CE - 012333000201501328011SENTENCIA20231204092704

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023).

Radicado : 76001-23-33-000-2015-01328-01

N° Interno : 6118-2018

Demandante : Diego López Bedoya

Demandada

Medio de control :

: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011

Tema : Reconocimiento de pensión gracia

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia 30 de julio de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda1.

1.1. Pretensiones.

El señor Diego López Bedoya, por intermedio de apoderado judicial, acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), para solicitar la nulidad de la Resolución UGM 48233 de 29 de mayo de 2012, por medio de la cual la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) le negó la pensión gracia.

nulidad de la Resolución UGM 48233 de 29 de mayo de 2012, por medio de la cual la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) le negó la pensión gracia.

A título de restablecimiento del derecho, pidió que se condene a la demandada a: (i) reconocer la pensión gracia , con el 75% de los factores salariales devengados durante el año anterior a la adquisición del estatus , a partir del «25 de octubre de 2008», cuyas mesadas deberán ser actualizadas;

1 Folios 45 a 64.2

Numero interno: 6118-2018

Demandante: Diego López Bedoya

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y (ii) sufragar los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y las costas procesales.

Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:

El demandante (i) nació el 26 de febrero de 1947 , (ii) trabajó para el departamento del Valle del Cauca, como docente tiempo completo, en forma interrumpida, desde el 14 de abril de 1980 hasta el 13 de marzo de 2012 , y como docente hora cátedra 1216 horas, para un total de tiempo de servicio de «23 años, 4 meses y 4 días »; y (iii) por colmar los requisitos legales, reclamó el 16 de noviembre de 2010 de la UGPP la pensión gracia, negad a a través del acto acusado.

1.2. Normas violadas y concepto de violación.

La parte actora acusó como trasgredidas las siguientes disposiciones jurídicas:

del acto acusado.

1.2. Normas violadas y concepto de violación.

La parte actora acusó como trasgredidas las siguientes disposiciones jurídicas: De la Constitución Política, los artículos 1, 2, 6, 25, 29, 48, 53, 90, 121 y 209. De la Ley 114 de 1913, los artículos 1 al 4. De la Ley 116 de 1928, el artículo 6. De la Ley 4ª de 1966, el artículo 4. De la Ley 4ª de 1976, los artículos 1 y 2. De la Ley 33 de 1985, el artículo 1 (parágrafo 1°). De la Ley 91 de 1989, el artículo 15. Del Decreto 81 de 1976, el artículo 3. Del Decreto 2277 de 1979, el artículo 3.

El demandante arguyó que, al haberse vinculado a la docencia oficial como profesor departamental con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, le asiste derecho al reconocimiento de la pensión gracia, con fundamento en las precitadas normas.

2. Contestación de la demanda2.

La accionada se opuso a las pretensiones de la demanda. Aseveró que el actor no completó los 20 años de servicio como docente oficial de carácter departamental, distrital, municipal o nacionalizado, tal como lo exige el artículo 1º de la Ley 114 de 1913, pues no es posible computar los tiempos laborados en

2 Folios 93 a 101.3

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Demandante: Diego López Bedoya

Demandado: UGPP

2 Folios 93 a 101.3

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calidad de maestro nacional, razón por la cual se deben denegar las pretensiones de la demanda.

Como excepciones propuso las que denominó: inexi stencia de la obligación demandada y cobro de lo no debido, ausencia de vicios en el acto administrativo demandado y prescripción.

3. La sentencia de primera instancia3.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia proferida el 30 de julio de 2018, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda (con condena en costas) . En consecuencia, ordenó a la UGPP reconocer la pensión gracia al demandante «[…] con efectos fiscales desde el 28 de junio de 2009, en cuantía equivalente al setenta y cinco [porciento] (75%) del promedio de todos los factores salariales devengados en el año inmediatamente anterior a aquel a la consolidación del status de pensionado […]», y declaró probada la excepción de prescripción de las mes adas causadas con anterioridad al 30 de octubre de 2012.

Consideró que comoquiera que el actor laboró por más de 20 años, su vinculación al magisterio como docente «nacionalizado» ocurrió con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 ( 14 de abril de 1980 ) y carece de antecedentes disciplinarios, cumplió la totalidad de los requisitos para ser acreedor de la pensión gracia , de conformidad con lo establecido en la Ley 114 de 1913.

antecedentes disciplinarios, cumplió la totalidad de los requisitos para ser acreedor de la pensión gracia , de conformidad con lo establecido en la Ley 114 de 1913.

