CE - 012333000201500407011SENTENCIA20231004082035

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación: 17001-23-33-000-2015-00407-01 (1325-2017)

Demandante: María Consuelo Vinasco Taborda Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Vinculaciones como docente territorial y nacional. La incorporación no cambia la naturaleza de la relación legal y reglamentaria. CONFIRMA SENTENCIA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el diez (10) de febrero de dos mil diecisiete (2017) por el Tribunal Administrativo de Caldas, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La señora MARÍA CONSUELO VINASCO TABORDA instauró demanda contra la

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y

CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL ( UGPP) en

La señora MARÍA CONSUELO VINASCO TABORDA instauró demanda contra la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL ( UGPP) en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes

PRETENSIONES1

Que se declare la nulidad de las Resoluciones N° (i) RDP 003698 de 29 de enero de 2015 y RDP 01425 de 17 de abril de la misma anualidad, por medio de las cuales se negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia.

Que a título de restablecimiento del derecho se condene a la UGPP a reconocer ,

1 Folio 2.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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Radicado: 17001-23-33-000-2015-00407-01 (1325-2017)

liquidar y pagar a la accionante la pensión gracia en cuantía equivalente al 75% del promedio salarial mensual devengado en el año anterior a la constitución del estatus pensional.

Que la autoridad demandada dé cumplimiento al fallo en los términos de los artículos 192 y siguientes del CPACA y se condene en costas a la entidad demandada.

HECHOS2

Los hechos en que se fundamenta la demanda pueden resumirse de la siguiente manera:

artículos 192 y siguientes del CPACA y se condene en costas a la entidad demandada.

HECHOS2

Los hechos en que se fundamenta la demanda pueden resumirse de la siguiente manera:

Que la señora María Consuelo Vinasco Taborda cumplió los 50 años de edad, el 6 de marzo de 1996 y laboró para la docencia oficial desde 1 de agosto de 1977 hasta el 6 de marzo de 2011 en la Institución Educativa Los Fundadores del municipio de Riosucio, cargo para el cual fue nombrada por el Ministerio de Educación Nacional.

Que el 10 de febrero de 1997, mediante Decreto N° 019 suscrito por el Gobernador de Departamento de Cald as, fue incorporada a la plata docente del Instituto Nacional Los Fundadores a la estructura orgánica del Departamento de Caldas, con lo que recuperó el carácter de docente departamental.

Que el 1° de octubre de 2014 la parte actora solicitó ante la UGPP el reconocimiento y pago de la pensión gracia, petición ante la cual dicha entidad expidió la s Resoluciones N° RDP 003698 de 29 de enero de 2015 y RDP 014825 de 17 de abril de la misma anualidad con las que negó la prestación.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida mediante auto del 3 de septiembre de 20153 y notificada a la UGPP4, quien presentó memorial de contestación5, para lo cual manifestó que, la actora no acredita vinculación por más de 20 años de servicio al sector docente del territorial o nacionalizado pues el tiempo laborado desde el 1 de agosto de 1977 en adelante fue nacional.

la actora no acredita vinculación por más de 20 años de servicio al sector docente del territorial o nacionalizado pues el tiempo laborado desde el 1 de agosto de 1977 en adelante fue nacional.

Igualmente, aseguró que el hecho de que la planta de personal y directivo docentes del Instituto Nacional Los Funda dores del municipio de Riosucio haya sido incorporada a la estructura orgánica del departamento de Caldas no quiere decir que haya cambiado el carácter nacional que traía l a educadora de manera retroactiva.

2 Folio 3. 3 Folio 27. 4 Folio 33. 5 Folio 93 a 99.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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Radicado: 17001-23-33-000-2015-00407-01 (1325-2017)

Propuso como excepciones las denominó : (i) inexistencia de la obligación demandada y cobro de lo no debido, (ii) buena fe, (iii) prescripción y; (iv) la genérica.

En la audiencia inicial 6 se indicó que l os medios exceptivos propuestos no constituían verdaderas excepciones previas, sino argumentos de la defensa por lo que postergó su estudio al momento de emitir sentencia. Seguidamente, se fijó el litigio a partir de los hechos sobre los cuales existen desacuerdo; se determinó que no existía ánimo conciliatorio, se efectuó el decreto de pruebas y se estableció fecha para llevar a cabo audiencia de pruebas.

