CE - 012333000201500724011SENTENCIA20231018120110

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., once (11) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA Radicación: 13001233300020150072401 (66317)

Demandante: JORGE GUZMAN ARRIETA Y OTROS

Demandado: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL

DIQUE – CARDIQUE

Tema: Canalización de arroyo por construcción de Boxcoulvert .

Desviación del cauce natural del arroyo “El Guamo”. Afectación a predio s rurales por d esabastecimiento de aguas en fincas destinadas a la actividad ganadera . Caducidad del medio de control.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el extremo activo contra la sentencia del 28 de febrero de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que declaró probada la excepción de caducidad del medio de control de reparación directa.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 28 de octubre de 2011, la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique – CARDIQUE suscribió el contrato No. 12 con la sociedad Equipos & Transportes S.A.S., con el objeto, entre otros, de construir un Boxcoulvert en concreto reforzado entre la Troncal de Occidente y la variante a Mamonal, y realizar la limpieza del arroyo “El Guamo” que corre por el municipio de Guamo (Bolívar). El 21 de junio de

entre la Troncal de Occidente y la variante a Mamonal, y realizar la limpieza del arroyo “El Guamo” que corre por el municipio de Guamo (Bolívar). El 21 de junio de 2013, las partes liquidaron el contrato de mutuo acuerdo . Según lo narrado en la demanda, la ejecución de dicha obra conllevó la desviación del cauce del arroyo “El Guamo”, lo cual provocó el desabastecimiento de agua en las fincas “Ciriaca – Los Pantanos” y “Vara Blanca” , de propiedad de los demandantes, que estaban destinadas a la explotación ganadera, y que generó un impacto negativo en la conservación y crecimiento del pasto que allí estaba sembrado, lo cual, de paso , hizo que se produjera el desmejoramiento en la producción lechera y la muerte de cabezas de ganado.

Los demandantes consideran que la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique es patrimonialmente responsable porque " la desviación del cauce del2

Radicado: 13001233300020150072401 (66317)

Demandante: Jorge Arturo Guzmán y otros

arroyo… ocasionó un desabastecimiento de agua [en las fincas “Ciriaca – Los Pantanos” y “Vara Blanca”, afectando] el regadío natural del agua que alimentaba dichos terrenos, lo cual causó un impacto negativo en la conservación y crecimiento del pasto, alimento esencial del ganado”.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 6 de noviembre de 20151, Jorge Arturo Guzmán Arrieta y Ronald, Samir y María

del pasto, alimento esencial del ganado”.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 6 de noviembre de 20151, Jorge Arturo Guzmán Arrieta y Ronald, Samir y María Alejandra Guzmán Guzmán, mediante apoderado judicial y en ejercicio de l medio de control de reparación directa, presentaron demanda en contra de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique – CARDIQUE, para que se le declarara patrimonialmente responsable por la afectación de las fincas “Ciriaca – Los Pantanos” y “Vara Blanca”, con ocasión de la desviación del cauce del arroyo “ El Guamo”.

Como pretensiones de su demanda, los demandantes solicitan condenar a la entidad accionada a pagarles, por daño emergente, la suma de $228.792.500; y por lucro cesante, la suma de $465.180.000.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que el 28 de octubre de 2011 CARDIQUE suscribió el contrato No. 12 con la sociedad Equipos & Transportes S.A.S ., con el objeto, entre otros, de construir un Boxcoulvert en concreto reforzado entre la Troncal de Occidente y la variante a Mamonal y realizar la limpieza del arroyo “El Guamo” que corre por el municipio del Guamo (Bolívar).

Sostiene que el 21 de junio de 2013, las partes liquidaron el contrato de mutuo acuerdo.

Indica que la ejecución de dicha obra causó la desviación del cauce del arroyo “El Guamo”, lo cual provocó el desabastecimiento de agua en las fincas “Ciriaca – Los

acuerdo.

