CE - 012333000201530068011SENTENCIASENTENCIA20230622172445

Radicado: 08001-23-33-000-2015-30068-01 (26888)

Demandante: LG Electronics Colombia Ltda.

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023) Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación 08001-23-33-000-2015-30068-01 (26888)

Demandante LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA.

Demandado DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA Tema Impuesto de industria y comercio 2010. Silencio administrativo positivo. Revocatoria directa del acto administrativo ficto. Aplicación de la Ley 1437 de 2011. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demanda da contra la sentencia del 03 de abril de 2020 , proferida por el Tribunal Administrativo de l Atlántico, Despacho 003, Sala de Decisión Oral, Sección B1, que dispuso: “PRIMERO: Declarar la nulidad de Resolución No. GGI-DT-RS-0706-14 de 07 de noviembre de 2014, por medio de la cual se resuelve el recurso de reconsideración, interpuesto contra la Liquidación Oficial de revisión COD. 504 ACTO NO. GGI -FI-LR-00679-13 de 25 de julio de

de 2014, por medio de la cual se resuelve el recurso de reconsideración, interpuesto contra la Liquidación Oficial de revisión COD. 504 ACTO NO. GGI -FI-LR-00679-13 de 25 de julio de 2013 por medio de la cual se modificó la declaración privada del Impuesto de Ind ustria y comercio del período gravable 2010, conforme con la causal 3 del artículo 730 del ET, norma vigente para la época de los hechos, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLÁRASE la nulidad de la Resolución No. 0126 -15 del 10 de abril de 2015, por medio de la cual se revoca directamente un acto administrativo ficto positivo, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, DECLÁRASE la configuración del acto ficto o presunto positivo respecto del recurso de reconsideración interpuesto por la Sociedad actora, en el entendido que la Secretaría de Hacienda Distrital de Barranquilla resolvió favorablemente el recurso de reconsideración in terpuesto (sic) la Sociedad LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA; en consecuencia, se declara en firme la declaración privada, presentada por la Sociedad LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA por concepto del Impuesto de industria y comercio correspondiente al periodo gravable 2010-13, presentada en el Banco de Bogotá el día 23 de febrero del año 2011, bajo el número de declaración

4109085131.

CUARTO: Sin costas.

QUINTO: Notifíquese personalmente el presente fallo al respectivo Procurador Judicial delegado ante este tribunal.

SEXTO: Ejecutoriada la presente providencia archívese el expediente”.

4109085131.

CUARTO: Sin costas.

QUINTO: Notifíquese personalmente el presente fallo al respectivo Procurador Judicial delegado ante este tribunal.

SEXTO: Ejecutoriada la presente providencia archívese el expediente”.

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA El 23 de octubre de 201 2, la Secretaría de Hacienda Distrital de Barranquilla, expidió el Requerimiento Especial Nro. GGI -FI-RE-01906-12, mediante el cual invitaba a la sociedad LG Electronics de Colombia Ltda. (en adelante, LG) a corregir la declaración del impuesto de industria y comercio por el período gravable 201 013 (declaración anual). Previa respuesta al requerimiento, el 25 de julio de 2013, la Administración profirió la Liquidación Oficial de Revisión Nro. GGI-FI-LR-00679-13, por la cual incrementó

1 Samai del Tribunal, índice 3Radicado: 08001-23-33-000-2015-30068-01 (26888)

Demandante: LG Electronics Colombia Ltda.

