CE - 012333000201600180011SENTENCIA20230302155043

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D. C., veintisiete (2 7) de febrero de dos mil veinti trés (202 3)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.

Radica ción : 54001233300020160018001 (6446 -2018)

Demandante: Lidy Elxi Ragua Chacón Demandad o: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la

Protección Social 1

Tema: Re conocimiento pensión gracia de sobreviviente .

Causales de m ala conducta . Ley 1437 de 2011

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

La Sala de la Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado conoce el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 30 de agosto de 2018 , proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander , que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA 2

La señora Lidy Elxi Ragua Chacón , por intermedio de apoderado , en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del

I. ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA 2

La señora Lidy Elxi Ragua Chacón , por intermedio de apoderado , en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 3, formuló

1 En adelante UGPP 2 Folios 4 a 14 . 3 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo , en adelante CPACA .Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 54001233300020160018001 (6446 -2018)

Demandante: Lidy Elxi Ragua Chacón

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2 en síntesis las siguientes:

1.1. Pretensiones

Declarar l a nulidad de la s Resoluciones (i) RDP 050941 del 1 de diciembre de 2015 , mediante la cual la UGPP le negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia «post mortem »; (ii) RDP 011057 del 10 de marzo de 2016 , por medio de la cual la entidad resolvió el recurso de apelación y confirmó la decisión.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó condenar a la entidad demandada a (i) reconocer y pagar la pensión gracia «post mortem »; (ii) pagar las mesadas pensionales y adicionales causadas desde el 25 de julio de 2013, con los correspondientes

entidad demandada a (i) reconocer y pagar la pensión gracia «post mortem »; (ii) pagar las mesadas pensionales y adicionales causadas desde el 25 de julio de 2013, con los correspondientes reajustes de ley ; (iii) incorporar los ajustes de valor conforme al artículo 187 del CPACA; (iv) reconocer y pagar intereses moratorios de que trata el artículo 41 de la Ley 100 de 1993; (v) cumplir la sentencia y en caso de no hacerlo, reconocer y pagar los interese s moratorios establecidos conforme al artículo 192 del CPACA ; y, (vi ) pagar las costas y agencias del proceso .

1.2. Fundamentos fácticos

a) El señor Pedro León Duarte Suárez (Q.E.P.D .) (i) nació el 20 de agosto de 1951; (ii) se desempeñó como docente nacionalizado en el periodo comprendido entre el 23 de marzo de 1977 y el 19 de julio de 2010 ; y (iii) falleció el 25 de julio de 2013.

b) La señora Lidy Elxi Ragua Chacón contrajo matrimonio con el señor Pedro León Duarte Suárez (Q.E.P.D.) el 17 de marzo de 1978 con quien convivió hasta el momento del deceso.

c) El causante el 16 de ene ro de 2003 solicitó a la UGPP el reconocimiento y pago de la pensión gracia, la cual le fue negada a través de las Resoluciones 8418 del 5 de abril de 2006 y PAP 010484 del 25 de agosto de 2010.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 54001233300020160018001 (6446 -2018)

a través de las Resoluciones 8418 del 5 de abril de 2006 y PAP 010484 del 25 de agosto de 2010.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 54001233300020160018001 (6446 -2018)

Demandante: Lidy Elxi Ragua Chacón

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3 d) El 8 de mayo de 2015, la señora Lidy Elxi Ragua Chacón petici onó ante la demandada el reconocimiento y pago de la «pensión de sobreviviente ».

e) La UGPP mediante la Resolución RDP 050941 del 1 de diciembre de 2015 negó la petición por considerar que el docente incurrió en mala conducta, toda vez que mediante el Decreto 000993 del 28 de septiembre de 1995 expedido por la Secretaría de Educación del Departamento de Norte de Santander, le fue impuesta sanción de suspensión en el ejerci cio de sus funciones y separación del cargo por 6 meses en el periodo comprendido entre el 28 de septiembre de 1995 y el 28 de marzo de 1996 por haberse proferido en su contra sentencia condenatoria por infracción a la ley penal.

