CE - 012333000201500143021SENTENCIA20231215102326

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Radicado: 66001 23 33 000 2015 00143 02

Demandante: Defensoría del Pueblo Regional Risaralda

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D. C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitrés (2023) Radicación núm.: 66001 23 33 000 2015 00143 02

Actor: Defensoría del Pueblo Regional Risaralda Demandados: Corporación Autónoma Regional de Risaralda, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira y Municipio de Pereira (vinculado) Tesis: No es cierto que la zona objeto de la controversia imposibilite el cumplimiento de la orden impartida por el Tribunal, referente al mantenimiento de la red pública de acueducto y alcantarillado y la reconstrucción del colector de aguas residuales.

No es necesario complementar la orden de protección de los derechos colectivos impuesta por el a quo con campañas educativas y priorización del servicio público de aseo en el área objeto de la controversia. Procede condenar en costas a la parte demandada, por concepto de agencias en derecho, si la parte actora resultó vencedora, por prosperar su pretensión tendiente a buscar la protección de los derechos colectivos invocados en la demanda y se acreditó su gestión en el proceso. No procede condenar en costas en favor del coadyuvante.

buscar la protección de los derechos colectivos invocados en la demanda y se acreditó su gestión en el proceso. No procede condenar en costas en favor del coadyuvante. El Tribunal que profirió la sentencia de primera instancia debe presidir el Comité de Verificación por conducto del Magistrado que adelantó la sustanciación y proyección de la decisión como Ponente.

SENTENCIA – SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuest o por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S. E.S.P. (en adelante la Empresa) y el recurso de apelación adhesiva presentado por Cotty Morales Caamaño, en calidad de coadyuvante de la parte demandante, en contra de la sentencia del 8 de octubre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda.

I. SÍNTESIS DEL CASO2

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1.1. La parte actora presentó acción popular1 en contra de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (en adelante CARDER) y la Empresa, con la finalidad de obtener para los habitantes del Barrio Rocío Bajo del Municipio de Pereira la protección de los derechos e intereses colectivos de acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, a la seguridad y prevención de desastres previsibles

para los habitantes del Barrio Rocío Bajo del Municipio de Pereira la protección de los derechos e intereses colectivos de acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente y de acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna.

Para el efecto formuló las siguientes pretensiones:

“Primera: Que se declare el estado de riesgo inminente pero mitigable de la población que habita el barrio Rocío Bajo, por los posibles derrumbes e inundaciones que ocasione el Río Consota de Pereira.

Segunda: Que como consec uencia de lo anterior , se ordene en un término perentorio a la CARDER, la construcción de los 73 metros de gaviones destruidos en el mes de abril de 2011, por la acción de sus contratistas y la creciente del Río Consota, como también a la empresa Aguas de Pereira, realizar los trabajos de adecuación y mantenimiento de colector de aguas residuales y demás redes de acueducto y alcantarillado del sector.

Tercera: Los gastos que se deriven de esta acción correrán por cuenta del Fondo para la Defensa de los Der echos e Intereses Colectivos, por tal motivo solicito enviar copia del auto admisorio de la misma y aviso para su publicación a la dirección del fondo.

Cuarta: Que las entidades accionadas sean condenadas en costas a favor del Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos.”.

1.2. Como sustento de las pretensiones adujo lo siguiente:

Mencionó que los habitantes del Barrio Rocío Bajo del Municipio de Pereira le

Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos.”.

1.2. Como sustento de las pretensiones adujo lo siguiente:

Mencionó que los habitantes del Barrio Rocío Bajo del Municipio de Pereira le manifestaron que la CARDER realizó una obra en el río afectando un tramo de los gaviones que servían de muro de contención para que las aguas no causaran inundaciones, los cuales no fueron reconstruidos por el contratista ni por la entidad.

Expresó que por la creciente ocurrida en el año 2011, a causa de la ola invernal, se generó un empuje hacia el río volteando los gaviones y ocasionando un colapso total de estos y del interceptor de aguas residuales construido por la Empresa.

1 Ver expediente digitalizado que obra en el índice núm. 2 de Samai.3

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Aseguró que las entidades no tienen la voluntad de reconstruir los gaviones dañados por la acción de sus contratistas, ni tampoco el colector de aguas residuales para lograr el saneamiento del Río Consota, que se ha venido contaminando desde el año 2011.

