CE - 012333000201502205011SENTENCIA20230421103929

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D. C., veinte (20 ) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.

Radicación: 05001233300020150220501 (3905 -2018 )

Demandante: Jacinta del Rosario Montoya Castaño Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la

Protección Social 1

Tema: Pensión gracia. Docente financiado y cofinanciado . Tipo de vinculación . Tiempo acreditado. Ley 1437 de 2011.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

La Sala de la Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado , conoce del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 20 de abril de 2018 , proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia , que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA 2

La señor a Jacinta del Rosario Montoya Castaño , por intermedio de apoderad o, en ejercicio del medio de control de nulidad y

I. ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA 2

La señor a Jacinta del Rosario Montoya Castaño , por intermedio de apoderad o, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley

1 En adelante UGPP. 2 Folios 1 a 19.Nu lidad y restablecimiento del derecho Radicación: 05001233300020150220501 (3905 -2018)

Demandante: Jacinta del Rosario Montoya Castaño

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2 1437 de 2011 3, modificada por la Ley 2080 de 2021, formuló en sínte sis las siguientes:

1.1. Pretensiones

Declarar l a nulidad de (i) la Resolución RDP 4575 del 1 de febrero de 2013 mediante la cual la UGPP negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia de la ac cionante ; (ii) de los Autos ADP 004538 del 2 de abril de 2013; ADP 014706 del 8 de noviembre de 2013; ADP 007301 del 21 de julio de 2014 y ADP 012174 del 23 de diciembre de 2014 .

A título de restablecimiento del derecho, solicitó condenar a la entidad demandada a (i) reconocer y pagar la pensión gracia , efectiva a partir del 26 de noviembre de 2011 , fecha en la que

de 2014 .

A título de restablecimiento del derecho, solicitó condenar a la entidad demandada a (i) reconocer y pagar la pensión gracia , efectiva a partir del 26 de noviembre de 2011 , fecha en la que alcanzó el estatus pensional ; (ii) liquidar la condena y realizar los ajustes de valor conforme al IPC de acuerdo con lo establecido en los artículo s 192 y 195 del CPACA ; (i ii ) cumplir la sentencia en los términos de l ey.

1.2. Fundamentos fácticos

a). La señor a Jacinta del Rosario Montoya Castaño nació el 10 de febrero de 1957 .

b). La accionante p restó sus servicios como docente de manera interrumpida desde el 19 de agosto de 1978 hasta la fecha de presentación de la demanda.

c) El 7 de noviembre de 20 12 la demandante presentó solicitud de reconocimiento y pago de la pensión gracia ante la entidad demandada.

3 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En adelante CPACA.Nu lidad y restablecimiento del derecho Radicación: 05001233300020150220501 (3905 -2018)

Demandante: Jacinta del Rosario Montoya Castaño

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3 d) La UGPP m ediante la Resolución RDP 4575 del 1 de febrero de

Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia

3 d) La UGPP m ediante la Resolución RDP 4575 del 1 de febrero de 2013 , negó la pensión gracia por considerar que los tiempos certificados por la Secretaría de Educación de Cocorná, Antioquia, el 16 de octubre de 2009 , no podían tenerse en cuenta «por cuanto la firma de la persona quien certifica está repisada.»

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de violación

Al desarrollar el concepto de violación , la demandante indicó que la UGPP al no reconocer la pensión gracia incurre en vulneración u omisión a l as normas y jurisprudencia desarrollada sobre la materia y, por ende, en la transgresión injustificada de un derecho que se encuentra reglamentado, por lo que, al cumplir con los requisitos de tiempo y edad establecidos en la Ley 114 de 1913 debe reconocerle la pensión gracia a partir de la fecha en que alcanzó el estatus pensional .

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 4

La UGPP se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda y en su defensa propuso las siguientes excepciones (a) ausencia de vicios en los actos administrativos demandados; (b) inexistencia de la obligación ; y (c) prescripción.

3. AUDIENCIA INICIAL 5

En acatamiento al artículo 180 del CPACA, el Tribunal Administrativo de Antioquia, en audiencia celebrada el 1 de septiembre de 2016 , determinó (i) que no existía ninguna irregularidad que generara

3. AUDIENCIA INICIAL 5

En acatamiento al artículo 180 del CPACA, el Tribunal Administrativo de Antioquia, en audiencia celebrada el 1 de septiembre de 2016 , determinó (i) que no existía ninguna irregularidad que generara nulidad; (ii) que las excepciones propuestas por la demand ada se decidirían en la sentencia por tratarse de asuntos que tienen que ver

4 Foli os 73 a 76 . 5 Folio 86 y Vto. CD a folio 85.Nu lidad y restablecimiento del derecho Radicación: 05001233300020150220501 (3905 -2018)

