CE - 012333000201600127011SENTENCIA20230524001032

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá, D.C. , once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.

Radicación: 44001233300020160012701 (3949 -2018 )

Demandante: Juana Bautista Iguarán Gómez Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Para fiscales de la

Protección Social 1.

Temas: Pensión gracia . Tipo de vinculación. Educación Contratada.

Vicariato. Ley 1437 de 2011.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Subsección A procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 5 de abril de 2018 , proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira , que negó las súplicas de la demanda .

I. ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA 2

La señora Juana Bautista Iguarán Gómez , por intermedio de apoderado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 3, modificada por la Ley 2080 de 2021, formuló en

apoderado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 3, modificada por la Ley 2080 de 2021, formuló en síntesis las siguientes:

1 En adelante UGPP 2 Folios 39 a 45. 3 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en adelante CPACANulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 44001233300020160012701 (3949 -2018)

Demandante: Juana Bautista Iguarán Gómez

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 2 1.1. Pretensiones

Declarar la nulidad de la s Resoluci ones 01018 del 24 de enero de 2008 , y 62263 del 30 de diciembre de 2008 , por medio de las cuales , la UGPP negó la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión gracia y resolvió el recurso de reposición confirmándolo , así como d el acto ficto presunto configurado por el silencio negativo adm inistrativo frente al recurso de apelació n interpuesto el 4 de marzo de 2008 .

A título de restablecimiento del derecho, solicitó condenar a la entidad demandada a (i) reconocer y pagar la pensión gracia a partir del 29 de agosto de 2004, fecha en la que alcanzó el estatus pensional y el retroactivo a que haya lugar, y (ii) pagar intereses

entidad demandada a (i) reconocer y pagar la pensión gracia a partir del 29 de agosto de 2004, fecha en la que alcanzó el estatus pensional y el retroactivo a que haya lugar, y (ii) pagar intereses moratorios a partir del 16 de abril de 2007 conforme a lo dispuesto en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

1.2. Hechos que fundamentan la demanda

a) La señor a Juana Bautista Iguarán Gómez nació el 29 de agosto de 1954.

b) La accionante e stuvo vinculad a como docente de manera in in terrumpida desde el 25 de febrero de 1977 por más de 31 años.

c) El 15 de diciembre de 2006 solicitó ante la Caja Nacional de Previsión EICE –CAJANAL –, hoy UGPP, el reconocimiento y pago de la pensión gracia, sin embargo, a través de los actos administrativos demandados le fue negado el derecho por considerar que se trataba de un a docente de carácter naciona l.

1.3 Fundamentos de derecho y concepto de violación

Argumentó que los actos adm inistrativos demandados negaron el derecho a la pensión gracia de la accionante por considerar que su labor como docente fue de carácter nacional .Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 44001233300020160012701 (3949 -2018)

Demandante: Juana Bautista Iguarán Gómez

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o

Radicado : 44001233300020160012701 (3949 -2018)

Demandante: Juana Bautista Iguarán Gómez

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 3 Sin embargo, adujo que est a sí cumplió con los requisitos exigidos para acceder al reconocimiento deprecado de acuerdo con las certificaciones allegadas, toda vez que acreditó más de 20 años de servicio , por lo que no hay razón para indicar que se trata de una vinculación nacional.

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 4

La UGPP se op uso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda por carecer de fundamentos de derecho .

Aclaró que , de acuerdo con las documentales allegadas es posible afirmar que laboró como docente con vinculación de carácter nacional, pues fue nombrada por primera vez como docente a través del Ministerio de Educación Nacional para labora r en la Coordinación de Educación Nacional Misional Contratada, por lo que, de ahí en adelante se desempeñó como docente nacional y en ese orden no es posible reconocerle la pensión gracia que reclama.

Propuso las siguientes excepciones (i) falta de requisitos pensionales (pensión gracia) o inexistencia de obligación, y (ii) prescripción .

3. AUDIENCIA INICIAL 5

En acatamiento al artículo 180 del CPACA, el Tribunal Administrativo de La Guajira , e l 15 de mayo de 2017 , llevó a cabo

prescripción .

