CE - 012333000201600055011SENTENCIA20230421103620

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá, D.C. veinte (20 ) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.

Radicación: 76001 23 33 000 201 6 000 55 01 ( 3175 –201 7)

Demandante: Eliana Patricia Agudelo Osorio

Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional –

Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio .

Temas: Prestaciones sociales de docentes. Sanción moratoria por la consignación tardía de cesantías parciales . Excepción de prescripción extintiva. Ley 1437 de 2011.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de la Subsección conoce el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de 31 de mayo de 2017 , proferida por el Tribunal Administrativo d el Valle del Cauca , que accedió a las súplicas de la demanda de la referencia.

I. ANTECEDENTES 1

1.1. Pretensiones de la demanda .

La señora Eliana Patricia Agudelo Osorio , por intermedio de apoderado judicial, solicitó declarar la nulidad de l acto ficto o presunto negativo , configurado por el silencio de la administración

La señora Eliana Patricia Agudelo Osorio , por intermedio de apoderado judicial, solicitó declarar la nulidad de l acto ficto o presunto negativo , configurado por el silencio de la administración respecto de la petición radicada el 30 de abril de 2015 ante la Secretaría de Educación Municipal de Santiago de Cali , por medio la cual solicitó a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio el reconocimiento y pago de la sanción morat oria establecida en la Ley 1071 de 2006 .

1 Folios 19 a 33 del expediente.Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado : 76001 23 33 000 2016 00055 01

Dem andante: Eliana Patricia Agudelo Osorio

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Como consecuencia de lo anterior, deprecó condenar a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a pagar la indemnización moratoria, desde el momento en que se hizo exigible la obligación y hasta el momento en el que se realizó el pago efectivo.

1.2. Hechos que fundamentan la demanda

El 26 de abril de 2011 la señora Eliana Patricia Agudelo Osorio solicitó ante la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Secretaría de Educación de Santiago de Cali , el reconocimiento y pago de las

El 26 de abril de 2011 la señora Eliana Patricia Agudelo Osorio solicitó ante la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Secretaría de Educación de Santiago de Cali , el reconocimiento y pago de las cesantías parciales ; con la Resolución 4143.0.21.10066 de 25 de noviembre de 2011 , la Secretaría de Educación Municipal de Cali accedió a la solicitud previamente señalada.

Indicó que el 20 de enero de 2015 , por intermedio del banco BBVA, le fue pagado el valor correspondiente a la prestación solicitada , es decir , 1.250 días después de lo ordenado por la ley .

En escrito radicado el 30 de abril de 2015, pidió el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, petición que no fue resuelta por la entidad demandada, por lo que se config uró la existencia del acto ficto o presunto negativo .

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración

Como concepto de violación , realizó un an álisis normativo y jurisprudencial de la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías . R esalt ó el incumplimiento en el que incurrió la administración en el reconocimiento y pago de las cesantías solicitadas , con inobservancia de las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006.Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado : 76001 23 33 000 2016 00055 01

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2006.Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado : 76001 23 33 000 2016 00055 01

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w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 3 1.4. Contestación de la demanda

La apoderada de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magiste rio 2 y de la Fiduciaria La Previsora S.A. 3, se opus ieron a la prosperidad de las súplicas de la demanda. Al respecto, la apoderada señal ó que la responsabilidad en el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales de los docentes recae exclusivamente en el ente territorial donde el docente prestó sus servicios.

El municipio de Santiago de Cali 4 indicó que le corresponde al FOMAG el reconocimiento y pago de cesantías a los docentes . De igual manera, precisó que el régimen docente es de carácter especial, razón por la cual no es procedente aplicar la Ley 1071 de 2006 , pues sus cesantías se regulan exclusivamente por la Ley 91 de 1989, que no prevé la indemnización solicitada.

1.5. Trámite en primera instancia. 5

En acatamiento al artículo 180 del CPACA, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 5 de abril de 2017 realizó la audiencia inicial, en la cual se fijó el litigio de la siguiente manera:

«Le asiste derecho a la demandante, en su calidad de docente,

Administrativo del Valle del Cauca el 5 de abril de 2017 realizó la audiencia inicial, en la cual se fijó el litigio de la siguiente manera:

«Le asiste derecho a la demandante, en su calidad de docente, que se le reconozca y pague la indemnización moratoria consagrada en la Ley 244 de 1995 y 1071 de 2006.»

