CE - 012333000201500308011SENTENCIA20230314215835

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinti trés (202 3)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 54001 -23 -33 -000 -2015 -00308 -01 (2375 -2021 )

Demandante: JESÚS RODRIGO ARIAS GUATIBONZA

Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA

NACIONAL

Tema: Relación laboral encubierta o subyacente – Prueba de la continuada subordinación y dependencia . Ley 1437 de 2011

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ASUNTO

La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada , en contra de la sentencia de 27 de julio de 2020 , proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander , por medio de la cual se acogieron parcialmente las pretensiones de la demanda.

II. ANTECEDENTES

2.1 Pretensiones 1

Jesús Rodrigo Arias Guatibonza , por intermedio de apoderado y en

demanda.

II. ANTECEDENTES

2.1 Pretensiones 1

Jesús Rodrigo Arias Guatibonza , por intermedio de apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, demandó la nulidad del Oficio S-2015/GRUSA DENOR -2 del 12 de marzo de 2015 proferido por el comandante del Departamento de Policía de Norte de Santander a través del cual se negó el reconocimiento de la relación laboral entre las partes, con el consecuente pago de las acreencias salariales y prestacionales causadas desde el 14 de octubre de 2005 al 31 de diciembre de 2012.

A título de restableci miento del derecho , solicitó condenar a la

1 Índice 2 del aplicativo SAMAI. Archivo que se denomina de 5_ED_CORREORADI_RVURGREMISIONM ED(.MSG) NroActua 2 . 001.Demanda2015 -00308 .pdfNulidad y r establecimiento del der echo Radicado: 54001 -23 -33 -000 -2015 -00308 -01 (2375 -2021)

Dem andante: Jesús Rodrigo Arias Guatibonza

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2 Policía Nacional la pago de las siguientes acreencias a título de indemnización: cesantías, intereses de cesantías, indemnización

Bogotá D.C. – Colombia

2 Policía Nacional la pago de las siguientes acreencias a título de indemnización: cesantías, intereses de cesantías, indemnización por falta de pago oportuno de los intereses de las cesantías, prima de servicios, prima de vacaciones , reintegro de cuotas partes mensuales que el empleador no realizó a salud y pensión, indemnización moratoria, devolución de sumas por conce pto de retención en la fuente; que se ordene la indexación de las sumas ; que se ordene cumplir con la sentencia en los términos del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011.

2.2. Hechos relevantes

El apoderado de la parte demandante narró los hechos que se resumen a continuación 2:

2.2.1. Entre Jesús Rodrigo Arias Guatibonza y la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional , se suscribieron diferentes contratos de prestación de servicios como médico general, entre el 14 de octubre de 2005 hasta el 31 de diciembre de 2012.

2.2.2. Los servicios fueron prestados de manera personal, bajo continuada subordinación y dependencia, sujetos a un horario de trabajo y las labores se cumplían en los lugares dispuestos por la entidad para el desarrollo de las actividades.

2.2.3. Por medio de derecho de petición de 27 de febrero de 2015 , solicitó el reconocimiento de una relación laboral y el pago de las sumas que se desprendían de esa situación.

2.2.4. A través del Oficio S-2015/GRUSA DENOR -2.9 del 12 de marzo de 2015 el comandante del Departamento de Policía

de las sumas que se desprendían de esa situación.

2.2.4. A través del Oficio S-2015/GRUSA DENOR -2.9 del 12 de marzo de 2015 el comandante del Departamento de Policía de Norte de Santander negó la solicitud .

2.3. Normas violadas y concepto de violación.

Como disposiciones violadas citó las siguientes:

• Constitución Política: artículos 4, 13, 25, 48, 52, 121, 122, 123, 125 y 209.

2 Índice 2 del aplicativo SAMAI. Archivo que se denomina de 5_ED_CORREORADI_RVURGREMISIONM ED(.MSG) NroActua 2 . 001.Demanda2015 -00308.pdfNulidad y r establecimiento del der echo Radicado: 54001 -23 -33 -000 -2015 -00308 -01 (2375 -2021)

Dem andante: Jesús Rodrigo Arias Guatibonza

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3 - Código Sustantivo del Trabajo: artículos 23 y 24. - Ley 50 de 1990: artículo 99. - Ley 1071 de 2006. - Decreto 979 de 1949. - Ley 80 de 1993: artículo 32. - Ley 4 de 1992. - Ley 100 de 1993: artículos: 15, 17, 18, 20, 22, 23, 128, 157, 161 y 204. - Ley 332 de 1996.

