CE - 012333000201600149011SENTENCIA20230124102600

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de enero de dos mil veintitrés (2023)

Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho Expediente : 08001-23-33-000-2016-00149-01 (4526-2021)

Demandante : Jorge de Oro Ibáñez

Demandada : Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) Tema : Reconocimiento post mortem de pensión gracia y su sustitución en compañero permanente supérstite

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por el actor contra la sentencia de 3 de abril de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante la cual negó las súplicas de la demanda dentro del proceso del epígrafe.

I. ANTECEDENTES

1.1 Medio de control (ff. 1 a 15 y 310 a 3121)2. El señor Jorge de Oro Ibáñez, por intermedio de apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contenciosoadministrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), para que se acojan las pretensiones que en el apartado siguiente se precisan.

y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), para que se acojan las pretensiones que en el apartado siguiente se precisan.

1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad de las Resoluciones RDP 53878 de 22 de noviembre de 2013 y RDP 420 y RDP 1168 de 9 y 15 de enero de 2014 , respectivamente, por las que la entidad demandada negó el reconocimiento post mortem de la pensión gracia a la docente Mariela Acosta Reyes (q. e. p. d.) y su sustitución en el accionante, en condición de compañero permanente de ella.

Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la accionada (i) conceder «[…] la pensión gracia Post - Mortem al

1 Escrito de subsanación. 2 Las presentes diligencias reposan en expediente digital contenido en la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada Samai (índice 2).2

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[demandante] como beneficiario de la misma […]» (sic), a partir «[…] del cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad […], quiere decir, prestación de 20 años de servicios en colegios del orden municipal, distrital o departamental, y haber cumplido 50 años de edad, con la inclusión de todos los factores salariales devengados por la causante durante su último

decir, prestación de 20 años de servicios en colegios del orden municipal, distrital o departamental, y haber cumplido 50 años de edad, con la inclusión de todos los factores salariales devengados por la causante durante su último año de servicio» (sic); (ii) indexar las sumas adeudadas y (iii) dar cumplimiento al fallo en los términos de los artículos «176 y 177» del CPACA. Por último, se le condene en costas.

1.3 Fundamentos fácticos. Relata el actor que la señora Mariela Acosta Reyes (q. e. p. d.) , con quien convivió por más de veinte (20) años hasta su muerte, prestó sus servicios como maestra oficial en el entonces Instituto Pestalozzi adscrito a la Universidad del Atlántico (hoy Institución Educativa Distrital Pestalozzi), del 1º de junio de 1977 al 10 de septiembre de 2001, cuando falleció.

Que el 13 de octu bre de 2013 solicitó de la demandada «[…] la PENSIÓN GRACIA POST-MORTEM, por haber cumplido su compañera permanente los requisitos establecidos en las Leyes 114 de 1913; 116 de 1928 […]» (sic), negada a través de los actos administrativos enjuiciados, por cuanto la finada señora Acosta Reyes no completó dos (2) décadas laboradas como profesora con vinculación nacionalizada o territorial, al paso que él no acreditó su convivencia con ella.

1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas violadas por los actos censurados los artículos 1º de la Ley 114 de 1913, 6º de

convivencia con ella.

1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas violadas por los actos censurados los artículos 1º de la Ley 114 de 1913, 6º de la Ley 116 de 1928, 3º de la Ley 37 de 1933 y 15 de la Ley 91 de 1989.

Aduce que «[…] al acreditarse los requisitos establecidos en la norma para la obtención de la pensión gracia, esto es, 20 años de servicios en colegios del orden municipal, distrital o departamental y haber cumplido 50 años de edad, es procedente el reconocimiento de la prestación reclamada […], en su condición de compañero permanente supérstite de la señora MARIELA

ACOSTA REYES» (sic).

Que acuerdo con la normativa, jurisprudencia del Consejo de Estado y pruebas aportadas, la vinculación de la causante con el Instituto Pestalozzi, adscrito a la3

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Universidad del Atlántico, fue de carácter departamental.

1.5 Contestación de la demanda (ff. 343 a 355)3. La entidad accionada, por conducto de apoderad o, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda; respecto de los hechos afirma que unos son ciertos y otros no le constan. Asimismo, propuso las excepciones denominadas inexistencia de las obligaciones reclamadas, cobro de lo no debido y buena fe.

demanda; respecto de los hechos afirma que unos son ciertos y otros no le constan. Asimismo, propuso las excepciones denominadas inexistencia de las obligaciones reclamadas, cobro de lo no debido y buena fe.