1.6. De cisión de primera instancia objeto de apelación 6

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, e n sentencia de 31 de mayo de 2017 , resolvió: i) declarar la nulidad del acto ficto o

2 Folios 58 a 62 del expediente. 3 Folios 70 a 73 del expediente. 4 Folios 9 1 a 95 del expediente. 5 Folios 1 11 a 1 17 y CD visible a folio 118 del expediente. 6 Folios 1 21 a 1 22 y en CD disponible a folio 123 del expediente.Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado : 76001 23 33 000 2016 00055 01

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w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 4 presunto negativo, configurado por el silencio de la administración respecto de la petición radicada por la demandante el 30 de abril de 2015 ; ii) condenar al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a pagar a favor de la señora Eliana Patric ia Agudelo Osorio la indemnización por la mora en el pago oportuno de las

de 2015 ; ii) condenar al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a pagar a favor de la señora Eliana Patric ia Agudelo Osorio la indemnización por la mora en el pago oportuno de las cesantías, equivalente a un día de salario por día de retardo desde el 30 de abril de 2012 y el 20 de enero de 2015 (sic) ; iii) no condenar en costas; iv) negar las demás pretensiones de la demanda ; v) dar cumplimiento a la sentencia; y vi) archivar el expediente .

Com o sustento de la decisión, indicó que se acreditó que la entidad demandada realizó el pago de las cesantías después de vencido el consignado en la ley , por l o que incurri ó en la sanción establecida en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006. Resaltó que la juris prudencia del Consejo de Estado ha determinado que la sanción moratoria por el pago o consignación tardía de las cesantías se extiende al sector docente, pues la indemnización de la Ley 244 incluye a todos los funcionarios públicos , por lo que sería viola torio del derecho a la igualdad excluirlos de su aplicación.

1.7. Recurso de apelación 7

A través de escrito presentado en tiempo, la apoderada de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y de la Fiduciaria La Previsora S.A. solicitó que sea revocada la sentencia de primera instancia. Como fundamento de ello , realizó análisis normativo del reconocimiento y pago de las cesantías a favor de los docentes y

Previsora S.A. solicitó que sea revocada la sentencia de primera instancia. Como fundamento de ello , realizó análisis normativo del reconocimiento y pago de las cesantías a favor de los docentes y aclaró que al tratarse de un régimen especial no es posible aplicarle normas de carácter general como la Ley 1071 de 2006 , más aún cuando la Ley 91 de 1981, norma especial para prestaciones sociales de docentes, no contempla la sanción moratoria por el pago tardío de cesantías.

7 Folios 124 a 127 del expediente.Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado : 76001 23 33 000 2016 00055 01

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1.8. Trámite cor respondiente a la segunda instancia

La parte demandante, así como las entidades demandadas , la Procuraduría Delegada ante el Consejo de Estado y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 8, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.

Asimismo , de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso 9, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos expuestos por el

interpuesto.

Asimismo , de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso 9, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos expuestos por el apelante; en el caso de la referencia, se observa que únicamente la parte demandada presentó recurso de alzada, razón por la cual la competencia se encuentra limitada a los argumentos expuestos en el mencionado recurso.

2.2. Del problema jurídico

Considera esta Sala de Subsección, que el estudio y posterior decisión debe centrarse en establecer :

¿La señora Eliana Patricia Agudelo Osorio , en su condición de doc ente oficial, puede ser beneficiaria de la

8 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]». 9 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sob re los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado : 76001 23 33 000 2016 00055 01

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w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 6 sanción moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías parciales ?

En caso afirmativo , se determinar á la forma de realizar la

Bogotá D.C. – Colombia 6 sanción moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías parciales ?

En caso afirmativo , se determinar á la forma de realizar la liquidación y se estudiar á si se configura el fenómeno de la prescripció n.

2.3. Del auxilio de cesantías en la labor docente

El Gobierno Nacional, a través de la Ley 6ª de 1945 , dictó disposiciones referentes a la jurisdicción especial de trabajo, y en sus artículos 12 10 y 17 11 dispuso que los empleados y obreros nacionales de carácter permanente gozarían, entre otras prestaciones, de un auxilio de cesantía a razón de un mes de sueldo o jornal por cada año de servicio, para lo cual solamente se tendría en cuenta el tiempo de ser vicio prestado con posterioridad al 1º de enero de 1942.