• Ley 4 de 1992. - Ley 100 de 1993: artículos: 15, 17, 18, 20, 22, 23, 128, 157, 161 y 204. - Ley 332 de 1996. - Decreto 3135 de 1968 : artículo 8. - Decreto 1848 de 1968: artículo 51. - Decreto 1045 de 1968: artículo 25.

El apoderado de la parte demandante indicó que se debe declarar la nulidad del acto demandado debido a que se desconocieron las normas citadas, puesto que se omitió proteger el trabajo como derecho fundamental , y señaló que a pesar de que se recurrió a contratos de prestación de servicios, en realidad la relación entablada entre la Dirección de Sanidad y el deman dante fue laboral.

En ese sentido, afirmó que se reunieron los 3 elementos a los que se refiere el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo y agregó que desempeñó una función permanente en la institución.

2.4. Contestación de la demanda

La Policía Nacional contestó 3 la demanda y se opuso a las pretensiones , pues no existió una relación laboral entre el señor Arias Guatibonza y la institución.

Al respecto, sostuvo que no existía personal de planta para desarrollar las labores que desarrolló el demandante, y, adicionalmente que estas requerían de conocimientos especializados , por lo que los contratos correspondieron a lo que la norma permite .

Por otra parte , expuso que la existencia de algunas pautas para las actividades, hace parte de la coordinación necesaria para la ejecución del objeto contractual , como lo señaló el Consejo de

la norma permite .

Por otra parte , expuso que la existencia de algunas pautas para las actividades, hace parte de la coordinación necesaria para la ejecución del objeto contractual , como lo señaló el Consejo de Estado en la sentencia de unificación de 18 de noviemb re de 2003 , y por lo tanto, se deben negar las pretensiones de la demanda .

3 Índice 2 del aplicativo SAMAI. Archivo que se denomina de 5_ED_CORREORADI_RVURGREMISIONM ED(.MSG) NroActua 2 . Archivo correspondiente a la contestación de la demanda.Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado: 54001 -23 -33 -000 -2015 -00308 -01 (2375 -2021)

Dem andante: Jesús Rodrigo Arias Guatibonza

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4

2.5. Decisiones relevantes en el curso de la audiencia inicial

Dentro del trámite de la audiencia inicial, realizada el 8 de septiembre de 2016 , el Trib unal Administrativo de Norte de Santander 4 señaló que no se presentaron excepciones previas.

A continuación , fijó el litigio en los siguientes términos:

«Teniendo en cuenta lo planteado por las partes, considera el Despacho que el problema jurídico se contrae a determinar si el acto administrativo contentivo en el oficio No. (sic) S2015/DRUSA DENOR -2.9 del 12 de marzo de 2015, mediante

Despacho que el problema jurídico se contrae a determinar si el acto administrativo contentivo en el oficio No. (sic) S2015/DRUSA DENOR -2.9 del 12 de marzo de 2015, mediante el cual se niega la existencia de una relación laboral entre el señor Jesús Rodrigo Arias Guatibonza y San idad de la Policía Nacional de Norte de Santander DENOR, fue expedido con violación del derecho fundamental al trabajo, a lo sustancial sobre lo formal, a la primacía de la realidad en materia laboral y a la igualdad, siendo procedente declarar su nulidad y ordenar el restablecimiento del derecho del señor Jesús Rodrigo Arias Guatibonza, o por el contrario, debe ser mantenido en el ordenamiento jurídico, negándose así las súplicas de la demanda ».

2.6. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander 5, por medio de la sentencia proferida el 27 de julio de 2020 , acogió parcialmente las pretensiones de la demanda con fundamento en los siguientes argumentos:

Para comenzar se refirió a los elementos de la relación laboral, y señaló que en el caso concreto se encuentran demostrados los elementos de prestación personal del servicio y de remuneración, puesto que en el expediente se encuentran los contratos celebrados y los testimonios practicados expusieron en qué consistió la labor del señor Arias Guatibonza.

