CE - 012333000201600033011SENTENCIA20230420164747

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 410012333000201600033 01 (69119)

Actor: CONSORCIO OBRAS HUILA

Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS

Referencia: ACCIÓN CONTRACTUAL

Temas: MAYOR PERMANENCIA EN OBRA – no se demostró que se hubiera presentado por circunstancias extraordinarias e imprevisibles con vocación de alterar el equilibrio económico del contrato / MAYORES CANTIDADES DE OBRA – no está acreditada su ejecución / ACTAS PARCIALES DE OBRA – no se evidencia que el INVÍAS se hubiera constituido en mora

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, el 26 de julio de 20 22, mediante la cual se resolvió negar las pretensiones de la demanda.

I. A N T E C E D E N T E S

1. Síntesis del caso

La presente controversia gira en torno a la declaratoria de responsabilidad contractual y ruptura del equilibrio económico del contrato de obra 988 de 2011 , suscrito entre Invías y el consorcio Obras Huila, lo que se habría presentado a causa de la mayor permanencia en obra por circunstancias no imputables al contratista, por el no reconocimiento de mayores cantidades de obra, por el retardo en el pago

suscrito entre Invías y el consorcio Obras Huila, lo que se habría presentado a causa de la mayor permanencia en obra por circunstancias no imputables al contratista, por el no reconocimiento de mayores cantidades de obra, por el retardo en el pago de las actas de obra y la negativa a actualizar los precios del acuerdo.

2. La demanda

La demanda con la que se inició este litigio fue presentada el 28 de enero de 2016 por la sociedad Marán Ltda. y los señores José Darío Osorio Botero, Gustavo Paredes Quintero y Carlos Andrés Chavarro , en condición de miembros del consorcio Obras Huila , en ejercicio de l medio de control de controversias contractuales, en contra del Instituto Nacional de Vías, con el fin de que se declararaExpediente: 410012333000201600033 01

Actor: Carlos Andrés Chavarro y otros

Demandado INVIAS

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contractualmente responsable a esta entidad por el incumplimiento y la ruptura del equilibrio económico del contrato de obra 988 de 2011 y se le condenara a pagar a la parte actora las sumas de: i) $599’377.615, por mayor permanencia en obra por aumento del plazo; ii) $99’202.853, por mayor cantidad de obra correspondiente al ítem de suministro e instalación de bolsacretos ; iii) $28’817.096 por la mayor cantidad de obra correspondiente al relleno de bolsacretos ; iv) $12’491.177, por intereses moratorios p or la tardanza en el pago de actas parciales de obra ; y v) $25’025.229, por concepto de actualización de precios del contrato.

intereses moratorios p or la tardanza en el pago de actas parciales de obra ; y v) $25’025.229, por concepto de actualización de precios del contrato.

En el escrito de demanda, en síntesis, la parte actora narró los siguientes hechos relevantes:

En el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica por razón de la calamidad pública declarada el 7 de diciembre de 2010 por el Gobierno Nacional mediante Decreto Legislativo No. 4580, el 25 de julio de 2011 Invías y el consorcio Obras Huila celebraron el contrato de obra 988, con el objeto de realizar obras de emergencia en la carretera Garzón - La Plata – Guadalejo, ruta 3701, por un valor de $3.037’382.391, a precios unitarios, y un plazo de 3 meses contados desde el 29 de julio de 2011.

Durante el plazo del contrato, las partes suscribieron cuatro prórrogas en mérito de la cuales se amplió el plazo en onces meses, debido a problemas de orden público, demora en la entrega de licencias ambientales por la Corporación Regional del Cauca, dificultades de movilidad para transportar la maquinaria por el estado de las vías alternas de acceso, paro de transportadores , fuertes lluvias y retardo en la entrega del cemento, cuestión que causó sobrecostos al contratista por la mayor permanencia en obra.

En el pe riodo de ejecución el consorcio contratista presentó varias facturas correspondientes a actas parciales de obra, varias de las cuales la entidad no pagó en el término pactado.

El contratista suministró e instaló bolsacretos de 2.500 PSI en cantidad de 192, 78m3

correspondientes a actas parciales de obra, varias de las cuales la entidad no pagó en el término pactado.

El contratista suministró e instaló bolsacretos de 2.500 PSI en cantidad de 192, 78m3 y rellenó con ese material unas cavidades de agua , obras que fueron necesarias para el cabal funcionamiento del proyecto , pero no fueron reconocidas por la entidad.

