CE - 012333000201500441011SENTENCIA20231018150311

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación: 20001-23-33-0002015-00441-01 (3167-2017)

Demandante: Betty Noelba Moreno Cortes Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Tiempos de servicio docente en plaza s del orden nacionalizado y territorial . Aplicación de sentencias de unificación del 21 de junio de 2018 y del 11 de agosto de 2022. CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el nueve (9) de febrero de dos mil diecisiete (2017) por el Tribunal Administrativo del Cesar , por medio de la cual se concedieron las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La señora BETTY NOELBA MORENO CORTÉS instauró demanda en contra de la

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y

CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) en

La señora BETTY NOELBA MORENO CORTÉS instauró demanda en contra de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes

PRETENSIONES1

Que se declare la nulidad de las Resoluciones RDP 3969 del 30 de enero de 2015, RDP 12276 del 27 de marzo del mismo año y; RDP 13851 del 10 de abril de 2015, por medio de las cuales se negó el reconocimiento y pago la pensión gracia a favor de la demandante, y se confirmó tal decisión respectivamente . Que a título de

1 Folios 1 a 2.Radicado: 20001-23-33-0002015-00441-01 (3167-2017)

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restablecimiento del derecho se condene a la UGPP a reconocer, liquidar y pagar la mencionada prestación conforme a las previsiones de la Ley 114 de 1913, así como el retroactivo debidamente indexado de las mesadas adeudadas por dicho concepto desde el cumplimiento del estatus pensional.

Que se dé cumplimiento a la sentencia conforme a las previsi ones de los artículos 192 y 195 del CPACA y se condene en costas a la parte accionada.

HECHOS2

Los hechos en que se fundamenta l a demanda pueden resumirse de la siguiente manera.

Que durante su vida laboral se desempeñó como docente en el municipio de

HECHOS2

Los hechos en que se fundamenta l a demanda pueden resumirse de la siguiente manera.

Que durante su vida laboral se desempeñó como docente en el municipio de Aguachica del departamento del Cesar el 15 de marzo de 1978, es decir, previo al 31 de diciembre de 1980. Que posteriormente fue vinculada así: del 13 de febrero al 31 de diciembre de 1980; entre el 23 de febrero y el 31 de diciembre de 1981 y ; desde el 2 de febrero de 1987 hasta el 30 de noviembre de 1987.

Que mediate la Resolución 892 de 1989, fue nombrada al servicio del Departamento y, el 18 de mayo de 1990 también fue nombrada por la alcaldía de Aguachica a través del Decreto 193.

Que fue trasladada por necesidad del servicio mediante el Decreto 77 del 17 de julio de 1995 al Colegio Nacionalizado Nuestra Señora del Carmen, ubicado en la zona urbana del municipio.

Que el 8 de enero de 2010, la docente cumplió los 50 años de edad y para el 2006 los 20 años de servicios, requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia, conforme a las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933, 91 de 1989, 812 de 2003 y Acto Legislativo 01 de 2005.

Que la entidad negó el reconocimiento del derecho según los actos demandados, sin abordar el hecho de que la docente cumplió con una vinculación territorial y nacionalizada durante los 20 años del servicio y que fue nombrada por primera vez, antes del 31 de diciembre de 1980.

sin abordar el hecho de que la docente cumplió con una vinculación territorial y nacionalizada durante los 20 años del servicio y que fue nombrada por primera vez, antes del 31 de diciembre de 1980.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida mediante auto del 15 de octubre de 20153, notificado a la UGPP4, quien presentó memorial de contestación 5 en el cual se opuso a las

2 Folios 2 a 4. 3 Folios 48. 4 Folios 53. 5 Folios 84 a 90.Radicado: 20001-23-33-0002015-00441-01 (3167-2017)

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pretensiones de la demanda al considerar que la demandante no cumplió con la totalidad de los requisitos, pues se desempeñó como docente del carácter nacional.

Propuso las excepciones de falta de requisitos pensionales o inexistencia de la obligación y prescripción.

En la audiencia inicial 6 que se llevó a cabo el 6 de octubre de 2016, el Tri bunal precisó que las excepciones propuestas de mérito se resolverían en la sentencia. Seguidamente s e fijó el litigio estableciéndose el objeto de la demanda y las pretensiones frente a las cuales se orientaría la decisión, se señaló que no existía ánimo conciliatorio y se efectuó el decreto de pruebas conforme al artículo 180 numeral 10 de la Ley 1437 de 2011.