Indica que la ejecución de dicha obra causó la desviación del cauce del arroyo “El Guamo”, lo cual provocó el desabastecimiento de agua en las fincas “Ciriaca – Los Pantanos” y “Vara Blanca”, de su propiedad , predios que estaban destinados a la explotación ganadera. Manifiesta igualmente que la falta de agua generó un impacto negativo en la conservación y crecimiento del pasto que allí estaba sembrado y que

1 Fl. 1 a 42, C.1.3

Radicado: 13001233300020150072401 (66317)

Demandante: Jorge Arturo Guzmán y otros

servía de alimento del gabado que pastaba en esas tierras, lo cual, de paso, causó el desmejoramiento en la producción lechera y produjo la muerte de varias cabezas de ganado.

Los demandantes consideran que la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique es patrimonialmente responsable porque " la desviación del cauce del arroyo… ocasionó un desabastecimiento de agua [en las fincas “Ciriaca – Los Pantanos” y “Vara Blanca”, afectando] el regadío natural del agua que alimentaba dichos terrenos, lo cual causó un impacto negativo en la conservación y crecimiento del pasto, alimento esencial del ganado”.

2. Contestación

El 26 de julio de 20162, el Tribunal Administrativo de Bolívar admitió la demanda y ordenó su notificación a la entidad demandada y al Ministerio Público.

2.1. CARDIQUE3 se opuso a las pretensiones de la demanda, argumentando que el extremo activo no probó la causación del daño alegado en la demanda y tampoco

ordenó su notificación a la entidad demandada y al Ministerio Público.

2.1. CARDIQUE3 se opuso a las pretensiones de la demanda, argumentando que el extremo activo no probó la causación del daño alegado en la demanda y tampoco el vínculo causal entre éste y la ejecución de la obra pública de canalización y limpieza del arroyo “El Guamo”. Formuló como excepciones las de caducidad del medio de control e inexistencia de responsabilidad patrimonial.

3. Audiencia inicial

El 5 de diciembre de 20174, el Tribunal Administrativo de Bolivar celebró la audiencia inicial en la que realizó el saneamiento del proceso, resolvió las excepciones previas, decretó pruebas y fijó el objeto del litigio.

Frente a este último punto, es decir, el objeto del litigio, señaló que se circunscribiría a determinar “si CARDIQUE es administrativa y patrimonialmente responsable de los presuntos daños ocasionados a los actores por la presunta deviación del arroyo ‘El Guamo’ … estudiará la caducidad”.

2 Fl. 53 a 55, C.1. 3 Fl. 59 a 70, C.1. 4 Fl. 141 a 145, C.1.4

Radicado: 13001233300020150072401 (66317)

Demandante: Jorge Arturo Guzmán y otros

4. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 24 de septiembre de 20185 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

4. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 24 de septiembre de 20185 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

4.1. Los demandantes6 reiteraron que la afectación de sus predios se ocasionó por la obra pública adelantada en virtud del contrato No. 12 del 28 de octubre de 2011, toda vez que en ejecución de la misma se desvío el cauce del arroyo “El Guamo” que fluía por las fincas “Ciriaca – Los Pantanos” y “Vara Blanca” y ello condujo a un desabastecimiento de agua en ellas.

4.2. CARDIQUE y el Ministerio Público guardaron silencio.

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 28 de febrero de 20207, el Tribunal Administrativo de Bolívar declaró probada la excepción de caducidad del medio de control de reparación directa propuesta por CARDIQUE, al constatar que transcurrieron más de dos (2) años desde la fecha en que los demandantes conocieron del daño y aquella en la que presentaron la demanda.