3. AUDIENCIA INICIAL 5

En acatamiento al artículo 180 del CPACA, el Tribunal Administrativo de La Guajira , e l 15 de mayo de 2017 , llevó a cabo la audiencia inicial , oportunidad en la que determinó (i) que no exist ió ninguna irregularidad que gener ara nulidad; (ii) que las excepciones propuestas se decidirán en la sentencia por tratarse de asuntos que tienen que ver con el fondo del litigio , y (iii) fij ó el problema jurídico en los siguientes términos:

4 Foli os 871 a 77. 5 Folios 84 a 89. CD allegado a folio 89A.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 44001233300020160012701 (3949 -2018)

Demandante: Juana Bautista Iguarán Gómez

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 4 «[…] consiste en determinar si la señora Juana Bautista Iguarán Gómez, tiene derecho o no a que se le reconozca y pague la pensión gracia teniendo en consideración que laboró entre 1976 y 1978 en adelante hasta la fecha de retiro en la modalidad de educación contratada. »

4. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 6

El Tribunal Administrativo de La Guajira en sentencia del 5 de abril de 2018 negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas y agencias en derecho a la parte demandante.

El Tribunal Administrativo de La Guajira en sentencia del 5 de abril de 2018 negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas y agencias en derecho a la parte demandante.

Como fundamento de la decisión, indicó que, de acuerdo con las certificaciones allegadas , la demandante presta sus servicios como docente desde el 9 de marzo de 1978 en la Institución Educativa Sagrada Familia de Riohacha con vinculación de carácter nacional en propiedad, hecho que se constata con el acta de posesión en la que se señala que la accionante fue nombrada mediante Resolución 001 del 2 de marzo de 1978, emanada del Ministerio de Educación Nacional.

En ese orden, teniendo en cuenta que la Institución Educativa la Sagrada Familia de Riohacha se encuentra bajo la Coordinación de Educación Contratada del Vicariato Apostólico de Riohacha y la señora Juana Bautista Iguarán Gómez hace parte del cuerpo docente, ésta se encuentra adscrita a los Centros Educativos Contratados toda vez que los nombramientos provenían de ratificación efectuada por el Minister io de Educación Nacional y por tanto, ostenta el carácter de docente nacional, por lo que no tiene derecho a la pensión gracia de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 114 de 1913 .

Concluyó que, si bien la accionante prestó sus servicios co mo docente en el departamento de La Guajira con anterioridad al 31 de

6 Folios 200 s 207 Vto.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 44001233300020160012701 (3949 -2018)

Demandante: Juana Bautista Iguarán Gómez

6 Folios 200 s 207 Vto.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 44001233300020160012701 (3949 -2018)

Demandante: Juana Bautista Iguarán Gómez

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 5 diciembre de 1980, cumplió la edad y tiempo de servicios requeridos, también lo es que dicho periodo lo acreditó como docente nacional, con lo cual, incumple el presupuesto establecido en la norma antes referida, de manera que no acreditó 20 años de servicio como docente territorial o nacionalizada.

Condenó en costas y agencias en derecho (1% de l valor de las pretensiones negadas) a la parte demandante teniendo en cuenta que resultó venc ida en esa instancia.

5. EL RECURSO DE APELACIÓN 7

La señor a Juana Bautista Iguarán Gómez solicitó revocar la decisión , y en su lugar , acceder a las pretensiones de la demanda.

Para el efecto, indicó que el tribunal negó las súplicas de la demanda sin tener en cuenta el Acta de Posesión del 25 de febrero de 1977 visible a folio 9 , que fue efectuada ante el alcalde del municipio de Riohacha.

Indicó que de la lectura de la Resolución 6478 del 22 de mayo de 1978 es posible colegir que se hizo efectiva la reorganización de nómina de personal docente que v enía trabajando en la Educación

municipio de Riohacha.

Indicó que de la lectura de la Resolución 6478 del 22 de mayo de 1978 es posible colegir que se hizo efectiva la reorganización de nómina de personal docente que v enía trabajando en la Educación Contratada del Vicariato Apostólico de Riohacha, en cumplimiento del mandato contenido en el Decreto 2484 del 26 de noviembre de 1976 , y por tratarse de una ratificación , no es posible predicar que se trate de una vinculación de carácter nacional . Adicionalmente, señaló que tomó posesión «ante el representante de dicho colegio o COORDINADOR ORDINARIO COMPETENTE, es decir, la actora jamás tomó p osesión ante el ministerio de Educación Nacional o ante uno cualquiera de sus representante o delegados.»

6. ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA

7 Folios 187 a 189.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 44001233300020160012701 (3949 -2018)

Demandante: Juana Bautista Iguarán Gómez

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 6 6.1 La parte demandante 8 reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación .

6.2 La entidad demandada 9 solicitó desatender los argumentos del recurso y confirmar la decisión por encontrarse de acuerdo con las razones expuestas por el a quo .

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el Ministerio

6.2 La entidad demandada 9 solicitó desatender los argumentos del recurso y confirmar la decisión por encontrarse de acuerdo con las razones expuestas por el a quo .

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el Ministerio Público guardaron silencio , según el informe secretarial obrante a folio 235 .