Concluyó que se configuró el fenómeno jurídico de la prescripción de las mesadas causadas con anterioridad al 30 de octubre de 2012, «toda vez que la solicitud de reconocimiento pensional de jubilación del actor se efectuó el 19 de mayo de 2008 , siendo reiterada el 16 de noviembre de 2010 y la petición para solicitar nu evamente el reconocimiento de dicha prestación fue radicada el día 30 de octubre de 2015 (con el escrito de la demanda)» (sic).

4. Los recursos de apelación.

4.1. La demandada4 solicitó revocar la sentencia de primera instancia. Alegó que «el demandante laboró un periodo comprendido entre 16 de enero de

3 Folios 211 a 217. 4 Folios 227 a 232.4

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1990 y el 31 de octubre de 1996 […] con una vinculación NACIONAL […] por lo anterior , el tiempo de 6 años, 9 meses y 15 días, debe descontarse del cómputo para el reconocimiento de la pensión gracia» y, en esa medida, no satisfizo el requisito de tiempo de prestación de servicios departamental, distrital, municipal o nacionalizad o necesario para ser beneficiario de esa prestación.

4.2. El accionante5 presentó recurso de apelación (parcial) , para que se modifique la decisión de primera instancia , en el sentido de reconocer la

distrital, municipal o nacionalizad o necesario para ser beneficiario de esa prestación.

4.2. El accionante5 presentó recurso de apelación (parcial) , para que se modifique la decisión de primera instancia , en el sentido de reconocer la prestación deprecada desde el 28 de junio de 2009, sin prescripción de mesadas, pues la petición de reconocimiento pensional se presentó el 19 de mayo de 2008 y fue reiterada el 16 de noviembre de 2010 y no debe tenerse en cuenta la reclamación de 26 de agosto de 2014.

5. Alegatos de conclusión

Mediante auto del 16 de febrero de 2023 6, el despacho sustanciador corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera el concepto.

5.1 Parte demandada7.

La entidad accionada, por medio de apoderado, adujo que «[e] stando demostrado de conformidad con el Certificado de Tiempo de servicio del 15 de agosto de 2015 de la Gobernación del valle del Cauca que, la vinculación del docente con dichas entidades fue de carácter NACIONALIZADO. Hecho que es jurídicamente relevante en l a medida en que al encontrarse demostrado que vinculación laboral durante dicho período corresponde a una vinculación de carácter Nacionalizado, se debe aplicar lo expresado en el artículo 1° de la ley 91 de 19891, norma que expresa claramente que cuando s e trate de personal nacionalizado se tendrá únicamente a aquellos docentes vinculados a las entidades territoriales con anterioridad del día primero (1°) de enero de

ley 91 de 19891, norma que expresa claramente que cuando s e trate de personal nacionalizado se tendrá únicamente a aquellos docentes vinculados a las entidades territoriales con anterioridad del día primero (1°) de enero de 1976, ya que de esa fecha en adelante se entiende que todos los docentes en el país fueron vinculados de conformidad con lo expresado en la Ley 43 de 1975, es decir, que sus emolumentos se pagaban con recursos provenientes del situado fiscal, al ser nombrados directamente por el FER» (sic).

5 Folios 234 a 236. 6 Folio 403. 7 Memorial adjuntado a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada Samai.5

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5.2 Parte demandante.

El accionante guardó silencio en esta etapa procesal.

5.3 Ministerio Público

El representante del Ministerio Público no rindió concepto, según constancia secretarial del 18 de abril de 20238.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP) 9, el juez de segunda instancia debe pronunciarse sin limitaciones, cuando ambas partes apelan.

2. Cuestión previa

En forma previa a abordar el problema jurídico, sin que comporte un motivo de las alzadas, la Sala encuentra necesario precisar que si el propósito del

partes apelan.

2. Cuestión previa

En forma previa a abordar el problema jurídico, sin que comporte un motivo de las alzadas, la Sala encuentra necesario precisar que si el propósito del accionante era obtener un pronunciamiento favorable de la Administración con ocasión de la expedición de la Resolución UGM 48233 de 29 de mayo de 2012 (a través de la cual se le negó el reconocimient o de la pensión gracia), la vía procedimental que debía tomar era interponer el recurso de reposición o , en su defecto, acudir directamente a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, es decir, no resultaba imperioso que intentara la revocación directa, que finalmente fue resuelta con Resolución RDP 30796 de 9 de octubre de 2014.