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co los ingresos brutos que debían constituir la base gravable del ICA, así como los ingresos obtenidos en el municipio, e impuso sanción por inexactitud, en la suma de $2.324.154.000. La sociedad interpuso recurso de reconsideración el 26 de agosto de 2013 y, como consecuencia, el distrito notificó el Auto Nro. GGI-DT-AU 0227-14 del 18 de julio de

de $2.324.154.000. La sociedad interpuso recurso de reconsideración el 26 de agosto de 2013 y, como consecuencia, el distrito notificó el Auto Nro. GGI-DT-AU 0227-14 del 18 de julio de 2014, mediante el cual ordenó la práctica de inspección tributaria y contable y suspendió el término para fallar el recurso de reconsideración en consideración a lo dispuesto en el artículo 733 del Estatuto Tributario Nacional. El 10 de septiembre de 2014, la Administración practicó la inspección decretada y suscribió el acta de visita. El 07 de noviembre de 2014, la demandada profirió la Resolución Nro. GGI-DT-RS0706-14, que resolvió el recurso de reconsideración, modificando el acto de liquidación, con el fin de aumentar los ingresos obtenidos en el distrito . Dicho acto fue notificado por edicto el 15 de diciembre de 2014. El 6 de febrero de 2015, LG protocolizó el silencio administrativo positivo ante la Notaria Décima del Círculo de Bogotá. El 18 del mismo mes y año, la demandante presentó solicitud de reconocimiento de la configuración del silencio administrativo positivo, con ocasión a la extemporaneidad en la notificación de la resolución que resolvió el recurso. Ante el silencio de la Administración, LG radicó un derecho de petición el 07 de abril de 2015. El 10 de abril de 2015, la Administración profirió la Resolución Nro. 0126 -15 revocando directamente el acto administrativo ficto que fue proto colizado por la actora, de conformidad con las disposiciones del Código Contencioso

El 10 de abril de 2015, la Administración profirió la Resolución Nro. 0126 -15 revocando directamente el acto administrativo ficto que fue proto colizado por la actora, de conformidad con las disposiciones del Código Contencioso Administrativo, al considerar que era abierta y manifiestamente contrario a la ley. ANTECEDENTES PROCESALES Demanda En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el demandante formuló las siguientes pretensiones2: “I. PRETENSIONES 1.1. PRIMERA Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos proferidos por la Secretaría de Hacienda de Barranquilla, por haber sido expedidos con violación a las normas nacionales y distritales en las cuales debieron fundamentarse: • Requerimiento especial GGI-FI-RE-01906-12 de 23 de octubre de 2012. • Liquidación Oficial de Revisión COD. 504 Acto No, GGI-FI-LR-00679-13 de 25 de julio de 2013, por medio de la cual se modificó la declaración privada del impuesto de industria y comercio del período gravable 2010(13). • Resolución No GGI-DT-RS-0706-14 de 7 de noviembre de 2014, por la cual se decide el recurso de reconsideración contra la LOR GGI-FI-LR-00679-13 de 25 de julio de 2013. • Resolución No. 0126 -15 del 10 de abril de 2015 “por medio de la cual se revoca directamente un acto administrativo f icto”, este acto se notificó por correo físico a LG en día 24 de abril de 2015.

1.2. SEGUNDA

directamente un acto administrativo f icto”, este acto se notificó por correo físico a LG en día 24 de abril de 2015. 1.2. SEGUNDA • Que como consecuencia de la notificación extemporánea de la Resolución que resuelve el recurso de reconsideración, y que agota la vía gubernativa, se reconozca la operancia

2 Samai, índice 2 PDF 11_ED_009ADICIONDEMANDA(.pdf)Radicado: 08001-23-33-000-2015-30068-01 (26888)

Demandante: LG Electronics Colombia Ltda.

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co del silencio positivo administrativo en favor del contribuyente previsto por los artículos 732 a 734 del Estatuto Tributario, 317 del Decreto 092 de 2011 y los artículos 84 y 85 del Código Contencioso Administrativo y se declare la nulidad de los actos demandados. • Que, consecuencialmente, se restablezca en su derecho a la sociedad deman dante, declarando la firmeza de la declaración y liquidación privada del Impuesto de industria y comercio correspondiente al período gravable 2010 -13, presentada en el Banco de Bogotá el día 23 de febrero del año 2011, bajo el número de declaración 41090085131. • Que se deje sin efectos la Resolución No. 0126-15 del 10 de abril de 2015 “por medio del cual se revoca directamente un acto administrativo presunto ficto”. • Que se condene en costas a la Secretaría de Hacienda de Barranquilla”. A los anterior es efectos, invocó como violados los artículos 29 y 338 de la