Dice que la difunta señora Acosta Reyes trabajó como docente estatal del orden nacional, por lo que el tiempo acreditado no puede ser contabilizado para efectos de otorgar post mortem la pensión gracia ; además, tampoco es dable acceder a la sustitución deprecada, en la medida en que «Se encuentran inconsistencias en la declaración jurada […] rendida por el [accionante], en relación a que manifestó que su estado civil es casado, subsiguiente manifestó, que convivio en unión marital de hecho con la señora ACOSTA REYES […] ininterrumpidamente hasta el día de su fallecimiento […]» (sic).

1.6 La providencia apelad a4. El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia de 3 de abril de 2020, negó las pretensiones de la demanda (sin condena en costas), al considerar que , aunque la vinculación de la finada docente con el entonces Instituto Pestalozzi fue de carácter departamental, con aplicación de la fórmula preceptuada en el artículo 1º de la Ley 33 de 1985 para el cómputo de los tiempos en los que laboró por hora cátedra (10 años, 5 meses y 6 días), sumados a los laborados en jornada completa (4 años y 9 días), solo alcanza 14 años, 5 meses y 15 días de servicios, lo que resulta insuficiente para las completar los veinte (20) años que exige la normativa que regula la pensión gracia.

alcanza 14 años, 5 meses y 15 días de servicios, lo que resulta insuficiente para las completar los veinte (20) años que exige la normativa que regula la pensión gracia.

1.7 El recurso de apelación (ff. 551 a 558 vuelto)5. Inconforme con el anterior fallo, el demandante interpuso recurso de apelación, al estimar que el a quo no efectuó el cálculo correcto del lapso laborado de manera parcial , es decir, el inferior a 20 horas semanales , pues no adicionó «[…] los días sábados, domingos y festivos, los de vacaciones intermedias y semana santa […]», como lo determinó el Consejo de Estado en providencia de 22 de marzo de 2018, yerro

3 Ibidem. 4 Idem. 5 Ib.4

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que «[…] afecta el tiempo de servicios real prestado por la causante », que corresponde a 12 años, 6 meses y 6 días, que adicionados a los 7 años, 6 meses y 15 días servidos como pedagoga de tiempo completo, dan un total de 20 años y 21 días, que imponen acceder al reconocimiento post mortem de la pensión gracia reclamada.

II. TRÁMITE PROCESAL

El recurso de apelación fue concedido mediante auto de 13 de agosto de 2021 (f. 560) y admitido por esta Corporación a través de proveído de 20 de mayo de 2022, en cumplimiento del artículo 247 del CPACA6; y durante la oportunidad

El recurso de apelación fue concedido mediante auto de 13 de agosto de 2021 (f. 560) y admitido por esta Corporación a través de proveído de 20 de mayo de 2022, en cumplimiento del artículo 247 del CPACA6; y durante la oportunidad establecida en el numeral 4 ibidem la parte accionada presentó alegatos de conclusión, mientras que el actor y el correspondiente agente del Ministerio Público guardaron silencio.

2.1 Entidad demandada. Pide confirmar la decisión impugnada, para lo cual sostiene que «[…] no es procedente el reconocimiento de la pensión gracia, teniendo en cuenta que no fueron aportados los documentos idóneos que acrediten que [la causante] haya cumplido con los requisitos para acceder a la pensión»; y «[…] reitera la solicitud de que se emita sentencia de unificación jurisprudencial, a través de la cual se defina la posición respecto del régimen de la pensión gracia en el sentido de definir o concretar qué es lo que debe entenderse como “plaza docente” su definición, requisitos y lineamientos que permitan dilucidar cuáles son las condiciones que debe reunir “la plaza” a la que se refiere la sentencia de unificación SUJ-11-S2 DE 21-06-2018, para ser considerada como nacional, nacionalizada o territorial» (sic).

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA esta Corporación es competente para conocer del presente litigio, en segunda instancia.

3.2 Cuestión previa. A través del escrito de alegaciones finales, la accionada, además de solicitar se confirme el fallo de primera instancia, « reitera» la

instancia.

3.2 Cuestión previa. A través del escrito de alegaciones finales, la accionada, además de solicitar se confirme el fallo de primera instancia, « reitera» la

6 Modificado por la Ley 2080 de 25 de enero de 2021.5

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petición en el sentido de dictar sentencia de unificación atinente a la definición de plaza docente. Empero, revisadas las presente s diligencias, se observa que, contrario a lo expuesto por la UGPP, no fue aportado dicho memorial, motivo por el cual no existe mérito para que la sección segunda del Consejo de Estado se pronuncie al respecto, por lo que, en consecuencia, esta subsección decidirá el recurso de apelación que ahora nos ocupa.

