CE - 012333000201500359011SENTENCIA20231009131809

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 47001 23 33 000 2015 00359 01 (3770-2018)

Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

Demandada: Ana Isabel Cano de Rocha

Temas: Reconocimiento de Pensión Gracia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por las partes contra la sentencia proferida el 11 de abril de 2018 por el Tribunal Administrativo de l Magdalena, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1 1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA, la Unidad Administrativa E special de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), por conducto de apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de

Contencioso Administrativo - CPACA, la Unidad Administrativa E special de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), por conducto de apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de la Resolución 36405 del 28 de julio de 2006, que le reconoció al señor Juan Antonio Rocha Goenaga la pensión gracia.

1 Folios 1 al 10.2

Radicación: 47001 23 33 000 2015 00359 01 (3770-2018)

Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, la UGPP solicitó ordenar la devolución de los dineros que se pagaron por concepto de dicho reconocimiento.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado de la UGPP señaló los siguientes:

1. El señor Juan Antonio Rocha Goenaga nació el 15 de julio de 1940 y prestó sus servicios en la Normal Departamental para Varones Lacides A. Iriarte y e n la Secretaría de Educación de Ciénaga, como coordinador en la Institución Educativa

San Juan del Córdoba.

1. Mediante Resolución 002197 del 21 de febrero de 1997 , la Caja Nacional de Previsión Social, le negó el reconocimiento de la pensión gracia, por no cumplir con los requisitos previstos en la ley.

1. Por Resolución 002769 del 25 de septiembre de 1997 , CAJANAL confirmó en todas sus partes el recurso de apelación interpuesto en contra de la anterior decisión.

los requisitos previstos en la ley.

1. Por Resolución 002769 del 25 de septiembre de 1997 , CAJANAL confirmó en todas sus partes el recurso de apelación interpuesto en contra de la anterior decisión.

1. El Juzgado Treinta y Uno Penal del Cir cuito de Bogotá, en fallo del 16 de junio de 2006 amparó los derechos fundamentales de petición, debido proceso, seguridad social, igualdad, mínimo vital y vida digna, impetrados , entre otros demandantes, por el señor Rocha Goenaga y ordenó a Cajanal expedir los respectivos actos de reconocimiento pensional.

1. P or medio de la Resolución 36405 del 28 de julio de 2006, CAJANAL en cumplimiento al mencionado fallo de tutela, reconoció la pensión gracia a favor del señor Juan Antonio Rocha Goenaga, a partir del 1 de febrero de 1991.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación3

Radicación: 47001 23 33 000 2015 00359 01 (3770-2018)

Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

Como tales se señalaron los artículos 129 de la Constitución Política; las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 33 de 1997 y 91 de 1989 y el Decreto 2277 de 1979.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la UGPP expuso lo siguiente:

1. De acuerdo con los hechos se puede establecer que el señor Rocha Goenaga no cumplió los requisitos exigidos en la Ley 114 de 1913 para el reconocimiento de la

1. De acuerdo con los hechos se puede establecer que el señor Rocha Goenaga no cumplió los requisitos exigidos en la Ley 114 de 1913 para el reconocimiento de la pensión gracia, toda vez que no completó veinte años de servicio en el orden territorial.

1. En ese sentido, el fallo de tutela proferido por el Juzgado Treinta y Uno Penal del Circuito de Bogotá, que ordenó reconocer la pensión gracia, desborda el ordenamiento jurídico y causa grave detrimento al patrimonio del Estado.

1. Así mismo, el reconocimiento de la prestación efectuado por Cajanal, mediante la Resolución 36405 del 28 de julio de 2006, es contrario a derecho, y a que se computaron tiempos nacionales.