cual se revoca directamente un acto administrativo presunto ficto”. • Que se condene en costas a la Secretaría de Hacienda de Barranquilla”. A los anterior es efectos, invocó como violados los artículos 29 y 338 de la Constitución Política; 32, 33, 34 y 35 de la Ley 14 de 1983; 66 de la Ley 383 de 1997; 59 de la Ley 788 de 2002; 565, 647, 647-1, 720, 732 a 734 , 742 y 777 del Estatuto Tributario; 3, 84 y 85 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; 167 y 176 del Código General del Proceso; 47, 48 y 317 del Decreto 924 de 2011 y 36, 43, 46, 47 y 48 del Decreto 924 de 2011. El concepto de la violación de estas disposiciones se resume así3:

1. Indebida notificación dentro del t érmino legal de la resolución que resuelve el recurso de reconsideración Señaló que el artículo 732 del Estatuto Tributario establece que la Administración tenía el término de un año para resolver el recurso de reconsideración, contado a partir de su interposició n, so pena de operar el silencio administrativo positivo , norma que fue recopilada en el artículo 317 del Decreto 0924 de 2011. Así, la Secretaría de Hacienda Distrital de Barranquilla contaba hasta el 26 de noviembre de 2014 para notificar la resolución que resolvió el recurso de reconsideración, toda vez que el auto que decretó la inspección tributaria suspendió el plazo por tres meses.

Además, resaltó que, de conformidad con el artículo 565 del Estatuto Tributario, el

vez que el auto que decretó la inspección tributaria suspendió el plazo por tres meses. Además, resaltó que, de conformidad con el artículo 565 del Estatuto Tributario, el edicto es un mecanismo subsidiario para notificar las resoluciones que deciden recursos, cuando el interesado no pueda acudir a la diligencia de notificación personal dentro del plazo otorgado para tal fin. Adujo que en este caso se configuraron los requisitos para la ocurrencia del silencio administrativo, esto es, la interposición del recurso de reconsideración y el transcurso de un término mayor a un año para resolverlo. Precisó que la jurisprudencia del Consejo de Estado 4 ha indicado que no bastaba con la expedición del acto que resolvía el recurso, sino que éste debía ser notificado en el término señalado en la ley. En el caso concreto, el recurso se interpuso el 26 de agosto de 2013 y, con ocasión a la inspección tributaria , el plazo para notificar el recurso fenecía el 26 de noviembre de 2014, no obstante , hasta el 15 de diciembre de 2014 se desfijó el edicto que comunicaba la decisión de la Administración. Destacó que la Secretaría de Hacienda , en la Resolución Nro. 0126 -15 del 10 de abril de 2015, admitió la configuración del silencio administrativo , empero en ese mismo acto, hace un análisis de la aplicación de la ley en tiempo con el único fin de revocar el silencio.

3 Ibidem 4 Sentencias del 21 de febrero de 2005, exp. 14263 C.P. Ligia López Díaz y del 23 de abril de 2002, exp.

revocar el silencio.

3 Ibidem 4 Sentencias del 21 de febrero de 2005, exp. 14263 C.P. Ligia López Díaz y del 23 de abril de 2002, exp. 12605, C.P. María Inés Ortiz BarbosaRadicado: 08001-23-33-000-2015-30068-01 (26888)

Demandante: LG Electronics Colombia Ltda.

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Expresó que el acto administrativo ficto nace o se configura de manera instantánea al momento de la omisión o descuido de la Administración en la respuesta oportuna del acto que finaliza la vía gubernativa en materia tributaria. Sostuvo que no se cumplieron los requisitos para revocar el acto administrativo y no se contaba con prueba sumaria de la ilegalidad del acto que se pretendía revocar y, que la Administración estaba en obligación de probar la ilicitud de la decisión. Comentó que no se trataba de un problema de aplicación de la ley en el tiempo, ya que las disposiciones del Estatuto Tributario Nacional y Distrital establecen la configuración del silencio administrativo de forma automática, una vez se cumple en término señalado en la ley, por lo que la Administración no podía pretender el pago del impuesto sin contar con un título legítimo y ejecutoriado.