El 26 de marzo 2014, las partes suscribieron el acta de liquidación bilateral del contrato 988 de 2011, documento en el que el contratista consignó que se reservabaExpediente: 410012333000201600033 01

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el derecho a reclamar judicialmente por las situaciones antes señaladas.

3. Contestación de la demanda

Invías contestó la demanda dentro de la oportunidad legal en escrito en el que se opuso a las pretensiones . Alegó que parte de la labor del contratista era re alizar estudios y diseños de la meta física inicialmente planteada y, luego de su revisión, se advirtió la necesidad de incluir otros ítems que no estaban en el presupuesto original, pero que s í estaban en las especificaciones generales para construcción de carreteras del Instituto, razón por la cual se acudió al instrumento del acta de modificación de cantidades que se realizó en t érmino de mayores y menores , con los precios cotizados y propuestos por el contratista, el que debía prever su razonabilidad en contraste con las necesidades surgidas en la ejecución de la obra, sin que pudiera reconoc erse un valor superior al aprobado en las actas mencionadas.

los precios cotizados y propuestos por el contratista, el que debía prever su razonabilidad en contraste con las necesidades surgidas en la ejecución de la obra, sin que pudiera reconoc erse un valor superior al aprobado en las actas mencionadas.

Adujo que las condiciones climáticas que motivaron varias prórrogas eran conocidas por el contratista, dado que el negocio se suscribió precisamente para precaver una situación de emergencia motivada por la temporada invernal , a lo que agregó que otra de las causas fue la demora en la obtención de licencias ambientales, aspecto atinente a la responsabilidad del contratista.

En cuanto al pago de las actas parciales de obra sostuvo que varias de ellas fueron presentadas por el contratista luego del plazo estipulado en el contrato.

4. La sentencia de primera instancia

El tribunal a quo negó las pretensiones de la demanda por considerar q ue no se presentó la ruptura del equilibrio económico del contrato, toda vez que la extensión del plazo se produjo por causas que no eran imputables a la entidad, que además le resultaban previsibles al consorcio , tales como las condiciones climáticas y , las que no lo eran, como los paros y las situaciones de orden público, no fueron la causa exclusiva de su prolongación. Añadió que , según el sistema de precios unitarios pactados, podrían ejecutarse mayores o menores cantidades de obra y que en el proceso no estaba demostrado que se hubieran ejecutado mayores cantidades del ítem correspondiente a los bolsacretos ni que hubieran sido autorizadas . Precisó que aun cuando mediaron demoras en el pago de algunas actas de obra, la tardanza no obedeció a causas im putables a la entidad estatal. Por último, afirmó que no

ítem correspondiente a los bolsacretos ni que hubieran sido autorizadas . Precisó que aun cuando mediaron demoras en el pago de algunas actas de obra, la tardanza no obedeció a causas im putables a la entidad estatal. Por último, afirmó que no había lugar a reconocer la actualización de precios pretendida.Expediente: 410012333000201600033 01

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5. Recurso de apelación

La parte actora impugnó la sentencia con argumentos dirigidos a reprochar la negativa al reconocimiento de mayor permanencia en ob ra, cuyas causas, en su criterio, no necesariamente debían reservarse en el acta de liquidación bilateral por existir una excepción jurisprudencial a ese deber, a tono con lo cual dijo que la demora en la obtención de la licencia de construcción no debía consignarse en el acta por ser un hecho posterior y haber sido producto del dolo de la entidad.

Señaló que se debía reconocer en favor del contratista el pago de la mayor cantidad de obra correspondiente al ítem de suministro, instalación y relleno de bolsacretos, por cuanto su realización e staba demostrada en el dictamen p ericial aportado con la demanda, el cual sí se había fundamentado en los documentos contractuales y por tanto estaba dotado de respaldo.

Expuso que la entidad incurrió en retardo en el pago de las actas de obra, pese a que el consorcio las radicó en la forma prevista e n el contrato , según se había demostrado en el proceso con pruebas que no fueron consideradas por el a quo.

Dijo que era obligación legal de la entidad reconocer el mayor valor derivado de la

que el consorcio las radicó en la forma prevista e n el contrato , según se había demostrado en el proceso con pruebas que no fueron consideradas por el a quo.