f) El 18 de enero de 2016 , la accionante interpuso recurso de apelación en contra del acto anterior , el cual fue resuelto p or la UGPP por medio de la Resolución RDP 011057 del 10 de marzo de 2016 , que confirmó la decisión con los mismos argumentos .

apelación en contra del acto anterior , el cual fue resuelto p or la UGPP por medio de la Resolución RDP 011057 del 10 de marzo de 2016 , que confirmó la decisión con los mismos argumentos .

1.3. Normas violadas y concepto de violación

La accionante invocó como disposiciones vulneradas las siguientes: los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 13, 23, 25, 46, 48, 53, 58, 228 y 336 de la Constitución Política ; Ley 114 de 19 13; 1 de la Ley 33 de 1973; 1 de la Ley 12 de 1975; 2 , numeral 5 , de la Ley 91 de 1989; Decreto 2563 de 1990; 115 y 180 de la Ley 115 de 1994; Ley 100 de 1993; 46 y 47 de la Ley 797 de 2003 y Ley 812 de 2003.

Al desarrollar el concepto de violación expresó que, con los actos administrativos demandados, la entidad incur rió en falsa motivación, toda vez que el causante cumplió con los req uisitos de edad y tiempo de servicios como docente nacionalizado, por lo que el argumento expuesto no resulta suficiente «para desvirtuar la idoneidad que demostró el causante en el cargo docente, bajo la premisa de que una sanción aislada no es impedimento paraNulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 54001233300020160018001 (6446 -2018)

Demandante: Lidy Elxi Ragua Chacón

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Radicación: 54001233300020160018001 (6446 -2018)

Demandante: Lidy Elxi Ragua Chacón

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4 configurar el derecho reclamado.»

Indicó que aun cu ando se certifica que el señor Pedro León Duarte Suárez fue sancionado, no se identifica si la sanción se dio con ocasión del c argo docente, ni la gravedad de la falta cometida, por lo que no es dable a la administración negar el derecho prestacional desconociendo el principio de buena fe . Al respecto , solicitó tener en cuenta jurisprudencia emanada del Consejo de Estado, que ha sido clara en afirmar que no basta con la existencia de la sanción para negar el derecho, sino que es necesario realizar un estudio detallado de la carrera del docente para poder determinar si en su proceder profesional se configuró o no la mala conducta.

Solicitó dar aplicación a l principio constitucional establecido en el artículo 29 de la Constitución, que dispone que no es posible juzgar dos veces por el mismo hecho y en igual sentido el artículo 11 de la Ley 734 de 2002 que señala que el destinatario de la ley disciplinaria cuya situación se haya decidido mediante fallo ejecutoriado o decisión que tenga la misma fuerza vinculante, proferidos por autoridad competente, no ser á sometido a nueva investigación y juzgamiento disciplinario s por el mismo hecho, aun cuando a este se le d é una denominación distinta.

proferidos por autoridad competente, no ser á sometido a nueva investigación y juzgamiento disciplinario s por el mismo hecho, aun cuando a este se le d é una denominación distinta.

Concluy ó que la UGPP no tiene la potestad de negar la prestación bajo el entendido de que la negativa radica en una doble sanción en cabeza del docente, y sus beneficiarios no están en la obligación de soportar teniendo en cuenta que, de conformidad con la Constitu ción y la ley, tanto la responsabilidad penal como disciplinaria son individuales y no transmisibles.