1.2. Contestación de la demanda

La señora Ana Isabel Cano de Rocha , en calidad de cónyuge supérstite del pensionado, por medio de apoderado, se opuso a las pretensiones de la demanda y expuso las siguientes razones de defensa:2

1. El causante presentó acción de tutela ante el juez treinta y uno penal del Circuito de Bogotá, para obtener el reconocimiento pensional, por considerar que la extinta Cajanal había vulnerado el debido proceso y otros de rechos fundamentales consagrados en la Constitución Política.

2 Folios 171 al 176.4

Radicación: 47001 23 33 000 2015 00359 01 (3770-2018)

Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP ii) La demandante, a la fecha de contestación de la demanda, se niega a reconocer

Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP ii) La demandante, a la fecha de contestación de la demanda, se niega a reconocer y pagar la pensión gracia a favor de la señora Cano, reconocida mediante providencia de un juez constitucional, por lo que se genera un comportamiento omisivo de su parte.

1. Con fundamento en la sentencia T-411 de 2016, la señora Ana Isabel Cano de Rocha tiene derecho a seguir disfrutando de la pensión gracia , en calidad de cónyuge del causante, quien cumplió los requisitos para su reconocimiento, «a pesar de haber laborado en el sector nacional», y aunque esté gozando de la pensión sustituta de vejez ya que estas no son incompatibles.

Propuso las excepciones de falta de pago e incumplimiento de la obligación.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante sentencia del 11 de abril de 2018, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, con sustento en las siguientes consideraciones:3

1. De acuerdo con las pruebas arrimadas al expediente, se observa que el señor Juan Antonio Rocha Goenaga no tenía derecho al reconocimient o de la pensión gracia, toda vez que su s vinculaciones a las diferentes institu ciones donde ejerció la docencia tienen el carácter de nacionales, lo que impedía el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley.

La anterior afirmación tiene sustento en todos los elementos de juicio que reposan en el expediente, los cuales dan cuent a de que el actor prestó sus servicios como docente nacional en la Normal para Varones Lácides A. Iriarte y en el Instituto

La anterior afirmación tiene sustento en todos los elementos de juicio que reposan en el expediente, los cuales dan cuent a de que el actor prestó sus servicios como docente nacional en la Normal para Varones Lácides A. Iriarte y en el Instituto Nacional San Juan del Córdoba de Cién aga, ambas instituciones de carácter nacional.

3 Folios 307 al 313.5

Radicación: 47001 23 33 000 2015 00359 01 (3770-2018)

Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP ii) Ahora, si bien el s eñor Rocha Goenaga adquirió el derecho en 1991, es decir, antes de que se profiriera la sentencia de unificación S-699 de 29 de agosto de 1997 por la Sala Plena del Consejo de Estado, que limitó la pensión gracia a los docentes nacionalizados y territoriales, lo cier to es que no se configuraron derechos adquiridos en cabeza de aquel, pues lo que hizo dicha corporación fue dejar atrás las distintas posiciones que existían en cuanto a los beneficiarios de la pensión y , por esa razón, la aplicación de la sentencia no dejó saneada s aquellas pensiones otorgadas con anterioridad sin los requisitos legales.

1. En consecuencia, procede declarar la nulidad del acto administrativo acusado .

Sin embargo, no es posible el resta blecimiento del derecho solicitado por la parte actora, en razón a que no se demostró dentro del plenario que el señor Rocha Goenaga, en vida, o su cónyuge supérstite hubieren actuado de mala fe ni de forma temeraria.

1.4. El recurso de apelación

Goenaga, en vida, o su cónyuge supérstite hubieren actuado de mala fe ni de forma temeraria.

1.4. El recurso de apelación

1.4.1. El apoderado de la señora Ana Isabel Cano solicitó revocar la sentencia y, en su lugar, denegar las pretensiones de la demanda. Expuso las siguientes razones de inconformidad:

1. En el presente caso existe un fallo de tutela que ordenó otorgarle una pens ión gracia al señor Juan Antonio Rocha Goenaga y a otros profesores , y pese a que esta decisión no fue impugnada por la entidad demandante, a través de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho se pretende revocar la resolución que dio cumplimiento a dicha orden judicial.