La liquidación de dicha prestación social fue reglamentada a través del artículo 6 .º del Decreto 1160 de 1947, que indicó que “para liquidar el auxilio de cesantía a que tengan derecho los asalariados nacionales, departamentales, intendenciales, comisariales, municipales y particulares, se tomará como base el último sueldo o jornal deven gado, a menos que el sueldo o jornal haya tenido modificaciones en los tres últimos meses, en cuyo caso la liquidación se hará por el promedio de lo devengado en los últimos doce (12) meses o en todo el tiempo de servicio, si éste fuere menor de doce (12) meses.”

10 Artículo 12. Mientras se organiza el seguro social obligatorio, corresponderán al patrono las siguientes indemniz aciones o prestaciones para

doce (12) meses o en todo el tiempo de servicio, si éste fuere menor de doce (12) meses.”

10 Artículo 12. Mientras se organiza el seguro social obligatorio, corresponderán al patrono las siguientes indemniz aciones o prestaciones para con sus trabajadores, ya sean empleados u obreros: f) Un mes de salario por cada año de trabajo, y proporcionalmente por las fracciones de año, en caso de despido que no sea originado por mala conducta o por incumplimiento del contrato. 11 “Artículo 17. Los empleados y obreros nacionales de carácter permanente gozarán de las siguientes prestaciones: a) Auxilio de cesantía a razón de un mes de sueldo o jornal por cada año de servicio. Para la liquidación de este auxilio solamente se tendrá en cuenta el ti empo de servicios prestados con posterioridad al 1o. de enero de 1942. (…)”.Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado : 76001 23 33 000 2016 00055 01

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Hasta este momento las prestaciones sociales de los empleados públicos habían sido expedidas de manera genérica, y sin hacer una referencia expresa al personal docente; no obstante, en 1989 con la expedición de la Ley 91 se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y con él se determinó que esta entidad se encargaría del pago de prestaciones sociales reconocidas a favor de los docentes.

con la expedición de la Ley 91 se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y con él se determinó que esta entidad se encargaría del pago de prestaciones sociales reconocidas a favor de los docentes.

Precisamente el numeral 3 .º del artículo 15 de la norma citada, dispone el reconocimient o de cesantías a favor del personal docente en dos condiciones, a saber:

«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1º de enero de 1990 será regido por la s siguientes disposiciones: […]

3. Cesantías:

A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servi cio o proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año.

B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1. De enero de 1990 y para los docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con respecto a las cesantías generadas a partir del 1 º. de enero de 1990, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año , liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte de aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superinten dencia Bancaria, haya sido la

cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año , liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte de aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superinten dencia Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período. Las cesantías del personal nacional docente, acumuladas hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales de l Magisterio, continuarán sometidas a las normas generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional. » (Resaltado de la Sala )Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado : 76001 23 33 000 2016 00055 01

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La condición de los docentes como servidores públicos fue reforzada jurisprudencialmente por la Corte Constituciona l en las sentencias C – 741 de 2012 12 y C – 486 de 2016 13, en las que determinó que los docentes oficiales deben ser tenidos en cuenta como tales, no solo por la denominación expresa del estatuto docente (Decreto 2277 de 1979) y por la ley general de educa ción (Ley 115 de 1994), sino porque hacen parte de la Rama Ejecutiva al cumplir una misión expresa dentro de las secretarías de educación territoriales.

En la jurisprudencia antes reseñada, se hizo un razonamiento

(Ley 115 de 1994), sino porque hacen parte de la Rama Ejecutiva al cumplir una misión expresa dentro de las secretarías de educación territoriales.

En la jurisprudencia antes reseñada, se hizo un razonamiento específico respecto del reconocimiento, liquidación y pago de las cesantías a favor de los docentes oficiales, indicando que es un régimen exceptuado de la Ley 100 de 1993 y que por lo tanto le es aplicable el ordenamiento especial; es decir, a través del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 se debe tener en cuenta lo establecido en la Ley 244 de 1995 y su posterior reforma, la Ley 1071 de 2006.