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 4

La UGPP se opuso a la prosperidad de la s pretensiones de la demanda al considerar que por medio del Decreto 000933 del 2 8 de

4 Folios 63 a 65.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 54001233300020160018001 (6446 -2018)

Demandante: Lidy Elxi Ragua Chacón

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5 septiembre de 1995, el causante fue suspendido del cargo durante 6 meses (entre el 28 de septiembre de 1995 y el 28 de marzo de 1996 ), por lo que incurrió en mala conducta y , en ese orden , no cumplió con todos los requisitos establecidos en el artículo 4 de la Ley 114 de 1913 para ser beneficiario de la pensión gracia, ya que no demostró idoneidad y buena conducta durante su cargo como docente.

cumplió con todos los requisitos establecidos en el artículo 4 de la Ley 114 de 1913 para ser beneficiario de la pensión gracia, ya que no demostró idoneidad y buena conducta durante su cargo como docente.

Propuso las siguientes excepciones: (i) presc ripción de los derechos laborales aplica a todos y cada uno de los conceptos reclamados por el (sic) demandante , (ii) inexistencia de la obligación.

3. AUDIENCIA INICIAL 5

El 20 de abril de 2017 se llevó a cabo la audiencia inicial por parte del Tribunal Administrativo de Norte de Santander , oportunidad en la que determinó (i) que no exist ió ninguna irregularidad que gener ar á nulidad; (ii) advirtió que la excepción de prescripción deb ía ser resuelta al momento de emitir sentencia y , (iii) fij ó el litigio , así:

«[…] se circunscribe a determinar: ¿si bien debe reafirmarse la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados contenidos en las Resoluciones No. EDP 050941 del 1 de diciembre de 2015 y No. RDP 011057 del 10 de marzo de 2016, expedidas por la U.A.E. de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGP, o si por el contrario, se cumple con los requisitos legales para acceder al reconocimiento de manera vitalicia de la pensión gracia post mortem (s ic) a favor de la señora Lidy Elxie Ragua Chacón con ocasión del fallecimiento del señor Pedro León Duarte Suárez? »

4. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 6

Lidy Elxie Ragua Chacón con ocasión del fallecimiento del señor Pedro León Duarte Suárez? »

4. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 6

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander , mediante sentencia del 30 de agosto de 2018 , negó las pretensiones de la

5 Folios 109 a 112 Vto. CD a folio 114. 6 Folios 132 a 143 Vto.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 54001233300020160018001 (6446 -2018)

Demandante: Lidy Elxi Ragua Chacón

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6 demanda y se abstuvo de condenar en costas .

Para el efecto, abordó la naturaleza de la pensión gracia y señaló los cinco requisitos establecidos para acceder a ella , así como la normativa aplicable a la aquí demandante , y concluyó respecto del causante que : (i) el tipo de vinculación del docente fue nacionalizado; (ii) el 23 de marzo de 1997 acreditó el cumpli miento del tiempo de servicio (20 años); ( iii) alcanzó la edad (50 años) el 20 de agosto de 2001 , y (i v) se vinculó como docente antes del 31 de diciembre de 1980 (el 23 de marzo de 1977) .

Sin embargo, en lo que refiere a la buena conducta, precisó que la sanción de suspensión fue impuesta mediante el Decreto 000933

de diciembre de 1980 (el 23 de marzo de 1977) .

Sin embargo, en lo que refiere a la buena conducta, precisó que la sanción de suspensión fue impuesta mediante el Decreto 000933 del 28 de septiembre de 1995 , cuando el causante aún no había cumplido con los requisitos para acceder a la pensión gracia.

Al respecto, indicó que la parte actora no logró desvirtuar la presunción de legalidad que ampara los actos administrativos enjuiciados , toda vez que no acredi tó ni sustentó los motivos por los cuales consideraba que el delito por el que fue condenado el causante en el año 1995 constituía un hecho aislado o culposo que no revestía la gravedad para hacer nugatorio el derecho pensional .

