CE - 012333000201500789011SENTENCIA20231204092219

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023).

Radicado : 41001-23-33-000-2015-00789-01

Nº Interno : 817-2021

Demandante : Nubia Cubillos Quintero

Demandada : Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011

Tema : Reconocimiento de pensión gracia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 3 de noviembre de 2020 , proferida por el Tribunal Administrativo del Huila (sala cuarta de decisión) , que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda.

1.1. Pretensiones.

La señora Nubia Cubillos Quintero , por intermedio de apoderado judicial , acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de con trol de nulidad y restablecimiento del derecho 1 previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), para solicitar la nulidad de las Resoluciones PAP 5830 de 2 de julio de 2010 , mediante la cual la UGPP le negó el reconocimiento de la pensión gracia.

A título de restablecimiento del derecho , pidió que se condene a la

para solicitar la nulidad de las Resoluciones PAP 5830 de 2 de julio de 2010 , mediante la cual la UGPP le negó el reconocimiento de la pensión gracia.

A título de restablecimiento del derecho , pidió que se condene a la demandada a: (i) conceder la pensión gracia «[...] incluyendo todos los factores salariales causados en el año inmediatamente ant erior a aquél en que [...] adquirió el status jurídico de pensionada [...]» (sic), cuyas mesadas

1 Folios 11 a 23 y 76 a 77.2

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Demandante: Nubia Cubillos Quintero

Demandada: UGPP

deben ser sufragas en forma indexada con base en el índice de precios al consumidor; (ii) dar cumplimiento al fallo en los términos de los artículos 192, 194 y 195 del CPACA y (iii) en costas procesales.

Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:

El 11 de marzo de 2010 la demandante pidió de la accionada la pensión gracia, negada a través de la Resolución controvertida, con el argumento de que «[...] NO demostró 20 años de servicio en la docencia oficial del orden departamental, municipal o distrital» (sic); sin embargo, «[...] para el presente caso no se debe tener en cuenta la certificación que indica vinculación nacional, [sino] la fecha en que se POSESIONÓ O SE VINCULÓ [...] Octubre 15 de 1979 hasta la fecha en que adquirió el estatus [...]» (sic).

1.2. Normas violadas y concepto de violación.

nacional, [sino] la fecha en que se POSESIONÓ O SE VINCULÓ [...] Octubre 15 de 1979 hasta la fecha en que adquirió el estatus [...]» (sic).

1.2. Normas violadas y concepto de violación.

De la Constitución Política, los artículos 58, 83 y 230. Las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933, 33 de 1985, 91 de 1989 y 100 de 1993. Acto legislativo 1 de 2005.

La parte demandante, en resumen, expuso que se ha debido tener en cuenta la fecha de vinculación de la actora al magisterio, toda vez que «[…] los docentes y funcionarios admi nistrativos que fueron vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional – Ministerio de Educación Nacional, son los denominados de carácter nacional y aquellos que fueron vinculados antes del 1 de enero de 1976 y a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975, son los denominados personal nacionalizado […]».

2. Contestación de la demanda.

La accionada se opuso a las pretensiones de la demanda 2. Afirmó que la actora «[…] no cumple con los requisitos establecidos en la Ley 114 de 1913, por cuanto al revisar el expediente administrativo, se evidencia que el acto administrativo fue expedido conforme a derecho », puesto que «[...] su vinculación fue de orden Nacional [...]» (sic).

2 Folios 35 a 41.3

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Demandante: Nubia Cubillos Quintero

Demandada: UGPP

Como excepciones propuso las que denominó: inexistencia de la obligación

2 Folios 35 a 41.3

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Demandante: Nubia Cubillos Quintero

Demandada: UGPP

Como excepciones propuso las que denominó: inexistencia de la obligación demandada, ausencia de vicios en el acto administrativo demandado, prescripción y falta de legitimación en la causa por activa.

3. La sentencia de primera instancia.

El Tribunal Administrativo del Huila (sala cuarta de decisión) , mediante sentencia proferida el 3 de noviembre de 2020 3, negó las pretensiones de la demanda (con condena en costas) . Consideró que «[…] está probado que la demandante se vinculó al sector oficial docente el 15 de octubre de 1979, en propiedad: Nacional, p restando sus servicios durante todo el tiempo en el Inem “Julián Motta Salas” de Neiva » y «[...] aunque en la información vertida en los medios de prueba no reposa el acto de nombramiento ni la posesión; de acuerdo con los certificados de tiempo de servici o expedidos por la Secretaría de Educación de Neiva [...] es menester colegir que toda su vida laboral fue en dicha calidad: docente nacional » (sic). Por lo tanto, la demandante al no fungir como maestra territorial o nacionalizada, tampoco satisface los requisitos legales para ser acreedora de la pensión gracia.