3.3 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación 7, corresponde en esta oportunidad a la Sala determinar si al accionante le asiste o no razón jurídica para reclamar de la entidad demandada el reconocimiento post mortem de la pensión gracia de la docente Mariela Acosta Reyes (q. e. p. d.), en cumplimiento de los requisitos exigidos por las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933 y demás normas que la regulan ; o, por el contrario, carece de fundamento, pues ella no laboró por lo menos veinte (20) años en instituciones educativas departamentales, distritales o municipales; y en caso de satisfacer la

y 37 de 1933 y demás normas que la regulan ; o, por el contrario, carece de fundamento, pues ella no laboró por lo menos veinte (20) años en instituciones educativas departamentales, distritales o municipales; y en caso de satisfacer la condición temporal, (ii) establecer si el actor, en su condición de compañero permanente de la causante, está habilitado para reclamar la sustitución d e la citada prestación.

3.4 Marco jurídico.

3.4.1 Reconocimiento de la pensión gracia. En principio, debe señalarse que la pensión gracia se considera una prestación especial otorgada a los docentes estatales territoriales, como reconocimiento a su esfu erzo, capacidad, dedicación y conocimientos al servicio de la actividad educativa cumplida durante un lapso no inferior a 20 años, entre otras exigencias. Su regulación normativa se condensa en los siguientes párrafos:

El artículo 1º de la Ley 114 de 19138 consagró por primera vez la pensión gracia:

Los Maestros de Escuelas Primarias Oficiales que hayan servido en el Magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las

7 Según el artículo 328 del Código General del Proceso, « El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley»; asimismo, «El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella».

oficio, en los casos previstos por la ley»; asimismo, «El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella». 8 «[Q]ue crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela ».6

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prescripciones de la presente Ley.

El numeral 3 del artículo 4 de la aludida Ley determina que para gozar de la gracia de la pensión, es preciso que el interesado compruebe «[q] ue no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional […]».

De acuerdo con los antecedentes normativos, en concepto de la Sala, el propósito de esta pensión fue compensar los bajos niveles salariales que percibían los profesores de primaria en las entidades territoriales respecto de las asignaciones que recibían los docentes vinculados directamente con la Nación; tal diferencia surgía porque, en virtud de la Ley 39 de 1903 9, la educación pública primaria estaba en cabeza de los municipios o departamentos, en tanto que la secundaria lo era a cargo de la Nación.

Posteriormente, la Ley 116 de 192810 amplió el beneficio de la pensión gracia a los maestros de escuelas normales e inspectores de instrucción, así:

Artículo 6º. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de Instrucción Pública tienen derecho a la jubilación

los maestros de escuelas normales e inspectores de instrucción, así:

Artículo 6º. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de Instrucción Pública tienen derecho a la jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que a ésta complementan. Para el cómputo de los años de servicio se sumarán los prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la enseñanza primaria como en el de la normalista, pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección.

Al remitirse la norma transcrita a la Ley 114 de 1913, dejó incólume la exigencia de no recibir otra pensión de carácter nacional para poder acceder a la pensión gracia de jubilación, es decir, mantuvo la prohibición establecida en la Constitución Nacional de 1886 de recibir doble asignación del erario, limitación que también consagra el artículo 128 de la Carta actual11.

La Ley 37 de 1933 12 tampoco introdujo modificaciones a las co ndiciones

9 «[S]obre Instrucción Pública». 10 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927 ». 11 «ARTICULO 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley. Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las descentralizadas ». 12 «Por la cual se decreta el pago de una pensió n a un servidor público y sobre jubilación de algunos7

de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las descentralizadas ». 12 «Por la cual se decreta el pago de una pensió n a un servidor público y sobre jubilación de algunos7

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establecidas en las Leyes 114 de 1913 y 116 de 1928, pero hizo extensiva la pensión de gracia a los profesores que prestaran sus servicios en el nivel secundario.