Expuso que las inundaciones provocadas por las crecientes han sido frecuentes, la más fuerte, generada como consecuencia de la ola invernal de los años 2010 y 2011, que ocasionó daños en las viviendas de los habitantes del sector y que puede volver

Expuso que las inundaciones provocadas por las crecientes han sido frecuentes, la más fuerte, generada como consecuencia de la ola invernal de los años 2010 y 2011, que ocasionó daños en las viviendas de los habitantes del sector y que puede volver a suceder según estudios realizados por la CARDER, por lo cual es necesario construir el muro en gaviones y reconstruir el colector de aguas residuales, porque el muro es la protección del interceptor para que no lo vuelva a arrastrar el río.

Sostuvo que instauró una acción de tutela por los hechos antes referidos y que el juez de segunda instancia recomendó a la Empresa y a la C ARDER que procedieran a realizar las gestiones pertinentes para mitigar los riesgos por inundación que pudieran sufrir los habitantes del Barrio el Rocío Bajo y manejar las aguas residuales que aquejan a la comunidad.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

2.1. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A E.S.P. 2 manifestó que la calificación del riesgo como no mitigable tornaba en inviable la realización de obras o acciones concretas, siendo necesaria la reubicación de las familias que viven en la zona.

Señaló que la construcción del colector no era viable ya que el área fue catalogada como de alto riesgo no mitigable y por lo tanto cualquier obra en el sector resultaba inane. Además, explicó que del análisis de riesgo de las márgenes del Río Consota, sustentado en el estudio de simulación hidráulico que la CARDER elaboró en e l año 2009, se determinó que las viviendas se encuentran en zona de inundación, por lo que era imperativa la reubicación, obligación a cargo del Municipio de Pereira.

sustentado en el estudio de simulación hidráulico que la CARDER elaboró en e l año 2009, se determinó que las viviendas se encuentran en zona de inundación, por lo que era imperativa la reubicación, obligación a cargo del Municipio de Pereira.

Propuso las excepciones de:

2 Ibidem.4

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Ineptitud de la demanda. La cual sustentó en que las obras objeto de la acción popular en nada solucionaban la problemática surgida en el Barrio Rocío Bajo, ya que las construcciones allí levantadas no consultan la disponibilidad del suelo, ni sus usos, por lo que aún en el hipotético caso de prosperar las pretensiones de la demanda, ello en nada cambiaría la calificación de alto riesgo por inundación en este sector , su problemática continuaría latente y el riesgo de los habitantes no se mitigaría aún si se hicieran las obras por parte de la Empresa.

Falta de legi timación por pasiva . Toda vez que el asunto es responsabilidad y competencia del Municipio de Pereira.

Debate ajeno a la Empresa. Solicitó que el estudio se circunscriba a la titularidad en la prestación de servicios públicos domiciliarios, en atención a que no existe una afectación o desatención del desarrollo de su objeto social y que lo pretendido escapa a su órbita funcional y de competencias.

2.2. La Corporación Autónoma Regional de Risaralda3 presentó informe en el que

afectación o desatención del desarrollo de su objeto social y que lo pretendido escapa a su órbita funcional y de competencias.

2.2. La Corporación Autónoma Regional de Risaralda3 presentó informe en el que se refirió a la acción de tutela interpuesta por los habitantes del Barrio Rocío Bajo del Municipio de Pereira, en relación con las inundaciones y el peligro de la comunidad por la inestabilidad de las viviendas y la vida de las personas que allí habitan.

Señaló que de conformidad con los artículos 32 y 34 del Decreto 919 de 1989 y el artículo 56 de la Ley 9 de 1989, los procesos de socavación y demás relacionados con la presente acción popular obedecen a fenómenos naturales que debe atender el Municipio de Pereira en asocio con el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo por Desastres Naturales.

Explicó que el Barrio Rocío Bajo se encuentra en zona catalogada como de alto riesgo hidrológico no mitigable, que genera un peligro constante de desbordamiento de aguas del río , motivo por el que no se pueden realizar obras de ninguna índole para amortiguar dicho fenómeno, salvo la reubicación de las viviendas.