4. El recurso de apelación.

La parte demanda nte solicitó revocar la sentencia de primera instancia 4. Afirmó que «[…] NO existe certificado de tiempo de servicios y salarios devengados expedido por el Ministerio de Educación Nacional que repose en el paginario [sic], es decir que la Secretaría de Educación – Municipio de

Afirmó que «[…] NO existe certificado de tiempo de servicios y salarios devengados expedido por el Ministerio de Educación Nacional que repose en el paginario [sic], es decir que la Secretaría de Educación – Municipio de Neiva usurpa la función y la competencia del M.E.N. al certificar que la servidora pública (docente) presenta una vinculación lab oral: Nacional [...]», por lo que deberán observarse los principios constitucionales y los del derecho procesal, ya que se afectan «[...] los derechos fundamentales de la demandante como el derecho adquirido a la pensión gracia por ser una servidora públic a que presenta una vinculación laboral con el Municipio de Neiva – Secretaría de Educación [y] una vez se establezca el vínculo laboral de la demandante con el ente territorial [...] tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión gracia por la UGPP».

3 Folios 458 a 463 vuelto. 4 Memorial adju ntado a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada Samai, archivo «EXPEDIENTE DIGITAL» índice 2.4

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5. Alegatos de conclusión

Mediante auto del 16 de febrero de 2023 5, el despacho sustanciador corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera el concepto.

5.1. Parte demandante.

El apoderado de la actora reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación y alegó que «[…] no se presenta vinculación laboral Nacional (el nombramiento o el haber laborado en planteles nacionales) con el

El apoderado de la actora reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación y alegó que «[…] no se presenta vinculación laboral Nacional (el nombramiento o el haber laborado en planteles nacionales) con el Ministerio de Educación Nacional, porque la docente no figuró en la planta de personal de nivel central del Ministerio de Educación Nacional; la servidora pública (docente) no figuró en la nómina de la planta de personal de nivel central mediante la cual le hubiesen cancelado salarios y prestaciones sociales ( como los descuentos para salud y pensión de jubilación), el Ministerio de Educación Nacional no reconoció pensión de jubilación a la servidora pública (docente), el Ministerio de Educación Nacional no aceptó el retiro de la planta de personal de nivel cent ral a la señora NUBIA CUBILLOS QUINTERO, no se presentó una subordinación o dependencia con el Ministerio de Educación Nacional y la señora NUBIA CUBILLOS QUINTERO, no cumplió un horario la señora NUBIA CUBILLOS QUINTERO con el empleador: Nación – Ministerio de Educación y no retribuyó o canceló salarios la Nación – Ministerio de Educación a la señora NUBIA CUBILLOS QUINTERO (no se presentó el denominado contrato rea lidad sentencia C6147 de 2009)»6.

Concluye que « Atendiendo el precedente jurisprudencial v inculante y obligatorio enunciado, se denota que los certificados de tiempo de servicio y salarios devengados expedidos por la Entidad Territorial (Secretaria de Educación del Departamento del Huila y Secretaria de Educación del Municipio de Neiva) o el Fo rmato Único para la expedición de Certificado de

salarios devengados expedidos por la Entidad Territorial (Secretaria de Educación del Departamento del Huila y Secretaria de Educación del Municipio de Neiva) o el Fo rmato Único para la expedición de Certificado de historia laboral de Fiduprevisora, no son las pruebas claras, conducentes y concluyentes que demuestren el vínculo laboral de la demandada» (sic).

5 Folio 512. 6 Memorial obrante en la herramienta Samai.5

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5.2. Parte demandada.

La UGPP solicitó que «[…] es necesario que se emita una nueva sentencia de unificación que defina y establezca con mayor claridad el concepto de plaza docente, y cuándo procede o no el derecho, pues existen varios criterios que nos permitirían identificar los docentes nacionales, los territoriales y los nacionalizados, sobre los cuales los FER intervenían en su administración y hacían las veces de empleadores, pues de no delimitarse este concepto, se continuaran [sic] reconociendo pensiones a docentes con vinculación nacional»7.

5.3. Ministerio Público

El representante del Ministerio Público no rindió concepto, según constancia secretarial del 24 de abril de 2023.