Demandante: Jacinta del Rosario Montoya Castaño

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4 con el fondo del litigio, y (iii) fijó el problema jurídico en los siguientes términos:

«Corresponde a la Sala determinar la legalidad de los actos demandados por medio de los cuales se resolvió negar la pensión gracia a la actora, determinando para tal efecto si le asiste derecho a la demandante JACINTA DEL ROSARIO MONTOYA CASTAÑO a la pensi ón gracia por laborar como educadora oficial por más de veintiún años o si por el contrario, como lo afirma la demandada, no le asiste derecho al mismo por cuanto no se acreditó los 20 años al servicios de la docencia oficial de carácter departamental, dis trital, municipal o nacionalizado. »

4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 6

cuanto no se acreditó los 20 años al servicios de la docencia oficial de carácter departamental, dis trital, municipal o nacionalizado. »

4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 6

El Tribunal Administrativo de Antioquia , en sentencia del 20 de abril de 2018 , resolvió:

«PRIMERO: INHIBIRSE PARA EMITIR PRONUNCIAMIENTO DE FONDO respecto de la pretensión de nulidad de los oficios (sic) Autos (sic) ADP 004538 del 4 de abril de 2013, ADP 014706 del 8 de noviembre de 2013, ADP 007301 del 21 de julio de 2014 y ADP 012174 del 23 de diciembre de 2014 expedidos por la UGPP.

SEGUNDO: SE DECLARA la nulidad de la Resolución No. RDP 004575 del 1º de febrero de 2013, proferida por la UNIDAD

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, en virtud de las cuales (sic) se negó la pensión gracia a la demandante.

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la UNIDAD

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, recon ocer y pagar a la señora JACINTA DEL ROSARIO MONTOYA CASTAÑO identificada con cédula de ciudadanía No. 21.658.329 la pensión gracia, a partir del 5 de octubre de 2010, liquidada con el

recon ocer y pagar a la señora JACINTA DEL ROSARIO MONTOYA CASTAÑO identificada con cédula de ciudadanía No. 21.658.329 la pensión gracia, a partir del 5 de octubre de 2010, liquidada con el 75% de lo devengado en el año anterior a su estatus pensional incluyend o los factores de prima de navidad y prima de vacaciones, según lo expuesto.

6 Folios 90 a 95 Vto.Nu lidad y restablecimiento del derecho Radicación: 05001233300020150220501 (3905 -2018)

Demandante: Jacinta del Rosario Montoya Castaño

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CUARTO: Sin condena en costas.

[…] .»

En primer término, consideró que los autos demandados no deciden de fondo petición alguna, sino que se limitan a remitir a la decisión contenida en la Resolución RDP 004575 del 1 de febrero de 2013 , de manera que estos no son objeto de control jurisdiccional , toda vez que no crean, modifican o extinguen una situación jurídica.

Ahora bien, en cuanto al argumento expuesto por la U GPP en relación con la certificación de l 16 de octubre de 2009 emitida por el municipio de Cocorná, que señaló, figura repisada la firma, adujo que esta no fue allegada por lo que no es posible emitir juicio valorativo sobre la misma.

Adicionalmente, adujo que conforme a la certificación de salarios

municipio de Cocorná, que señaló, figura repisada la firma, adujo que esta no fue allegada por lo que no es posible emitir juicio valorativo sobre la misma.

Adicionalmente, adujo que conforme a la certificación de salarios expedida por la Secretaría de Educción del de partamento de Antioquia , en la cual se relaciona que la accionante laboró en calidad de docente cofinanciado municipal, entre los per íodos compr endidos entre el 19 de agosto de 1978 al 15 de febrero de 1981; del 14 de febrero de 1993 hasta el 13 de agosto de 1996; del 1 de octubre de 1996 al 20 de febrero de 2001; del 21 de febrero de 2001 al 26 de marzo de 2001; del 27 de marzo de 2001 hasta el 28 de febrero de 2002; del 1 de marzo de 2002 al 3 de febrero de 2003; del 4 de febrero de 2003 hasta el 20 de julio de 2004 y del 21 de julio de 2004 hasta el 31 de enero de 2 014, la demandante laboró en calidad de docente municipal por m ás de 23 años , por lo que no proceden los argumentos de la entidad en el sentido de negar la pensión gracia.

De acuerdo con lo anterior, la accionante se encontraba vinculada a la docencia an tes del 31 de diciembre de 1980 según el Decreto 01546 del 1 de agosto de 1978, Gaceta de Antioquia, acta de posesión y formato único para expedición de historia laboral.Nu lidad y restablecimiento del derecho Radicación: 05001233300020150220501 (3905 -2018)

Demandante: Jacinta del Rosario Montoya Castaño

posesión y formato único para expedición de historia laboral.Nu lidad y restablecimiento del derecho Radicación: 05001233300020150220501 (3905 -2018)

Demandante: Jacinta del Rosario Montoya Castaño

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6 Señaló que de la historia laboral de la demandante es posible concluir que las vinculaciones se efectuaron en calidad de docente municipal y cofinanciada de manera interrumpida desde 1978 hasta 2014 , por lo que cumplió los 20 años de servicio el 5 de octubre de 2010 .