3 Ibidem.5

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Sostuvo que , de conformidad con las normas que regulan la gestión del riesgo de

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Sostuvo que , de conformidad con las normas que regulan la gestión del riesgo de desastres, eran los entes territoriales los ll amados a realizar las operaciones necesarias para eliminar la amenaza de los asentamientos localizados en las zonas de alto riesgo, para el caso concreto el Municipio de Pereira, quien debía reubicar a los habitantes del Barrio Rocío Bajo, especialmente, los localizados dentro de la llanura de inundación del río.

Propuso como excepciones las que denominó:

Falta de legitimación en la causa por pasiva. Arguyó que no estaba demostrado el nexo causal o relación existente entre el daño causado y la actuación activa u omisiva por parte de la CARDER, toda vez que el riesgo efectivo era no mitigable.

Agregó que, de conformidad con la Ley 388 de 1997 , los municipios a través de las Oficinas de Atención y Prevención de Desastres, eran los responsables de los habitantes que se encuentren en zona de riesgo o vulnerables, en consecuencia, no estaba legitimada por pasiva para responder por las pretensiones del actor.

Falta de competencia . Sustentó el medio exceptivo en el hecho que de conformidad con la Ley y lo señalado por el Consejo de Estado, la entidad no está obligada a realizar construcción de obras civiles, de infraestructura ni de ninguna otra clase, sino que debe brindar asesoría y/o asistencia técnica a las entidades territoriales frente a los fenómenos de desastres naturales como ocurre en la presente acción popular.

construcción de obras civiles, de infraestructura ni de ninguna otra clase, sino que debe brindar asesoría y/o asistencia técnica a las entidades territoriales frente a los fenómenos de desastres naturales como ocurre en la presente acción popular.

2.3. El Municipio de Pereira4 en su defensa planteó que el artículo 35 de la Ley 388 de 1997, refería a los suelos de protección como aquellos que por sus características geográficas, paisajísticas o ambientales o por formar parte de zonas de utilidad pública para la ubicación de infraestructuras o de las áreas de amenazas y riesgo no mitigable para la lo calización de asentamientos humanos, tienen restringida la posibilidad de urbanizarse.

Añadió que en los numerales 1 y 2 del artículo 65 del Decreto 1469 del 30 de abril de 2010, se encuentran definidas las zonas declaradas como de alto riesgo no mitigable,

4 Ibidem.6

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identificadas en el Plan de Ordenamiento Territorial , dentro de las cuales se ubica ba el Barrio Rocío Bajo.

Afirmó que se encontraba efectuando las actuaciones correspondientes para otorgar solución en cumplimiento de los derechos y las garantías constitucionales que benefician a la población y el marco fiscal de mediano plazo.

Propuso como excepción la de cosa juzgada, alegando que la controversia fue resuelta

solución en cumplimiento de los derechos y las garantías constitucionales que benefician a la población y el marco fiscal de mediano plazo.

Propuso como excepción la de cosa juzgada, alegando que la controversia fue resuelta de fondo por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira con la sentencia de 9 de mayo de 2014, que decidió la acción de tutela promovida por la Defensoría del Pueblo Regional Risaralda , como agente oficioso de los habitantes del Barrio Rocío Bajo, bajo el radicado núm. 66001 31 05 001 2014 00216 00.

III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

3.1. El Tribunal Administrativo de Risaralda dictó la sentencia del 8 de octubre de 20215, cuya parte resolutiva dispuso:

“1. Declarar no probadas las excepciones de ineptitud de la demanda y falta de legitimación en la causa por pasiva propuestas por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado S.A. ESP; se declaran no probadas las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva y falta de competencia para ejecutar las obras, propuestas por la Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER y se declara no probada la excepción de cosa juzgada formulada por el municipio de Pereira, de acuerdo a lo expresado en el presente proveído.

2. DECLÁRASE que el municipio de Pereira, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A ESP. y la Corpor ación Autónoma Regional de Risaralda - CARDER, vulneran los derechos colectivos el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, a la seguridad y

Alcantarillado de Pereira S.A ESP. y la Corpor ación Autónoma Regional de Risaralda - CARDER, vulneran los derechos colectivos el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna.