Dijo que era obligación legal de la entidad reconocer el mayor valor derivado de la variación de precios producidos durante la prolongación del plazo , de acuerdo con lo establecido en la Ley 80 de 1993.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Como no se advierte la configuración de causal de nulidad alguna que invalide lo actuado, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de primera instancia. Adicionalmente, la Sala evidencia el cumplimiento de los presupu estos procesales: competencia, caducidad y legitimación en la causa.

1. Objeto de la apelación

1.1 El objeto de los recursos de apelación y el esquema que se propone para resolver el asunto

Corresponde a la Sala establecer si se produjo la alegada ruptura del equilibrio económico por causa de la mayor permane ncia en obra generada por razones no atribuibles al consorcio; si la entidad est á obligada a reconocer en favor del consorcio la mayor cantidad de obra ejecutada bajo el ítem de instalación,Expediente: 410012333000201600033 01

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suministro y relleno de bolsacretos; si existió mora en el pago de actas parciales de obra y si hay lugar a reconocer la variación de precios causada en el plazo contractual.

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suministro y relleno de bolsacretos; si existió mora en el pago de actas parciales de obra y si hay lugar a reconocer la variación de precios causada en el plazo contractual.

El esquema que se propone para resolver los cargos de la impugnación consiste en abordar el análisis de las causas que ocasionaron la ampliación del t érmino de ejecución y si la posibilidad de su estudio como generadoras de desequilibrio económico fue reservada en las salvedades del acta de liquidación bilateral. En este punto, por razones metodológicas, se estudiará lo relacionado con el aumento de precio producto de la ampliación del plazo del vínculo obligacional ; acto seguido, examinará la viabilidad de reconocer el pago de las mayores cantidades de obra relacionadas con la instalación, suministro y relleno de bolsacretos de acuerdo con lo pactado en el contrato y con lo efectivamente ejecutado; indagará si, con arreglo al clausulado negocial, el consorcio presentó oportunamente para su pago las cuentas de cobro correspondientes a las actas de obra y la entidad honró su compromiso de pagarlas en el tiempo estipulado.

1.2. Cargo de la apelación – las causas que produjeron la mayor permanencia en obra y su vocación de impactar el equilibrio económico del contrato

El Tribunal de primera instancia , al revisar el contenido de las salvedades consignadas en el acta de liquidación bilateral, advirtió que, en tanto no se dejó reserva para reclamar la mayor permanencia en obra derivada de situaciones tales como el retardo en la obtención de las licencias ambientales por parte de la Corporación Autónoma Regional del Cauca y por las dificultades que presentaron

reserva para reclamar la mayor permanencia en obra derivada de situaciones tales como el retardo en la obtención de las licencias ambientales por parte de la Corporación Autónoma Regional del Cauca y por las dificultades que presentaron las vías alternas al proyecto por la pérdida de la banca, lo que dificultó el transporte de maquinaria y equipo, no resultaba viable examinar si esas situacione s desencadenaron la extensión del plazo contractual y tuvieron vocación de impactar el equilibrio financiero.

Sumado a lo dicho, indicó el a quo que la ampliación del plazo se produjo, en gran parte, por la ola invernal, situación plenamente conocida por el consorcio, máxim e cuando fue la misma situación de emergencia climática la que había motivado su celebración y además, al tiempo de su suscripción el contratista estaba ejecutando el contrato 641 de 2010 en esa misma carretera muy cerca del lugar de actividades de este negocio, por lo que conocía las condiciones de calamidad del sector.

Precisó el juzgador de primer grado que, si bien otra de las razones que condujo a las prórrogas fue la situación de orden público y los paros, la parte actora no soportóExpediente: 410012333000201600033 01

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probatoriamente el período en que la obra estuvo parada por esas circunstancias, dado que confluyeron otras situaciones que también desencadenaron la parálisis y que eran previsibles para el consorc io, como las lluvias , y a otras como las restricciones en el paso del Colegio y la entrega de licencias ambientales que no

dado que confluyeron otras situaciones que también desencadenaron la parálisis y que eran previsibles para el consorc io, como las lluvias , y a otras como las restricciones en el paso del Colegio y la entrega de licencias ambientales que no quedaron cobijadas en las salvedades del acta de liquidación.

Explicó que no se demostraron los sobrecostos derivados de la mayor permanencia en obra que hubieran tenido como causa la perturbación del orden público, la que, por demás, según testimonios, no duró más de un mes. Aunó a lo anotado que, según el informe del interventor del 23 de noviembre de 2012, los mayores costos en que habría incurrido el contratista por razón de orden público y el clima fueron cubiertos por los imprevistos del contrato que fueron pagados al consorcio.

