CE - 012333000201500513011SENTENCIA20230410124225

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CE - 012333000201500513011SENTENCIA20230410124225
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá, D.C., treinta (30 ) de marzo de dos mil veinti trés (202 3)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho .

Radica ción : 76 00 1-23 -33 -000 -201 5-00513 -01 (5476 -20 19)

Demandante: VICTOR HUGO ORTEGA MARTÍNEZ

Demandad o: SOCIEDAD DE ACUEDUCTO S Y

ALCANTARILLADO S DEL VALLE DEL CAUCA

ACUAVALLE S.A E.S.P.

Tema: Disciplinario. Ley 1437 de 2011.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ASUNTO

La Sección Segunda , Subsección A decide el recurso de apelación int erpuesto por el señor VICTOR HUGO ORTEGA MARTÍNEZ contra la sentencia de l 15 de mayo de 2019 , proferida por el Tribunal Administrativo de l Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda de la referencia.

II. ANTECEDENTES.

2. 1. Pretensiones

2.1.1. Se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:

demanda de la referencia.

II. ANTECEDENTES.

2. 1. Pretensiones

2.1.1. Se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:

I. Resolución No. 003 del 20 de diciembre de 2013 mediante la cual el Director de Control Interno Disciplinario de ACUAVALLE S.A E.S.P. profirió la decisión disciplinaria de primera instancia en la que sancionó al demandante con destitución e inhabilidad general por un término de 12 años.Nulidad y restablecimiento del derecho.

Radicación: 76001-23-33-000-2015-00513-01 (5476-2019)

Demandante: Acuavalle S.A E.S.P

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II. Resolución No. 000020 del 5 de febrero de 2014, mediante la cual el Gerente de ACUAVALLE S.A E.S.P. confirma la decisión disciplinaria de primera instancia .

III. Resolución No. 000303 del 10 de octubre de 2014 a través de la cual se hace efectiva la sanción disciplinari a consistente en destitución y la inhabilidad para ejercer cargos públicos por el término de 12 años.

2.1. 2 Que a título de rest ablecimiento del derecho :

  1. Se ordene el reintegro del señor VICTOR HUGO ORTEGA MARTÍNEZ al cargo de Revisor de Redes de la Sociedad de

2.1. 2 Que a título de rest ablecimiento del derecho :

  1. Se ordene el reintegro del señor VICTOR HUGO ORTEGA MARTÍNEZ al cargo de Revisor de Redes de la Sociedad de Acueducto s y Alcantarillado s del Valle del Cauca S.A. E.S.P. “ACUAVALLE S.A. E.S.P. ” con sede en Florida , Valle. ii. Pagar al demandante salarios, primas, reajustes o aumentos de sueldo y demás emolumentos que dejó percibir desde el 7 de mayo de 2013 hasta el día en que se produzca el reintegro. iii. Se ordene a la Procuraduría General de la Nación el levantamiento de la inhabilidad general impuesta al señor ORTEGA MARTÍNEZ por el término de 12 años para contratar con el Estado y ejercer cargos públicos. iv. Se declare que no existió solución de continuidad en la prestación del servicio.
  2. Se use en el d esarrollo de la demanda los principios extra y ultra petita. vi. Condenar a la entidad demandada al pago de las costas. vii. Condenar al cumplimiento de la sentencia en los términos establecidos en los artículos 192 y 195 del CPACA .Nulidad y restablecimiento del derecho.

Radicación: 76001-23-33-000-2015-00513-01 (5476-2019)

Demandante: Acuavalle S.A E.S.P

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3 2. 2. Hech os.

En la demanda 1 se narraron los hechos relevantes que a continuación se resume n:

2. 2.1. El señor VICTOR HUGO ORTEGA MARTÍNEZ laboró para la Sociedad de Acueducto s y Alcantarillado s del Valle del Cauca S.A.

E.S.P. “ ACUAVALLE S.A. E.S.P., desde el 27 de noviembre de 1985 hasta el 6 de mayo de 2013 en calidad de Revisor de Redes en la sede de Florida, Valle.