1. La Corte Constitucional, de manera reiterada, ha concluido que el cumplimiento de las decisiones judiciales por parte de las autoridades y de los particulares garantiza la efectividad de los derechos fundamentales de quiene s acceden a la administración de justicia, al tiempo que se constituye en una manifestación valiosa del Estado Social de Derecho. Así mismo, ha reiterado que el incumplimiento de las providencias judiciales por parte de una entidad pública o privada conlle va al6

Radicación: 47001 23 33 000 2015 00359 01 (3770-2018)

Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP quebrantamiento del principio democrático, vulnera el derecho al acceso a la administración de justicia y desconoce el debido proceso.

1.4.2. El apoderado de la UGPP interpuso recurso de apelación contra la referida

quebrantamiento del principio democrático, vulnera el derecho al acceso a la administración de justicia y desconoce el debido proceso.

1.4.2. El apoderado de la UGPP interpuso recurso de apelación contra la referida sentencia con base en los siguientes argumentos:4

1. Desconoce el despacho, al negar la solicitud de restablecimiento del derecho con la devolución de los valores cancelados de más al demandad o, el detrimento económico que se le generó al Tesoro público y del cual tenía pleno conocimiento el señor Juan Antonio Rocha, pues las cer tificaciones salariales aportadas como prueba y las cuales él aportó para solicitar la pensión gracia, señalan que el tipo de vinculación era nacional.

1. El señor Rocha Goenaga sabía que no tenía derecho a la pensión gracia y aun así la solicitó e hizo incurrir a la entidad en un error, toda vez que no cumplía con los tiempos con vinculación territorial exigidos. La mala fe se confirma con el hecho de que ejerció su defensa con base en argumentaciones fácticas que fueron desvirtuadas en su totalidad.

1.5. Alegatos de conclusión

La demandante alegó de conclusión en forma extemporánea. La demandada guardó silencio.5

1.6. El Ministerio Público

No emitió concepto.6

La Sala decide, previas las siguientes

4 Folios 332 al 334. 5 Constancia secretarial obrante a folio 364 6 ibidem7

Radicación: 47001 23 33 000 2015 00359 01 (3770-2018)

Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

6 ibidem7

Radicación: 47001 23 33 000 2015 00359 01 (3770-2018)

Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

El problema jurídico consiste en determinar si el señor Juan Antonio Rocha Goenaga acreditaba los requisitos para acceder a la pensión gracia que le reconoció Cajanal EICE, en aplicación del régimen consagrado en la Ley 114 de 1913 y demás normas que regulan dicha prestación. En caso negativo, se deberá establecer si es procedente la devolución de los dineros percibidos por tal concepto.

2.2. Marco normativo

El artículo 1 de la Ley 114 de 1913 dispuso que los maestros de escuelas primarias oficiales «que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente Ley».

Por su parte, las Leyes 116 de 1928 7 y 37 de 19338 consagraron la posibilidad de que los docentes obtuvieran la pensión gracia computando los años laborados en la enseñanza secundaria, normalista o como inspectores de instrucción pública, siempre y cuando cumplieran los demás requisitos fijados por el artículo 4 de la Ley 114 de 1913, pues estos no fueron modificados por la normativa posterior.9

Dentro de los requerimientos para acceder al mencionado beneficio, el artículo 4 ibidem incluyó el referente a que el educador no haya recibido o reciba «otra pensión o recompensa de carácter nacional».10

Dentro de los requerimientos para acceder al mencionado beneficio, el artículo 4 ibidem incluyó el referente a que el educador no haya recibido o reciba «otra pensión o recompensa de carácter nacional».10

7 Artículo 6. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de Instrucción Pública tienen derecho a jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que a esta complementan. Para el computo de los años de servicio se sumarán los prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la enseñanza primaria cono en el de la normalista, pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección. 8 Artículo 3. Las pensiones de jubilación de los maestros de escuela rebajadas p or decreto de carácter legislativo, quedaran nuevamente en la cuantía señalada por las leyes.

