CE - 012333000201500528011SENTENCIA20230518140401

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá, D.C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.

Radicación: 76001 -23 -33 -000 -2015 -00528 -01 ( 4359 -2017 ).

Demandante: Amparo Mesa de Correa Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la

Protección Social.

Temas: Pensión gracia. Tipo de vinculación. Ley 1437 de 2011.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demanda da contra la sentencia de 6 de julio de 201 7, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca , que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. Pretensiones de la demanda. 1

Amparo Mesa de Correa , por intermedio de apoderado judicial, solicitó declarar la nulidad de las Resoluciones RDP 030778 de 9 de octubre de 201 4 y RDP 038028 de 16 de diciembre de 201 4,

solicitó declarar la nulidad de las Resoluciones RDP 030778 de 9 de octubre de 201 4 y RDP 038028 de 16 de diciembre de 201 4, proferidas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, por medio de las cuales le negó el reconocimiento y pago de una pensión gracia y resolvió el recurso de apelación de forma negativa.

1 Folios 1 y 2 del expediente.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 76001 -23 -33 -000 -2015 -00528 -01

Demandante: Amparo Mesa de Correa

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 2 Como restablecimiento del derecho, pidió condenar a la UGPP a conceder la pensión gracia, liquidada con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año de servicio, debidamente indexados aplicando el índice de precios a l consumidor desde el momento en que se haga el reconocimiento de la pensión hasta el pago efectivo de la misma.

1.2. Hechos que fundamentan la demanda.

Relató que nació el 9 de abril de 19 49 , razón por la cual el 9 de abril de 1999 cumplió 50 años de edad, y prestó sus servicios como docente nacionalizada desde el 6 de julio de 1977 hasta el 31 de diciembre de 2004 en el departamento del Valle del Cauca.

de 1999 cumplió 50 años de edad, y prestó sus servicios como docente nacionalizada desde el 6 de julio de 1977 hasta el 31 de diciembre de 2004 en el departamento del Valle del Cauca.

Señaló que el 27 de mayo de 2014 solicitó el reconocimiento y pago de la pensión gracia ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, petición que fue resuelta de manera negativa con las Resoluciones RDP 030778 de 9 de octubre de 2014 y RDP 038028 de 16 diciembre del mismo añ o.

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración.

Como concepto de violación, argumentó que la entidad demandada inaplicó las siguientes disposiciones normativas: artículos 1, 2, de la Ley 114 de 1913 ; Ley 60 de 1993 ; Ley 4 de 1992; Ley 115 de 1994; artículos 25,53,58 y numeral 1 del artículo 150 de la Constitución Política de Colombia; artículo 15 de la Ley 91 de 1989; artículos 25 y 27 del Código Civil.

Sostuvo que no es aceptable el argumento expuesto por la UGPP , en el sentido de señalar que no se aportó la totalidad de l as pruebas requerid as para poder estudiar si le asiste o no el derecho al reconocimiento de la pensión gracia .Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 76001 -23 -33 -000 -2015 -00528 -01

Demandante: Amparo Mesa de Correa

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o

Radicado : 76001 -23 -33 -000 -2015 -00528 -01

Demandante: Amparo Mesa de Correa

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 3 Lo anterior, por cuanto adjuntó todos los decretos a través de los cuales fue nombrad a como maestra en el departamento del Valle del Cauca , con los que demostró el cumplimiento de los 20 años de servicio s como docente nacionalizada , así como la vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 , además de cumplir con el requisito de 5 0 años de edad.

1.4 Contestación de la demanda.

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP 2, por intermedio de apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda. Señaló que según consta en Certificado de Historia Laboral 4.017 de 30 de noviembre de 2000, la vinculación de la demandante a partir del 16 de enero de 1 99 5 fue de c arácter nacional y, en consecuencia , no es dable acceder favorablemente a las súplicas de la demanda , por cuanto no se demostró el cumplimiento del requisito de 20 años de servicio como docente oficial de orden departamental, municipal o distrital.

Propuso como excepciones: (i) inexistencia de la obligación; (ii) ausencia de vicios en los actos administrativos demandados ; y (iii) prescripción.

1.5 Trámite en primera instancia.

Propuso como excepciones: (i) inexistencia de la obligación; (ii) ausencia de vicios en los actos administrativos demandados ; y (iii) prescripción.

1.5 Trámite en primera instancia.

En acatamiento al artículo 180 del CPACA, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 4 de abril de 201 63, celebró audiencia inicial, en la cual se fijó el litigio de la siguiente manera:

«[…]

¿Si la señora Amparo Mesa de Correa cumple con el requisito de haber laborado 20 años o más al servicio de la docencia2 Folios 70 al 74 del expediente. 3 Folios 84 al 89 del expedienteNulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 76001 -23 -33 -000 -2015 -00528 -01

Demandante: Amparo Mesa de Correa

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 4 nacionalizado, territorial, municipal o distrital -, para acceder al reconocimiento y pago de la pensión gracia, al terno de lo dispuesto en la Ley 114 de 1913 y demás normas concordantes? ».