2.2. 2 En octubre de 2011 se le i nici ó al demandante proceso disciplinario.

2. 2.3 . La queja fue presuntamente instaurada el 6 de octubre de 2012 ( sic) por la señora Nancy Peña Garzón , la cual fue recibida por el señor Rogelio Colonia Galarza.

2.2.4. El proceso disciplinario se inició de forma oral cuando debió hacerse por escrito .

2.2.5. El señor ORTEGA MARTÍNEZ no asistió a la audiencia del 10 de julio de 2014 esperando la respuesta al escrito allegado el 3 del mismo mes y año, no obstante se realiza la misma surgiendo a la vida jurídi ca la Resolución No. 000020 de 2014 en la que se confirma en todas sus partes la decisión de primera instancia.

mismo mes y año, no obstante se realiza la misma surgiendo a la vida jurídi ca la Resolución No. 000020 de 2014 en la que se confirma en todas sus partes la decisión de primera instancia.

2.2.6. El día 15 de julio de 2014 la señora Nancy Peña Garzón declaró ante Notar ía que no presentaba queja en contra del señor ORTEGA MARTÍNE Z y le pasaron un documento para firmar en constancia de que había terminado todo.

2.2.7. El día 18 de abril de 2015 el demandante presentó denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por falsedad ideológica en

1 Folios 113 al 124 del expediente.Nulidad y restablecimiento del derecho.

Radicación: 76001-23-33-000-2015-00513-01 (5476-2019)

Demandante: Acuavalle S.A E.S.P

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4 documento público al manifestar la señora Nancy Peña Garzón que no rubricó el oficio que se le exhibió.

2.2.8 El 20 de abril de 2015 el actor presentó acción de tutela contra ACUAVALLE S.A E.S.P por no dar respuesta al derecho de petición. 2.2.9 El 21 de abril de 2015 la señora Nancy Peña Garzón manifestó ante la Notar ía Única de Florida , Valle que la firma de la declaración libre y espontanea no es suya y tampoco la del documento de ampliación y ratificación de la queja.

ante la Notar ía Única de Florida , Valle que la firma de la declaración libre y espontanea no es suya y tampoco la del documento de ampliación y ratificación de la queja.

2.2.10 El 24 de abril de 2015 el señor ORTEGA M ARTÍNEZ solicitó por intermedio del Veedor Ciudadano al Ministerio de Interior y Justicia protección para él y su familia al igual que para su apoderado.

2.2.11 La entidad demandada en cumplimiento del fallo dentro de la acción de tutela respondió el dere cho de petición el día 29 de abril de 2015.

2. 3. Concepto de la violación .

El apoderad o del demandante consideró como norma s vulnerada s:

  • Artículo s 1, 2, 13, 2, 25, 29 , 40, 24, 48, 53 y 93 de la Constitución Política . - Artículos 101, 107, 128 y 140 de la Ley 734 de 2002. - Artículo 174 del CPC. - Artículo 286 del Código Penal.

Señaló que se violó el debido proceso al sancionar al señor ORTEGA MARTÍNEZ sin importar los 29 años que había laborado para la entidad siendo destituido con base en pruebas falsa s, por cuanto el proceso disciplinario inició con una queja prefabricada de conformidad con lo declarado por la señora Peña Garzón el 15 de julio de 2014 ratificada el 21 de abril de 2015.Nulidad y restablecimiento del derecho.

Radicación: 76001-23-33-000-2015-00513-01 (5476-2019)

julio de 2014 ratificada el 21 de abril de 2015.Nulidad y restablecimiento del derecho.

Radicación: 76001-23-33-000-2015-00513-01 (5476-2019)

Demandante: Acuavalle S.A E.S.P

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Sostuvo que si la queja aparece firmada por otra persona carece de valor probatorio y no surte efecto legal.