3. ORDENAR al municipio de Pereira, tal como quedó descrito en precedencia, y en un término máximo de seis (6) meses, contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia, la construcción -sino lo ha hecho - del metraje del muro en gaviones que fue arrasado por la creciente del año 2011, el cual deberá realizarse de manera concertada y concurrente y en el ámbito de sus competencias con la Corporación Autónoma Regional de RisaraldaCARDER, en los precisos términos que se dejaron plasmados a lo largo de estas consideraciones; de igual modo, deberá la entidad territorial adoptar todas las medidas tendientes como adelantar programas de concientización con la comunidad del barrio Rocío Bajo de Pereira, sobre el peligro y riesgo que corren al asentarse en dicha zona de riesgo y evitará

5 Ibidem.7

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que nuevos grupos familiares ocupen esta área de protección y controlar el uso del suelo en este sector.

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que nuevos grupos familiares ocupen esta área de protección y controlar el uso del suelo en este sector.

4. ORDENAR a la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. ESP, el mantenimiento y reparación de la red púb lica de acueducto y alcantarillado, en especial la reconstrucción del colector de aguas residuales que se encuentra averiado o destruido en el sector del Barrio Rocío Bajo en la ciudad de Pereira, lo cual se hará una vez se encuentre construido el muro en gaviones a cargo del municipio de Pereira, y siempre y cuando la entidad territorial no hubiere ejecutado la obra descrita en el Diseño de Obras Prioritarias de Reducción de Riesgo de Desastres agosto de 2017, de «reconstrucción de colector de saneamiento del río paralelo a la estructura del muro longitudinal en gaviones, con tubería NOVAFORT de Ø=200 mm instalada con mínima pendiente para captar las acometidas de las aguas servidas de las viviendas del sector», obra que deberá llevar a cabo dentro del término de 1 mes, una vez construida la obra civil.

5. ORDENAR a la CARDER, que continúe con sus funciones que le asisten en materia de gestión del riesgo en este sector en la forma señalada en las consideraciones de la presente providencia; y además deberá p restar asesoría técnica y apoyo al ente territorial en la construcción en gaviones que se encuentra a su cargo.

6. Para efectos de verificar el cumplimiento de lo ordenado en la presente providencia se nombrará un comité de verificación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 472 de 1.998, integrado, además de ésta Corporación

6. Para efectos de verificar el cumplimiento de lo ordenado en la presente providencia se nombrará un comité de verificación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 472 de 1.998, integrado, además de ésta Corporación Judicial, por el Defensor del Pueblo Regional de Risaralda, el actor popular, el alcalde del municipio de Pereira o un delegado a quien este designe y el director de la CARDER o la persona a quien sea designada por dicho funcionario, y un delegado de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A ESP. El Comité de Verificación deberá rendir a esta Corporación informes periódicos acerca del cumplimiento de esta decisión.

7. Se NIEGAN las demás súplicas de la demanda, por lo considerado en la parte motiva de este proveído.

8. El incumplimiento de lo ordenado en el presente fallo será sancionado como desacato de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 472 de 1998.

9. No se condena en costas ni agencias en derecho por las razones expuestas en la parte motiva.”.

3.2. El Tribunal descartó la configuración de la s excepciones propuestas por la Empresa y la CARDER al considerar que las pretensiones expuestas por la parte actora, el objeto del medio de control y las competencias de las entidades demandadas guardaban estrecha relación. Motivo por el cual tenían vocación procesal para comparecer al proceso y recibir u na sentencia que definiera la vulneración de los derechos colectivos que les fue atribuida.8

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derechos colectivos que les fue atribuida.8

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Agregó que determinar si las obras solicitadas mitigaban o no el riesgo de la situación fáctica descrita por la Defensoría del Pueblo Regional Risaralda, era un asunto que debía precisarse al estudiar el fondo de la controversia.

De la misma forma procedió con la excepción de cosa juzgada formulada por el Municipio de Pereira, que desestimó al observar que la decisión proferida el 9 de mayo de 2014, por el Juzgad o Primero Laboral del Circuito de Pereira, fue revocada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, por medio de la sentencia proferida el 24 de junio de 2014.