El día 12 de julio de 2016 durante la diligencia de pruebas se incorporaron al

no existía ánimo conciliatorio, se efectuó el decreto de pruebas y se estableció fecha para llevar a cabo audiencia de pruebas.

El día 12 de julio de 2016 durante la diligencia de pruebas se incorporaron al expediente los documentos aportados con ocasión a las pruebas de of icio decretadas en la audiencia inicial; en atención que se encontraban pendientes algunas respuestas se decidió continuar con el trámite normal del proceso, corriendo traslado para alegar por el término común de 10 días, haciendo la salvedad que se tendrí a en cuenta las respuestas allegadas antes de dictar sentencia de conformidad con el artículo 173 del CGP.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN7

El Tribunal Administrativo de Caldas mediante sentencia del 10 de febrero de 2017 negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte activa, al considerar que no le asiste razón a la demandante cuando afirma que a raíz de la incorporación de la planta de personal del plantel educativo Instituto Nacional Los Fundadores a la estructura orgánica del Departamento de Caldas, la calidad de la vinculación ha de entenderse automáticamente mutada a territorial o nacionalizada para efectos de la pensión gracia.

Para arribar a tal conclusión efectuó las siguientes consideraciones:

Que de los elementos de prueba allegados al expediente surge de modo diáfano que la accionante María Consuelo Vinasco Taborda solamente laboró como docente en una plaza nacionalizada entre el 18 de febrero de 1965 y el 14 de marzo de 1977, esto es, cuando prestó sus servicios como docente en el municipio de Supía, único lapso válido como requisito para acceder a la pensión gracia.

en una plaza nacionalizada entre el 18 de febrero de 1965 y el 14 de marzo de 1977, esto es, cuando prestó sus servicios como docente en el municipio de Supía, único lapso válido como requisito para acceder a la pensión gracia.

Que cuando fue nombrada para laborar en el Instituto Nacional Los Fundadores, se vinculó en una plaza docente nacional, carácter que, emana de su nombramiento a instancias del Ministerio de Educación Nacional, tal como lo admite la propia demandante en el recuento fáctico consignado en el libelo demandador. Que la postura del órgano supremo de esta jurisdicción es contundente cuando

6 Folios 114 a 119. 7 Folios .Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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Radicado: 17001-23-33-000-2015-00407-01 (1325-2017)

prescribe que el tipo de vinculación docente se determina por la autoridad nominadora, que en este caso lo fue el Ministerio de Educación, sin que exista acto de nombramiento posterior proveniente de autoridad distinta, y en todo caso, a juicio de dicho tribunal no es igual el decreto de incorporación global de una planta de personal al ente territorial.

Que le asiste razón a la accionada cuando manifiesta que la demandante no cumple los requisitos para acceder a la pensión gracia, en especial aquel referido a prestar los servicios docentes por un lapso mínimo de 20 años en una plaza nacionalizada o territorial y, por ende, no le asiste derecho reclamado, con lo cual está llamada a prosperar la excepción de inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido.

los servicios docentes por un lapso mínimo de 20 años en una plaza nacionalizada o territorial y, por ende, no le asiste derecho reclamado, con lo cual está llamada a prosperar la excepción de inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido.

EL RECURSO DE APELACIÓN8

La parte demandante inconforme con la decisión presentó recurso de apelación con el fin de que se revoque la sentencia de primera instancia y , en su lugar , se acceda a las pretensiones de la demanda y se condene en costas a la entidad demandada.

Manifestó que, pese a que no hay discusión acerca de l tiempo laborado como docente nacional no es válido para acceder a la pensión g racia, la señora Vinasco Taborda recuperó el carácter de docente departamental el 10 de febrero de 1997, cuando el gobernador del departamento de Caldas, por medio del Decreto N° 049, incorporó a la planta de personal de la Secretaría de Educación los cargos del Instituto Nacional Los Fundadores del municipio de Riosucio y se encontraba en el listado de profesores.