La Corte Constitucional, en sentencia C-479 de 9 de septiembre de 199813, con ocasión de demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1º (parcial) y 4 (numeral 3) de la Ley 114 de 1913, expresó:

En cuanto al aparte acusado del numeral 3 del artículo 4 de la ley 114 de 1913, que consagra como requisito para gozar de la pensi ón de gracia el no haber recibido ni recibir actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional, no encuentra la Corte que viola la Ley Suprema, concretamente el principio de igualdad, pues el legislador, en virtud de las facultades que la misma Carta le confiere, es competente para regular los aspectos relativos a la pensión, incluyendo, obviamente, las condiciones para acceder a ella.

Por otra parte, es pertinente señalar que los recursos económicos del Estado para satisfacer el pago de prestacio nes sociales no son infinitos sino limitados y, por tanto, es perfectamente legítimo que se establezcan ciertos condicionamientos o restricciones para gozar de

Por otra parte, es pertinente señalar que los recursos económicos del Estado para satisfacer el pago de prestacio nes sociales no son infinitos sino limitados y, por tanto, es perfectamente legítimo que se establezcan ciertos condicionamientos o restricciones para gozar de una pensión de jubilación. En este orden de ideas, la norma parcialmente acusada, tiene una just ificación objetiva y razonable, pues lo único que pretende es evitar la doble remuneración de carácter nacional y así garantizar el precepto constitucional vigente desde la Constitución de 1886 (art. 34), reproducido en la Carta de 1991 (art. 128), sobre l a prohibición de recibir doble asignación del Tesoro Público, salvo las excepciones que sobre la materia establezca la ley.

Posteriormente, a raíz del proceso de nacionalización de la educación ordenado por la Ley 43 de 1975 14, los profesores de primaria y secundaria quedaron vinculados a la Nación, en virtud de que, como lo dispuso esta normativa, «[l]a educación primaria y secundaria oficial será un servicio público a cargo de la Nación». Como consecuencia de esta transformación, ya no existirían diferencias salariales entre los distintos docentes del sector oficial.

empleados». 13 M. P. Carlos Gaviria Díaz. 14 «[P]or la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones ».8

departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones ».8

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Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 15 (ordinal 2º), respecto de las pensiones, estableció:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar esta a cargo total o parcial de la Nación.

B. Para los docentes vinculado s a partir del 1º de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1º de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá solo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una

reconocerá solo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional.

Las normas trascritas permiten concluir que el legislador acabó con el reconocimiento de la pensión gracia; seguramente por la razón antes enunciada, esto es, por quedar todos los docentes vinculados con la Nación. Por ello, se acata el criterio expuesto por la sala plena de esta Corporación en fallo de 26 de agosto de 1997, en el sentido de que el artículo 15 (numeral 2) de la Ley 91 de 1989 es de carácter transitorio, para no desconocer los derechos adquiridos en relación con la pensión gracia, tratándose de los docentes nacionalizados.

En la aludida providencia el Consejo de Estado sostuvo:

[…] La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por habérseles sometido repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se les reconociera la referida pensión, siempre que reunieran la totalidad de los requisitos y que hubiesen estado vinculados de conformidad con las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, con el aditamento de su compatibilidad “[...] con la pensión ordinaria de jubilación, aún9

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de su compatibilidad “[...] con la pensión ordinaria de jubilación, aún9

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en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación”, hecho que modificó la Ley 114 de 1913 para dichos docentes, en cuanto ésta señalaba que no podía disfrutar de la pensión gracia quien recibiera “[…] otra pensión o recompensa de carácter nacional”. […]

5. La norma pretranscrita, sin duda, regula una situación transitoria, pues su propósito, como se ve, no es otro que el colmar las expectativas de los docentes vincu lados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por su labor, en el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria oficiales.

6. De lo anterior se desprende que para los docentes nacionalizados que se hayan vinculado después de la fecha a que se acaba de hacer referencia, no existe la posibilidad del reconocimiento de tal pensión, sino de la establecida en el literal B del mismo precepto, o sea la “[…] pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año”, que se otorgará por igual a docentes

nacionales o nacionalizados (literal B, No.2, artículo 15 Ib.) hecho que indica que el propósito del legislador fue ponerle fin a la pensión gracia. También, que dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989,

gracia. También, que dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia […] siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. Y por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pue s habiéndose nacionalizado la educación primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que inicialmente le asignó la ley15.

En relación con la constitucionalidad del artículo 15, numeral 2, letra b), de l a Ley 91 de 1989, la Corte Constitucional, en sentencia C-84 de 17 de febrero de 1999, expuso:

Los apartes acusados de la norma demandada, son exequibles.