Dicho en otros términos, si bien a la luz del inciso cuarto del artículo 76 del

8 Folio 404. 9 «Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia».6

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CPACA «los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios», en este caso, el ejercicio del primero de ellos comportaba el instrumento jurídico idóneo para que la Administración tuviera oportunidad para pronunciarse sobre lo decidido por medio del acto acusado, toda vez que la revocación directa no es un recurso ordinario en sede ad ministrativa, « ni [su] petición […] ni […] decisión que sobre ella recaiga revivirán los términos legales para demandar el acto ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, ni darán lugar a la aplicación del silencio administrativo».

En todo caso, en el presente asunto, a pesar de que no se discute la aludida Resolución RDP 30796 de 9 de octubre de 2014, por razones de pedagogía resultaba necesario precisar respecto de la posibilidad con que contaba el demandante de acudir a esta juris dicción con la mera expedición de la Resolución UGM 48233 de 29 de mayo de 2012 , sin necesidad de presentar petición de revocación directa, como en efecto lo hizo.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala establecer si es procedente revocar o modificar la

petición de revocación directa, como en efecto lo hizo.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala establecer si es procedente revocar o modificar la sentencia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca , que accedió parcialmente a las pretensiones . Para el efecto se analizará (i) si al demandante le asiste razón jurídica para reclamar de la UGPP el reconocimiento de la pensión gracia por cumplir los requisitos exigidos en las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933 y demás normas que la regulan; o, por el contrario, carece de fundamento, pues su vinculación fue de carácter nacional desde el 16 de enero de 1990 hasta el 31 de octubre de 1996, como lo aduce la accionada ; y de probarse la primera hipótesis (ii) si operó el fenómeno de la prescripción de las mesadas causadas con anterior idad al 30 de octubre de 2012, como lo decretó el a quo.

Con el propósito de desatar los problemas jurídicos, se abordarán los siguientes aspectos: 2.1 Marco normativo y jurisprudencial; 2.2 Hechos probados; y 2.3 Caso concreto.

3.1 Marco normativo y jurisprudencial.

En principio, debe señalarse que la pensión gracia se considera una prestación especial otorgada a los docentes estatales territoriales, como reconocimiento7

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a su esfuerzo, capacidad, dedicación y conocimientos al servicio de la

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a su esfuerzo, capacidad, dedicación y conocimientos al servicio de la actividad educativa cumplida durante un lapso no inferior a 20 años, entre otras exigencias. Su regulación normativa se condensa en los siguientes párrafos:

El artículo 1º de la Ley 114 de 1913 10 consagró por primera vez la pensión gracia:

Los Maestros de Escuelas Primarias Oficiales que hayan servido en el Magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente Ley.

El numeral 3 del artículo 4 de la citada Ley det ermina que para gozar de la gracia de la pensión, es preciso que el interesado compruebe «[q] ue no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional […]».

De acuerdo con los antecedentes normativos, en concepto de la Sala, e l propósito de esta pensión fue compensar los bajos niveles salariales que recibían los profesores de primaria en las entidades territoriales respecto de las asignaciones que recibían los docentes vinculados directamente con la Nación; tal diferencia surgí a porque, en virtud de la Ley 39 de 1903 11, la educación pública primaria estaba en cabeza de los municipios o departamentos, en tanto que la secundaria lo era a cargo de la Nación.

Posteriormente, la Ley 116 de 192812 amplió el beneficio de la pensión gracia a los maestros de escuelas normales e inspectores de instrucción, así:

departamentos, en tanto que la secundaria lo era a cargo de la Nación.

Posteriormente, la Ley 116 de 192812 amplió el beneficio de la pensión gracia a los maestros de escuelas normales e inspectores de instrucción, así:

Artículo 6º. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de Instrucción Pública tienen derecho a la jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que a ésta complementan. Para el cómputo de los años de servicio se sumarán los prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la enseñanza primaria como en el de la normalista, pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección.