Agregó que también existió violación del debido proceso en relación con la notificación de la Resolución No. 000020 de 2014 , por cuanto la entidad nunca dio cumplimiento al numeral segundo del resuelve, toda vez que el disciplinado no compareció a la audiencia del 10 de julio de 2014 .

Expuso que el señor ORTEGA MARTÏNEZ no fue notificado personalmente de la citada resolución ni por aviso pero s í recibió la Resolución No. 000303 del 10 de octubre de 2014.

Concluyó que existió el delito de falsedad ideológica en documento público por funcionarios de la entidad, violación al debido proceso e indebida notificación del acto administrativo, por lo que se está ante la expedición irregular del mismo.

2. 4. Contestación de la demanda .

La Sociedad de Acueductos y Alcantarillados del Valle del Cauca S.A. E.S.P. “ ACUAVALLE S.A. E.S.P , por medio de apoderad o judicial, se opuso a las pretensiones de la demanda 2 con

La Sociedad de Acueductos y Alcantarillados del Valle del Cauca S.A. E.S.P. “ ACUAVALLE S.A. E.S.P , por medio de apoderad o judicial, se opuso a las pretensiones de la demanda 2 con fundamento en l os siguientes argumentos :

Expuso que al señor ORTEGA MARTÍNEZ se le inició proceso disciplinario de manera escritural el 21 de noviembre de 2011 con la indagación preliminar, después de recaudadas las pruebas se profirió el auto No. 54 -2012 de 2013 mediante el cual se dio aplicación al procedimiento verbal y se citó a audiencia por cumplirse los presupuestos sustanciales del artículo 175 del Código Disciplinario Único , CDU.

2 Folios 139 al 148 del expediente.Nulidad y restablecimiento del derecho.

Radicación: 76001-23-33-000-2015-00513-01 (5476-2019)

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6 Explicó qu e en las audiencias de la primera instancia el disciplinado y su apoderado participaron activamente hasta que se emitió la decisión sancionatoria, la cual apelaron.

Adujo que el Gerente de Acuavalle S.A E.S.P como operador de segunda instancia citó al dis ciplinado y a su apoderado para darles a conocer la decisión que resolvía el recurso de apelación para el día 24 de febrero de 2014.

segunda instancia citó al dis ciplinado y a su apoderado para darles a conocer la decisión que resolvía el recurso de apelación para el día 24 de febrero de 2014.

Agregó que ese día dejaron constancia de que si se llevaba la primera instancia de manera oral se debía hacer de la misma forma la segunda instancia desconociendo lo establecido por el artículo 180 del CDU.

No obstante, sostuvo que en aras de garantizar el debido proceso se les volvió a citar mediante comunicación del 17 de junio de 2014 para audiencia de juzgamiento que se celebraría el 10 de julio del mismo año, audiencia a la que no asistieron , por lo que se dio lectura a la decisión de segunda instan cia y si bien es ci erto , el acto administrativo señaló una forma de notificación no puede pasarse por alto que la ley determina el procedimiento en el artículo 106 del CDU.

Manifestó que el argumento relacionado con que la queja y su ampliación no fueron firmadas por la señora Nancy Peña solo se presentó en abril de 2015, es decir, después de presentada la conciliación, por lo que es tos hechos no fueron considerados en la mis ma.

Además, mencionó que dichas aseveraciones carecen de certeza, pues la queja s í fue presentada por la señora Nancy Peña ante funcionarios de la entidad y posteriormente para la ampliación se dirigió a las oficinas de ACUAVALLE en la ciudad de Cali .

Adicionó que la decisión de sancionar se fundamentó en otras pruebas y testimonios desconociendo los motivos por los que la quejosa se retractó de las denuncias.Nulidad y restablecimiento del derecho.

Adicionó que la decisión de sancionar se fundamentó en otras pruebas y testimonios desconociendo los motivos por los que la quejosa se retractó de las denuncias.Nulidad y restablecimiento del derecho.