En la audiencia de pruebas7 celebrada el 6 de diciembre de 2016, se recaudaron los medios de convicción decretados y se corrió traslado para alegar de conclusión en orden de dictar sentencia escrita con posterioridad.

En la audiencia de pruebas7 celebrada el 6 de diciembre de 2016, se recaudaron los medios de convicción decretados y se corrió traslado para alegar de conclusión en orden de dictar sentencia escrita con posterioridad.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN8

El Tribunal Administrativo del Cesar dictó sentencia escrita el 9 de febrero de 2017, a través de la cual concedió las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte demandada. Como sustento de la decisión, advirtió que el reconocimiento de la pensión gracia inicialmente regulado en la Ley 114 de 1913, fue un beneficio para los maestros de las escuelas primarias que prestaron sus servicios al magisterio por el término no menos a 20 años. Que mediante la Ley 116 de 1928, se extendió dicha prestación a los empleados y maestros de las escuelas normales y a los inspectores de instrucción pública.

Seguidamente en la Ley 37 de 1933 se amplió a los maestros de enseñanza en las escuelas secundarias y mediante la Ley 91 de 1989, se reglamentó que la pensión gracia se reconocería a los docentes vinculados antes del 31 de diciembre de 1980, siempre y cuando cumplan los requisitos previstos.

Que, de conformidad con la jurisprudencia desarrollada por el Consejo de Estado, los docentes que hubiesen prestado sus servicios en instituciones educativas del carácter nacional y cuyo nombramiento l o realizaron entidades del orden nacional, no tenían derecho a la prestación.

En atención a que fue allega la certificación expedida por el Jefe de Recursos Humanos de Aguachica, precisa que la señora Betty Moreno, se desempeñó con

no tenían derecho a la prestación.

En atención a que fue allega la certificación expedida por el Jefe de Recursos Humanos de Aguachica, precisa que la señora Betty Moreno, se desempeñó con carácter municipal en l os siguientes periodos: del 15 de marzo al 31 de diciembre de 1979, 13 de febrero al 31 de diciembre de 1980, 23 de febrero al 31 de diciembre

6 Folios 110 a 113. 7 Folios 119 a 120. 8 Folios 138 a 152.Radicado: 20001-23-33-0002015-00441-01 (3167-2017)

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de 1981, 2 de febrero al 30 de noviembre de 1987. Y que posteriormente fue vinculada al municipio en el que se ha desempeñado a partir de dicho nombramiento según certificado desde el 30 de mayo de 1990 al 17 de noviembre de 2016, con una vinculación activa.

Luego del análisis normativo y probatorio concluyó que la señora Betty Moreno prestó sus servicios por más de 20 años, en calidad de docente municipal con una vinculación previa al 31 de diciembre de 1980 y por lo tanto había lugar al reconocimiento de la pensión gracia.

EL RECURSO DE APELACIÓN9

La parte deman dada en su escrito de apelación solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia y en su lugar, negar las pretensiones, al considerar que los tiempos en que se desempeñó la docente anteriores a «1980» y después de «1989» fueron con una vinculación nacional al servicio del depar tamento del Cesar y en atención a ello, no cumple con los 20 años al servicio, porque

que los tiempos en que se desempeñó la docente anteriores a «1980» y después de «1989» fueron con una vinculación nacional al servicio del depar tamento del Cesar y en atención a ello, no cumple con los 20 años al servicio, porque precisamente eran los docentes de carácter municipal, departamental y distrital, los que podían gozar de ese beneficio prestacional.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La parte demandante10 presentó alegaciones finales con las que indicó que debe confirmarse el fallo apelado en la medida en que cumplió con los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia.

La parte demandada11 también presentó los alegatos de conclusión, reiterando los argumentos de la contestación y de la alzada.

El señor Procurador Tercero Delegado ante el Consejo de Estado 12, allegó concepto, mediante el cual, solicitó confirmar la sentencia proferida al advertir que una vez analizado el acervo probatorio, están dados los presupuestos para el reconocimiento para la pensión gracia, en tanto, la señora Betty Noelba Moreno se desempeñó al servicio del Municipio de Aguachica en calidad de interina para los años 1979, 1980, 1981 y 1987 y posteriormente vinculada al servicio del mismo municipio, por lo que, cumplió con los 20 años en el orden territorial.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

El problema que debe resolver la Subsección es el de determinar si la actora cumplió con la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia,

9 Folios 159 a 162. 10 Folios 224 a 226. 11 Folios 231 a 232,

con la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia,

9 Folios 159 a 162. 10 Folios 224 a 226. 11 Folios 231 a 232, 12 Folios 233 a 238.Radicado: 20001-23-33-0002015-00441-01 (3167-2017)

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especialmente el relativo a mantener una vi nculación con carácter de territorial o nacionalizado durante todo el tiempo de servicio.