2. Inclusión dentro de la base gravable del ICA de ingresos derivados de la realización de actividades mercantiles por fuera del territorio del Distrito de Barranquilla Comentó que , de acuerdo con la Ley 14 de 1983 y el Estatuto Tributario de

2. Inclusión dentro de la base gravable del ICA de ingresos derivados de la realización de actividades mercantiles por fuera del territorio del Distrito de Barranquilla Comentó que , de acuerdo con la Ley 14 de 1983 y el Estatuto Tributario de Barranquilla, los ingresos que deben tomarse como base son los generados en las actividades ejecutadas dentro de la jurisdicción del ente territorial.

Explicó que podían existir ingresos que formaban parte del impuesto sobre la renta, pero no coincidían con los reportados como base del ICA, por no ejecutar materialmente el hecho generador del impuesto territorial y aclaró que los valores sobre los cuales existía una diferencia no hacían parte de l tributo del orden municipal o eran valores que pertenecían a otras jurisdicciones, lo que estaba soportado por la actora. Se refirió a los modelos de negocio fuera del territorio aduanero nacional y argumentó que la Administración desconoció el esquema comercial de la actora.

3. Falta de valoración de las pruebas aportadas al proceso Precisó que los actos demanda dos estaban falsamente motivados ya que la Administración se abstuvo de valorar las pruebas aportadas por LG en el proceso que soportaban el manejo comercial, contable y fiscal , así como las declaraciones de ICA presentadas en las demás jurisdicciones. Así mismo, el distrito no demostró mediante pruebas razonables la inconducencia e impertinencia de las afirmaciones de la actora.

4. Término para interponer el recurso de reconsideración Manifestó que en la liquidación oficial de revisión la Administración otorgó un término de un mes para interponer el recurso de reconsideración, violando las normas de orden nacional que señalan un plazo de dos meses para tal fin.

Manifestó que en la liquidación oficial de revisión la Administración otorgó un término de un mes para interponer el recurso de reconsideración, violando las normas de orden nacional que señalan un plazo de dos meses para tal fin. Adujo que, los entes territoriales se encontraban obligados a acoger en materia de procedimiento las reglas del Estatuto Tributario Nacional.

5. Sanción por inexactitud Argumentó que la actora no realizó la conducta sancionable, puesto que no omitió ingresos ni incluyó costos, impuestos o gastos inexistentes , ni suministró información falsa o incompleta. Tampoco actuó con dolo o ánimo defraudatorio, sino que existió una diferencia de criterios entre la Administración y el contribuyente.

Oposición de la demanda La demandada controvirtió las pretensiones de la sociedad actora argumentando lo siguiente5:

5 Samai, índice 2 PDF 15_ED_013CONTESTACIONDD(.pdf)Radicado: 08001-23-33-000-2015-30068-01 (26888)

Demandante: LG Electronics Colombia Ltda.

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Indicó que la Administración efectuó acciones tenientes a notificar el acto que resolvió el recurso de reconsideración dentro de los términos legales, sin embargo, la demandante no acudió a la citación de la notificación personal aun cuando recibió el oficio respectivo, motivo por el cual fijó edicto el 01 de diciembre de 2014 y se desfijó el 15 del mismo mes y año.

