CE - 012333000201500531011SENTENCIA20230510122854

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D.C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintitrés (202 3)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 08001 -23 -33-000 -201 5-00531 -01 (6018 -20 18)

Demandante: GABRIEL EDUARDO APREZA ISAZA

Demandado: DISTRITO ESPECIAL , INDUSTRIAL Y

PORTUARIO DE BARRANQUILLA -CONTRALORÍA

DISTRITAL DE BARRANQUILLA .

Tema: Cesantías definitivas de los empleados públicos territoriales. Prescripción de la sanción moratoria.

Ley 1437 de 2011 .

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

La Sala de Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado, decide el recurso de apelación interpuesto por parte demandante contra la sentencia del 15 de ju nio de 20 18, proferida por el Tribunal Administrativo de l Atlántico , que declaró probada la excepción de prescripción extintiva del derecho formulada por las entidades públicas demandadas .

I. ANTECEDENTES

1.1. Pretensiones 1.

Administrativo de l Atlántico , que declaró probada la excepción de prescripción extintiva del derecho formulada por las entidades públicas demandadas .

I. ANTECEDENTES

1.1. Pretensiones 1.

El señor Gabriel Eduardo Apreza Isaza , por conducto de apoderado judicial , en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 2, solicitó declarar la nulidad del oficio 130 -005.0010032 -2015 de 29 de abril de 20 15 expedido por el director del Departamento Jurídico (E) la Contraloría Distrital de Barranquilla y

1 Folio 3 del expediente .

2 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso, en adelante CPACA.Nulidad y r establecim iento del derecho Radicación : 08001 -23 -33 -000 -2015 -00531 -01 (6018 -201 8)

Dem andante: Gabriel Eduardo Apreza Isaza

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del acto ficto producto del silencio administrativo negativo del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla ante la petición elevada el 22 de abril de 20 15 , actos por medio de los cuales se le negó el reconocimiento la sanción moratoria por la no consignación oportuna del auxilio de cesantías definitivo.

petición elevada el 22 de abril de 20 15 , actos por medio de los cuales se le negó el reconocimiento la sanción moratoria por la no consignación oportuna del auxilio de cesantías definitivo.

Como consecuencia de lo anterior, y a t ítulo de restablecimiento del derecho reclamó condenar a las instituciones públic as demandadas a:

1. Reconocer la sanción moratoria desde la fecha en que se hizo exigible la obligación de sufragar la prestación social hasta un día antes del pago efectivo, consistente en un día de salario por cada día de mora , en los términos previstos en el parágrafo 2° de la Ley 244 de 1995 .

1. Actualizar los valores que sean reconocidos de acuerdo al índice de precios al consumidor.

1. Pagar intereses moratorios, según lo preceptuado en los artículos 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011

1. Cancelar las costas procesales y agencias en derecho .

1.2. Hechos relevantes 3.

El apoderado del demandante señaló como fundamentos fácticos de la demanda , los siguientes:

1. El señor Gabriel Eduardo Apreza Isaza laboró en el cargo de técnico, código 401, grado 08 al servicio de la Contraloría Distrital de Barranquilla desde el 14 de noviembre de 200 1 hasta el 1 7 de mayo de 20 02.

2. La autoridad administrativa por medio de la Resolución 0 710 de 1 7 de julio de 20 02 le reconoció y ordenó el pago de unas cesantías definitivas.

2. La autoridad administrativa por medio de la Resolución 0 710 de 1 7 de julio de 20 02 le reconoció y ordenó el pago de unas cesantías definitivas.

3 Folio s 4 y 5 del expediente .Nulidad y r establecim iento del derecho Radicación : 08001 -23 -33 -000 -2015 -00531 -01 (6018 -201 8)

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3. A la fecha de presentación de la demanda 4 la entidad territorial no ha pagado la prestación social reconocida en el acto administrativo precitado , por tal razón no se ha configurado la prescripción .

4. El ciudadano presentó demanda ejecutiva ante la j usticia ordinaria especialidad laboral , la cual es tramitada por el Juzga do Cuarto Laboral del Circuito Judicial de Barranquilla, expediente identificado con el radicado 2005 -00 561.