Hácense extensivas estas pensiones a los maestros que hayan completado los años de servicios señalados por la Ley, en establecimientos de enseñanza secundaria. 9 Al respecto pueden consultarse las siguientes providencias del Consejo de Estado: i) sentencia de 16 de junio de 1995, radicado: 10665; ii) sentencia de 29 de agosto de 1997, radicado: S-699. 10 Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:8

Radicación: 47001 23 33 000 2015 00359 01 (3770-2018)

Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

En virtud de dicho condicionamiento, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante

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Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

En virtud de dicho condicionamiento, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante Sentencia S -699 de 1997 del 29 de agosto de 1997, concluyó que « la pensión gracia no puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues constituye requisito indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución alguna de la nación por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado por cuenta de ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran los educadores locales o regionales».11

Al respecto, es preciso resaltar que la prestación en comento se creó con la finalidad de compensar a los profesores adscritos a entidades territoriales en razón a la diferencia salarial que se evidenciaba en comparación con los docentes nacionales; sin embargo, este objetivo inicial perdió su fundamento con ocasión del proceso de nacionalización de la educación que instituyó la Ley 43 de 1975 y en razón a que el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 dispuso que tal beneficio sería compatible con la pensión ordinaria de jubilación, «aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación».

En virtud de la expedición de la Ley 91 de 1989, la Sala Plena de esta corporación, en la referida Sentencia S -699 de 1997 , afirmó que la pensión gracia debe reconocerse a los docentes nacionalizados, en aras de «colmar las expectativas de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por su labor, en el proces o de nacionalización de la educación primaria y secundaria oficiales».

de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por su labor, en el proces o de nacionalización de la educación primaria y secundaria oficiales».

1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración. 2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).

3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.

4. Que observe buena conducta. 5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).

6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento. 11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de agosto de 1997, radicado: S -699. Tamb ién pueden consultarse las siguientes providencias de la Sección Segunda que han acogido igual lineamiento: i) Subsección A, sentencia del 10 de marzo de 2016, radicado: 52001 -23-33-0002013-00145-01 (2604-2014); ii) Subsección B, sentencia del 1 de marzo de 2018, radicado: 25000-23-42-0002013-06449-01 (3989-2015); y iii) Subsección B, sentencia del 30 de enero de 2020, radicado: 23001 -23-33000-2016-00431-01 (5640-2018). En similar sentido, puede consultarse la Sentencia C -085 de 2002, proferida por la Corte Constitucional.9

000-2016-00431-01 (5640-2018). En similar sentido, puede consultarse la Sentencia C -085 de 2002, proferida por la Corte Constitucional.9

Radicación: 47001 23 33 000 2015 00359 01 (3770-2018)

Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

Ahora bien, la Ley 91 de 1989 pretendió desmontar el reconocimiento de la pensión gracia en consideración a que ya no existía la diferencia salarial anotada ; sin embargo, en su artículo 15, numeral 2, literal a), previó lo siguiente:

Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones: […]

2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

La Sentencia C-489 de 2000 declaró la exequibilidad condicionada de la expresión «vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980» contenida en la norma transcrita,

el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

La Sentencia C-489 de 2000 declaró la exequibilidad condicionada de la expresión «vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980» contenida en la norma transcrita, bajo el entendido de que «las situaciones jurí dicas particulares y concretas que se hubieran consolidado antes de entrar en vigencia la ley 91/89, esto es, antes del 29 de diciembre de 1989, quedan a salvo de la nueva normatividad por cuanto constituyen derechos adquiridos que el legislador no podía desconocer».

Mediante sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022,12 la Sección Segunda del Consejo de Estado analizó el alcance de la citada disposición, en consonancia con la jurisprudencia constitucional proferida en la materia, con el fin de determinar si era necesario tener consolidado el derecho pensional al 29 de diciembre de 1989.