En el recurso, la parte actora sostuvo que no compartía la decisión del tribunal de no estudiar la demora en el otorgamiento de las licencias de construcción y el mal estado de las vías que dificultaba el acceso a l proyecto por no haber quedado contemplada la salvedad alusiva a esas circunstancias en el acta de liquidación bilateral del contrato, pues , en su criterio, la jurisprudencia del Consejo de Estado había hecho excepciones frente a la exigencia de dejar reparos en la liquidación que se configuraban en este caso, dado que la entidad obró con dolo e hizo incurrir en error al contratista al hacerle firmar unas prórrogas en que se afirmaba que la obtención de las licencias era responsabilidad del consorcio, hecho que solo fue conocido con posterioridad a la suscripción de l acta de liquidación bilateral y que era contrario a la realidad, puesto que esa obligación estaba asignada a la entidad contratante.

obtención de las licencias era responsabilidad del consorcio, hecho que solo fue conocido con posterioridad a la suscripción de l acta de liquidación bilateral y que era contrario a la realidad, puesto que esa obligación estaba asignada a la entidad contratante.

Añadió que la mayor permanencia en obra por situaciones de orden público y el paro camionero s í estaba demostrada, máxime cuando era una circunstancia de público conocimiento. Encontró inadmisible el dicho del tribunal al sostener que ese no fue el único hecho generador de la prolongación del plazo , ya que, pese a ello, era una circunstancia que generó miedo por las amenazas recibidas y denotó un incumplimiento de la obligación del Estado de brindar s eguridad y tranquilidad al consorcio.

Son diversos los ejes temáticos sobre los cuales gravita la inconformidad planteada en el p rimer cargo de la impugnación , aunque todos ellos en conexidad con la supuesta ruptura del equilibrio económico que se generó por razón de la mayor permanencia en obra. Dicho esto, la Sala los resolverá en el orden formulado.Expediente: 410012333000201600033 01

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La Sala parte de precisar que, en efecto, como lo indicó el Tribunal de primer grado, en el contenido del acta de liquidación del contrato 988 de 2011 , suscrita por las partes el 26 de marzo de 2014, el consorcio se reservó la posibilidad de reclamar ante la jurisdicción los sobrecostos en que habría incurrido por la mayor permanencia en obra causada por la ola invernal , los paros y las situaciones de

partes el 26 de marzo de 2014, el consorcio se reservó la posibilidad de reclamar ante la jurisdicción los sobrecostos en que habría incurrido por la mayor permanencia en obra causada por la ola invernal , los paros y las situaciones de orden público, sin que dentro de esas razones se refiriera a la extensión del plazo ocasionada por la demora en la obtención de las licencias ambientales ni a la dificultad de acceso al sitio de la obra por el mal estado de las vías alternas al proyecto, que ralentizaban el traslado de maquinaria y equipos , situación que respalda la decisión del a quo en cuanto consideró que no podía emitirse pronunciamiento respecto de las reclamaciones derivadas de esas circunstancias ante la ausencia de reparo en ese sentido.

De manera reiterada y pacífica la jurisprudencia 1 de la Sección Tercera de esta Corporación ha considerado que, una vez los contratos se liquidan por mutuo acuerdo, el documento en el que consta la liquidación contiene un consenso de los extremos contratantes que no puede ser desconocido posteriormente a nte la instancia judicial por parte de quienes lo suscriben, salvo que se invoque algún vicio del consentimiento (error, fuerza o dolo) o se deje expresa constancia de la existencia de salvedades respecto del cruce de cuentas allí consignado.

En esa línea, como el acta de liquidación bilateral es un negocio jurídico, se ha dicho que de él se predican los efectos propios derivados del artículo 1602 del Código Civil (lo pactado es ley para las partes) y del principio de buena fe previsto en el artículo 1603 ibidem; además, se ha considerado que, tras la suscripción de ese

que de él se predican los efectos propios derivados del artículo 1602 del Código Civil (lo pactado es ley para las partes) y del principio de buena fe previsto en el artículo 1603 ibidem; además, se ha considerado que, tras la suscripción de ese documento, los acuerdos contenidos en la liquidación adquieren intangibilidad producto de su fuerza vinculante y, por tanto, no pueden ser desconocidos ni invalidados por las partes, salvo por su consentimiento o por causas legales2.