Marco normativo y jurisprudencial

En primer lugar, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación, habida cuenta de que es un beneficio prestacional que no requiere efectuar cotizaciones de ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación de un tiempo de servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley 114 de 1913, que en su artículo 1° señaló que,

«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»

Por su parte, el artículo 3° de la norma en cita estableció que, «Los veinte años de servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó », mientras que el artículo 4º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados.

«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:

el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados.

«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:

1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración. 2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).

3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.

4. Que observe buena conducta. 5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).

6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»

Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún caso dos pensiones de este último orden.

Posteriormente, la pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las escuelas normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo 6° de la Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios departamentales o municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…] de recibir dos pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en su artículo 6° señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la

de recibir dos pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en su artículo 6° señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento deRadicado: 20001-23-33-0002015-00441-01 (3167-2017)

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los requisitos consagrados en el numeral cuarto de esta Ley»13. Con la expedición de la Ley 37 de 1933 se extendió el alcance de este derecho a los maest ros de establecimiento de enseñanza secundaria, pero no se efectuaron modificaciones o adiciones a los requisitos previamente consagrados para el efecto.

De otro lado, la Ley 24 de 1947 consagró que, «Cuando se trate de servidores del ramo docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los sueldos devengados durante el último año». De hecho, la Ley 4ª de 1966, en su artículo 4º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que «la pensión de gracia se liquidará con base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio».

Ahora bien, sobre la prerrogativa bajo estudio también resulta necesario precisar como marco normativo aplicable al caso, que m ediante la Ley 43 de 1975 se desarrolló en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido desde el 1º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.

Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que

Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes oficiales en los siguientes términos.

«ARTÍCULO 15. A pa rtir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

(..)

2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de di ciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la total idad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada

jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional.»

Sobre el punto , la jurisprudencia de esta corporación ha advertido que la pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que, en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter

13 Consejo de Estado, Sección Segunda-SubsecciónA, Sentencia de 11 de octubre de 2007, C. P. Dr. Gustavo Gómez Aranguren, expediente 0417-07.Radicado: 20001-23-33-0002015-00441-01 (3167-2017)

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territorial y nacional izado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S-699 del 26 de agosto de 199714 señaló que,

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no qu edan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].» (Negrilla fuera de texto).

De hecho, en punto a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de

texto).

De hecho, en punto a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de unificación CE -SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 15 planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, respecto al interrogante de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo por el hecho de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales provengan del presupues to general de la Nación, se arribó a las siguientes conclusiones.

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

1. Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones , por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

1. La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º,

entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).

1. Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacio nalizados12, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.

14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de 1997, actor: Wilberto Therán Mogollón. 15 Proceso identificado con radicación 25000 -23-42-000-2013-04683-01 (3805 -2014), de Gladys Amanda Hernández Triana contra la UGPP.Radicado: 20001-23-33-0002015-00441-01 (3167-2017)

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1. Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo regional , así, este último,

interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo regional , así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal 13; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.

1. Prueba de calidad de docente territorial . Se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.

1. Origen de los recursos de la entidad nominadora . Lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal — cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales ; y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal , hoy sistema general de participaciones .» (Resaltado del texto original)

En atención a lo descrito hasta este punto, se advierte que el carácter territorial o

nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal , hoy sistema general de participaciones .» (Resaltado del texto original)

En atención a lo descrito hasta este punto, se advierte que el carácter territorial o nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.

Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente es nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse en primer lugar la naturaleza de la plaza a ocupar, lo cual se puede advertir observando quién y ba jo qué competencia se expide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de empleadores, con independencia de los recursos que se utilicen para su financiación, o si lo prop io ocurre en virtud de una autorización legal mediante la cual dichas autoridades administran al personal de educadores en nombre y representación del Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9 y 10 de la Ley 29 de 1989.

Finalmente, debe recalcarse que en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CES2-2022 del 11 de agosto de 2022 ,16 la Sección Segunda también fijó como regla jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2,

16 Proceso identificado con radicación 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017), de Hirma Nubia Jiménez

Lozano contra la UGPP.Radicado: 20001-23-33-0002015-00441-01 (3167-2017)

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literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».