Al remitirse la norma transcrita a la Ley 114 de 1913, dejó incólume la exigencia de no recibir otra pensión de carácter nacional para poder acceder a la pensión gracia de jubilación, es decir, mantuvo la prohibición establecida

10 «[Q]ue crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela». 11 «[S]obre Instrucción Pública». 12 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».8

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en la Constitución Nacional de 1886 de recibir doble asignación del erario, limitación que también consagra el artículo 128 de la Carta actual13.

La Ley 37 de 1933 14 tampoco introdujo modificaciones a los presupuestos contenidos en las Leyes 114 de 1913 y 116 de 1928, pero hizo extensiva la

limitación que también consagra el artículo 128 de la Carta actual13.

La Ley 37 de 1933 14 tampoco introdujo modificaciones a los presupuestos contenidos en las Leyes 114 de 1913 y 116 de 1928, pero hizo extensiva la pensión de gracia a los profesores que prestaran sus servicios en el nivel secundario.

La Corte Constitucional, en sentencia C -479 de 9 de septiembre de 1998 15, con ocasión de demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1º (parcial) y 4 (numeral 3) de la Ley 114 de 1913, expresó:

En cuanto al aparte acusado del numeral 3 del artículo 4 de la ley 114 de 1913, que consagra como requisito para gozar de la pensión de gracia el no haber recibido ni recibir actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional, no encuentra la Corte que viola la Ley Suprema, concretamente el principio de igualdad, pues el legislador, en vir tud de las facultades que la misma Carta le confiere, es competente para regular los aspectos relativos a la pensión, incluyendo, obviamente, las condiciones para acceder a ella.

Por otra parte, es pertinente señalar que los recursos económicos del Estado para satisfacer el pago de prestaciones sociales no son infinitos sino limitados y, por tanto, es perfectamente legítimo que se establezcan ciertos condicionamientos o restricciones para gozar de una pensión de jubilación. En este orden de ideas, la norma parcialmente acusada, tiene una justificación objetiva y razonable, pues lo único que pretende es evitar la doble remuneración de carácter nacional y así garantizar el precepto

gozar de una pensión de jubilación. En este orden de ideas, la norma parcialmente acusada, tiene una justificación objetiva y razonable, pues lo único que pretende es evitar la doble remuneración de carácter nacional y así garantizar el precepto constitucional vigente desde la Constitución de 1886 (art. 34), reproducido en la Carta de 1991 (art. 128), sobre la prohibición de recibir doble asignación del Tesoro Público, salvo las excepciones que sobre la materia establezca la ley.

A raíz del proceso de nacionalización de la educación ordenado por la Ley 43 de 197516, los profesores de primaria y secundaria quedaron vinculados a la Nación, en virtud de que, como lo dispuso esta normativa, «[l] a educación primaria y secundaria oficial será un servicio público a cargo de la Nación ».

13 «Articulo 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley. Entiéndese por t esoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las descentralizadas». 14 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados». 15 M. P. Carlos Gaviria Díaz. 16 «[P]or la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones».9

departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones».9

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Como consecuencia de esta transformación, ya n o existirían diferencias salariales entre los distintos docentes del sector oficial.

Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 15 (ordinal 2º), respecto de las pensiones, preceptuó:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar esta a cargo total o parcial de la Nación.

B. Para los docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1º de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá solo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio

ley, se reconocerá solo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional.

Las normas trascritas permiten conc luir que el legislador acabó con el reconocimiento de la pensión gracia; seguramente por la razón antes enunciada, esto es, por quedar todos los docentes vinculados con la Nación. Por ello, se acata el criterio expuesto por la sala plena de esta Corporación en fallo de 26 de agosto de 1997, en el sentido de que el artículo 15 (numeral 2) de la Ley 91 de 1989 es de carácter transitorio, para no desconocer los derechos adquiridos en relación con la pensión gracia, en tratándose de los docentes nacionalizados.

En la aludida providencia el Consejo de Estado sostuvo:

[…] La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por habérseles sometido repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se les reconociera la referida pensión, siempre que reunieran la totalidad de los requisitos y que hubiesen estado vinculados de conformidad con la s Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, con el aditamento de su compatibilidad “[...] con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación”, hecho que modificó la Ley 114 de 1913 para dichos

aditamento de su compatibilidad “[...] con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación”, hecho que modificó la Ley 114 de 1913 para dichos docentes, en cuanto ésta señalaba que no podía disfrutar de la10

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pensión gracia quien recibiera “[…] otra pensión o recompensa de carácter nacional”. […]

5. La norma pretranscrita, sin duda, regula una situación transitoria, pues su propósito, como se ve, no e s otro que el colmar las expectativas de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por su labor, en el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria oficiales.