5. El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla es solidariamente responsable del pago de la sanción, pues los recursos de la Contraloría provienen de dicho ente territorial.

6. El día 22 de abril de 20 15 radicó ante la Contraloría Distrital de Barranquilla y el Distrito de Barranquilla reclamación administrativa con el objeto de obtener el pago sus cesantías definitivas y de la sanción moratoria por el pago extemporáneo

de Barranquilla y el Distrito de Barranquilla reclamación administrativa con el objeto de obtener el pago sus cesantías definitivas y de la sanción moratoria por el pago extemporáneo de éstas , petición resuelta desfavo rablemente por parte del ente de control a través del Oficio 130 -005 -001 -0032 -2015 de 29 de abril del 20 15 y con el acto ficto negativo derivado del silencio de la administración distrital .

1.3. Disposiciones violadas y concepto de violación 5.

Se invocó en la demanda la violación de disposiciones de orden constitucional y legal, a saber: artículos 13 , 29 , 53 y 209 de la Constitución Política de 1991 ; 1°, parágrafo, 2 °, parágrafo, 3 ° y 4 ° de la Ley 244 de 1995 , 138 de la Ley 1437 de 2011 y 20 del Código de Procedimiento Civil .

Al desarrollar el concepto de violación explicó que las autoridades administrativas quebrantaron preceptos constitucionales y legales por negarse a expedir el acto administrativo que reconozca la sanción moratoria reclamada dado que se causó la penalidad contemplada en la Ley 244 de 1995.

4 16 de octubre de 2015 .

5 Folios 5-7 del expediente .Nulidad y r establecim iento del derecho Radicación : 08001 -23 -33 -000 -2015 -00531 -01 (6018 -201 8)

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De igual forma, señaló que la actuación administrativa no es consecuencia de la ignorancia de las normas superiores, sustantivas y adjetivas que se invocan, ni de la nece sidad económica y financiera de la s entidad es , por el contrario, es producto de la vulneración de derechos consagrados en el artículo 53 de la Carta Política, tales como, la irrenunciabilidad a los derechos mínimos laborales.

1.4. Contestación de la demanda.

La Contraloría de Barranquilla 6, por medio de apoderad o, se opuso a las pretensiones de la demanda por considerar que carecen de fundamentos de derecho , para tal efecto, argumentó que la entidad de control fiscal no es la encargada de cancelar el derecho pretendido, de hecho, el Acuerdo 011 de 2006, expedido por el Concejo Distrital de Barranquilla, creó el Fondo de Cuenta de Liquidaciones del Concejo, Personería, Contralo ría y el Fondo Cuenta de Liquidaciones del Sector Salud de la mencionada entidad territorial, así las cosas, a estos fondos les es imputable el pago.

Por último, invocó la excepción de prescripción extintiva del derecho.

El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla 7, expresó que no tiene legitimación en la causa por pasiva en la medida que la relación laboral se produjo con la Contraloría

derecho.

El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla 7, expresó que no tiene legitimación en la causa por pasiva en la medida que la relación laboral se produjo con la Contraloría Distrital.

Al mismo tiempo, aseveró que la exigibilidad de la sanción moratoria empezó a partir del mes de octubre de 2002, en tal sentido, desde ese instante comienza a contabilizarse el término prescriptivo, de ahí que, para el año 2015, anualidad en la que fue reclamada la penalidad, es notable la extinción del derecho.

1.5. Trámite procesal .

A través de providencia de 4 de marzo de 201 68, el Tribunal Administrativo del Atlántico admitió la demanda de la referencia y ordenó la notificación a las instituciones públicas demandadas.

6 Folios 67 -70 del expediente .

7 Folios 79 -96, ibidem .Nulidad y r establecim iento del derecho Radicación : 08001 -23 -33 -000 -2015 -00531 -01 (6018 -201 8)

Dem andante: Gabriel Eduardo Apreza Isaza

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Por auto de 13 de marzo de 201 7 se fijó como fecha para la audiencia inicial el día 29 del mismo mes y anualidad .

El magistrad o ponente surtió las siguientes etapas: i) declaró

Por auto de 13 de marzo de 201 7 se fijó como fecha para la audiencia inicial el día 29 del mismo mes y anualidad .