la demandante no acudió a la citación de la notificación personal aun cuando recibió el oficio respectivo, motivo por el cual fijó edicto el 01 de diciembre de 2014 y se desfijó el 15 del mismo mes y año. Reconoció que al notificarse en esa fecha (15 de diciembre de 2014) , se superó el término legal dispuesto y, en consecuencia, operó el silencio administrativo positivo. No obstante, como la norma para la época de los hechos correspondía al Decreto 01 de 1984 (Código Contencioso Administrativo ), toda vez que el proceso de determinación del tribut o inició con la expedición del aut o de apertura del 05 de marzo de 2012, son aplicables los artículos 69, 73 y 74 de ese ordenamiento, que permiten revocar los actos presuntos fictos que son inconstitucionales e ilegales. En este caso, el acto ficto (silencio positivo) estaba inmerso en una de las causales de revocatoria señaladas en el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo , ser opuesto a la Constitución Política, ya que la declaración privada de la actora presentaba inconsistencias relacionadas con l os ingresos obtenidos fuera del Distrito de Barranquilla. Por tal motivo era procedente la imposición de la sanción por inexactitud, en la medida en que omitió ingresos gravados y, no había diferencia de criterios porque cuando se presenta dicha conducta no aplicaba tal eximente de responsabilidad. Finalmente, propuso la excepción de falta de demostración de los cargos formulados y la excepción genérica de oficio6. Sentencia apelada El Tribunal Administrativo del Atlántico declaró la nulidad de los actos demandados7 con fundamento en los siguientes planteamientos:

formulados y la excepción genérica de oficio6. Sentencia apelada El Tribunal Administrativo del Atlántico declaró la nulidad de los actos demandados7 con fundamento en los siguientes planteamientos: Indicó que el artículo 732 del Estatuto Tributario establece que la Administración tenía un año para resolver el recurso de reconsideración, contado a partir de la interposición en debida forma y si una vez transcurrido este plazo la autoridad tributaria no había resuelto el recurso, se entendía fallado a favor del recurrente, evento en que la Administración lo declararía de oficio o a petición de parte (artículo 734 ibidem). Estas disposiciones se adopta ron por el Distrito de Barranquilla en el artículo 317 del Decreto 0924 de 2011. Puso de presente que el Consejo de Estado8 se pronunció al respecto, precisando que el término en comento i ncluía la notificación en debida forma al interesado y que dicho plazo era preclusivo , por lo que la Administración p erdía competencia para pronunciarse al respecto y en ese orden, el acto deviene en nulo. En esa medida, no se requería protocolizar la pres entación del recurso y la declaración juramentada de no haber sido notificado en término. En este caso, LG presentó el recurso en debida forma el 26 de agosto de 2013, de ahí que, en principio, la Administración tenía hasta el 26 de agosto de 2014 para resolverlo, sin embargo, al proferirse el auto de inspección tributaria se suspendió el término por tres meses, por lo que el plazo feneció el 26 de noviembre de 2014. Así, al notificar el acto que resolvió el recurso el 15 de diciembre de 2014 se

el término por tres meses, por lo que el plazo feneció el 26 de noviembre de 2014. Así, al notificar el acto que resolvió el recurso el 15 de diciembre de 2014 se configuró el silencio administrativo positivo, dejando en firme la liquidación privada de ICA.

6 En audiencia inicial celebrada el 9 de diciembre de 2015, el Tribunal señaló que las excepciones serían “objeto de desarrollo de desarrollo al momento de desatar el fondo del asunto”. 7 Samai del Tribunal, índice 3 8 Sentencias del 12 de noviembre de 2015, exp. 20900, C.P. Martha Teresa Briceño; del 21 de octubre de 2010, exp. 17142, C.P. Hugo Fernando Bastidas; y del 06 de diciembre de 2017, exp. 21308, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, reiterada en las sentencias del 08 de febrero de 2018, exp. 22469 y del 28 de marzo de 2019, exp. 22355.Radicado: 08001-23-33-000-2015-30068-01 (26888)

Demandante: LG Electronics Colombia Ltda.