1.6 Decisión de primera instancia objeto de apelación. 4

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca e n sentencia de 6 de julio de 2017 accedió a las pretensiones de la demanda . En consecuencia: (i) declaró no probadas las excepciones de mérito denominadas inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido y

julio de 2017 accedió a las pretensiones de la demanda . En consecuencia: (i) declaró no probadas las excepciones de mérito denominadas inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido y ausencia de vicios en los actos acusados; (ii) declaró la nulidad de las Resoluciones RDP 030778 de 9 de octubre de 2014 y RDP 038028 de 16 de diciembre de 2014; (iii) ordenó a la UGPP reconocer y pagar una pensión gracia en favor de la demandante a partir del 9 de abril de 1999 , con efectos fiscales a partir del 27 de mayo de 2011 por prescripción trienal ; y (iv) condenó en costas a la parte demandada.

Al respecto, manifestó que , de acuerdo a los actos administrativos de nombramiento y las actas de posesión, advirtió que fueron expedidos por el departamento del Valle del Cauca y por el alcalde municipal de Cartago, razón por la cual en los términos del numeral 2 del artículo 1 de la Ley 91 de 1989 fueron de carácter nacionalizado.

En ese orden de ideas, la actora al cumplir con los demás requisitos para hacerse beneficiaria de la pensión gracia , esto es, tener más de 50 años de edad y prestar sus servicios como docente por más de 20 años, tiene el derecho al reconocimiento de la pensión gracia.

1.7 Recurso de apelación. 5

La UGPP apeló la decisión de primera instancia , para lo cual manifestó que la demandante no acreditó una vinculación anterior

4 Folios 136 al 139 del expediente. 5 Folios 145 al 148 del expediente.Nulidad y restablecimiento del derecho

manifestó que la demandante no acreditó una vinculación anterior

4 Folios 136 al 139 del expediente. 5 Folios 145 al 148 del expediente.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 76001 -23 -33 -000 -2015 -00528 -01

Demandante: Amparo Mesa de Correa

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 5 al 31 de diciembre de 1980 ni los 20 años de servicios como docente de orden territorial o nacionalizada, por cuanto el nombramiento que os tentó en el año 1994 fue de carácter nacional y, por consiguiente, no le asiste el derecho a la prestación que reclama.

1.8 Trámite correspondiente a la segunda instancia

La UGPP 6 solicitó revocar el fallo de primera instancia , reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación y sostuvo que la vinculación de la demandante a partir del 16 de enero de 1995 fue de carácter nacional de conformidad con la Certificación Laboral 4017 del 30 de noviembre de 2000.

La parte demandante y e l Ministerio Público guard aron silencio.

II. CONSIDERAC IONES

2.1. Competencia.

De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 7, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso 8, la competencia del

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 7, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso 8, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos expuestos por el apelante; en el caso de la referencia, se observa que únicamente la parte demanda da presentó recurso de alzada, razón por la cual la competencia se encuentra limitada a los argumentos expuestos en el mencionado recurso.

6 Folio 197 y 198 del expediente 7 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]». 8 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apel ante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 76001 -23 -33 -000 -2015 -00528 -01

Demandante: Amparo Mesa de Correa

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 6 2.2. Problema jurídico

Considera esta Sala de Subsección que el estudio y posterior decisión debe centrar se en establecer lo siguiente:

¿Amparo Mesa Correa en su calidad de docente oficial , tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión gracia ?

Considera esta Sala de Subsección que el estudio y posterior decisión debe centrar se en establecer lo siguiente:

¿Amparo Mesa Correa en su calidad de docente oficial , tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión gracia ?

2.3. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto 2.3.1. La pensión gracia

La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1 de la Ley 114 de 1913 en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de 20 años.

En ese sentido, respecto de los condicionant es para acceder a la pensión gracia, la Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su reconocimiento, además de los 20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse desempeñado en los empleos con honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años de edad. Por su parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya vinculado al servicio oficial con anterioridad al 1 de enero de 1981.

docente se haya vinculado al servicio oficial con anterioridad al 1 de enero de 1981.

Posteriorment e, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la pensión gracia a los empleados y profesores de las escuelas normales, junto a los inspectores de instrucción pública. De manera que autorizó la suma de los servicios prestados en diversas épocas al computar los años en la enseñanza primaria, la normalista y la inspección, con el fin de completar el tiempo requerido para acceder a la pensión.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 76001 -23 -33 -000 -2015 -00528 -01

Demandante: Amparo Mesa de Correa

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 7 Más adelante, con la Ley 37 de 1933 , el beneficio gratuito de la pensión gracia se hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren completado el tiempo de servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.