6. Auto que decide solicitud de unificación de la jurisprudencia. A través de providencia de 29 de junio de 2023 , la secc ión segunda del Consejo de Estado negó la petición formulada por la demandada de que se emita sentencia de unificación jurisprudencial en la cual, para efectos del

de providencia de 29 de junio de 2023 , la secc ión segunda del Consejo de Estado negó la petición formulada por la demandada de que se emita sentencia de unificación jurisprudencial en la cual, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, se defina « qué […] debe entenderse como “plaza docente” su[s] […], requisitos y lineamientos que permitan dilucidar cuáles son las condiciones […], para ser considerada como nacional, nacionalizada o territorial».

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La subsección es competente para conocer en segunda instan cia de este proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)8, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los

7 Ibidem. 8 «ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales

indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.»6

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Demandante: Nubia Cubillos Quintero

Demandada: UGPP

argumentos expuestos en el recurso de apelación.

2. Problema jurídico

En los términos d el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, le corresponde a la Sala establecer si revoca la sentencia del Tribunal Administrativo del Huila (sala cuarta de decisión) , que negó las pretensiones. Para el efecto se analizará si a la accionante le asiste razón jurídica para reclamar de la UGPP el reconocimiento de la pensión gracia por cumplir los requisitos exigidos en las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933 y demás normas q ue la regulan; o, por el contrario, carece de fundamento, pues no laboró por lo menos veinte (20) años como maestra con vinculación territorial o nacionalizada en instituciones educativas departamentales, distritales o municipales, como lo concluyó el a quo.

Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes aspectos: 2.1. Marco normativo y jurisprudencial sobre la pensión gracia; 2.2. La i ncorporación de los profesores a los entes territoriales, en virtud de la descentralización de la educación pública; 2.3. Hechos probados; y 2.4. Caso concreto.

2.1. Marco normativo y jurisprudencial sobre la pensión gracia.

descentralización de la educación pública; 2.3. Hechos probados; y 2.4. Caso concreto.

2.1. Marco normativo y jurisprudencial sobre la pensión gracia.

En principio, debe señalarse que la pensión gracia se considera una prestación especial otorgada a los docentes estata les territoriales, como reconocimiento a su esfuerzo, capacidad, dedicación y conocimientos al servicio de la actividad educativa cumplida durante un lapso no inferior a 20 años, entre otras exigencias. Su regulación normativa se condensa en los siguientes párrafos:

El artículo 1º de la Ley 114 de 19139 consagró por primera vez la pensión gracia:

Los Maestros de Escuelas Primarias Oficiales que hayan servido en el Magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilació n vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente Ley.

9 «[Q]ue crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».7

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Demandada: UGPP

El numeral 3 del artículo 4 de la citada Ley determina que para gozar de la gracia de la pensión, es preciso que el interesado compruebe «[q] ue no ha recibido ni recibe actualmente otr a pensión o recompensa de carácter nacional […]».

De acuerdo con los antecedentes normativos, en concepto de la Sala, el propósito de esta pensión fue compensar los bajos niveles salariales que recibían los profesores de primaria en las entidades territor iales respecto de

nacional […]».

De acuerdo con los antecedentes normativos, en concepto de la Sala, el propósito de esta pensión fue compensar los bajos niveles salariales que recibían los profesores de primaria en las entidades territor iales respecto de las asignaciones que recibían los docentes vinculados directamente con la Nación; tal diferencia surgía porque, en virtud de la Ley 39 de 1903 10, la educación pública primaria estaba en cabeza de los municipios o departamentos, en tanto que la secundaria lo era a cargo de la Nación.

Posteriormente, la Ley 116 de 192811 amplió el beneficio de la pensión gracia a los maestros de escuelas normales e inspectores de instrucción, así:

Artículo 6º. Los empleados y profesores de las Escuelas Norma les y los Inspectores de Instrucción Pública tienen derecho a la jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que a ésta complementan. Para el cómputo de los años de servicio se sumarán los prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la enseñanza primaria como en el de la normalista, pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección.

Al remitirse la norma transcrita a la Ley 114 de 1913, dejó incólume la exigencia de no recibir otra pensión de carácter nacional para po der acceder a la pensión gracia de jubilación, es decir, mantuvo la prohibición establecida en la Constitución Nacional de 1886 de recibir doble asignación del erario, limitación que también consagra el artículo 128 de la Carta actual12.

La Ley 37 de 1933 13 tampoco introdujo modificaciones a los presupuestos

en la Constitución Nacional de 1886 de recibir doble asignación del erario, limitación que también consagra el artículo 128 de la Carta actual12.