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Empero, el distrito, mediante la Resolución Nro. 01 26-15 del 10 de abril de 2015 , revocó directamente el acto presunto fict o argumentando que le era aplicable el Código Contencioso Administrativo, desconociendo que las leyes procedimentales son de aplicación inmediata, de manera que la solicitud de declaratoria del silencio administrativo y el acto por medio del cual la entidad se pronunció al respecto, se

Código Contencioso Administrativo, desconociendo que las leyes procedimentales son de aplicación inmediata, de manera que la solicitud de declaratoria del silencio administrativo y el acto por medio del cual la entidad se pronunció al respecto, se produjeron después de la entrada en vigor de la Ley 1437 de 2011, por lo cual esta era la norma aplicable para el caso concreto. En virtud de lo anterior para que procediera la revocatoria directa del acto dada su ilegalidad, era necesario el consentimiento del interesado (artículo 97 de la Ley 1437 de 2011)9, presupuesto que no se cumplió en este asunto. Así no era posible revocar el acto sin demandar lo ante la jurisdicción , so pena de vulnerar las garantías inherentes al derecho al debido proceso de la actora. Sobre el requerimiento especial GGI -FI-RE-01906-12 de 2012, puso de presente que, de conformidad con la tesis de Consejo de Estado y los artículos 43 y 169 de la Ley 1437 de 2011, no se trataba de un acto definitivo, por lo cual no era objeto de control judicial, de ahí que no había lugar a emitir pronunciamiento frente al mismo. Finalmente, no condenó en costas por considerar que la demandada no actuó con temeridad, irracionalidad o dilación del trámite , que la hiciera merec edora de esa sanción10. Recurso de apelación La demandada recurrió la decisión del Tribunal 11, reiterando los argumentos de la oposición a la demanda , esto es , que operó el silencio administrativo, pero se declaró la revocatoria directa del acto ficto de conformidad con el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, norma aplicable a este asunto comoquiera que

oposición a la demanda , esto es , que operó el silencio administrativo, pero se declaró la revocatoria directa del acto ficto de conformidad con el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, norma aplicable a este asunto comoquiera que el proceso de determinación inició en marzo de 2012 con el auto de apertura y el requerimiento ordinario. Oposición al recurso La demandante12 reiteró los argumentos expuestos en sede judicial. Destacó que es indiferente si la norma es el Decreto 01 de 1984 o la Ley 1437 de 2011 porque en ambas disposiciones se consagra que la revocatoria de un acto administrativo de contenido particular debe comunicarse al titular, es decir al contribuyente, lo cual no se presentó en este caso porque nunca se le informó, configurándose así una violación al derecho al debido proceso. Concepto del Ministerio Público El Procurador delegado ante esta Corporación no se pronunció en esta instancia. CONSIDERACIONES DE LA SALA Atendiendo los cargos de apelación formulados por la demanda nte contra la sentencia de primera instancia, la Sala juzgar á la legalidad de los actos acusados, mediante los cuales la Administración modificó la declaración privada del impuesto de industria y comercio del período gravable 2010-3 y revocó el acto administrativo ficto que contenía el silencio administrativo positivo.

9 Sobre el particular citó la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 15 de abril de 2016, exp. 19483, sin identificar el consejero ponente 10 La sentencia de primera instancia contó con una aclaración de voto referente a la nulidad de la liquidación oficial de revisión del 25 de julio de 2013.

19483, sin identificar el consejero ponente 10 La sentencia de primera instancia contó con una aclaración de voto referente a la nulidad de la liquidación oficial de revisión del 25 de julio de 2013. 11 Samai, índice 2, PDF 31_ED_030RECURSODEAPEL(.pdf) 12 Samai, índice 27Radicado: 08001-23-33-000-2015-30068-01 (26888)

Demandante: LG Electronics Colombia Ltda.

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así las cosas, la Sala deber á determinar si i) procedía la revocatoria del silencio administrativo positivo por parte de la Secretaría de Hacienda Distrital de Barranquilla bajo las normas establecidas en el Decreto 01 de 1984 Código Contencioso Administrativo y en caso de ser procedente ii) se estudiarán los demás cargos de nulidad propuestos en la demanda.

1. Revocatoria directa del acto administrativo ficto o presunto La apelante única manifiesta que , aunque se configuró el silencio administrativo positivo, este acto ficto fue revocado mediante la Resolución N ro. 0126-15 del 10 de abril de 2015, el cual se profirió con fundamento en lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984) , norma que en su consideración era la aplicable, toda vez que el auto de apertura de investigación y el requerimiento ordinario se expidieron en virtud de dicha reglamentación.