A continuación , señaló que en el expediente consta que el señor Jesús Rodrigo Arias Guatibonza tenía que cumplir con un horario de 6 horas diarias, de 7 de la mañana a 1 de la tarde, o de 1 de la

A continuación , señaló que en el expediente consta que el señor Jesús Rodrigo Arias Guatibonza tenía que cumplir con un horario de 6 horas diarias, de 7 de la mañana a 1 de la tarde, o de 1 de la

4 Índice 2 del aplicativo SAMAI . Archivo que se denomina de 5_ED_CORREORADI_RVURGREMISIONM ED(.MSG) NroActua 2 . Archivo correspondiente a la audien cia inicial. 5 Índice 2 del aplicativo SAMAI. Archivo que se denomina de 5_ED_CORREORADI_RVURGREMISIONM ED(.MSG) NroActua 2 . Archivo correspondiente a la sentencia de primera instancia.Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado: 54001 -23 -33 -000 -2015 -00308 -01 (2375 -2021)

Dem andante: Jesús Rodrigo Arias Guatibonza

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5 tarde a 7 de la noche, y que en esta jornada no podía ausentarse de la institución, pues de lo contrario se exponía a un llamado de atención e incluso a la no renovación del contrato.

En ese sentido, sostuvo que el objeto de los contratos de prestación de servicios suscritos incluso se puede advertir la subordinación, puesto que tenía que responder por el buen uso de los bienes entregados por la Policía para su ejecución; la obligación de presentar informes parciales que le fueran requeridos , y cumplir con

de servicios suscritos incluso se puede advertir la subordinación, puesto que tenía que responder por el buen uso de los bienes entregados por la Policía para su ejecución; la obligación de presentar informes parciales que le fueran requeridos , y cumplir con estándares de calida d, lo que evidencia la vulneración a la autonomía e independencia del contratista.

En consecuencia, consideró que procedía ordenar el pago de todas las prestaciones sociales con base en el valor de los contratos celebrados, siempre que no se hubiera confi gurado el fenómeno de la prescripción.

A continuación , entró a analizar la continuidad de los vínculos, y señaló que en los contratos suscritos se presentó una interrupción de 7 meses y 10 días en el período comprendido entre el 16 de febrero de 2006 y el 25 de septiembre de 2006, por lo que existió solución de continuidad para este lapso, mientras que no sucede lo mismo c on los posteriores.

Debido a qu e la relación laboral concluyó el 31 de diciembre de 2012, el señor Arias Guatibonza tenía hasta el 31 de diciembre de 2015 para solicitar la reclamación de sus derechos, lo que hizo el 27 de febrero de 2015. En ese sentido , puso de presente que la demanda se presentó el 4 de agosto de 2015, por lo que no se configuró l a prescripción para el periodo comprendido entre el 26 de septiembre de 2006 y el 31 de diciembre de 2012.

En este punto, señaló que hay lugar a reconocer los porcentajes de cotizaciones por concepto de seguridad social, con base en los honorarios pactados, en lo que le corresponde a la entidad demandada como empleador.

En este punto, señaló que hay lugar a reconocer los porcentajes de cotizaciones por concepto de seguridad social, con base en los honorarios pactados, en lo que le corresponde a la entidad demandada como empleador.

Por último , se abstuvo de condenar en costas a la entidad demandada, debido a que a su juicio no se demostró que se hayan causado.