El magistrad o ponente surtió las siguientes etapas: i) declaró saneado el proceso; ii) resolvió desfavorablemente la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla ; y iii) fijó el litigio 9 en los siguientes términos:

«[…] el litigio en el presente asunto se contrae a determinar si es procedente o no la declaratoria de nulidad del oficio 130 -005 -0010032 -2015 del 29 de abril de 2015, suscrito por el contralor auxiliar, con funciones de director Departamento Jurídico (E); así como del acto ficto negativo surgido a raíz del silencio del Distrito de Barranquilla ante la petición presen tada por el actor el 22 de abril de 2015.En caso afirmativo, si resulta procedente ordenar, a título de restablecimiento del derecho, en favor del señor GABRIEL EDUARDO APREZA ISAZA, el reconocimiento y pago de la sanción moratoria contemplada en la Ley 24 4 de 1995, por la no cancelación oportuna de las cesantías reconocidas en la Resolución 0710 del 17 de julio de 2002, a partir del vencimiento de los 45 días hábiles siguientes a su ejecutoria; así como la procedencia de los intereses moratorios e indexaci ón reclamados. Así mismo, de accederse a las súplicas, se abordará lo relativo a la prescripción parcial o total de

siguientes a su ejecutoria; así como la procedencia de los intereses moratorios e indexaci ón reclamados. Así mismo, de accederse a las súplicas, se abordará lo relativo a la prescripción parcial o total de los valores que llegaren a reconocerse o por el contrario, de no accederse a la nulidad, por sustracción de materia, mal podría generar rest ablecimiento de derecho alguno »

[Sic en la cita] .

Los sujetos procesales intervinientes estuvieron de acuerdo con la fijación del litigio.

1.6. La sentencia de primera instancia 10.

El Tribunal Administrativo del Atlántico mediante sentencia dictada el 15 de junio de 201 8 declaró probada la excepción de prescripción extintiva del derecho formulada por la Contraloría de Barranquilla y el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla , para tal efecto, sostuvo que las cesantías definitivas se reconocieron a través de la Resolución 0710 de 1 7 de julio de 2002 , penalidad que se hizo exigible el 11 de octubre de 2002 teniendo en cuenta que la notificación del acto administrativo acaeció el 30 de julio de dicho año , sin embargo, cuando se formularon las peticiones de 22 de abril de 20 15 ya se encontraba prescrito el derecho

8 Fo lio s 31 - 34 d el ex ped ie nt e .

9 Ac ta de a udi en cia v isi bl e e n lo s f ol ios 2 16 a 22 0, ib ide m .

10 Folios 272 -285 , ibidem .Nulidad y r establecim iento del derecho

9 Ac ta de a udi en cia v isi bl e e n lo s f ol ios 2 16 a 22 0, ib ide m .

10 Folios 272 -285 , ibidem .Nulidad y r establecim iento del derecho Radicación : 08001 -23 -33 -000 -2015 -00531 -01 (6018 -201 8)

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Finalmente, con base a lo preceptuado en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el numeral 8° de l artículo 365 del Código General del Proceso, no se condenó en costas al demandante, ya que, no fue comprobada su causación.

1.7. El recurso de apelación 11.

El apoderado del señor Gabriel Eduar do Apreza Isaza presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia , en tal sentido , manifestó lo siguiente:

1. El a quo no tuvo en cuenta que el fenómeno de la prescripción debía contabilizarse desde el instante en el que se pagó el auxilio de cesantías definitivo, adicionalmente, el acuerdo de restructuración de pasivos genera la suspensión de la prescripción y la inoperancia de la caducidad de acuerdo a lo establecido en el numeral 13 del artículo 58 de la Ley 550 de

1999.

2. Dado que el Distrito de Barranquilla se sometió a un proceso

prescripción y la inoperancia de la caducidad de acuerdo a lo establecido en el numeral 13 del artículo 58 de la Ley 550 de 1999.

2. Dado que el Distrito de Barranquilla se sometió a un proceso de restruc turación de pasivos desde el año 2001, el cual culminó finalizando el año 2017, se deduce la suspensión de la prescripción, en consecuencia, era improcedente efectuar su declaración.