En cuanto a los demás requisitos , consideró que no fueron objeto de reparo por parte de la entidad demandada, por lo que declaró la nulidad de la Resolución RDP 004575 del 1 de febrero de 2013 y el correspondiente reconocimiento de la pensión gracia.

Adujo que, teniendo en cuenta que el derecho se ca usó el 5 de octubre de 2010, y fue solicitado el 7 de noviembre de 2012 y la demanda fue presentada el 21 de octubre de 2015, no operó el fenómeno de la prescripción.

5. EL RECURSO DE APELACIÓN 7

La UGPP solicitó revocar la decisión y, en su lugar , negar las pretensiones de la demanda .

Para el efecto, s ostuvo que de acuerdo con lo establecido en la s Ley es 114 de 1913 y 91 de 1989, no es admisible computar o

pretensiones de la demanda .

Para el efecto, s ostuvo que de acuerdo con lo establecido en la s Ley es 114 de 1913 y 91 de 1989, no es admisible computar o complementar tiempos de servicio prestados en calidad de docente con tiempos de servicio cofinanciados.

Así mismo, indicó que el periodo prestado al municipio de Cocorná y que dio lugar a la negativa, se evidencia en el cuaderno administrativo (certificado del 14 de febrero de 2013) signado por el alcalde municipal, quien no es competente para ese fin y, por lo tanto, dicho periodo no puede computarse y , en ese orden , no cumple con los requisitos sustanciales previstos por la ley.

7 Folios 128 a 130.Nu lidad y restablecimiento del derecho Radicación: 05001233300020150220501 (3905 -2018)

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6. ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA

6.1 La parte demanda nte 8 solicitó confirmar la sentencia recurrida y presentó los mismos argumentos expuestos en la demanda y en los alegatos de conclusión presentados ante el tribunal .

6.2 La entidad demanda da 9 reiteró los argumentos del escrito de apelación.

El Ministerio Público guard ó silencio según el informe secretarial obrante a folio 167 del expediente .

II. CONSIDERACIONES

apelación.

El Ministerio Público guard ó silencio según el informe secretarial obrante a folio 167 del expediente .

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 10, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.

Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 328 11 del Código

8 Folio s 140 a 164 . 9 Folios 165 a 166 . 10«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, as í como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.[…]» 11«ARTÍCULO 32 8. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar co pias.

no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar co pias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvoNu lidad y restablecimiento del derecho Radicación: 05001233300020150220501 (3905 -2018)

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8 General del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos expuestos por el apelante.

2. 2 Problema jurídico

De acuerdo con el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada , corresponde a la Sala determinar lo siguiente:

¿La señora Jacinta del Rosario Montoya Castaño , en su calidad de docente oficial, tiene derecho al reconocimiento de la pensión gracia en aplicación del régimen consagrado en la Ley 114 de 1913 y demás normas que regulan dicha prestación ?

Para resolver el asunto, se desarrollará el siguiente orden metodológico: (i) la pensión gracia ; y (ii ) el análisis del caso concreto.

2. 3 Marco normativo y jurisprudencial

2. 3.1 La pensión gracia

La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1 de la Ley 114 de 1913 , en favor de los maestros de las escuelas primarias

2. 3 Marco normativo y jurisprudencial

2. 3.1 La pensión gracia

La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1 de la Ley 114 de 1913 , en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de 20 años.

En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a la misma , la Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspi ran a su reconocimiento, además de los 20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse desempeñado en los empleos con honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra pensión o

que, en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, sal vo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.»Nu lidad y restablecimiento del derecho Radicación: 05001233300020150220501 (3905 -2018)

Demandante: Jacinta del Rosario Montoya Castaño

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9 recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 a ños de edad. Por su parte, la Ley 91 de 1989 precisa que el docente se haya vinculado al servicio oficial con anterioridad al 1 de enero de 1981.

Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 extendió el

su parte, la Ley 91 de 1989 precisa que el docente se haya vinculado al servicio oficial con anterioridad al 1 de enero de 1981.

Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la pensión gracia a los empleados y profesores de las escuelas normales, junto a los inspectores de instrucción pública. De manera que autorizó la suma de los servicios prestados en diversas épocas al computar los años en la enseñ anza primaria, la normalista y la inspección con el fin de completar el tiempo requerido para acceder a la pensión.

Más adelante, con la Ley 37 de 1933 , el beneficio gratuito de la pensión gracia se hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren co mpletado el tiempo de servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.