6. De lo anterior se desprende que para los d ocentes nacionalizados que se hayan vinculado después de la fecha a que se acaba de hacer referencia, no existe la posibilidad del reconocimiento de tal pensión, sino de la establecida en el literal B del mismo precepto, o sea la “[…] pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año”, que se otorgará por igual a docentes nacionales o nacionalizados (literal B,

No.2, artículo 15 Ib.) hecho que indica que el propósito del legislador fue ponerle fin a la pensión gracia. Tamb ién, que dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados

de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuvie sen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia […] siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. Y por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que inicialmente le asignó la ley17.

Recientemente, la sección segunda de esta Colegiatura se ocupó de dilucidar la interpretación aplicable de la letra a del numeral 2 del artículo 15 de la mencionada Ley 91 de 1989, mediante sentencia de unificación SUJ-030-CES2-2021 de 11 de agosto de 2022, expediente 15001-23-33-000-2016-0027801 (3018-2017), en la que se fijó la siguiente regla en torno al tema, así:

Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacion alizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento.

Lo anotado, al considerar que, como lo coligió la Corte Constitucional en fallo

diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento.

Lo anotado, al considerar que, como lo coligió la Corte Constitucional en fallo SU-14 de 2020 18, esa disposición «[…] «solo tiene una lectura posible, esto es, la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los

17 Expediente S-699 del 26 de agosto de 1997, actor: Wilberto Therán Mogollón, magistrado ponente Nicolás Pájaro Peñaranda. 18 M. P. José Fernando Reyes Cuartas.11

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profesores de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían acceder a la prestación [después del 29 de diciembre de 1989,] siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980 y cumplieran los demás requisitos de ley». A partir de dicho entendimiento, se reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó antes de la referida fecha y consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación de la Ley 91 de 1989».

De acuerdo con las anteriores normativa y jurisprudencia, nótese que en criterio de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado resulta dable conceder la pensión gracia a quien, pese a colmar los requisitos con posterioridad al 29 de diciembre de 1989 (entrada en vigor de la Ley 91 de ese

criterio de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado resulta dable conceder la pensión gracia a quien, pese a colmar los requisitos con posterioridad al 29 de diciembre de 1989 (entrada en vigor de la Ley 91 de ese año), sirvió al sector educativo antes del 31 de diciembre de 1980, umbral que precisamente previó el legislador como plazo máximo para iniciar tales labores y, por ende, ser acreedor de esa prestación.

En relación con la constitucionalidad del artículo 15, numeral 2, letra b, de la Ley 91 de 1989, la Corte Constitucional, en sentencia C-84 de 17 de febrero de 1999, expuso:

Los apartes acusados de la norma demandada, son exequibles.

3.2.1. De la propia evolución histórico -legislativa de la vinculación laboral de los “docentes oficiales”, aparece claro que, en razón de la Ley 43 de 1975, tanto la educación primaria como la secundaria oficial constituyen “un servicio a cargo de la Nación”, lo que significa que culminado el tránsito entre el régimen anterior y el establecido por dicha ley, el 31 de diciembre de 1980, no subsisti ó la antigua distinción entre docentes nacionales y territoriales, pues todos pasaron a ser pagados con dineros de la Nación, por conducto de los Fondos Educativos Regionales (FER), girados por concepto del situado Fiscal.

Por ello, con la expedición por el Congreso de la Ley 91 de 1989, en su artículo 15, numeral 2º, literal A, se dispuso que quienes venían vinculados como docentes oficiales hasta el 31 de

situado Fiscal.

Por ello, con la expedición por el Congreso de la Ley 91 de 1989, en su artículo 15, numeral 2º, literal A, se dispuso que quienes venían vinculados como docentes oficiales hasta el 31 de diciembre de 1980 y por mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933 y, para entonces “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión gracia”, continuarían con ese derecho, para que la misma le fuere reconocida con el lleno de los requisitos legales correspondientes. […]12

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