Al efecto, en la sentencia el a quo indicó que “[…] los actores tuvieron conocimiento de los pormenores de la situación y los efectos respecto a los predios que iba causando la acción estatal en razón a que el contrato, según lo ha dejado claro el propio dicho de los demandantes, y la valoración de las pruebas, permiten fijar como fecha para principiar el conteo del plazo fatal, la liquidación del mentado contrato, esto es, el 21 de junio del año 2013, pues fue esa la fecha en que formalmente se

propio dicho de los demandantes, y la valoración de las pruebas, permiten fijar como fecha para principiar el conteo del plazo fatal, la liquidación del mentado contrato, esto es, el 21 de junio del año 2013, pues fue esa la fecha en que formalmente se dio finiquito al contrato que presuntamente originó la des viación del cause (sic) del arroyo “El Guamo”. Conclúyase entonces indicando que tenían los actores hasta el 21 de junio del año 2015, pero por ser dicho día inhábil, hasta el lunes 22 de junio de 2015, si se aplica la regla contenida en el penúltimo inciso del artículo 118 de la Ley 1564 de 2012. En ese entendimiento, se encuentra acreditada la caducidad del medio de control y así se declarará, toda vez que la demanda fue presentada el 6 de noviembre de año 2015, según se advierte del acta de reparto, sin que haya

5 Fl. 319 a 320, C.3. 6 Fl. 343 a 346, C.3. 7 Fl. 367 a 373, C.4.5

Radicado: 13001233300020150072401 (66317)

Demandante: Jorge Arturo Guzmán y otros

operado la suspensión del término, pues la solicitud de conciliación se radicó el 6 de julio del año 2015, es decir, cuando el fenómeno de la caducidad ya había operado”.

6. Recurso de apelación

El 23 de septiembre de 20208 la parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia del 28 de febrero de 2020 9 proferida por el Tribunal

operado”.

6. Recurso de apelación

El 23 de septiembre de 20208 la parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia del 28 de febrero de 2020 9 proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, el cual fue concedido el 30 de septiembre de 2020 10 y admitido el 5 de febrero de 202111.

6.1. El extremo activo 12 argumentó que si bien la afectación de sus predios inició con la ejecución de las obras públicas de canalización adelantadas en virtud del contrato No. 12 del 28 de octubre de 2011, lo cierto es que sólo se tuvo certeza de ésta una vez el mismo finalizó, pues, la obstrucción del brazo del arroyo que fluía por sus fincas y que provocó el desabastecimiento de agua en la zona no fue inmediata, sino que se prolongó el tiempo.

Textualmente señaló: “[…] dicha fecha corresponde al contrato ejecutado más no a la fecha en que el daño se causó, pues si bien el daño se produjo directamente en la celebración del contrato 122 (sic) del 28 de octubre de 2011, los demandantes no podían conocer durante la celebración de ese contrato y en su ejecución que traería consecuencias para las fi ncas, ya que CARDIQUE celebró dicho contrato para la recanalización del arroyo y , al bajar el sedimento, dichos trabajos obstruyeron el brazo que no permitió que entrara agua al predio de mis poderdantes, por lo tanto estaban en la imposibilidad de conocer el hecho. El daño objeto de la demanda se originó en la ejecución defectuosa del contrato No. 12 de 2011, el cual se prolong ó en el tiempo de manera continua y permanente”.

estaban en la imposibilidad de conocer el hecho. El daño objeto de la demanda se originó en la ejecución defectuosa del contrato No. 12 de 2011, el cual se prolong ó en el tiempo de manera continua y permanente”.

7. Alegatos de conclusión en segunda instancia

El 5 de marzo de 202113 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

8 Fl. 376 a 378, C.3. 9 Fl. 367 a 373, C.4. 10 Fl. 379, C.3. 11 Fl. 390, C.3. 12 Fl. 376 a 378, C.3. 13 Fl. 393, C.3.6

Radicado: 13001233300020150072401 (66317)

Demandante: Jorge Arturo Guzmán y otros

7.1. Los demandantes, CARDIQUE y el Ministerio Público guardaron silencio14.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 28 de febrero de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, puesto que la cuantía, dada por la pretensión mayor de la demanda, supera la exigida de 500 SMLMV para que un proceso adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación15, de acuerdo a lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

2. Medio de control procedente

La pretensión de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

2. Medio de control procedente

La pretensión de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un c ontrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 140 16 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En este caso el medio de control procedente es el de reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño por hechos imputables a una acción de

CARDIQUE.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si el medio de control se ejerció oportunamente o

14 Fl. 394, C.3. 15 El valor de la pretensión se estima en la suma de $465.180.000. 16 “Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma. En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una de ellas,

En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño”.7

Radicado: 13001233300020150072401 (66317)

Demandante: Jorge Arturo Guzmán y otros

si, por el contrario, la pretensi ón de reparación directa se encontraba caducada al momento de la presentación de la demanda.