Al respecto, se explicó que el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 contiene dos fechas relevantes para estudiar el derecho a la pensión gracia, a saber:

1. 31 de diciembre de 1980 - constituye el último momento en que podía realizarse la vinculación del docente que pretendiera el reconocimiento

12 Radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).10

Radicación: 47001 23 33 000 2015 00359 01 (3770-2018)

Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP pensional.

1. 29 de diciembre de 1989 - corresponde a la fecha de entrada en vigencia de

Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP pensional.

1. 29 de diciembre de 1989 - corresponde a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989; sin embargo, esta «no puede entenderse como un plazo que demarque la última oportunidad para consolidar el derecho a la pensión gracia».13

En este orden de ideas, tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel docente que haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114 de 1913 y demás normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre colmar los requisitos de edad y tiempo de servicio, es decir, que lo haga antes o después del 29 de diciembre de 1989. Al respecto, esta corporación explicó lo siguiente:14

[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del docente territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos posteriores sie mpre y cuando se demuestren como nacionalizados o territoriales».15

[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición buscó proteger las reivin dicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta ese momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por ende, el único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales

buscó proteger las reivin dicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta ese momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por ende, el único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales y nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos como las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional, pues las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores vinculados en la forma indicada. […]

1. La Sentencia C -506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al límite temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso a la pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de diciembre de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar

13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, r adicado 1500123-33-000-2016-00278-01 (3018-2017). 14 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, r adicado 1500123-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).

15 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001 -03-15-0002019-02219-01 (AC).11

Radicación: 47001 23 33 000 2015 00359 01 (3770-2018)

Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP los requisitos previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista laboral respecto de la cual tenían aspiraciones legítimas.

1. Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible, esto es, la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los profesores de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían acceder a la prestación siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980 y cumplieran los demás req uisitos de ley». A partir de dicho entendimiento, se reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó antes de la referida fecha y consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación de la Ley 91 de 1989.

Bajo este contexto, se fijó como regla de unificación que «[l]os docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».

y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».

Una vez aclarado este aspecto, es preciso tener en cuenta que para determinar la plaza docente que permite obtener el beneficio pensional en comento, en sentencia del 21 de junio de 2018, 16 esta corporación fijó las siguientes reglas de unificación:17

(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886 como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a los presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;

(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se pierde, o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya intervenido el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el respectivo fondo educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal o la vacancia definitiva del cargo;

(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevant e, frente al reconocimiento de la aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas de la respectiva localidad, o de las -situado fiscalcuando se sufragaban los gastos a través

16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23respectiva localidad, o de las -situado fiscalcuando se sufragaban los gastos a través

16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-2342-000-2013-04683-01 (3805-2014). 17 Para mayor claridad se separaron cada una de las reglas, pero se conservó el contenido literal de la sentencia transcrita.12

Radicación: 47001 23 33 000 2015 00359 01 (3770-2018)

Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP de los endógenas exógenas fondos educativos regionales, y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos gen eraban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones; y

(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.

El escenario normativo y jurisprudencial antes transcrito permite concluir que, en lo que atañe al requerimiento de acreditar 20 años en e l servicio educativo para acceder a la pensión gracia, los docentes deben demostrar una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y pueden

que atañe al requerimiento de acreditar 20 años en e l servicio educativo para acceder a la pensión gracia, los docentes deben demostrar una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y pueden acumular dichos tiempos con los posteriores laborados en similar condición.

A su vez, no se les puede exigir haber completado todos los requisitos antes del 29 de diciembre de 1989 y tampoco es válido impedir el acceso al beneficio pensional bajo el argu mento de que los salarios fueron pagados total o parcialmente con recursos provenientes del situado fiscal o del sistema general de participaciones , pues «lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada».18

2.3. Hechos probados

➢ Edad, tiempo de servicios y antecedentes disciplina