parágrafo 2º. Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente Ley hayan cumplido quince (15) años continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las dispo