La Ley 37 de 1933 13 tampoco introdujo modificaciones a los presupuestos contenidos en las Leyes 114 de 1913 y 116 de 1928, pero hizo extensiva la pensión de gracia a los profesores que prestaran sus servicios en el nivel secundario.

La Corte Constitucional, en sentencia C -479 de 9 de septiembre de 1998 14,

10 «[S]obre Instrucción Pública». 11 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927». 12 «ARTICULO 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley. Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las descentralizadas». 13 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados». 14 M. P. Carlos Gaviria Díaz.8

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con ocasión de demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1º (parcial) y 4 (numeral 3) de la Ley 114 de 1913, expresó:

En cuanto al aparte acusado del numeral 3 del artículo 4 de la ley 114 de 1913, que consagra como requisito para gozar de la

(parcial) y 4 (numeral 3) de la Ley 114 de 1913, expresó:

En cuanto al aparte acusado del numeral 3 del artículo 4 de la ley 114 de 1913, que consagra como requisito para gozar de la pensión de gracia el no haber recibido ni recibir actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional, no encuentra la Corte que viola la Ley Suprema, concretamente el principio de igualdad, pues el legislador, en vir tud de las facultades que la misma Carta le confiere, es competente para regular los aspectos relativos a la pensión, incluyendo, obviamente, las condiciones para acceder a ella.

Por otra parte, es pertinente señalar que los recursos económicos del Estado para satisfacer el pago de prestaciones sociales no son infinitos sino limitados y, por tanto, es perfectamente legítimo que se establezcan ciertos condicionamientos o restricciones para gozar de una pensión de jubilación. En este orden de ideas, la norma parcialmente acusada, tiene una justificación objetiva y razonable, pues lo único que pretende es evitar la doble remuneración de carácter nacional y así garantizar el precepto constitucional vigente desde la Constitución de 1886 (art. 34), reproducido en la Carta de 1991 (art. 128), sobre la prohibición de recibir doble asignación del Tesoro Público, salvo las excepciones que sobre la materia establezca la ley.

A raíz del proceso de nacionalización de la educación ordenado por la Ley 43 de 197515, los profesores de primaria y secundaria quedaron vinculados a la Nación, en virtud de que, como lo dispuso esta normativa, «[l] a educación

A raíz del proceso de nacionalización de la educación ordenado por la Ley 43 de 197515, los profesores de primaria y secundaria quedaron vinculados a la Nación, en virtud de que, como lo dispuso esta normativa, «[l] a educación primaria y secundaria oficial será un servicio público a cargo de la Nación ». Como consecuencia de esta transformación, ya n o existirían diferencias salariales entre los distintos docentes del sector oficial.

Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 15 (ordinal 2º), respecto de las pensiones, preceptuó:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar esta a cargo total o parcial de la Nación.

15 «[P]or la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones».9

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Demandante: Nubia Cubillos Quintero

Demandada: UGPP

participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones».9

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Demandada: UGPP

B. Para los docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1º de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá solo una pensión de jubilación equivalente al 75% d el salario mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional.

Las normas trascritas permiten conclu ir que el legislador acabó con el reconocimiento de la pensión gracia; seguramente por la razón antes enunciada, esto es, por quedar todos los docentes vinculados con la Nación. Por ello, se acata el criterio expuesto por la sala plena de esta Corporación en fallo de 26 de agosto de 1997, en el sentido de que el artículo 15 (numeral 2) de la Ley 91 de 1989 es de carácter transitorio, para no desconocer los derechos adquiridos en relación con la pensión gracia, en tratándose de los docentes nacionalizados.

En la aludida providencia el Consejo de Estado sostuvo:

[…] La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el mencionado proceso de nacionalización. A el los, por habérseles sometido repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se

aquellos docentes departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el mencionado proceso de nacionalización. A el los, por habérseles sometido repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se les reconociera la referida pensión, siempre que reunieran la totalidad de los requisitos y que hubiesen estado vinculados de conformidad con las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, con el aditamento de su compatibilidad “[...] con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación”, hecho que modificó la Ley 114 de 1913 para dichos docen tes, en cuanto ésta señalaba que no podía disfrutar de la pensión gracia quien recibiera “[…] otra pensión o recompensa de carácter nacional”. […]

5. La norma pretranscrita, sin duda, regula una situación transitoria, pues su propósito, como se ve, no es otro que el colmar las expectativas de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por su labor, en el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria oficiales.