En ese orden de ideas, resolvió:

« PRIMERO: DECR ÉTESE la nulidad del acto administrativo demandado contenido en el oficio S -2015/GRUSA DE NOR -2.9 del 29 (sic) de marzo de 2015, expedido por el TenienteNulidad y r establecimiento del der echo Radicado: 54001 -23 -33 -000 -2015 -00308 -01 (2375 -2021)

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6 Coronel (sic) Gustavo Adolfo Sánchez González, mediante la (sic) cual negó el reconocimiento del contrato laboral (sic) entre Jesús Rodrigo Arias Guatibonza y la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional - Área de Sanidad.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, CONDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, a título de restablecimiento, a reconoce r y pagar al señor Jesús Rodrigo Arias Guatibonza las prestaciones sociales fijadas en la ley, tomando como base los honorarios contractuales, en el

la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, a título de restablecimiento, a reconoce r y pagar al señor Jesús Rodrigo Arias Guatibonza las prestaciones sociales fijadas en la ley, tomando como base los honorarios contractuales, en el periodo que resultó acreditada la existencia de la relación laboral encubierta a través de contrato de pres tación de servicios y que no fue objeto del fenómeno de prescripción, esto es, del 26 de septiembre de 2006 al 31 de diciembre de 2012, así como al pago de los aportes por dicho periodo a las entidades de seguridad social en la proporción que correspondía como patrono, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva, aunado a los aportes pensionales de adeudarse al sistema, desde el 14 de octubre de 2005, salvo la interrupción señalada, esto de acuerdo con la regla iv) de la sentencia de unificación las r eclamaciones de los aportes son imprescriptibles. Las sumas resultantes de esta condena se actualizarán en la forma como se indica en esta providencia, aplicando para ello la siguiente fórmula: R= Rh x Índice Final Índice inicial El valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es lo dejado de percibir por el demandante por concepto de prestaciones sociales, por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios del consumidor certificado por el DANE (vigente al último mes en que se ejecutoria esta sentencia) por el índice inicial (vigente al último día del mes en que debió hacerse el pago). Por tratarse de pagos de tracto sucesivo la formula aplicará separadamente, mes por mes. La entidad demandada d ará

ejecutoria esta sentencia) por el índice inicial (vigente al último día del mes en que debió hacerse el pago). Por tratarse de pagos de tracto sucesivo la formula aplicará separadamente, mes por mes. La entidad demandada d ará cumplimiento a esta sentencia en los términos del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011.

TERCERO: DECLÁRESE la prescripción sobre las reclamaciones efectuadas sobre el periodo comprendido entre el 14 de octubre de 2005 y el 15 de febrero del 2006.

CU ARTO: NIÉGUENSE las demás pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la sentencia.

QUINTO: ABSTENERSE de efectuar condena en costas en esta instancia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado: 54001 -23 -33 -000 -2015 -00308 -01 (2375 -2021)

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7

SEXTO: DEVUÉ LVASE a la parte actora el valor consignado corno gastos, ordinarios del proceso o su remanente, si lo hubiere.

SÉPTIMO: En firme la presente sentencia, ARCHÍVESE el expediente, previas las anotaciones secretariales de rigor ».

2.7. El recurso de apelación.

hubiere.

SÉPTIMO: En firme la presente sentencia, ARCHÍVESE el expediente, previas las anotaciones secretariales de rigor ».

2.7. El recurso de apelación.

El apoderado de la parte demanda da apeló la sentencia de 27 de julio de 2020 6, y solicitó sea revocada para que se nieguen las pretensiones de la demanda, con base en los siguientes argumentos:

Para comenzar, señaló que los servicios médicos no era posible cubrirlos con el personal de planta, y que se hacía necesario suscribir contratos de prestación de servicio para garantizar la salud de los afiliados tanto activos como aquellos que gozan de asignación de retiro.

A continu ación, expuso que el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 permite celebración de los contratos de prestación de servicio, y que en esta disposición se expresa que en ningún caso genera una relación laboral ni otorga derecho a prestaciones sociale s.

En ese sentido, afirmó que el hecho de ejercer una determinada actividad siguiendo unas pautas, corresponde a una coordinación y no una continuada subordinación y no puede considerarse al médico un empleado público , y que en el caso concreto se celebra ron los contratos en razón de las condiciones profesionales del señor Arias Guatibonza , lo que encuadra en la tipología previs ta en la normativa .

2.8. Alegatos de conclusión en segunda instancia.

El apoderado de la parte demandante solicitó se confirme la sentencia de primera instancia puesto que se demostraron los elementos de una relación laboral 7.

en la normativa .