Luego, se expidió la Ley 91 de 1989 , en cuyo artículo 1, distinguió

establecimientos de enseñanza secundaria.

Luego, se expidió la Ley 91 de 1989 , en cuyo artículo 1, distinguió entre los conceptos de docente «naciona l» y «nacionalizado», así:

«Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos: Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional . Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975. Personal territorial . Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial , a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.» [Negrillas fuera de texto].

El numeral 2 del artículo 15 de la mencionada ley limitó el reconocimiento de la pensión gracia para los docentes al establecer:

«Artículo 15 . A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule

establecer:

«Artículo 15 . A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones: […]

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reco nocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos . Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación. […]»Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 76001 -23 -33 -000 -2015 -00528 -01

Demandante: Amparo Mesa de Correa

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 8

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 8 De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que la pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que, en virtud de sus condicionant es, esta solo está prevista para los de carácter territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de los docentes nacionales. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S-699 del 26 de agosto de 1997 señaló:

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a te ner derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].» 9

Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la

totalidad de requisitos”. […].» 9

Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de unificación CE -SUJ2 -011 -18 del 21 de junio de 2018 10 previó las sig uientes pautas jurisprudenciales:

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas . ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones , por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991. iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por concepto

1. La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por concepto del situado fiscal , sino que también correspondía a los entes

9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S -699 de 26 de agosto de 1997. 10 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radi cación 25000 -23 -42 -000 -201304683 -01 (3805 -2014).Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 76001 -23 -33 -000 -2015 -00528 -01

Demandante: Amparo Mesa de Correa

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 9 locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artícul os 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988). iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados 12 , resulta factible colegir de man era razonada que lo propio acontecía con algunas de las

gastos que generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados 12 , resulta factible colegir de man era razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal — como de las enti dades territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas . v) Por tanto, no es dable inferir que lo s docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional com o miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo regional , así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal 13 ; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.

cargo junto con la disponibilidad presupuestal 13 ; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación. vi) Prueba de calidad de docente territorial . Se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial. vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora . Lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exóge nas —

el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exóge nas — situado fiscal — cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales ; y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal , hoy sistema general de participaciones .» (Resaltado del texto original)Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 76001 -23 -33 -000 -2015 -00528 -01

Demandante: Amparo Mesa de Correa

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 10 Por último, en reciente sentencia de unificación SUJ -030 -CE -S22022 del 11 de agosto de 2022 la Sección Segunda, incorporó adicionalmente como regla jurisprudencial sobre la interpretación del art ículo 15, numeral 2, literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que:

«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando

«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento». 11

Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede administrativa como judicial.

Así las cosas y según las preceptivas expuestas, queda claro que para acceder al reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar la labor docente durante 20 años en establecimientos oficiales, departamentales o municipales, en primaria o en secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o en calidad de docent e nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar tiempos en uno y otro cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y demuestre cumplir con los demás requisitos exigidos por la Ley 11 4 de 1913.

2. 4 Actuación administrativa

31 de diciembre de 1980 y demuestre cumplir con los demás requisitos exigidos por la Ley 11 4 de 1913.

2. 4 Actuación administrativa

El 27 de mayo de 20 14 , la señora Amparo Mesa de Correa presentó solicitud de reconocimiento y pago de una pensión gracia ante la UGPP . La entidad profirió la Resolución RDP 030778 del 9 de

11 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001 -23 -33 -000 -201600278 -01 (3018 -2017).Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 76001 -23 -33 -000 -2015 -00528 -01

Demandante: Amparo Mesa de Correa

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 11 octubre de 201 4, por medio de la cual le indicó a la actora que no se aportaron los documentos necesarios para proceder al estudio de fondo y al considerar que la carga probatoria es exclusiva del peticionario, resolvió negar la prestación reclamada.

Contra la anterior decisi ón , la demandante interpuso recurso de apelación , el cual fue resuelto de forma negativa por la UGPP a través de la Resolución RDP 038028 de 16 de diciembre de 201 4, al considerar que la apelante no allegó ningún argumento fáctico ni legal que varíe la decisión reprochada.

2.5 Análisis probatorio.

al considerar que la apelante no allegó ningún argumento fáctico ni legal que varíe la decisión reprochada.

2.5 Análisis probatorio.

Revisado el expediente, y con el objeto de resolver el problema jurídico planteado, la Sala encuentra como probado que Amparo Mesa de Correa nació el 9 de abril de 19 49 12, razón por cual el 9 de abril de 1999 cumplió 50 años.

2.5.1. Vinculación entre el 22 de abril de 197 7 y el 15 de enero de 1995.

A través del Decreto 0890 de 1977 el gobernador del departamento del Valle del Cauca nombró a la señora Amparo Mesa de Correa como docente en el Subcentro de Capacitación Popular de Adultos de Cartago, a saber:

«DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

DECRETO NÚMERO 0890 DE 1977

JUNIO 06

Por el cual se hacen unos nombramientos en Educación de Adultos.