Radicación: 76001-23-33-000-2015-00513-01 (5476-2019)

Demandante: Acuavalle S.A E.S.P

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7 Presentó las siguientes excepciones:

(i) Carencia de objeto . Sostuvo que el fundamento de la sanción del actor fue probado durante la investigación en la cual se garantizó el debido proceso, fue juzgado en normas preexistentes, por funcionario competente y observando la plenitud de formas del disciplinario contenidas en la Ley 734 de 2002. (ii) Innominada .

2. 5. Decisiones relevantes en la audiencia inicial 3

Inicialmente , es preciso advertir que la demanda fue rechazada respecto a la Resolución No. 000303 del 10 de octubre de 2014 por tratarse de un acto de ejecución que no es pasible de control jurisdiccional.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca advirtió que la excepción denominada carencia de objeto constituye un argumento de defensa , por lo cual no será tratada como tal y frente a la innominada no encontró probada ninguna que deba ser declarada de oficio.

La decisión de excepciones no fue objeto de recurso.

de defensa , por lo cual no será tratada como tal y frente a la innominada no encontró probada ninguna que deba ser declarada de oficio.

La decisión de excepciones no fue objeto de recurso.

El litigio fue fijado así:

“El problema jurídico a resolver es:

¿La entidad demandada - ACUAVALLE S.A E.S.P, dio aplicación al debido proceso administrativo dentro del proceso sancionatorio seguido al señor Víctor Hugo Ortega Martínez?

De no ser así¿ El señor Víctor Hugo Ortega Martínez, tiene derecho a ser reintegrado a la entida d y al pago de los emolumentos reclamados?

3 Folios 165 al 172 del expediente.Nulidad y restablecimiento del derecho.

Radicación: 76001-23-33-000-2015-00513-01 (5476-2019)

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Si se exige que hay coherencia aboslouta (sic) entre los hechos de la conciliación prejudicial y de los hechos de la demanda.

-A partir de cuando se debe entender estructurado el daño, si es partir del 6 de mayo de 2013 en que se desvinculó el actor o cuando se notificaron los actos de este proceso .”

2. 6. La sentencia apelada 4

El Tribunal Administrativo de l Valle del Cauca por medio de la

actor o cuando se notificaron los actos de este proceso .”

2. 6. La sentencia apelada 4

El Tribunal Administrativo de l Valle del Cauca por medio de la sentencia de l 15 de mayo de 2019 negó las pretensiones de la demanda, con base en los argumentos que se resumen a continuación:

Señaló que la investigación disciplinaria al señor VICTOR HUGO ORTEGA MARTÍNEZ cumplió las etapas propias del juicio , garantizó el debido proceso y el derecho de contradicción. Como fundamento de la decisión expuso , entre otros, los siguientes temas:

Coherencia absoluta entre los hechos de la conciliación prejudicial y de los hechos de la demanda. Explicó que de la comparación entre las pretensiones y los hechos e xpuestos en la solicitud de conciliación prejudicial y las consignadas en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho se observa que si bien no son iguales existe congruencia entre los dos escritos, toda vez que la Procuraduría 58 Judicial II orde nó la adecuación de algunos aspectos.

Falsa queja instaurada por la señora Nancy Peña Garzón . Sostuvo que después de escuchar la declaración rendida el 28 de junio de 2016 por la usuaria del servicio prestado por ACUAVALLE no queda la menor duda de la situación irregular que se presentó entre ella y el demandante relativa a la entrega de dinero para pagar

4 Folios 294 al 303 del expediente.Nulidad y restablecimiento del derecho.

Radicación: 76001-23-33-000-2015-00513-01 (5476-2019)

entre ella y el demandante relativa a la entrega de dinero para pagar

4 Folios 294 al 303 del expediente.Nulidad y restablecimiento del derecho.

Radicación: 76001-23-33-000-2015-00513-01 (5476-2019)

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9 una factura de agua y así evitar el corte.

Además, expresó que está objetivamente demostrado que la usuaria hizo presencia en las instalaciones de la entidad y narró unos hechos que involucraban una actuación irregular de un funcionario y firmó un documento en el que constaba dicha situación, lo que no se enerva por la manifestación de la señora Peña Garzón de no querer poner la queja.