2.8. Alegatos de conclusión en segunda instancia.

El apoderado de la parte demandante solicitó se confirme la sentencia de primera instancia puesto que se demostraron los elementos de una relación laboral 7.

El apoderado de la Policía Nacional reiteró los argumentos del recurso de apelación , y agregó que d e las pruebas recaudadas no

6 Índice 2 del aplicativo SAMAI. Archivo que se denomina de 5_ED_CORREORADI_RVURGREMISIONM ED(.MSG) NroActua 2 . Archivo correspondiente al recurso de apelación. 7 Índice 1 5 del aplicativo SAMAI.Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado: 54001 -23 -33 -000 -2015 -00308 -01 (2375 -2021)

Dem andante: Jesús Rodrigo Arias Guatibonza

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8 se infiere con claridad la existencia de órdenes y horario de trabajo, no hay información diáfana de la forma en que se daban órdenes a l demandante ni de la identidad de las funciones de la misma frente a los funcionarios de pla nta, y que por el contrario, hay correspondencia en la prueba documental con la figura del supervisor del contrato y de las instrucciones y coordinaciones para la ejecución del contrato de lo cual no puede inferirse una relación laboral con subordinación y dependencia 8.

El agente del ministerio público no rindió concepto en el caso concreto.

la ejecución del contrato de lo cual no puede inferirse una relación laboral con subordinación y dependencia 8.

El agente del ministerio público no rindió concepto en el caso concreto.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 9, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.

3.2. Marco de análisis de la segunda instancia.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso 10, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos expuestos por el apelante. No obstante, en caso de que ambas partes hayan apelado la sentencia, el superior r esolverá sin limitaciones .

En ese orden de ideas, le corresponde a la Sala pronunciarse respecto de los argumentos expuestos por la entidad demandada con base en el problema jurídico que a continuación se formula.

8 Índice 1 6 del aplicativo SAMAI. 9 Artículo 150. Modificado por la Ley 1564 de 2012, artículo 615. Inciso 1º modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 26. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentenci as dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra decisiones de los tribunales, según lo regulado en el a rtículo 245 de este código.

tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra decisiones de los tribunales, según lo regulado en el a rtículo 245 de este código. 10 «Com petencia del superior . El juez de segunda instancia deber á pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la le y […]».Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado: 54001 -23 -33 -000 -2015 -00308 -01 (2375 -2021)

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9 3.3. Problema jurídico.

En el caso concreto se deberá determinar si entre el señor Jesús Rodrigo Arias Guatibonza y la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional se presentó una relación laboral encubierta a través de contratos de prestación de servicios entre el 14 de octubre de 2005 y el 31 de diciembre de 2012.

En caso de que se considere que la respuesta es positiva , será necesario establecer si existió alguna interrupción en la prestación del servicio, y fijar el alcance del restablecimiento del derecho .

3.4. De la relación laboral encubierta o subyacente

En lo relacionado con el derecho al trabajo, el artículo 53 constitucional consagra los derechos fundamentales de los

del servicio, y fijar el alcance del restablecimiento del derecho .

3.4. De la relación laboral encubierta o subyacente

En lo relacionado con el derecho al trabajo, el artículo 53 constitucional consagra los derechos fundamentales de los trabajadores relacionados con la igualdad de oportunidades, remuneración mínima vital y móvil proporcional a la cantidad y calidad de trab ajo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales, situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho y primacía de la realidad sobre las formalidades es tablecidas por las partes.

Asimismo, el artículo 53 ejusdem establece que los convenios internacionales sobre el derecho al trabajo, debidamente ratificados por el Estado colombiano, forman parte de la legislación interna (bloque de constitucionalidad la boral). Por esta razón, desde el ámbito del derecho internacional, el principio de «salario igual por un trabajo de igual valor», desarrollado por el artículo 2 del Convenio 111 de la OIT, 11 constituye, junto con otros principios convencionales, 12 un axioma laboral de aplicación directa en el ordenamiento jurídico interno.