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, En uso de sus facultades legales,

DECRETA:

(…)

12 Folio 41 del expediente .Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 76001 -23 -33 -000 -2015 -00528 -01

Demandante: Amparo Mesa de Correa

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 12

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 12 ARTÍCULO SEGUNDO. - Nómbrese a AMPARO MESSA (sic) CORREA, profesora de Comerciales de medio tiempo en el Sub-centro de capacitación Popular de Adultos de Cartago, en reemplazo de Hercilia Montoya Correa, quien renunció. Asignación mensual $1.587.00

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Santiago de Cali, a los seis (6) días del mes de junio de mil novecientos setenta y siente (1977).

CARLOS HOLGUIN SARDI MARÍA DEL SOCORRO B. DE

LENGUA

GOBERNADOR SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL». 13

Sobre el particular , se tiene que el gobernador del departamento del Valle del Cauca vinculó a la señora Amparo Mesa de Correa como docente del Subcentro de Capacitación Popular de Adultos 14 a través del Decreto 08 90 de 1977 , posesionada el 6 de julio de 197 7 con vigencia de sde el 22 de abril de 1977 hasta el 15 de enero de 19 9515, situación que además se encuentra comprobada en el certificado de tiempos de servicio 16 expedido por la Alcaldía de l municipio de Cartago , así:

«REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

ALCALDÍA DE CARTAGO

NIT. 891900493-2

CERTIFICADO DE TIEMPO DE SERVICIOS

Cartago , así:

«REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

ALCALDÍA DE CARTAGO

NIT. 891900493-2

CERTIFICADO DE TIEMPO DE SERVICIOS

FECHA: 28-NOV-08

NOMBRE: AMPARO MESA DE CORREA CÉDULA: 29.393.897

CARÁCTER: NACIONAL

EN: CARTAGO DÍA AÑO MES DESDE: 22-ABR-77 17 8 24

HASTA: 15-ENE-95

CARGO: PROFESORA

DECRETO: 890 08-JUN-17 TIPO: NOMBRAMIENTO MEDIO TIEMPO

INSTITUCIÓN: SUBCENTRO DE CAPACITACIÓN POPULAR DE

AGULTOS».

Ahora bien, sobre las vinculaciones de los docentes que ejercieron su labor en centros de enseñanza para adultos, esta Sala de

13 Folio 37 del expediente 14 15 Acta de posesión obrante a folio 38 del expediente 16 Folio 118 del Cd obrante a folio 64 del expedienteNulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 76001 -23 -33 -000 -2015 -00528 -01

Demandante: Amparo Mesa de Correa

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 13 Subsección 17 ha considerado que los tiempos de servicios en los cuales se ejerció la labor docente para la alfabetización, son computables para efectos de acceder a la pensión gracia, en la

Bogotá D.C. – Colombia 13 Subsección 17 ha considerado que los tiempos de servicios en los cuales se ejerció la labor docente para la alfabetización, son computables para efectos de acceder a la pensión gracia, en la medida que , fue reglamentada a través de los Decreto s 1830 de 1966 y 378 de 1970 , en el primero de ellos se reguló la educación para las personas mayores y, en el segundo, se estableció la educación primaria para esta población en todo el territorio nacional . Además, el artículo 2 del Decreto 2277 de 1979, dispuso que el ejercicio de la profesión docente incluye la alfabetización de adultos.

Dilucidado lo anterior, d el análisis del acto administrativo y el certificado laboral referenciado, lo necesario para determinar si la docente tiene el derecho o no al reconocimiento de la pensión gracia, es lo siguiente: ocurrió antes del 31 de diciembre de 1980, lo que por regla general correspondería a un nombramiento territorial o nacionalizado, pues la educadora fue nominada por disposición de la autoridad local (gobernador del departamento del Valle del Cauca), sin que obrara referencia a alguna ley que permita inferir que su designación se realizaba en nombre de la Nación y, además, tuvo como finalidad ocupar una plaza docente en ese departamento.

Ahora, en lo que corresponde a determinar cuándo un docente es de carácter territorial o nacionalizado, resulta relevante destacar que la Corte Constitucional, en sentencia C -084 de 1999, al analizar la constitucionalidad del artículo 15, numeral 2, literal b), de la Ley 91 de 1989, precisó que antes de la nacionalización de la educación

Corte Constitucional, en sentencia C -084 de 1999, al analizar la constitucionalidad del artículo 15, numeral 2, literal b), de la Ley 91 de 1989, precisó que antes de la nacionalización de la educación que se surtió conforme a la Ley 43 de 1975, los docentes se dividían sólo en dos categorías, así: (i) nacionales; y (ii) territoria