Bajo esta óptica se señala que, debido al carácter vinculante del acta de liquidación bilateral, la prosperidad de las pretensiones en sede judicial se encuentra

1 Ver, entre otros, los siguientes pronunciamientos: (i) sentencia del 8 de noviembre de 2021, expediente No. 56.023, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado; (ii) sentencia del 22 de agosto de 2013, expediente No. 22.947, M .P. Mauricio Fajardo Gómez, también dictada por la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación, y (iii) sentencia del 20 de octubre de 2014, expediente No. 27.777, M.P. Enrique Gil Botero, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado. 2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 22 de octubre de 2021, expediente No. 52.187, M.P. José Roberto Sáchica Méndez.Expediente: 410012333000201600033 01

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circunscrita a la posibilidad de controvertir exc lusivamente aquellos aspectos respecto de los cuales la actora hubiere manifestado expresamente su salvedad en el acta de liquidación final del contrato, quedando excluido aquello sobre lo cual se hubiere guardado silencio 3. En efecto, la finalidad de las salvedades que se consignan en tal documento consiste en reservar el derecho del contratista para acudir posteriormente ante los jueces a reclamar el cumplimiento de las obligaciones que considera insatisfechas con ocasión de la ejecución del contrato4, con la precisión de que ello no debe entenderse como un requisito de procedibilidad para la acceso a la administración de justicia , pues la ausencia de salvedad no impide la formulación de la demanda; a lo que se opone tal omisión es a la prosperidad de las pretensiones en virtud de los principios de buena fe y normatividad de los contratos.

Al descender al caso concreto, la Sala encuentra inadmisible el argumento del recurrente según el cual se configura ron excepciones contempladas por la jurisprudencia a la exigencia de dejar salvedades en el acta de liquidación , bajo el entendimiento de que concernían a hechos ocurridos con posterioridad a su suscripción y la entidad obró con dolo al hacer incurrir en error al contratista al suscribir las prórrogas.

Varios aspectos deben considerarse para desatar este punto de la apelación:

Lo primero frente a lo cual amerita dejar claridad, radica en que la argumentación en que se sustenta la censura se vincula solamente a la ausencia de salvedad

Varios aspectos deben considerarse para desatar este punto de la apelación:

Lo primero frente a lo cual amerita dejar claridad, radica en que la argumentación en que se sustenta la censura se vincula solamente a la ausencia de salvedad referente a la mayor permanencia ocasionada por la tardanza en la obtención de las licencias, dado que la fundamentación del reparo no abarca lo acontecido en torno a la falta de salvedad asociada a la mayor permanencia derivada del mal estado de las vías que dificultaba el acceso al proyecto y bajo esa precisión será resuelto.

En segundo término, es importante aclarar que , de conformidad con lo observado tanto en el contenido de las prórrogas 2 y 35 y en la sentencia de primera instancia, la adición del plazo del contrato obedeció, entre otras causas, a la tardanza en la obtención de las licencias ambientales que debía expedir la Corporación Regional del Cauca y no de la licencia de construcción , como se indica impropiamente en el

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administ rativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 8 de noviembre de 2021, expediente No. 56.023. 4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 27 de mayo de 2015, expediente No. 38.695, M.P. Hernán Andrade Rincón (E). 5 Folios 266 a 267 del cuaderno 2 y 632 a 634 del cuaderno 4.Expediente: 410012333000201600033 01

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escrito de impugnación. Con todo, en apoyo del principio que privilegia la sustancia sobre la forma, la Sala entenderá que la mención que se hace en la apelación a la licencia de construcción no pasó de ser un error insustancial.

Despejado lo anterior, la Sala advierte que la inconformidad del apelante edificada sobre la supuesta excepción al deber de dejar reservas en el acta de liquidación bilateral se sienta sobre las consideraciones de un pronunciamiento de la Sección Tercera del Consejo de Estado en cuyo contenido, a propósito de las salvedades del cruce final de cuentas logrado de mutuo acuerdo, se establece “Pero si la causa de la reclamación o demanda obedece a circunstancias posteriores y desconocidas para las partes, al momento de firmar el acta, es lógico que puedan reclamarse jurisdiccionalmente los derechos en su favor6”.

Surge con nitidez que lo que plantea la providencia en mención no es algo distinto a la inexigibilidad de cumplir con el deber de consignar salvedades en los acuerdos de liquidación del contrato estatal sobre hechos posteriores a su firma, por la lógica imposibilidad material de ostentar un conocimiento sobre su ocurrencia al momento de la firma, nada de lo cual acaeció en el sublite.