La sentencia de primera instancia señaló que la norma aplicable en el caso concreto

era la aplicable, toda vez que el auto de apertura de investigación y el requerimiento ordinario se expidieron en virtud de dicha reglamentación. La sentencia de primera instancia señaló que la norma aplicable en el caso concreto era la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), la cual disponía que era necesario el consentimiento del particular para la revocatoria del acto, lo cual no aconteció en este asunto, omisión que vulnera el derecho al debido proceso de la sociedad demandante. Con el fin de resolver el recurso de apelación, es pertinente realizar las siguientes precisiones con relación al procedimiento de determinación de los tributos territoriales13. El artículo 59 de la Ley 788 de 2002, dispuso que para la administración, determinación, discusión, cobro, devoluciones y régimen sancionatorio, los departamentos y municipios debían aplicar los procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario Nacional, destacando que el “monto de las sanciones y el término de la aplicación de los procedimientos anteriores, podrán disminuirse y simplificarse acorde con la naturaleza de sus tributos, y teniendo en cuenta la proporcionalidad de estas respecto del monto de los impuestos”. Sobre la aplicación del procedimiento tributario nacional, la sentencia C -1114 de 200314 sostuvo “nada se opone a que el Congreso determine el procedimiento tributario a aplicar en tales entidades. Mucho más si con esa decisión se promueven mecanismos adecuados de recaudo y se facilitan condiciones equitativas para los administrados, circunstancias estas que optimizan el principio de eficiencia del tributo y que potencian la realización de uno de los derechos contenidos en el principio de autonomía de las entidades territoriales, cual es el de participar en las

optimizan el principio de eficiencia del tributo y que potencian la realización de uno de los derechos contenidos en el principio de autonomía de las entidades territoriales, cual es el de participar en las rentas nacionales” Por lo anterior, las entidades territoriales deben adecuar los procedimientos del orden nacional (libro V del Estatuto Tributario) a los tributo s territoriales, de lo que se desprende que dichos entes podrán practicar liquidaciones oficiales, en ejercicio de la facultad de fiscalización e investigación que le asiste a la Administración, para asegurar el efectivo cumplimiento de las normas sustanciales. En esas condiciones, las liquidaciones se expiden para verificar la exactitud de las declaraciones presentadas por los contribuyentes respecto de los tributos del orden territorial o corregir los errores de las declaraciones privadas (liquidación ofi cial de revisión y de corrección aritmética); o para suplir su falta adelantando, para tal fin, las investigaciones necesarias para establecer la ocurrencia de hechos generadores de obligaciones tributarias en su jurisdicción, no declarados (liquidación de aforo)15.

13 Sobre el particular se puede consultar la sentencia del 11 de mayo de 2023, exp. 26146 C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello. 14 Corte Constitucional, Sentencia C-1114 de 2003 M.P. Jaime Córdoba Triviño 15 En iguales términos se pronunció la Sala en sentencia del 4 de mayo de 2015, exp. 20615, C.P. Jorge

Octavio Ramírez RamírezRadicado: 08001-23-33-000-2015-30068-01 (26888)

Demandante: LG Electronics Colombia Ltda.

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Octavio Ramírez RamírezRadicado: 08001-23-33-000-2015-30068-01 (26888)

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8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora, antes de la expedición de las liquidaciones oficiales debe mediar un acto previo en el que se propongan las modificaciones de las declaraciones o en el que se indique la conducta en que se incurrió, esto con el fin de que el contribuyente cuente con la oportunidad de controvertir lo expuesto por la Administración. Así mismo, la liquidación puede recurrirse con el fin de que se revise la determinación del tributo fijado por la autoridad tributaria. Sobre este último asunto, es importante resaltar que la Corte Constitucional, en la sentencia C-007 de 2017, sostuvo que el ejercicio de los recursos señalados por las normas contencioso-administrativas atiende a