Que su situación particular se asimila en los hechos y pretensiones planteados dentro de un proceso resuelto por el Tribunal Administrativo de Caldas en sentencia del 18 de abril de 2013, donde actuó como demandante el señor Rigoberto Cardona Cardona y en la cual se «[…] sumaron los tiempo de servicios territoriales prestados por el actor hasta el 10 de junio de 1997 con aquellos que sobrevinieron con la incorporación al DEPARTAMENTO DE CALDAS de la plata de docentes del IBOC (Instituto de Bachillerato Oriente de Caldas) […] adquiriendo el carácter de departamentales»

DEPARTAMENTO DE CALDAS de la plata de docentes del IBOC (Instituto de Bachillerato Oriente de Caldas) […] adquiriendo el carácter de departamentales»

Que tanto la Sala de Consulta y Servicio Civil como la Contencioso Administrat ivo en su Sección Segunda9, ha sido clara en afirmar que los docentes no dejan de ser departamentales así su salario sea pagado con los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones.

8 Folios 157 a 162. 9 Hace especial énfasis en la decisión del 29 de septiembre de 2016, Exp. 68001-23 000-2013-00162-01, M.P. William Hernández Gómez.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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Radicado: 17001-23-33-000-2015-00407-01 (1325-2017)

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La UGPP presentó escrito de alegatos de conclusión 10, en el cual reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y solicitó confirmar la decisión de primera instancia.

La parte demandante no presentó alegatos en el trámite de segunda instancia.

POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

La señora Agente del Ministerio Público, Procuradora Segunda Delegada ante el Consejo de Estado, no rindió concepto en el presente asunto.

Se procede a decidir la controversia previa las siguientes,

CONSIDERACIONES DE LA SALA

El problema que debe resolver la Subsección es determinar si la demandante

Consejo de Estado, no rindió concepto en el presente asunto.

Se procede a decidir la controversia previa las siguientes,

CONSIDERACIONES DE LA SALA

El problema que debe resolver la Subsección es determinar si la demandante cumplió con la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia, especialmente el relativo a mantener una vinculación con carácter territorial o nacionalizado durante al menos 20 años de servicio y acreditar algún período en tal calidad anterior al 31 de diciembre de 1980, ello en el entendido de que tuvo una incorporación a la planta de personal docente de una entidad territorial en virtud del proceso de descentralización del servicio educativo.

Marco normativo y jurisprudencial

En primer lugar, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación, habida cuenta de que es un beneficio prestacional que no requiere efectuar cotizaciones de ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación de un tiempo de servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley 114 de 1913, que en su artículo 1° señaló que:

«[l]os maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»

Por su parte, el artículo 3° de la norma en cita estableció que, «[l]os veinte años de servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo 4º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que

servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo 4º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados:

10 Folios 205 a 210.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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Radicado: 17001-23-33-000-2015-00407-01 (1325-2017)

«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:

1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración. 2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).

3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.

4. Que observe buena conducta. 5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).

6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»

Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún caso dos pensiones de este último orden.

Posteriormente, la pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las

simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún caso dos pensiones de este último orden.

Posteriormente, la pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las escuelas normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo 6° de la Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios departamentales o municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…] de recibir dos pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en su artículo 6° señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento de los requisitos consagrados en el numeral cuarto de esta Ley»11. Con la expedición de la Ley 37 de 1933 se extendió el alcance de este derecho a los maestros de establecimiento de enseñanza secundaria, pero no se efectuaron modificaciones o adiciones a los requisitos previamente consagrados para el efecto.

De otro lado, la Ley 24 de 1947 consagró que, «[c]uando se trate de servidores del ramo docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los sueldos devengados durante el último año». De hecho, la Ley 4ª de 1966, en su artículo 4º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que «la pensión de gracia se liquidará con base en el 75% del promedio mensual obtenido en el último año de servicio».

Ahora bien, sobre la prerrogativa bajo estudio también resulta necesario precisar como marco normativo aplicable al caso, que m ediante la Ley 43 de 1975 se

base en el 75% del promedio mensual obtenido en el último año de servicio».

Ahora bien, sobre la prerrogativa bajo estudio también resulta necesario precisar como marco normativo aplicable al caso, que m ediante la Ley 43 de 1975 se desarrolló en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido desde el 1º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.

Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes oficiales en los siguientes términos:

11 Consejo de Estado, Sección Segunda-SubsecciónA, Sentencia de 11 de octubre de 2007, C. P. Dr. Gustavo Gómez Aranguren, expediente 0417-07.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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Radicado: 17001-23-33-000-2015-00407-01 (1325-2017)

«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

(..)

2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran

(..)

2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional.»