4. Solución del problema jurídico

Antes de resolver el problema jurídico es menester exponer unas consideraciones generales sobre la vigencia del medio de control.

5. Vigencia del medio de control

Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general 17, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción 18, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por

racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción 18, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

17 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.” 18 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador (…). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el

promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador (…). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que imp one al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos8

Radicado: 13001233300020150072401 (66317)

Demandante: Jorge Arturo Guzmán y otros

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure19 que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del ap arato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia20, cuya consecuencia, por demandar más

como una sanción ipso iure19 que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del ap arato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia20, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar.

El artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo21, señala que el medio de control de reparación directa deberá ejercerse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

19 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”. 20 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “…[s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados

procesal llamado a interponer determinada acción judicial”. 20 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “…[s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plaz os constituyen entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado ”. 21 Al sub examine, por tratarse de una demanda promovida con posterioridad al 2 de julio de 2012, le resultan aplicables las disposiciones procesales contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y las modificaciones introducidas por el legislador en la Ley 2080 de 2021. Asimismo, son aplicables las disposiciones del Código General del Proceso (CGP), en virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306 del primero de los estatutos mencionados.9

Radicado: 13001233300020150072401 (66317)

Demandante: Jorge Arturo Guzmán y otros

Ahora bien, en tratándose de la reparación de un daño por la ejecución de una obra pública, esta Corporación ha señalado que, en principio, el perjudicado podrá ejercer

Demandante: Jorge Arturo Guzmán y otros

Ahora bien, en tratándose de la reparación de un daño por la ejecución de una obra pública, esta Corporación ha señalado que, en principio, el perjudicado podrá ejercer el derecho de acción dentro de los dos (2) años siguientes al momento en el que culminaron éstas, por lo cual, para determinar el extremo inicial para contabilizar el término de caducidad de la pretensión de reparación directa con ocasión de la ejecución de trabajos públicos, se debe determinar la fecha en la que culminó el predio afectado, pues a partir de ese momento deberá computarse el plazo preclusivo22.

Con todo, debe precisarse que la Sección Tercera ha manifestado que: i) el término de caducidad no se extiende hasta los dos años siguientes a la terminación de la totalidad del proyecto o de las obras que lo integran, porque el plazo deberá empezar a contabilizarse desde el momento en que las obras que afectaron directamente al predio hubieren culminado, aún cuando todavía quedare por ejecutar una parte del proyecto en general; y ii) el hecho de que los efecto s de daño se extiendan indefinidamente después de su consolidación no puede suponer que el término de caducidad no comience a correr, porque si ello fuere así en los casos en los cuales los daños tuvieran un carácter permanente, la pretensión no caducaría jamás23.

6. Caso concreto

En el sub lite el extremo activo pretende que se declare patrimonialmente responsable a la Administración por la afectación de l as fincas “Ciriaca – Los Pantanos” y “Vara Blanca”, de su propiedad, pues alegan que la obra pública que

En el sub lite el extremo activo pretende que se declare patrimonialmente responsable a la Administración por la afectación de l as fincas “Ciriaca – Los Pantanos” y “Vara Blanca”, de su propiedad, pues alegan que la obra pública que conllevó la desviación del cauce del arroyo “ El Guamo ” provocó el desabastecimiento de agua en l os referidos predios, que estaban destinados a la explotación ganadera, y generó un impacto negativo en la conservación y crecimiento del pasto que allí crecía, lo cual, de paso , produjo el desmejoramiento en la producción lechera e igualmente la muerte de varias cabezas de ganado.

Bajo esta óptica, la Sala estable cerá cuáles son los hechos probados, para posteriormente analizar si la demanda se presentó en tiempo.