Explicó que si bien las dos acciones compartían identidad de causa y de partes, en el trámite de tutela no se emitió pronunciamiento sobre la construcción de los gaviones y del colector de aguas residuales.

3.3. Al estudiar el acervo probatorio concluyó que estaba suficientemente acreditado que el sector del Barrio Rocío Bajo en el M unicipio de Pereira se encontraba ubicado en una zona de alto riesgo hidrológico no mitigable, esto es, que la amenaza por inundación era latente dadas las características del cauce del Río Consota, que se incrementaba de acuerdo a las condiciones climáticas que se presentaran.

Sostuvo que fue demostrado que en el sector objeto de acción popular se había

inundación era latente dadas las características del cauce del Río Consota, que se incrementaba de acuerdo a las condiciones climáticas que se presentaran.

Sostuvo que fue demostrado que en el sector objeto de acción popular se había construido un muro en gaviones hace unos años para mitigar el riesgo por inundación, que en la actualidad se hallaba en estado de deterioro.

Además, encontró que en el sector exist ió red de acueducto y alcantarillado, además de tubería de descole de saneamiento del río, a cargo de la Empresa, que colapsaron dado el caudal de agua del Río Consota.

Con esos presupuestos evidenció el peligro inminente al que estaban sometidos los habitantes del Barrio Rocío Bajo y la actitud omisiva y negligente de las entidades accionadas frente a esa situación, pues se escudaron en la calificación dada al sector como de alto riesgo no mitigable y de la cual advertían como procedente la reubicación de las familias, que no se llevó a cabo por parte del ente territorial, así como tampoco su intervención para evitar que se formaran nuevos asentamientos humanos.9

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Afirmó que el Municipio de Pe reira no aplicó debida diligencia en el tema objeto de estudio porque pese a haberse recomendado la reubicación de las familias, a través de conceptos técnicos debidamente soportados, a la fecha no la había efectuado y

Afirmó que el Municipio de Pe reira no aplicó debida diligencia en el tema objeto de estudio porque pese a haberse recomendado la reubicación de las familias, a través de conceptos técnicos debidamente soportados, a la fecha no la había efectuado y además permitió que otras personas se asentaran en el área, lo que indicaba claramente que no ejerció sus funciones legales de control y/o recuperación del espacio público, desatendiendo lo dispuesto en los artículos 3 a 5 de la Ley 136 de 1994 y en el Decreto 919 de 1989, que organiza el Sis tema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, que en su artículo 6 señala que en tanto la prevención de desastres constituya un componente de los planes de desarrollo, debe ser atendido por todas las entidades territoriales.

Aclaró que si bien el Barrio Rocío Bajo se encuentra catalogado como zona de alto riesgo no mitigable y por ello podría pensarse, en principio, que es inviable cualquier tipo de intervención estructural, lo cierto es que se acreditó que el estado de peligro presentó una reducción gracias a las obras de mitigación adelantadas por el Municipio de Pereira, lo que permitía deducir que pueden desarrollarse o ejecutarse proyectos estructurales que aunque no corten de tajo el problema de inundación y vulnerabilidad de la población, parcialmente alivian la amenaza.

Por último, señaló que no proferiría condena en costas, teniendo en cuenta que no se cumplían los presupuestos señalados en la sentencia de unificación del 6 de agosto de 2019, radicado núm. 15001 33 33 007 2017 00036 016.

IV. RECURSOS DE APELACIÓN

cumplían los presupuestos señalados en la sentencia de unificación del 6 de agosto de 2019, radicado núm. 15001 33 33 007 2017 00036 016.

IV. RECURSOS DE APELACIÓN

4.1. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S. E.S.P.7 presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia en el que indicó que el Tribunal debió ordenar al ente territorial la reubicación de las familias que viven en el sector objeto de la presente acción y no la ejecución de obras que no cambiarán la condición de zona de alto riesgo no mitigable y los problemas que de ella se derivan.