Ahora bien, al margen de lo previsto para el derecho al trabajo, en lo que respecta al contrato estatal de prestación d e servicios (uno de los instrumentos de gestión pública y de ejecución presupuestal

11 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969. 12 Como Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humano s (Pacto de San Jos é́ de Costa Rica), Colombia ratific ó el «Protocolo de San

Salvador: Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en

12 Como Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humano s (Pacto de San Jos é́ de Costa Rica), Colombia ratific ó el «Protocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociale s y culturales», adoptado en San Salvador, el 17 de noviembre de 1988, el cual en sus artículos 6 y 7 consagra el derecho al trabajo como «(...) la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una activi dad lícita libremente escogida o aceptada».Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado: 54001 -23 -33 -000 -2015 -00308 -01 (2375 -2021)

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10 más importantes de la Administración para satisfacer sus necesidades y asegurar el cumplimiento de los fines del Estado), el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 19 93 lo recoge como un tipo de negocio jurídico o contrato típico, en los siguientes términos:

3. Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionami ento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni

administración o funcionami ento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable.

Como se ve, e l anterior precepto establece, de manera expresa, que los contratos de prestación de servicios no son fuente de una relación laboral ni generan la ob ligación de reconocer y pagar prestaciones sociales; sin embargo, la jurisprudencia de esta corporación y de la Corte Constitucional ha admitido que tal disposición no es aplicable cuando se demuestran los elementos configurativos de una relación laboral, a saber: la subordinación continuada, la prestación personal del servicio y la remuneración (artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo).

En esa lógica, en la sentencia de unificación SUJ -025 -CE -S2 -2021, la Sección Segunda del Consejo de Estado expuso la necesidad de generar una interpretación vinculante respecto del entendimiento del contrato estatal de prestación de servicios contemplado en el mencionado artículo 32 de la Ley 80 de 1993, y la forma en que este queda desvirtuado para dar lugar a la dec laratoria de una relación laboral encubierta o subyacente.

Lo anterior, teniendo en cuenta que toda relación jurídica que implique conductas o actividades laborales, incluidas, claro está, aquellas en las que el Estado es el empleador, deberá ser analiza da en consideración de los derechos fundamentales de los trabajadores previstos en el señalado artículo 53 de la Constitución y en los convenios internacionales sobre el trabajo, debidamente

aquellas en las que el Estado es el empleador, deberá ser analiza da en consideración de los derechos fundamentales de los trabajadores previstos en el señalado artículo 53 de la Constitución y en los convenios internacionales sobre el trabajo, debidamente ratificados por el Estado.

En tal sentido, en el citado fallo de unificación, al analizarse los elementos del contrato de trabajo (subordinación, prestación personal del servicio y remuneración), se reiteraron ciertos criterios elaborados por la jurisprudencia para identificar, en el marco deNulidad y r establecimiento del der echo Radicado: 54001 -23 -33 -000 -2015 -00308 -01 (2375 -2021)

Dem andante: Jesús Rodrigo Arias Guatibonza

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11 contratos estatales de pre stación de servicios, el elemento de la subordinación, en cuanto condición sine qua non para declarar la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, a saber:

1. el lugar de trabaj o, en el que precisó que en la actualidad se puede matizar ant e el surgimiento de una «nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas»; ii) el horario de las labores, resaltando que el establecimiento o imposición de jornadas laborales o turnos deberá ser valorado en función del obj eto contractual conven ido; iii) la dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar, que se materializa, por ej emplo, con el ius variandi o con la

o imposición de jornadas laborales o turnos deberá ser valorado en función del obj eto contractual conven ido; iii) la dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar, que se materializa, por ej emplo, con el ius variandi o con la inserción del prestador del servicio en el círculo rector, organizativo o disciplinario de la entidad; y iv) que las actividades o tareas a desarrollar correspondan de manera idéntica, semejante o equivalente a las que tienen asignadas los servidore s de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos configurativos de la relación laboral.

No obstante lo anterior, la Sección precisó que aun cuando se acrediten los mencionados elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre el contratista y la entidad es una relación laboral, gracias a la aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formas; pero, de ninguna manera, una vinculación legal y reglamentaria, por lo que no es posible darle la categoría de empleado público a quien prest ó sus servicios sin satisfacer las exigencias del artículo 122 de la Carta Política 13.

Finalmente, sobre este punto