3. El ciudadano radicó demanda ejecutiva, repartida al Juzgado Séptimo Lab oral del Circuito de Barranquilla , Despacho Judicial que a través de providencia de 18 de febrero de 2018 12 ordenó librar mandamiento de pago en contra de la Contraloría Distrital de Barranquilla y la entidad territorial, la precitada decisión se dejó sin efectos mediante el auto proferido el 30 de septiembre de 2010 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla, de tal suerte que, como consecuencia del trámite adelantado en sede ejecutiva se infiere la suspensión de la prescripción extinti va del derecho.

11 Folios 293 -298 del expediente .

12 Fu ero n i nd ic ado s el Juz ga do La bo ral y la fe ch a d el aut o que l ibr ó m an da mie nt o d e pag o t al cua l c om o fu e d es cri to po r e l ap el an te en su e sc rit o d e i nco nf or mid ad , p ues , en el he ch o s ex to de l m ed io de c ont ro l s e men ci o nar on un os da to s d if ere nt es .Nulidad y r establecim iento del derecho

en el he ch o s ex to de l m ed io de c ont ro l s e men ci o nar on un os da to s d if ere nt es .Nulidad y r establecim iento del derecho Radicación : 08001 -23 -33 -000 -2015 -00531 -01 (6018 -201 8)

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1.8. Trámite en segunda instancia .

Por autos del 17 de junio de 201 913 y 9 de septiembre de 201 914, el ponente admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y ordenó correr traslado a las partes para alegar de conclusión y al agente del ministerio público para conceptuar en segunda instancia, respectivamente.

La parte demandante 15 y la Contraloría Distrital de Barranquilla 16 reiteraron los argumentos explicados en las intervenciones realizadas ante el juez de primera instancia.

No obstante, el procurador segundo delegado ante el Consejo de Estado guard ó silencio en esta etapa procesal 17.

Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir previas las siguientes ,

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia .

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.

1. Competencia .

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.

Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos expuestos por el apelante. No obstante, en caso de que ambas partes hayan apelado la sentencia, el superior reso lverá sin limitaciones.

En el presente caso, la parte demandante presentó recurso de

13 Folio 316 del expediente .

14 Folio 322 , ibidem .

15 Folios 327 y 328, ibidem .

16 Folios 339 -341, ibidem .

17 As í l o ind ic a el in for me se cr eta ri al vi sto a f oli o 3 42, ib id em .Nulidad y r establecim iento del derecho Radicación : 08001 -23 -33 -000 -2015 -00531 -01 (6018 -201 8)

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apelación, razón por la cual, la competencia de la Sala de Subsección se encuentra limitada a los argumentos expuestos por el apelante único.

2. Problema jurídico .

De acuerdo con los argumentos expuestos por el apelante, la Sala

apelación, razón por la cual, la competencia de la Sala de Subsección se encuentra limitada a los argumentos expuestos por el apelante único.

2. Problema jurídico .

De acuerdo con los argumentos expuestos por el apelante, la Sala debe establecer si procedía declarar probada la excepción de prescripción extintiva del derecho en los términos dispuestos en la sentencia de primera instancia; en caso negativo, determinar s i el señor Gabriel Eduardo Apreza Isaza tiene derecho a la sanción moratoria por el pago inoportuno de sus cesantías definitivas.

Par a resolver lo anterior, la Sala desarrollará el siguiente orden metodológico : i) la sanción moratoria causada por el retardo en el pago de las cesantías definitivas y parciales ; ii) análisis de la Sala; iii ) decisión en segunda instancia ; iv) condena en costas y v) otras órdenes .

3. La sanción moratoria causada por el retardo en el pago de las cesantías definitivas y parciales .

Las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 fijaron los términos para el pago oportuno de las cesantías definitivas y parciales y establecieron las sanciones en caso de incumplimiento.

La Ley 244 del 29 de diciembre de 1995 «Por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones», señalaba el procedimiento para la liquidación y pago de las cesantías definitivas de todos los servidore s públicos, y en el parágrafo del artículo 2 reguló la sanción moratoria causada

disposiciones», señalaba el procedimiento para la liquidación y pago de las cesantías definitivas de todos los servidore s públicos, y en el parágrafo del artículo 2 reguló la sanción moratoria causada por el incumplimiento de la entidad pública empleadora consistente en un día de salario por cada día de retardo hasta el pago efectivo de las mismas, así:

«Parágrafo. - En ca so de mora en el pago de las cesantías de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, paraNulidad y r establecim iento del derecho Radicación : 08001 -23 -33 -000 -2015 -00531 -01 (6018 -201 8)

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lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a éste».