22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Auto del 3 de mayo de 2018, Rad. 58450. 23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 18 de junio de 2008, Rad. 16.240.10

Radicado: 13001233300020150072401 (66317)

Demandante: Jorge Arturo Guzmán y otros

6.1. Hechos probados

Antes de señalar cuáles son los hechos que se encuentran probados en el expediente, es menester poner de presente que a l as fotografías aportadas por la parte demandante24 se les dará el valor correspondiente, según criterio uniforme de esta Sala25, conforme al artículo 24426 del Código de General del Proceso, esto

expediente, es menester poner de presente que a l as fotografías aportadas por la parte demandante24 se les dará el valor correspondiente, según criterio uniforme de esta Sala25, conforme al artículo 24426 del Código de General del Proceso, esto es, teniendo en cuenta las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que fueron tomadas, de manera que permitan dar certeza de los hechos que pretenden acreditar.

Sin embargo, dadas las condiciones en que el material fotográfico fue arrimado al plenario, no ofrece certeza de la persona que los realizó ni tampoco de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se obtuvieron, pues carecen de georreferenciación y de otros datos que indiquen el momento, lugar y tiempo en que se realizaron y si corresponden al día y lugar que se exponen en la demanda.

Así las cosas, debe precisarse que las fotografías que fueron allegadas al proceso por la parte demandante sólo dan cuenta del registro de varias imágenes, sobre las cuales no es posible determinar su origen, ni el lugar, ni la época en fueron tomadas, y al carecer de reconocimiento o ratificación 27, no pueden ser cotejadas con otros medios probatorios allegados y valorados en el presente proceso28.

Así pues, se evidencia que, de conformidad con los medios probatorios allegados oportuna y válidamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos:

24 Fl. 29 a 30, C. 1. 25 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agos to de 2014, Rad. 28.832 26 Artículo 244: “ Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha

25 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agos to de 2014, Rad. 28.832 26 Artículo 244: “ Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza de la persona a quien se le atribuya el documento. Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en original o en copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen, se presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos, según el caso. También se presumirán auténticos los memoriales presentados para que formen parte del expediente, incluidas las demandas, sus contestaciones, los que impliquen disposición del derecho en litigio, y los poderes en caso de sustitución”. 27 Al respecto, la sentencia: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 13 de junio de 2013, Exp. 27353”, señala que la fotografía puede ser reconocida por el testigo y su autenticidad se puede lograr a través de la confe sión de la parte contraria o de testigos presenciales al instante en que ocurrieron los hechos que se pretenden acreditar. 28Ibídem.11

Radicado: 13001233300020150072401 (66317)

Demandante: Jorge Arturo Guzmán y otros

6.1.1. Está probado que desde el 8 de abril de 2003, Jorge Arturo Guzmán Arrieta y, Ronald, Samir y María Alejandra Guzmán Guzmán se constituyeron en

6.1.1. Está probado que desde el 8 de abril de 2003, Jorge Arturo Guzmán Arrieta y, Ronald, Samir y María Alejandra Guzmán Guzmán se constituyeron en copropietarios del inmueble denominado “Vara Blanca”, identificado con el folio de matrícula No. 062-1844, ubicado en el municipio de Guamo (Bolívar), según da cuenta copia auténtica del respectivo certificado de libertad y tradición29.

6.1.2. Asimismo, está acreditado que desde esa misma fecha, 8 de abril de 2003, Jorge Arturo Guzmán Arrieta y, Ronald, Samir y María Alejandra Guzmán Guzmán también se constituyeron en copropietarios del inmueble denominado “Ciraca – Los Pantanos”, identificado con el folio de matrícula No. 062-431, ubicado en el municipio de Guamo (B olívar), según da cuenta copia auténtica del respectivo certificado de libertad y tradición30.

6.1.3. Se probó que el 28 de octubre de 2011, CARDIQUE suscribió el contrato No. 12 con la sociedad Equipos & Transportes S.A.S ., con el objeto, entre otros, de construir un Boxcoulvert en concreto reforzado entre la Troncal de Occidente y la variante a Mamonal, y realiza