Hizo hincapié en que llam ó la atención «el hermetismo tanto en la demanda como en las etapas procesales subsiguientes, en torno a explicar cuál fue el delito penal que dio lugar a la suspensión del causante, pese a que quien demanda, convivió desde 1978 con el causante de la prest ación pretendida, de tal forma, que se infiere de la lógica y la sana crítica que conoce detalles sobre las circunstancias que dieron lugar a la suspensión de su cónyuge en el año 1995 y que hubiesen permitido brindar los elementos probatorios necesarios p ara determinar si los actos administrativos demandados incurrieron en la causal de nulidad.»

En consecuencia, la demandante no cumplió con la carga probatoria para probar los supuestos de hecho de la norma jurídica pese a queNulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 54001233300020160018001 (6446 -2018)

En consecuencia, la demandante no cumplió con la carga probatoria para probar los supuestos de hecho de la norma jurídica pese a queNulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 54001233300020160018001 (6446 -2018)

Demandante: Lidy Elxi Ragua Chacón

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7 la conducta considerada como reprochable no fue reiterada en el tiempo y, en ese sentido, la jurisprudencia ha entendido que puede emerger de tal gravedad, que afecta el reconocimiento pensional.

Adujo que , de manera oficiosa se requirió al Juzgado Tercero Penal Municipal de San José de Cúcuta para que remitiera copia auténtica de la sentencia condenatoria emitida en el año 1995 , así como la constancia de ejecutoria de la misma , sin que hubiese sido aportada . A sí mismo , indicó que obra constancia en el proceso de que se adelantaron gestiones por parte de esa corporación ante la Oficina de Servicios Generales de los Juzgados Penales , quien in formó que «no se tenía registrada dicha información en el sistema, ra zón por la cual debía oficiarse a la oficina de Archivo General para lo pertinente, sin perjuicio de que dicha información no se encontra ra debido a un incendio acaecido para la época.»

Así las cosas, y al no haber sido posible determinar la conducta que dio lugar a la imposición de la sanción y en vista de que el

no se encontra ra debido a un incendio acaecido para la época.»

Así las cosas, y al no haber sido posible determinar la conducta que dio lugar a la imposición de la sanción y en vista de que el ordenamiento jurídico contempla como causal de mala conducta el ser condenado por delitos o delitos dolosos consideró que no e ra posible otorgar la pretensión deprecada.

5. EL RECURSO DE APELACIÓN 7

La parte demandante solicitó revocar la decisión y, en su lugar , acceder a las pretensiones de la demanda .

Se mostró de acuerdo con lo establecido por el a quo en el sentido de que cumplió con los requisitos de tiempo de servicio, tipo de vinculación con fecha de incorporación antes de 1981 y edad requerida.

Por consiguiente , consideró que se incurrió en excesivo rigorismo al no tener en cuenta que, si bien el causante incurrió en una falta

7 Folios 145 a147.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 54001233300020160018001 (6446 -2018)

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8 contra legem , esta no fue reiterada y , por lo tanto , constituye una conducta aislada.

Aunado a lo anterior, y teniendo en cuenta que se desconocen las razones que llevaron a la imposición de la sanción penal y , por

contra legem , esta no fue reiterada y , por lo tanto , constituye una conducta aislada.

Aunado a lo anterior, y teniendo en cuenta que se desconocen las razones que llevaron a la imposición de la sanción penal y , por ende, a la suspensión, invoc ó la aplicación d el principio de buena fe y el de favorabilidad , ya que, como se pudo constatar por parte del tribunal de primera instancia, no fue posible acceder a la información relativa a la sentencia penal, por lo que no es posible presumir que la falta cometida por el causante sea de tal entidad como para excluir a la accionante del beneficio de la pensión gracia «post mortem ».

6. ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA

6.1 La parte demanda nte 8 reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación .

6.2 La entidad demanda da 9 insistió en los argumentos expuestos en el escrito de contestación e indicó que no es posible alegar que, solo porque la conducta no fue repetitiva pueda tenerse como un hecho menor, toda vez que la ley no dispone tiempo de duración ni número de veces que se puede cometer la falta descrita, sino que reprocha la conducta por su gravedad, de modo que la condena penal constituye causal para no acceder a la pensión gracia.