La referida ley fue adicionada y modificada por la Ley 1071 del 31 de julio de 2006, indicando que su objeto es « reglamentar el reconocimiento de cesantías definitivas o parciales a los trabajadores y servidores del Estado, así como su oportuna cancelación» . Igualmente, estip uló el término para la expedición de

reconocimiento de cesantías definitivas o parciales a los trabajadores y servidores del Estado, así como su oportuna cancelación» . Igualmente, estip uló el término para la expedición de la resolución que reconoce las cesantías y la procedencia de la sanción moratoria, en los artículos 4 y 5 que indican:

«Artículo 1º. Términos: Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondien te, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.

Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalánd ole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes. Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.

Artículo 2º. Mora en el pago: La entid ad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestaci ón social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.

Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas

de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestaci ón social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.

Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el fu ncionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este.»

Ahora bien, con el fin de establecer el momento a partir del cual se hace exigible la sanción por mora, la mencionada sentencia de unificación estudió las distin tas hipótesis que pueden presentarse en cuanto a la forma y oportunidad del acto de reconocimiento deNulidad y r establecim iento del derecho Radicación : 08001 -23 -33 -000 -2015 -00531 -01 (6018 -201 8)

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la prestación (acto ficto o expreso, oportuno o extemporáneo), la notificación, interposición de recursos y términos de ejecutoria de dicha actuación, y d eterminó las siguientes reglas jurisprudenciales 18:

la prestación (acto ficto o expreso, oportuno o extemporáneo), la notificación, interposición de recursos y términos de ejecutoria de dicha actuación, y d eterminó las siguientes reglas jurisprudenciales 18:

«SEGUNDO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de Estado para señalar en cuanto a la exigibilidad de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, las siguientes reglas:

1. En el evento en que el acto que reconoce las cesantías definitivas y parciales se expida por fuera del término de ley, o cuando no se profiere; la sanción moratoria corre 70 días hábiles después de radicada la solicitud de reconocimiento, término que corresponde a: i) 15 días para expedir la resolución; ii) 10 días de ejecutoria del ac to; y iii) 45 días para efectuar el pago.

1. Así mismo, en cuanto a que el acto que reconoce la cesantía debe ser notificado al interesado en las condiciones previstas en el CPACA, y una vez se verifica la notificación, iniciará el cómputo del término d e ejecutoria. Pero si el acto no fue notificado, para determinar cuándo corre la ejecutoria, deberá considerarse el término dispuesto en la ley 19 para que la entidad intentará notificarlo personalmente, esto es, 5 días para citar al peticionario a recibir la notificación, 5 días para esperar que compareciera, 1 para entregarle el aviso, y 1 más para perfeccionar el enteramiento por este medio. Por su parte, cuando el peticionario renuncia a los términos de notificación y de ejecutoria, el acto adquiere firm eza a

para entregarle el aviso, y 1 más para perfeccionar el enteramiento por este medio. Por su parte, cuando el peticionario renuncia a los términos de notificación y de ejecutoria, el acto adquiere firm eza a partir del día que así lo manifieste . En ninguno de estos casos, los términos de notificación correrán en contra del empleador como computables para sanción moratoria.

1. Cuando se interpone recurso, la ejecutoria correrá 1 día después que se not ifique el acto que lo resuelva. Si el recurso no es resuelto, los 45 días para el pago de la cesantía, correrán pasados 15 días de interpuesto».