Se precisa además que l as anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede administrativa como judicial. En tal sentido , conforme a la normativa y la línea jurisprudencial expuesta, se concluye que para consolidar el derecho a la pensión gracia, el docente oficial debe cumplir con los siguientes requisitos.

1. Que acredite 50 años de edad.

1. Que laboró como maestro oficial durante 20 años en establecimientos educativos oficiales de orden exclusivamente territorial, es decir, distritales, departamentales o municipales, esto en primaria o en secundaria, bien sea como normalista, inspector de instrucción pública, o incluso en calidad de educador nacionalizado, con posibilidad de adicionar períodos en uno u otro cargo , pero de ninguna manera acumulando o relacionando tiempos de servicio a la Nación, los cuales, en todo caso, no son aquellos en los que hubiese existido financiación de las acreencias laborales a través del Sistema General de Participaciones, sino en los que se advierta que el n ombramiento fue efectuado directamente por el Ministerio de

caso, no son aquellos en los que hubiese existido financiación de las acreencias laborales a través del Sistema General de Participaciones, sino en los que se advierta que el n ombramiento fue efectuado directamente por el Ministerio de Educación Nacional, o por el un alcalde o gobernador pero en representación del Gobierno Nacional.

1. Que haya ostentado alguna vinculación bajo las anteriores calidades con anterioridad al 31 de diciembre de 1980.

1. Que haya demostrado buena conducta en su labor, desempeñada con honradez y consagración.

Docente interino

Según el criterio ampliamente decantado por el órgano de cierre Vértice de la Jurisdicción Contencioso Administrativo los tiempos prestados como docente en interinidad también deben contabilizarse para efectos de la pensión. Así, en sentencia del 14 de noviembre de 201517, se precisó:

«Respecto de la vinculación del demandante como docente interino, debe reiterarse que las Leyes 114 de 1913 y 116 de 1928 concibieron la prestación gracia de jubilación como una dádiva o recompensa a favor de quienes ejercieran la actividad docente en el nivel territorial, razón por la cual, y conforme lo disponen las normas en cita y la jurisprudencia de esta Corporación, la única exigencia válida para

17 Radicado: 52001233300020130005801 (2636-2014).Radicado: 20001-23-33-0002015-00441-01 (3167-2017)

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efectos de reconocer la prestación pensional en cita es haber acreditado 20 años al servicio de la docencia oficial sin importar la modalidad de la

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efectos de reconocer la prestación pensional en cita es haber acreditado 20 años al servicio de la docencia oficial sin importar la modalidad de la vinculación, siempre que esta responda a cualquiera de las previstas en la ley. En efecto, si bien el ordenamiento jurídico no define expresamente la naturaleza de la interinidad, como una forma de proveer cargos docentes, esta Corporación ha precisado que dicha figura debe entenderse como el mecanismo mediante el cual la administración, ante la imposibilidad de contar con docentes de carrera, designa con carácter transitorio a personas instruidas en el ejercicio de la referida actividad, en atención a la necesidad y urgencia de garantizar la efec tiva prestación de los servicios educativos. Lo anterior, en todo caso, constituye una forma de vinculación a la administración, en cumplimiento de las formalidades previstas en la ley, esto es, a través de la toma de posesión de un cargo docente dando lug ar, en consecuencia, a la configuración de una relación legal y reglamentaria con carácter autónomo , tal y como ocurrió en el caso del señor (…) » (Negrillas y subrayas fuera de texto original).

Resolución del caso concreto

Con el fin de definir litigio s como el presente, resulta necesario verificar el cumplimiento de las exigencias normativas señaladas previamente para consolidar el derecho a la pensión gracia.

No obstante, en el asunto bajo estudio deberá enfocarse dicho análisis en el entendido de que los motivos de inconformidad del apelante único (los cuales circunscriben por congruencia la competencia de decisión en esta instancia), se centran y limitan en verificar si la naturaleza jurídica de las vinculaciones de la

entendido de que los motivos de inconformidad del apelante único (los cuales circunscriben por congruencia la competencia de decisión en esta instancia), se centran y limitan en verificar si la naturaleza jurídica de las vinculaciones de la demandante como docente oficial, fueron del orden nacional y, por tanto, no podía consolidar el derecho pensional en litigio.

Pues bien, frente al primer requisito enunciado relacionado con la edad, se observa que la señora Betty Noelba Moreno Cortés nació el 8 de enero de 196018, de modo que cumplió los 50 años el 8 de enero de 2010.

Respecto al segundo requisito atinente a la acumulación de 20 años de servicio de la reclamante como docente territorial o