Para el recurrente se configuró una excepción al deber de dejar salvedades en la liquidación unilateral, por cuanto la mayor permanencia en obra se desencadenó por la demora en la obtención de la licencia ambiental: i) fue un hecho posterior y ii) su registró en el acta se produjo mediando el dolo de la entidad pública que

liquidación unilateral, por cuanto la mayor permanencia en obra se desencadenó por la demora en la obtención de la licencia ambiental: i) fue un hecho posterior y ii) su registró en el acta se produjo mediando el dolo de la entidad pública que engañó al consorcio para firmar las prórrogas haciéndolo pensar que la obligación de la obtención de las licencias era suya, cuando en realidad su trámite competía al Invías.

De entrada, la premisa inicial se descarta, por el simple hecho de que el retardo en la obtención de la licencia ambiental por parte de la Corporación Regional del Cauca no solo fue un hecho anterior a la firma del acta de liquidación , sino que , precisamente, esa fue una de las causas que motivó la suscripción de las prórrogas 2 y 3 del contrato 988 signadas por el consorcio, por manera que no queda otro camino que concluir que la posterioridad de su acaecimiento resulta infundada.

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Exp. 2777, 20 de octubre de 2014, Consejero Ponente: Enrique Gil Botero.Expediente: 410012333000201600033 01

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En este punto, la Sala no puede pasar por alto la disonancia argumentativa expuesta por el apelante en la que, por un lado, sostiene que la demora en la obtención de las licencias ambientales fue un hecho posterior a la firma del acta de liquidación bilateral y, simultáneamente, aduce que la suscripción de las prórrogas por parte

por el apelante en la que, por un lado, sostiene que la demora en la obtención de las licencias ambientales fue un hecho posterior a la firma del acta de liquidación bilateral y, simultáneamente, aduce que la suscripción de las prórrogas por parte del consorcio motivadas p or esa circunstancia se produjo inducida por el dolo y engaño de la entidad contratante , al hacer creer a su colaborador que era su obligación la obtención de las referidas licen cias, cuando a la luz del contrato su trámite correspondía a aquella.

Frente a la segunda anotación, se observa que el recurrente aspira, por la vía del recurso de apelación , enjuiciar la legalidad de los documentos contentivos de las prórrogas, tras alegar que el consentimiento del consorcio estuvo viciado por el dolo de la demandante, cuestión que constituye un nuevo hecho que no fue controvertido en la demanda por el cauce correspondiente a la pretensión anulatoria en contra de estos acuerdos, por lo que, por virtud del principio de congruencia, su conocimiento no puede ser avocado por la segunda instancia.

Sin perjuicio de lo dicho, su razonamiento, por demás, abandona el pacto negocial en el que nítidamente se devela, como se desprende de la cláusula décima cuarta del contrato 988 de 20011 “ gestión ambiental”7, que el trámite de la obtención de licencias ambientales quedó asignado a l contratista, razón adicional para hallar desprovisto de asidero su reproche, lo que lleva a desestimar el cargo relacionado con la supuesta configuración de la excepción al deber de dejar salvedades en el acta de liquidación bilateral.

La segunda parte de la argumentación en que descansa este cargo de oposición,

con la supuesta configuración de la excepción al deber de dejar salvedades en el acta de liquidación bilateral.

La segunda parte de la argumentación en que descansa este cargo de oposición, referente al reconocimiento de la mayor permanencia en obra por situaciones de orden público y el paro camionero, merece los siguientes comentarios:

Como se vio, el fallador de primer grado centró su negativa a declarar la ruptura del equilibrio económico del contrato 988 por la mayor permanencia en obra que habría desencadenado la situación de orden público y el paro camionero, en consideración a que: i) no se probó cuál fue exactamente el período en que estuvo suspendida la

7 Se extracta de la cláusula en cuestión la parte pertinente “ el contratista se responsabiliza de adelantar los estudios (métodos de explotación, cantidad requerida, manejo ambiental), delimitación de polígonos, verificación de calidad de material, entre otros, que solicite la autoridad ambiental para la obtención de licencia ambiental de explotación, igualmente la información requerida por la autoridad minera, todo lo cual es responsabilidad del contratista, hasta obtener la licencia y e permiso de explotación requeridos”.Expediente: 410012333000201600033 01

Actor: C