Por último, la citada sentencia de unificación también sentó jurisprudencia en cuanto al salario de liquidació n de la sanción moratoria y la imposibilidad de indexar esa base (sin perjuicio de la actualización de la respectiva condena):

18 La Sec ci ón S egu nd a co nsi de ró qu e “e n el e ve nto e n qu e la a dmi ni str ac ión n o res uel va la so li cit ud de la pr es tac ió n s oci al –c es ant ías p arc ia les o def in iti va s - o l o hag a de man er a ta rd ía, el t ér min o p ara el c óm put o d e la san ci ón m or ato ri a in ic iar á a par tir de la ra dic ac ió n d e la pe ti ció n c or res po ndi e nte , d e m ane ra qu e s e co nt ar án 1 5

par tir de la ra dic ac ió n d e la pe ti ció n c or res po ndi e nte , d e m ane ra qu e s e co nt ar án 1 5 día s há bil es p ara l a ex pe dic ió n del a ct o adm in is tr ati vo de r ec on oci mi ent o (A rt. 4 L . 107 1/ 200 6) , 10 d el t ér min o d e eje cu tor ia d e l a de c isi ón ( Art s. 7 6 y 8 7 de l a Le y 14 37 de 201 1) [ 5 d ía s s i la pe tic ió n s e pre se ntó e n vig enc ia d el Có dig o Con te nci os o Adm ini st rat iv o -D ec re to 01 de 1 984 , art íc ulo 5 1], y 45 dí as há bi les a p art ir de l día e n que q ued ó en fi rme l a r es ol uci ón ”.

19 Ar tíc ul o 6 9 CP ACA .Nulidad y r establecim iento del derecho Radicación : 08001 -23 -33 -000 -2015 -00531 -01 (6018 -201 8)

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«TERCERO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del

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«TERCERO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de Estado para señalar que, en tratándose de cesantías definitivas, el salario base para calcular la sanción moratoria será la asignación básica vigente en la fecha en que se produjo el retiro del servicio del servidor público; a diferencia de las cesantías parciales, donde se deberá tener en cuenta para el mismo efecto la asignación básica vigente al momento de la causación de la mora sin que varíe por la prolongación en el tiempo.

CUARTO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de Estado para señalar que es improcedente la indexaci ón de la sanción moratoria por pago tardío de las cesantías. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 187 del CPACA.»

3.1. Reglas Jurisprudenciales sobre prescripción sentadas en la Sentencia de Unificación CE -SUJ -SII -022 -2020 proferida p or la Sección Segunda de la Corporación el 6 de agosto de 2020.

Mediante sentencia de unificación del 6 de agosto de 2020, la Sección Segunda de la Corporación, dictó las reglas relacionadas con la prescripción de la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990, por la no consignación de cesantías anualizadas:

«PRIMERO: UNIFICAR JURISPRUDENCIA en la Sección Segunda del Consejo de Estado, para señalar en cuanto a la prescripción de la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990, las siguientes reglas

«PRIMERO: UNIFICAR JURISPRUDENCIA en la Sección Segunda del Consejo de Estado, para señalar en cuanto a la prescripción de la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990, las siguientes reglas jurispruden ciales:

1. El momento a partir del cual se contabiliza el término de la prescripción de la sanción moratoria de las cesantías anualizadas prevista en la Ley 50 de 1990, es desde su causación y exigibilidad, es decir, el 15 de febrero de la anualidad sigu iente, por ende, la reclamación administrativa deberá presentarse dentro de los tres años siguientes, so pena de configurarse la prescripción extintiva.

1. En el evento en que se acumulen anualidades sucesivas de mora en la consignación de cesantías anu alizadas, el término prescriptivo de la sanción prevista en la Ley 50 de 1990 deberá contabilizarse de manera independiente por cada año, de tal modo que el empleado dispone de 3 años contados a partir del 15 de febrero del año siguiente a su causación par a reclamar la sanción moratoria por la anualidad correspondiente, so pena de su extinción».

La mentada decisión tuvo como fundamento el hecho de que la Sección Segunda, mediante sentencia de unificación CE -SUJ004 de 25 agosto de 2016 20, fijó la regla jurisprudencial según la cual la sanción moratoria está sujeta al término prescriptivo señalado en

20 C. P. Lu is Ra fa el Ve rga ra Qu in ter o.Nulidad y r establecim iento del derecho Radicación : 08001 -23 -33 -000 -2015 -00531 -01 (6018 -201 8)

20 C. P. Lu is Ra fa el Ve rga ra Qu in ter o.Nulidad y r establecim iento del derecho Radicación : 08001 -23 -33 -00