Así las cosas, precisó que independientemente del medio por el cual la entidad tuvo conocimiento del comportamiento del fu ncionario no podía hacer caso omiso de l hecho , pues se evidenciaba un actuar irregular de un servidor.

Además, explicó que si bien el proceso se inició por la información de la usuaria, el investigador dejó constancia en el auto de apertura que ésta se r etractaba o desistía pero que era su obligación investigar, pues el servidor público no podía recibir dinero a ningún título para realizar actividades relacionad as con la función que cumple .

De otra parte, afirmó que el reproche frente a la existencia de la queja resulta irrelevante teniendo en cu enta la naturaleza p ública

título para realizar actividades relacionad as con la función que cumple .

De otra parte, afirmó que el reproche frente a la existencia de la queja resulta irrelevante teniendo en cu enta la naturaleza p ública de la acción disciplinaria y la obligación del operador de adelantar la investigación aun de oficio .

Agregó que los hechos que se alegan deben se r probados y la parte actora omitió tal carga solo reposa en el expediente una denuncia sin conocer su desenlace.

Actuación administrativa disciplinaria. Fallo de Segunda instancia expedido de forma escrita e indebida notificación del mismo. Manifestó que está probado en el expediente que se dispuso aplicar el procedimiento verbal a la investigación adelantada al señor ORTEGA MARTÍNEZ .Nulidad y restablecimiento del derecho.

Radicación: 76001-23-33-000-2015-00513-01 (5476-2019)

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10 De otro lado, afirmó que el 5 de febrero de 2014 mediante la Resolución No. 000020 el Gerente de ACUAVALL E S.A E.S.P profirió decisión de segunda instancia de acuerdo al procedimiento escrito confirmando la resolución emitida por el operador disciplinario de primer grado disponiendo notificar en audiencia y personalmente a los sujetos procesales; y para el efecto citó al investigado en un término de 8 días contados a partir del envió de

escrito confirmando la resolución emitida por el operador disciplinario de primer grado disponiendo notificar en audiencia y personalmente a los sujetos procesales; y para el efecto citó al investigado en un término de 8 días contados a partir del envió de la comunicación y le inform ó que si no comparecía lo haría por edicto.

Concluyó que el investigador cumplió las ritualidades establecidas y en consecuencia no le asiste al actor la razón para reclamar que la decisión de segunda instancia se hubiera proferid o de manera oral.

Ahora bien, en relación con la notificación advirtió que aunqu e en la parte resolutiva de la resolución se incurrió en una imprecisión al señalar que se realizaría por edicto si no se hicier a de manera personal , lo cierto es que al regirse por el procedimiento verbal es aplicable el artículo 177 de la Ley 734 de 2002 que contempla que las decisiones se notifican por estrados , lo que es más garantista que lo reclamado por el demandante.

En ese orden de ideas, mencionó que la parte actora debe asumir las consecuencias de su inasistencia a la audiencia en la que se dio lectura de la decisión sancionatoria.

2. 7. Recurso de apelación .

La parte demanda nte apeló 5 la anterior decisión , y solicitó que se revoque el fallo de primera instancia y se acceda a las pretensiones de la demanda con base en los argumentos que a continuación se resumen:

5 Folios 309 al 316 del expediente.Nulidad y restablecimiento del derecho.

Radicación: 76001-23-33-000-2015-00513-01 (5476-2019)

resumen:

5 Folios 309 al 316 del expediente.Nulidad y restablecimiento del derecho.

Radicación: 76001-23-33-000-2015-00513-01 (5476-2019)

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11 Manifestó que la queja presentada esta viciada de falsedad material y que la firma de la misma así como la ampliación y ratificación no son de la autoría de la señora Peña Garzón como ella lo expreso .