Luego, se expidió la Ley 91 de 1989 en cuyo artículo 1, distinguió entre los conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:

«ARTÍCULO 1. Para los e fectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:

Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional .

Personal nacionalizado. Son los docentes vinculad os por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.

Personal territorial . Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial , a partir del 1 de enero de

y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.

Personal territorial . Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial , a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.» [Negrillas fuera de texto].

El numeral 2 del artículo 15 de dicha ley limitó el reconocimiento de la pensión gracia para l os docentes al establecer lo siguiente:Nu lidad y restablecimiento del derecho Radicación: 05001233300020150220501 (3905 -2018)

Demandante: Jacinta del Rosario Montoya Castaño

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10

«[…] A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos . Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible c on la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación. […]»

De las diferentes normas enunciadas, la jurisprudencia de esta Corporación ha advertido que la pensión gracia no es un derecho

de estar ésta a cargo total o parcial de la nación. […]»

De las diferentes normas enunciadas, la jurisprudencia de esta Corporación ha advertido que la pensión gracia no es un derecho para todo docen te que cumpla con los requisitos citados, sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está prevista para los de carácter territorial y nacionalizado , es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S -699 del 26 de agosto de 1997 12 señaló:

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. Y por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norm a contenida en el literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que inicialmente le asignó la ley. […].»

Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de

12Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia

docente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de

12Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S -699 de 26 de agosto de 1997, actor: Wilberto Therán Mogollón.Nu lidad y restablecimiento del derecho Radicación: 05001233300020150220501 (3905 -2018)

Demandante: Jacinta del Rosario Montoya Castaño

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11 unificación CE -SUJ2 -011 -18 del 21 de junio de 2018 13 previó las siguientes pautas jurispruden ciales:

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante , su origen o fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas .

1. Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones , por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

1. La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no solo dependía de los recursos que gir aba la Nación a las entidades territoriales por concepto del situado fiscal ,

Política de 1991.

1. La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no solo dependía de los recursos que gir aba la Nación a las entidades territoriales por concepto del situado fiscal , sino que también correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).

1. Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación — situado fiscal — como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas .

1. Por tanto, no es dable inferir que los docentes territo riales y/o nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la ju nta administradora del respectivo fondo educativo regional , así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal 13 ; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.

respectivo fondo educativo regional , así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal 13 ; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.

13 Proceso identificado con radicación 25000 -23 -42 -000 -2013 -04683 -01 (38052014), de Gladys Amanda Hernández Triana contra la UGPP.Nu lidad y restablecimiento del derecho Radicación: 05001233300020150220501 (3905 -2018)

Demandante: Jacinta del Rosario Montoya Castaño

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12 vi) Prueba de calidad de docente territorial . Se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legisla dor ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.

1. Origen de los recursos de la entidad nominadora . Lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía

gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal — cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales ; y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal , hoy sistema general de participaciones .» (Resaltado del texto original)

Por último, en reciente sentencia de unificación SUJ -030 -CE -S22022 del 11 de agosto de 2022 14 la Sección Segunda , incorporó adicionalmente como regla jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2, literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconoc imiento de la pensión gracia, que « Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».

Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede administrativa como judicial.

Así las cosas y según las preceptivas antes expuestas, queda claro

14 Proceso identificado con radicación 15001 -23 -33 -000 -2016 -00278 -01 (3018resolución tanto en sede administrativa como judicial.

Así las cosas y según las preceptivas antes expuestas, queda claro

14 Proceso identificado con radicación 15001 -23 -33 -000 -2016 -00278 -01 (30182017), de Hirma Nubia Jiménez Lozano contra la UGPP.Nu lidad y restablecimiento del derecho Radicación: 05001233300020150220501 (3905 -2018)

Demandante: Jacinta del Rosario Montoya Castaño

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia

13 que para acceder al reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar que él o la docente laboró 20 años en establ ecimientos oficiales, departamentales o municipales, en primaria o en secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o en calidad de docente nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar tiempos en uno y otro cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y demuestre cumplir con los demás requisitos exigidos por la Ley 114 de 1913.

2. 4. Caso concreto

En atención a las anteriores precisiones, la Sala procederá a examinar las pruebas obrantes en el expediente a fin de verificar si a la demandante le asiste el derecho al reconocimiento de la pensión gracia, por cumplir con los requisitos legales, concretamente frente a los tiempos de servicios acreditado s.

2. 4. 1. Actuación administrativa

a la demandante le asiste el derecho al reconocimiento de la pensión gracia, por cumplir con los requisitos legales, concretamente frente a los tiempos de servicios acreditado s.

2. 4. 1. Actuación administrativa

La demandante presentó solicitud de reconocimiento y pago de la pensión graci