Las mencionadas Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 fijaron los términos para el pago oportuno de la prestación y establecieron las sanciones en caso de incum plimiento; allí, desde un comienzo, en sus primeros artículos se señalaron unos tiempos perentorios para el reconocimiento, liquidación y pago de las cesantías a favor de los servidores públicos a saber:

«Artículo 1º. (Subrogado por el artículo 4º. De la Ley 1071 de 2006). Términos: Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los

12 Corte Constitucional. Sentencia de 26 de septiembre de 2012, en la que se declaró inexequible el proyecto de ley 114 de 2009 Senado – 296 de 2010 Cámara, “Por medio de la cual s e interpreta por vía de autoridad legislativa el

declaró inexequible el proyecto de ley 114 de 2009 Senado – 296 de 2010 Cámara, “Por medio de la cual s e interpreta por vía de autoridad legislativa el artículo 15, numeral 2°, literal a) de la Ley 91 de 1989” . 13 Corte Constitucional. Sentencia de 7 de septiembre de 2016, por medio de la cual se declaró inexequible el artículo 89 de Ley 1769 de 2015 “ por l a cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2016”.Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado : 76001 23 33 000 2016 00055 01

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w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 9 peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su carg o el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley. Parágrafo . En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes. Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser resuelta en los t érminos señalados en el inciso primero de este artículo.

señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes. Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser resuelta en los t érminos señalados en el inciso primero de este artículo. Artículo 2º. (Subrogado por el artículo 5º de la Ley 1071 de 2006). Mora en el pago: La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual qued e en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro. Parágrafo . En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, p ara lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este. »

Como puede o bservarse, estas disposiciones legales no solo impusieron unos términos específicos para el reconocimiento, liquidación y pago de las cesantías, sino que también indicaron una sanción por el no cumplimiento de los tiempos establecidos a favor de los trabaj adores públicos, tal y como lo señala el artículo 2 .º de la Ley 1071 de 2006 14.

14 Artículo 2º . Ámbito de aplicación. Son destinatarios de la presente ley los

de los trabaj adores públicos, tal y como lo señala el artículo 2 .º de la Ley 1071 de 2006 14.

14 Artículo 2º . Ámbito de aplicación. Son destinatarios de la presente ley los miembros de las Corpo raciones Públicas, empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Para los mismos efectos se aplicará a los miembros de la fuerza pública, los particulares que ejerzan funciones públicas en forma p ermanente o transitoria, los funcionarios y trabajadores del Banco de la República y trabajadores particulares afiliados al Fondo Nacional de Ahorro.Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado : 76001 23 33 000 2016 00055 01

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w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 10 En conclusión, la cesantía como prestación social reconocida a los servidores públicos, dentro de los que se encuentran los docentes oficiales, cuenta con unos términos perentorios, que de no ser cumplidos generan una sanción por mora en el pago oportuno, situación que le es aplicable al personal docente como servidores del Estado.

2.4. Sentencia de Unificación 098 de 2018.

En sentencia de unificación de 17 de octubre de 2018, la Corte Constitucional se pronunció respecto del pago de cesantías y mora en el pa go a docentes oficiales ; en dicha decisión, se llegó a las siguientes conclusiones:

Constitucional se pronunció respecto del pago de cesantías y mora en el pa go a docentes oficiales ; en dicha decisión, se llegó a las siguientes conclusiones:

«Este mandato constitucional 15 establece una serie de derechos y garantías mínimas fundamentales en favor de los trabajadores, que no pueden ser desconocidos. Entre estos, se encuentra el principio de favorabilidad en la aplicación de las normas jurídicas laborales o en la interpretaci ón de éstas, lo cual supone que el funcionario público deberá optar por dar aplicación a la situación más favorable para el trabajador cuando exista un conflicto de normas jurídicas o dudas en la interpretación de una determinada norma jurídica 16. Aunado a lo anterior, la Corte Constitucional ha reconocido que el hecho de que los docentes se encuentren amparados por un régimen especial, no implica el desconocimiento de su calidad de trabajadores del Estado, y menos aún si se trata de la aplicación d e una norma de carácter laboral que comporta un beneficio, caso en el cual prevalece la interpretación que reporte el mayor beneficio para el empleado, pues ésta será la que se ajuste a los postulados del artículo 53 de la Carta Política . En el caso objeto de estudio se evidencia que existe una postura más favorable respecto de los derechos laborales de los docentes oficiales, esto es, aquella que reconoce que este grupo de trabajadores del Estado tiene derecho a la sanción por mora en el pago del auxilio d e cesantía. A pesar de que los jueces adoptaron una postura razonable y se encuentra justificada desde el punto de vista legal ,

15 Se refiere al artículo 53 de la Constitución Política.

la sanción por mora en el pago del auxilio d e cesantía. A pesar de que los jueces adoptaron una postura razonable y se encuentra justificada desde el punto de vista legal ,