15 Expediente S-699 del 26 de agosto de 1997, actor: Wilberto Therán Mogollón, magistrado ponente Nicolás Pájaro Peñaranda.10

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3.2.1. De la propia evolución histórico -legislativa de la vinculación laboral de los “docentes oficiales”, aparece claro que, en razón de la

Jorge de Oro Ibáñez contra la UGPP

3.2.1. De la propia evolución histórico -legislativa de la vinculación laboral de los “docentes oficiales”, aparece claro que, en razón de la Ley 43 de 1975, tanto la educación primaria como la secundaria oficial constituyen “un servicio a cargo de la Nación”, lo que significa que culminado el tránsito entre el régimen anterior y el establecido por dicha ley, el 31 de diciembre de 1980, no subsistió la antigua distinción entre docentes nacionales y territoriales, pues todos pasaron a ser pagados con dineros de la Nación, por conducto de los Fondos Educativos Regionales (FER), girados por concepto del situado Fiscal.

Por ello, con la expedición por el Congreso de la Ley 91 de 1989, en su artículo 15, numeral 2º, literal A, se dispuso que quienes venían vinculados como docentes oficiales hasta el 31 de diciembre de 1980 y por mandato de las leyes 114 de 191 3, 116 de 1928 y 37 de 1933 y, para entonces “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión gracia”, continuarían con ese derecho, para que la misma le fuere reconocida con el lleno de los requisitos legales correspondientes. […]

Así mismo, se observa por la Corte que, antes de la “nacionalización” de la educación primaria y secundaria oficial decretada por la Ley 43 de 1975 para ser cumplida en un período de cinco años, es decir hasta el 31 de diciembre de 1980, existían dos categorías de docentes oficiales, a saber: los nacionales, vinculados laboralmente de manera

de 1975 para ser cumplida en un período de cinco años, es decir hasta el 31 de diciembre de 1980, existían dos categorías de docentes oficiales, a saber: los nacionales, vinculados laboralmente de manera directa al Ministerio de Educación Nacional; y los territoriales, vinculados laboralmente a los departamentos, en nada se oponía a la Constitución entonces en vigor, que existiera para éstos últimos la denominada “pensión gracia”, de que trata la Ley 114 de 1913, posteriormente extendida a otros docentes por las leyes 116 de 1928 y 37 de 1933, como tampoco se opone la prolongación de sus efectos en el tiempo para quienes actualmente la disfru tan, o reunieron los requisitos sustanciales para tener derecho a ella antes del 31 de diciembre de 1980, pues la diversidad de empleados (nación o departamento), permitía, conforme a la Carta, establecer un trato distinto y una excepción al principio general prohibitivo de devengar dos asignaciones del Tesoro Público, situación ésta que resulta igualmente acompasada con la Constitución Política de 1991, pues la norma acusada (artículo 4º, numeral 3º Ley 114 de 1913), en nada vulnera el principio de la igua ldad consagrado por el artículo 13 de la Carta Magna, el cual prohíbe dispensar trato diferente y discriminado “por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”, nada de lo cual ocurre11

Expediente: 08001-23-33-000-2016-00149-01 (4526-2021) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

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en este caso.

La supuesta vulneración al derecho a la igualdad consagrado por el artículo 13 de la Constitución Política por los apartes de la norma acusada, no existe. En efecto, el legislador, conforme a lo establecido por el artículo 150 de la Constitución Nacional, e n ejercicio de la función de “hacer las leyes”, que asignaba también al Congreso Nacional el artículo 76 de la Constitución anterior, puede regular lo atinente al régimen prestacional del Magisterio, como efectivamente lo ha hecho.

La circunstancia de que, en ejercicio de esa función el Congreso Nacional haya preceptuado que la “pensión de gracia” creada por la Ley 114 de 1913 para los maestros oficiales de primaria y extendida luego a otros docentes, sólo se conserve como derecho para quienes estaban vinculados al servicio antes del 1º de enero de 1981 y que no se conceda a los vinculados con posterioridad a esa fecha, no implica desconocimiento de ningún “derecho adquirido”, es decir, no afecta situaciones jurídicas ya consolidadas, sino que se limita, simplemente, a disponer que quienes ingresaron a partir de esa fecha, no tendrán posibilidad de adquirir ese derecho, que constituía una “mera expectativa” la que, precisamente por serlo, podía, legítimamente, ser suprimida por el legislador, pues a nadie se afecta en un derecho ya radicado en cabeza suya de manera particular y

“mera expectativa” la que, precisamente por serlo, podía, legítimamente, ser su