Sobre el punto, la jurisprudencia de esta corp oración ha advertido que la pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que, en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter territorial y nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S-699 del 26 de agosto de 199712 señaló que:

territorial y nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S-699 del 26 de agosto de 199712 señaló que:

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 3 1 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].» (Negrilla fuera de texto).

De hecho, en punto a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de unificación CE -SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 13 planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en materia de reconocimi ento de la pensión gracia, de los cuales, respecto al interrogante de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo por el hecho de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales

12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S -699 de 26 de agosto de 1997, actor: Wilberto Therán Mogollón. 13 Proceso identificado con radicación 25000 -23-42-000-2013-04683-01 (3805 -2014), de Gladys Amanda Hernández Triana contra la UGPP.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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Hernández Triana contra la UGPP.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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Radicado: 17001-23-33-000-2015-00407-01 (1325-2017)

provengan del presupuesto general de la Naci ón, se arribó a las siguientes conclusiones:

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

1. Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones , por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

1. La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).

1. Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados 12, resulta

de la Ley 24 de 1988).

1. Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados 12, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.

1. Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo regional , así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal 13; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.

1. Prueba de calidad de docente territorial . Se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea d e aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.

previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.

1. Origen de los recursos de la entidad nominadora . Lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal — cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos

educativos regionales ; y en lo que tiene que ver con los educadoresCalle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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Radicado: 17001-23-33-000-2015-00407-01 (1325-2017)

nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal , hoy sistema general de participaciones .» (Resaltado del texto original)

En atención a lo descrito , se advierte que el carácter territorial o nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.

Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente es nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse en primer lugar la naturaleza

salarios y prestaciones de los educadores.

Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente es nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse en primer lugar la naturaleza de la plaza a ocupar, lo cual se puede advertir observando quién y bajo qué competencia se expide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de empleadores, con independencia de los recursos que se utilicen para su financiación, o si lo propio ocurre en virt ud de una autorización legal mediante la cual dichas autoridades administran al personal de educadores en nombre y representación del Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9 y 10 de la Ley 29 de 1989.

Finalmente, debe recalcarse que en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CES2-2022 del 11 de agosto de 2022 ,14 la Sección Segunda también fijó como regla jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2, literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que «[l]os docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».

Se precisa además que l as anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede administrativa como judicial.

Se precisa además que l as anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede administrativa como judicial.

En tal sentido, conforme a la normativa y la línea jurisprudencial expuesta, se concluye que para consolidar el derecho a la pensión gracia, el docente oficial debe cumplir con los siguientes requisitos:

1. Que acredite 50 años de edad.

1. Que laboró como maestro oficial durante 20 años en establecimientos educativos oficiales de orden exclusivamente territorial, es decir, distritales, departamentales o

14 Proceso identificado con radicación 15001 -23-33-000-2016-00278-01 (3018 -2017), en el que obra como demandante la señora Hirma Nubia Jiménez Lozano y como entidad demandada la UGPP.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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Radicado: 17001-23-33-000-2015-00407-01 (1325-2017)

municipales, esto en primaria o en secundaria, bien sea como normalista, inspector de instrucción pública, o incluso en calidad de educador nacionalizado, con posibilidad de adicionar períodos en uno u otro cargo, pero de ninguna manera acumulando o relacionando tiempos de servicio a la Nación, los cuales, en todo caso, no son aquellos en los que hubiese existido financiación de las acreencias laborales a través del Sistema General de Participaciones, sino en los que se advierta que el no mbramiento fue efectuado directamente por el Ministerio de

caso, no son aquellos en los que hubiese existido financiación de las acreencias laborales a través del Sistema General de Participaciones, sino en los que se advierta que el no mbramiento fue efectuado directamente por el Ministerio de Educación Nacional, o por el un alcalde o gobernador pero en representación del Gobierno Nacional.

1. Que haya ostentado alguna vinculación bajo las anteriores calidades con anterioridad al 31 de diciembre de 1980.

1. Que haya demostrado buena conducta en su labor, desempeñada con honradez y consagración.

Resolución del caso concreto

Con el fin de definir litigios como el presente, resulta necesario verificar el cumplimiento de las exigencias normativas señaladas previamente para consolidar el derecho a la pensión gracia.

No obstante, en el asunto bajo estudio deberá enfocarse dicho análisis en el entendido de qu