Expuso que el a quo fall ó con base en la prueba que es fabricada para desvincular al actor y no se pronunció sobre la falsedad de la misma siendo su obligación profundizar y por ejemplo, oficiar a la Fiscalía. Agregó que el Tribunal se limitó a decir que se había firmado un documento sin advertir la falsificación de la rúbrica en el mismo.

De otro lado , expresó que el a quo no entendió que la discusión se centra en la falsedad de la queja y no en el hecho ocurrido desconociendo que esa verdad surgió después de terminado el proceso disciplinario siendo la suplantación lo que origina la demanda.

Adicionó que el Tribunal hace creer que los funcionarios iniciaron la queja de oficio cuando no es verdad , toda vez que lo que hicieron fue falsificarle la firma con otro documento que lograron que suscribiera.

Aclaró que las pruebas deben ser valoradas p or el juez de manera

la queja de oficio cuando no es verdad , toda vez que lo que hicieron fue falsificarle la firma con otro documento que lograron que suscribiera.

Aclaró que las pruebas deben ser valoradas p or el juez de manera conjunta y que así debe plasmarse en la sentencia para garantizar el derecho de las partes que discuten la verdad del hecho ocurrido,

Así las cosas, consider ó que si se acusa de falsa una prueba debe ser minuciosamente estudiada en la sentencia.

Hizo referencia a que la entidad obliga a la señora Peña Garzón a pasar con el cuestionado funcionario Reinelio Colonia Galarza con el único fin de que firmara el documento y obtener la ilegal queja en contra del señor ORTEGA MARTÍNEZ.

Mencionó que en menos de dos años le iniciaron al demandante un sin número de procesos disciplinarios , los cuales relacionó, comoNulidad y restablecimiento del derecho.

Radicación: 76001-23-33-000-2015-00513-01 (5476-2019)

Demandante: Acuavalle S.A E.S.P

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12 lo declaró el señor Pérez Manquillo, investigaciones que se adelantaron sin ninguna razón para sacar a la fuerza al señor

ORTEGA MARTÍNEZ.

2. 8. Alegatos de conclusión en segunda instancia .

El demandante 6 insistió en los argumentos presentados en el recurso de apelación y agregó que el a quo desconoció también el

ORTEGA MARTÍNEZ.

2. 8. Alegatos de conclusión en segunda instancia .

El demandante 6 insistió en los argumentos presentados en el recurso de apelación y agregó que el a quo desconoció también el escrito allegado el 23 de mayo de 2018 que se referenció como complemento de los alegatos de conclusión en el que se acompañó una declaración extra juicio en la que el señor ORTEGA MARTÍNEZ relató hechos relacionados con la inexistencia de su firma en algunos documentos.

Concluyó que se (i) falló con una prueba controvertida , (ii) los funcionarios que adelantaron el proceso también fueron cuestionados , (iii) la presunta quejosa negó que sea su firma y (iv) existe declaración en el plenario de la señora María Elma Nelly Viafara en la que declara que la queja se instaur ó contra el actor impulsada por los funcionarios Daniel Jiménez y Liliana Pinto.

Finalizó afirmando que al demandante afrontó amenazas del grupo guerrillero de las FARC -EP por presun tos atropellos en el desarrollo de su trabajo cuando lo único que tiene en Florida son amigos.

La entidad demandada 7 presentó alegatos de conclusión solicitando la confirmación del fallo de primera instancia y afirmó que en el proceso disciplinario adel antado contra el demandante se dieron todas las garantías procesales y se respetó el debido proceso permitiéndole al investigado actuar en todas las etapas acompañado de su apoderado de confianza.

Agregó que en la investigación disciplinaria el actor nunca objetó la queja y la ratificación realizada por la señora Nancy Peña Garzón

acompañado de su apoderado de confianza.

Agregó que en la investigación disciplinaria el actor nunca objetó la queja y la ratificación realizada por la señora Nancy Peña Garzón

6 Folios 345 al 348 del expediente. 7 Folios 343 y 344 del expediente .Nulidad y restablecimiento del derecho.

Radicación: 76001-23-33-000-2015-00513-01 (5476-2019)

Demandante: Acuavalle S.A E.S.P

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia

13 al contrario admitió los hechos sucedidos y con fundamento en ello se tomaron las decisiones sancionatorias.