15 Se refiere al artículo 53 de la Constitución Política. 16 Cita propia del texto transcrito «Sentencias T -401 de 2015 y T -464 de 2016 . M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado».Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado : 76001 23 33 000 2016 00055 01

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w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 11 este entendimiento excluyó otra posible interpretación de la normativa general que consagra la sanción moratoria por la no consignación de cesantías de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990. Esto, por cuanto el ámbito de aplicación de la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990 se extiende a todos los empleados públicos . Así lo establ ece el Decreto 1252 de 2000 17: [se transcribe la norma] […] De esta manera, la Sala no comparte el anterior razonamiento, puesto que precisamente las normas que se encuentran en la disposición, en particular, el artículo 13 de la Ley 344 de 1996, extendió la liquidación anual de las cesantías a todas las personas que se vinculen a los órganos y entidades del Estado a partir del 31 de diciembre de 1996 . Al respecto, las

1996, extendió la liquidación anual de las cesantías a todas las personas que se vinculen a los órganos y entidades del Estado a partir del 31 de diciembre de 1996 . Al respecto, las autoridades judiciales interpretaron el aparte “ sin perjuicio de (…) lo estipulado en la Ley 91 de 1989 ” bajo un entendimiento restrictivo, en el sentido de que los docentes estaban excluidos de este contenido de manera categórica . […] Una vez realizada la anterior aclaración, encuentra la Corte que existe una interpretación favorable al actor que no se tuv o en cuenta por el despacho ni la Corporación Judicial, y que se encuentra en el mismo contenido de la disposición en comento, pues allí se establece, en lo pertinente, que los empleados públicos que se vinculen al servicio del Estado a partir de la vigenc ia del Decreto 1252 de 2000 –el actor se vinculó el 31 de marzo de 2003 - tienen derecho al pago de las cesantías en los términos establecidos en la Ley 50 de 1990 y que lo allí dispuesto se aplica aún en el evento en que el servidor público se rija por un régimen especial que regule las cesantías. Además, el parágrafo del artículo 1° del Decreto 1252 de 2000 consagra que los fondos que administran y pagan las cesantías a los servidores referidos seguirán haciéndolo, dentro de los cuales está incluido el fon do del fomag. Por tanto, la interpretación que permita concluir que dicha sanción moratoria no es aplicable al actor bajo el argumento de que no cumple la condición de pertenecer a la categoría de servidor público territorial ni la de encontrarse afiliado a un fondo privado, también puede entenderse de manera distinta a la luz

moratoria no es aplicable al actor bajo el argumento de que no cumple la condición de pertenecer a la categoría de servidor público territorial ni la de encontrarse afiliado a un fondo privado, también puede entenderse de manera distinta a la luz de lo dispuesto en el parágrafo precitado.

17 Cita propia del texto transcrito «“Por el cual se establecen normas sobre el régimen prestacional de los empleados públicos, los trabajadores oficiales y los miembros de la Fuerza Pública” ».Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado : 76001 23 33 000 2016 00055 01

Dem andante: Eliana Patricia Agudelo Osorio

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 12 Agregado a lo anterior, como ya se mencionó, el régimen anualizado que establece la Ley 50 de 1990 se extendió al sector público. Específic amente, el artículo 13 de la Ley 344 de 1996 estableció un nuevo régimen de cesantías anualizado y sistema aplicable a las personas que se vincularan con el Estado con posterioridad a su entrada en vigencia. Por otra parte, el artículo 1º del Decreto 1582 de 1998 acogió la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990. Realizada la anterior aclaración, esta Corporación considera

moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990. Realizada la anterior aclaración, esta Corporación considera que, en el régimen anualizado, aplicable al caso de los docentes vinculados después de 1990 y 1996, es lógico que se exija la afiliación y el pago oportuno del auxilio de cesantías, ya que la consignación es la manera de garantizar el acceso a la prestación. Sin duda, este sistema solo puede ser equitativo si las personas pueden contar con su pago de forma oportu na para poder disponer de la prestación en cualquiera de los eventos en que se permite, esto es, ante el desempleo, para financiar la educación propia, de compañeros permanentes, de los hijos o dependientes 18 y para la adquisición, construcción, mejora o liberación de bienes raíces destinados a su vivienda 19. Adicionalmente, cabe anotar que, como quedó visto, u