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 10, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.

De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso 11, la competenci a del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos expuestos por el apelante .

2.2. Problema jurídico

De acuerdo con el recurso de apelación interpuesto por la entidad demanda da , le corresponde a la Sala determinar lo siguiente:

8 Folio 243. 9 Folios 234 a 238. 10 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]». 11 «Competencia del superior. El j uez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 44001233300020160012701 (3949 -2018)

Demandante: Juana Bautista Iguarán Gómez

por la ley.»Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 44001233300020160012701 (3949 -2018)

Demandante: Juana Bautista Iguarán Gómez

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 7 ¿La señor a Juana Bautista Iguarán Gómez , en su calidad de docente oficial, tiene derecho al reconocimiento de la pensión gracia en aplicación del régimen consagrado en la Ley 114 de 1913 y demás normas que regulan dicha prestación?

Para resolver el asunto, s e desarrol lará el siguiente orden metodológico: (i) la pensión gracia y (ii) el análisis del caso concreto.

2.3. Marco normativo y jurisprudencia aplicable al asunto.

2.3.1. La pensión gracia .

La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1º de la Ley 114 de 1913 en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de 20 años.

En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a la pensión gracia, la Ley 114 de 1913 exige a lo s docentes que aspiran a su reconocimiento, además de los 20 años de servicio, lo

pensión gracia, la Ley 114 de 1913 exige a lo s docentes que aspiran a su reconocimiento, además de los 20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse desempeñado en los empleos con honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años de edad. Por su parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya vinculado al servicio oficial con anterioridad al 1 de enero de 1981.

Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la pensión gracia a los empleados y profesores de las escuelas normales, junto a los inspectores de instrucción pública. De manera que autorizó la suma de los servicios prestados en diversas épocas al computar los años en la enseñ anza primaria, la normalista y la inspección, con el fin de completar el tiempo requerido para acceder a la pensión.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 44001233300020160012701 (3949 -2018)

Demandante: Juana Bautista Iguarán Gómez

requerido para acceder a la pensión.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 44001233300020160012701 (3949 -2018)

Demandante: Juana Bautista Iguarán Gómez

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 8 Más adelante, con la Ley 37 de 1933 , el beneficio gratuito de la pensión gracia se hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren co mpletado el tiempo de servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.

Luego, se expidió la Ley 91 de 1989 , en cuyo artículo 1º, distinguió entre los conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:

«Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos: Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional . Personal nacionalizado. Son los docentes vincula dos por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo

Personal nacionalizado. Son los docentes vincula dos por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975. Personal territorial . Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territori al , a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.» [Negrillas fuera de texto].

El numeral 2º del artículo 15 de la mencionada ley limitó el reconocimiento de la pensión gracia para los docentes al establecer:

«Artículo 15 . A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones: […]

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá

demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos . Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación. […]»Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 44001233300020160012701 (3949 -2018)

Demandante: Juana Bautista Iguarán Gómez

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 9 De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que la pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está prevista para los de carácter territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de los docentes nacionales. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado

territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de los docentes nacionales. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S-699 del 26 de agosto de 1997 12 señaló:

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requ isitos”. Y por último, que sin la Ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que inicialmente le asignó la ley. […].»

Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de unificación CE -SUJ2 -011 -18 del 21 de junio de 2018 13 previó las

Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de unificación CE -SUJ2 -011 -18 del 21 de junio de 2018 13 previó las siguientes pautas jurisprudenciales:

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas . ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones , por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S -699 de 26 de agosto de 1997. 13 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000 -23 -42 -000 -201304683 -01 (3805 -2014).Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 44001233300020160012701 (3949 -2018)

Demandante: Juana Bautista Iguarán Gómez

04683 -01 (3805 -2014).Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 44001233300020160012701 (3949 -2018)

Demandante: Juana Bautista Iguarán Gómez

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 10 iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por concepto del situado fiscal , sino que tamb ién correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988). iv) Así como los fondos educativos regio nales atendían los gastos que generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio que prest aban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían

lo propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio que prest aban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal — como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas . v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo regional , así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación. vi) Prueba de calidad de docente territorial . Se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que

1. Prueba de calidad de docente territorial . Se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respecti va certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial. vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora . Lo esencialmente re levante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los ed ucadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal — cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales ; y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan

sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales ; y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal , hoy sistema general de participaciones .» (Resaltado del texto original)Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 44001233300020160012701 (3949 -2018)

Demandante: Juana Bautista Iguarán Gómez

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 11 Por último, en reciente sentencia de unificación SUJ -030 -CE-S22022 del 11 de agosto de 2022 14 la Sección Segunda, incorporó adicionalmente como regla jurisprudencial sobre la interpretación del artículo 15, numeral 2, literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que :

«Los docentes pueden acceder a la pens ión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».

vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».

Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede administrativa como judicial.

Así las cosas y según las preceptivas expuestas, queda claro que para acceder al reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar la labor docente durante 20 años en establecimientos oficiales, departamentales o municipales, en primaria o en secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o en calidad de docente nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar tiempos en uno y otro cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y demuestre cumplir con los demás requisitos exigidos por la Ley 114 de 1913.

2.3.2 La educación contratada

En relación con la educación contratada, esta Corporación en sentencia del 24 de julio de 2008 15, con ponencia de la doctora Bertha Lucía Ramírez de Páez, sostuvo lo siguiente:

2.3.2 La educación contratada

En relación con la educación contratada, esta Corporación en sentencia del 24 de julio de 2008 15, con ponencia de la doctora Bertha Lucía Ramírez de Páez, sostuvo lo siguiente:

14 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001 -23 -33 -000 -201600278 -01 (3018 -2017). 15 Radicación interna 2387 -2006 .Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 44001233300020160012701 (3949 -2018)

Demandante: Juana Bautista Iguarán Gómez

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 12 «Mediante la Ley 20 de 1974, se aprobó el Concordato y el Protocolo Final entre la República de Colombia y la Santa Sede, suscrito en Bogotá el 12 de julio de 1973 y surge la Educación Misional Contratada. Esta modalidad de prestación del servicio educativo posibilitó la ampliación de la educación en los sectores más apartados del país y en los antiguos territo rios nacionales a través de la suscripción de contratos entre el Gobierno Nacional y la Iglesia Católica.

“(…) Como servicio a la comunidad en las zonas marginadas, necesitadas temporalmente de un régimen canónico especial, la Iglesia colaborará en el sec tor de la educación oficial mediante contratos que desarrollen los programas oficiales respectivos y contemplen las circunstancias y exigencias específicas de cada lugar. Tales contratos celebrados con el Gobierno Nacional se

Iglesia colaborará en el sec tor de la educación oficial mediante contratos que desarrollen los programas oficiales respectivos y contemplen las circunstancias y exigencias específicas de cada lugar. Tales contratos celebrados con el Gobierno Nacional se ajustarán a criterios previam ente acordados entre éste y la Conferencia Episcopal, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo VI. (…)”

Con el fin de desarrollar los contratos mencionados en la norma transcrita, el Gobierno expidió el Decreto 2768 de 1975, que consagró normas para la celebración de los contratos entre el Gobierno Nacional y la Iglesia Católica y estableció que serían firmados por el Ministerio de Educación Nacional a nombre del Gobierno Nacional y por el respectivo Ordinario Competente a nombre de la Iglesia, y tie nen como objeto la administración por parte de esta de los centros educativos en el sector de la educación oficial, su tenor literal es el siguiente:

“Artículo cuarto. El nombramiento de rectores y directores, del personal docente, administrativo y de ser vicio, en los centros educativos bajo contrato, se hará de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1. El nombramiento de los rectores o directores de cada centro educativo o de cada conjunto de centros educativos bajo régimen contractual, lo hará el Minis terio de Educación Nacional entre los candidatos que presente el Ordinario competente. (…)”

El Decreto 2484 de 1976 modificó el Decreto 2768 de 1975 y estableció que el Ordinario Competente (Iglesia Católica) presentará al Ministerio de Educación Naciona l los nombres del personal directivo, docente y administrativo de cada Centro

estableció que el Ordinario Competente (Iglesia Católica) presentará al Ministerio de Educación Naciona l los nombres del personal directivo, docente y administrativo de cada Centro Educativo o de cada conjunto de Centros Educativos, para que este ratifique las novedades de personal, su tenor literal es el siguiente:

“El Ministerio de Educación Nacional pro cederá a ratificar las novedades de personal de los Centros Educativos bajo contrato de acuerdo con el siguiente procedimiento:Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 44001233300020160012701 (3949 -2018)

Demandante: Juana Bautista Iguarán Gómez

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 13

1. El Ordinario Competente presentará al Ministerio de Educación Nacional los nombres del personal directivo, docente y administ rativo de cada Centro Educativo o de cada conjunto de

Centros Educativos. (…)”

Mediante el Decreto 2155 de 1987, se derogaron los Decretos anteriores y en su lugar dispuso:

“Artículo 1º Los contratos que de conformidad con el artículo trece del Concordato, se celebren entre el Gobierno Nacional y la Iglesia Católica en el sector de la edu