Expuso que el actor pretende con declaraciones extra proceso y denuncias de amenazas presentadas después de la audiencia de conciliación fundamentar un proceso contencioso acusando a la entidad por haber falsificado una firma sin presentar ninguna prueba.

El Ministerio Púb lico 8 guard ó silencio.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia .

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ,9 el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.

3.2. Problema jurídico .

De acuerdo con los argumentos presentados por la parte demanda nte en el recurso de apelación, esta Sala deberá determinar s i los actos administrativos acusados se encuentra n

3.2. Problema jurídico .

De acuerdo con los argumentos presentados por la parte demanda nte en el recurso de apelación, esta Sala deberá determinar s i los actos administrativos acusados se encuentra n viciado s de nulidad por haberse expedido con violación al debido proceso por indebida valoración probatoria.

8 Folio 373 del expediente. 9 El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, as í como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.Nulidad y restablecimiento del derecho.

Radicación: 76001-23-33-000-2015-00513-01 (5476-2019)

Demandante: Acuavalle S.A E.S.P

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia

14 Del asunto a examinar surge el siguiente problema jurídico:

  • ¿Existió violación al debido proceso al sancionarse al actor fundamentándose en una queja cuya firma aparentemente está falsificada ?

Con el anterior fin, deberá analizarse : (i) el control integral del juez contencioso adminis trativo respecto de los actos administrativos

fundamentándose en una queja cuya firma aparentemente está falsificada ?

Con el anterior fin, deberá analizarse : (i) el control integral del juez contencioso adminis trativo respecto de los actos administrativos disciplinarios ; y (i i) el análisis sustancial del caso concreto .

3. 3 Marco normativo y Jurisprudencial.

3. 3.1 Control integral del juez contencioso administrativo respecto de los actos administrativos disciplinarios.

Inicialmente, con el fin de decidir esta controversia, es pertinente hacer alusión al alcance del juicio de legalidad que el juez administrativo debe adelantar respecto de los actos administrativos de carácter disciplinario .

Al respecto, destaca la Sala que, de conformidad con la sentencia de unificación de 9 de agosto de 2016 10 proferida por la Sala Plena de esta Corporación , el control que debe ejercer el juez administrativo sobre los actos de la administración que sean de carácter disciplinario , debe ser un control integral, en la medida en que la actividad de este juez «supera el denominado control de legalidad, para en su lugar hacer un juicio sustancial sobre el acto administrativo sancionador, el cual se realiza a la luz del ordenamiento constitucional y legal, orientado por el prisma de los derechos fundamentales » y se concreta en los siguientes postulados:

10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 9 de agosto de 2016, radicado 12 10-2011, demandante: Piedad Esneda Córdoba Ruíz, demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación.Nulidad y restablecimiento del derecho.

de 9 de agosto de 2016, radicado 12 10-2011, demandante: Piedad Esneda Córdoba Ruíz, demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación.Nulidad y restablecimiento del derecho.

Radicación: 76001-23-33-000-2015-00513-01 (5476-2019)

Demandante: Acuavalle S.A E.S.P

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia

15 «1) La competencia del juez administrativo es plena, sin “deferencia especial ” respecto de las decisiones adoptadas por lo s titulares de la acción disciplinaria. 2) La presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar a la de cualquier acto administrativo. 3) La existencia de un procedimiento disciplinario ex tensamente regulado por la ley, de ningún modo restringe el control judicial. 4) La interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en sede disciplinaria, es controlable judicialmente en el marco que impone la Constitución y la ley. 5) Las irregu laridades del trámite procesal, serán valoradas por el juez de lo contencioso administrativo, bajo el amparo de la independencia e imparcialidad que lo caracteriza. 6) El juez de lo contencioso administrativo no sólo es de control de la legalidad, sino también garante de los der

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