6 Sala Especial de Decisión No. 27. Demandante: YESID FIGUEROA GARCIA. Demandado: MUNICIPIO DE TUNJA. Consejera Ponente: ROCIO ARAÚJO OÑATE. 7 Ver expediente digitalizado que obra en el índice núm. 2 de Samai.10

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Precisó que la construcción del colector y de la tubería de acueducto y alcantarillado requiere de requisitos técnicos que el área no reúne, pues los inmuebles se encuentran construidos sobre la ribera del río mismo y en cualquier momento, con las condiciones meteorológicas cambiantes e impredecibles, se perdería la inversión de recursos públicos y la edificación terminaría siendo inútil.

construidos sobre la ribera del río mismo y en cualquier momento, con las condiciones meteorológicas cambiantes e impredecibles, se perdería la inversión de recursos públicos y la edificación terminaría siendo inútil.

4.2. Cotty Morales Caamaño8, en calidad de coadyuvante de la parte demandante, por medio de apoderado judicial, interpuso recurso de apelación adhesiva con un escrito extenso y etéreo en el que solicitó “que se ejecuten campañas educativas, pedagógicas y cohersitivas (sic) con multas para el cumplimiento de las normas urbanísticas y policivo ambientales (…) que se informe por el Municipio de Pereira, Risaralda, el tiempo de vigencia del último censo de puntos críticos que compromete a la zona, para efecto de considerar si es necesario darle una prioridad superior para la prestación del servicio de aseo (…) que se reconsidere el numeral 9 (…) en relación con lo concerniente a los reconocimientos económicos de los oficios de las partes actoras, en cumplimiento del derecho fundamental del salario mínimo, el salario mínimo vital, en qué p roporción serán tasadas las costas, agencias en derecho y la labor de representación técnica de la parte coadyuvante, y no desestimar, por omisión, su actuar social con el efecto de la negación de las costas en su favor. Para lo anterior, se pide conceder costas por agencias en derecho en cuantía de no menos de 8 salarios mínimos legales mensuales vigentes como ampara el Acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura del 5 de agosto de 2016”.

V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA9

Por medio de auto del 21 de septiembre de 2022, el Despacho sustanciador admitió

de la Judicatura del 5 de agosto de 2016”.

V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA9

Por medio de auto del 21 de septiembre de 2022, el Despacho sustanciador admitió los recursos antes mencionados y prescindió del traslado para alegar de conclusión en aplicación de lo previsto en numeral 5 del artículo 247 del CPACA, aplicable al presente asunto por la remisión que autoriza el artículo 44 de la Ley 472 de 1998.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

8 Ibidem. 9 Todo el trámite obra en el expediente digital en Samai.11

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6.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 472 del 5 de agosto de 1998, el artículo 150 del CPACA y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 del Consejo de Estado, esta Corporación es competente para conocer, en segunda instancia, de los recursos de apelación en contra de las sentencias proferidas por los Tribunales Administrativos en las acciones populares.

6.2. Planteamiento

La Sala advierte que la discrepancia planteada por la Empresa se encuentra relacionada con la imposibilidad de cumplir la orden de mantenimiento y reparación de la red pública de acueducto y alcantarillado y la reconstrucción del colector de aguas residuales, dadas las condiciones técnicas de la zona, catalogada como de alto riesgo,

relacionada con la imposibilidad de cumplir la orden de mantenimiento y reparación de la red pública de acueducto y alcantarillado y la reconstrucción del colector de aguas residuales, dadas las condiciones técnicas de la zona, catalogada como de alto riesgo, no mitigable. Mientras que para el Tribunal las obras de mitigación previamente realizadas en el sector demostraron reducción de la amenaza y la viabilidad de ejecutar intervenciones estructurales.

Por su parte, el coadyuvante de la parte demandante difiere de la sentencia de primera instancia en dos puntos concretos: el primero, la necesidad de complementar las órdenes de protección de los derechos colectivos con campañas educativas sobre las normas ambientales y urbanísticas y priorización del servicio público de aseo en el área objeto de la controversia. La segunda, está ligada a la negativa de la condena en costas, habida cuenta de las actuaciones de la parte actora y del coadyuvante.

6.3. Generalidades de la acción popular

De acuerdo con su definición constitucional - artículo 88 de la Constitución Política - y legal -artículo 2, inciso 2 de la Ley 472 de 1998, las acciones populares se ejercen par