6. De lo anterior se desprende que para los doc entes nacionalizados que se hayan vinculado después de la fecha a que se acaba de hacer referencia, no existe la posibilidad del reconocimiento de tal pensión, sino de la establecida en el literal B del mismo precepto, o sea la “[…] pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año”, que se otorgará por igual a docentes nacionales o nacionalizados10

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del mismo precepto, o sea la “[…] pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año”, que se otorgará por igual a docentes nacionales o nacionalizados10

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Demandada: UGPP

(literal B, No.2, artículo 15 Ib.) hecho que indica que el propósito del legislador fue ponerle fin a la pensión gracia. Tambié n, que dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia […] siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. Y por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que inicialmente le asignó la ley16.

Recientemente, la secci ón segunda de esta Colegiatura se ocupó de dilucidar la interpretación aplicable de la letra a del numeral 2 del artículo 15 de la mencionada Ley 91 de 1989, mediante sentencia de unificación SUJ030-CE-S2-2021 de 11 de agosto de 2022, expediente 15001 -23-33-0002016-00278-01 (3018-2017), en la que se fijó la siguiente regla en torno al tema, así:

Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionaliza da con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento.

Lo anotado, al considerar que, como lo coligió la Corte Constitucional en fallo SU-14 de 2020 17, esa disposición «[…] «solo tiene una lectura posible, esto es, la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los profesores de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de secunda ria aún podrían acceder a la prestación [después del 29 de diciembre de 1989,] siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980 y cumplieran los demás requisitos de ley». A partir de dicho entendimiento, se reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó antes de la referida fecha y consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación de la Ley 91 de 1989».

De acuerdo con las anteriores normativa y jurisprudencia, nótese que en criterio de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado resulta dable

16 Expediente S-699 del 26 de agosto de 1997, actor: Wilberto Therán Mogollón, magistrado ponente Nicolás Pájaro Peñaranda.

criterio de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado resulta dable

16 Expediente S-699 del 26 de agosto de 1997, actor: Wilberto Therán Mogollón, magistrado ponente Nicolás Pájaro Peñaranda. 17 M. P. José Fernando Reyes Cuartas.11

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Demandante: Nubia Cubillos Quintero

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conceder la pensión gracia a quien, pese a colmar los requisitos con posterioridad al 29 de diciembre de 1989 (entrada en vigor de la Ley 91 de ese año), sirvió al sector educativo antes del 31 de diciembre de 1980, umbral que precisamente previó el legislador como plazo máximo para iniciar tales labores y, por ende, ser acreedor de esa prestación.

En relación con la constitucionalidad del artículo 15, numeral 2, letra b, de la Ley 91 de 1989, la Corte Constitucional, en sentencia C-84 de 17 de febrero de 1999, expuso:

Los apartes acusados de la norma demandada, son exequibles.

3.2.1. De la propia evolución histórico -legislativa de la vinculación laboral de los “docentes oficiales”, aparece claro que, en razón de la Ley 43 de 1975, tanto la educación primaria como la secundaria oficial constituyen “un servicio a cargo de la Nación”, lo que significa que culminado el tránsito entre el régimen anterior y el establecido por dicha ley, el 31 de diciembre de 1980, no subsistió la antigua distinción entre docentes nacionales y territoriales, pues todos pasaron a ser pagados con dineros de la Nación, por

establecido por dicha ley, el 31 de diciembre de 1980, no subsistió la antigua distinción entre docentes nacionales y territoriales, pues todos pasaron a ser pagados con dineros de la Nación, por conducto de los Fondos Educativos Regionales (FER), girados por concepto del situado Fiscal.

Por ello, con la expedición por el Congres o de la Ley 91 de 1989, en su artículo 15, numeral 2º, literal A, se dispuso que quienes venían vinculados como docentes oficiales hasta el 31 de diciembre de 1980 y por mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933 y, para entonces “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión gracia”, continuarían con ese derecho, para que la misma le fuere reconocida con el lleno de los requisitos legales correspondientes. […]

Así mismo, se observa por la Corte que, antes de la “nacionalización” de la e ducación primaria y secundaria oficial decretada por la Ley 43 de 1975 para ser cumplida en un período de cinco años, es decir hasta el 31 de diciembre de 1980, existían dos categorías de docentes oficiales, a saber: los nacionales, vinculados laboralmente de manera directa al Ministerio de Educación Nacional; y los territoriales, vinculados laboralmente a los departamentos, en nada se oponía a la Constitución entonces en vigor, que existiera para éstos últimos la denominada “pensión gracia”, de que trata l a Ley 114 de 1913, posteriormente extendida a otros docentes por las leyes 116 de 1928 y 37 de 1933, como tampoco se opone la prolongación de sus efectos en

gracia”, de que trata l a Ley 114 de 191