Solicitó auto de mejor proveer para que se oficie a la Fiscalía General de la Nación, para que aporte al proceso el expediente de la causa penal con el fin de reforzar la tesis y motivos de la negación.

El Ministerio Público no se pronunció según el informe secretarial obrante a folio 203 .

8 Folios 204 a 207.

la causa penal con el fin de reforzar la tesis y motivos de la negación.

El Ministerio Público no se pronunció según el informe secretarial obrante a folio 203 .

8 Folios 204 a 207. 9 Folios 228 a 229.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 54001233300020160018001 (6446 -2018)

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9

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 10, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.

Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 328 11 del Código General del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos expuestos por el apelante.

2.2. Problema jurídico

De conformidad con el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante , correspond e a la Sala determinar :

1. Si a la señora Lidy Elxi Ragua Chacón le asiste razón jurídica para reclamar de la UGPP el reconocimiento de la pensión gracia de sobreviviente de l docente Pedro León Duarte Suárez

(Q.E.P.D) , en cumplimiento de los requisitos exigidos por las

10«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá

gracia de sobreviviente de l docente Pedro León Duarte Suárez (Q.E.P.D) , en cumplimiento de los requisitos exigidos por las

10«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.[…]» 11«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pron unciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adh erido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelan te único, salvo que, en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durant e la audiencia.»Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 54001233300020160018001 (6446 -2018)

recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durant e la audiencia.»Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 54001233300020160018001 (6446 -2018)

Demandante: Lidy Elxi Ragua Chacón

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10 Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933 y demás normas que la regulan .

2. En caso de satisfacer todas las condici ones , se deberá establecer si la accionante , en su condición de cónyuge supérstite , se encuentra habilitad a para reclamar la sustitución de la citada prestación .

Para resolver el asunto, se desarrollará el siguiente orden metodológico: (i) la pensión gracia ; (ii) mala conducta como causal para la pérdida del derecho de la pensión gracia ; (iii) de la pensión de sobreviviente y la sustitución pensional; (iv) beneficiarios de la sustitución pensional ; y (v) análisis del caso concreto.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2. 3.1 La pensión gracia

La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1 de la Ley 114 de 1913, en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de 20 años.

En ese sentido, respecto de los condicionan tes para acceder a la

114 de 1913, en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de 20 años.

En ese sentido, respecto de los condicionan tes para acceder a la pensión gracia, la Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su reconocimiento, además de los 20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse desempeñado en los empleos con honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años de edad. Por su parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya vinculado al servicio oficial con anterioridad al 1 de enero de 1981.

Posteriormen te, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la pensión gracia a los empleados y profesores de las escuelas normales, junto a los inspectores de instrucción pública. De manera que autorizó la suma de los servicios prestados enNulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 54001233300020160018001 (6446 -2018)

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11 diversas épocas al computar los años en la enseñanza primaria, la normalista y la inspección , con el fin de completar el tiempo requerido para acceder a la pensión.

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11 diversas épocas al computar los años en la enseñanza primaria, la normalista y la inspección , con el fin de completar el tiempo requerido para acceder a la pensión.

Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la pensión gracia se hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren completado el tiempo de servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.

Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1, distinguió entre los conceptos de docente «naciona l» y «nacionalizado», así:

«ARTÍCULO 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:

Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional .

Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.

Personal territorial . Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial , a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.» [Negrillas fuera de texto].

El numeral 2 del artículo 15 de dicha ley limitó el reconocimiento de la pensión gracia para los docentes al establecer:

«[…] A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980

El numeral 2 del artículo 15 de dicha ley limitó el reconocimiento de la pensión gracia para los docentes al establecer:

«[…] A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollad o o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos . Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación. […]»

De las diferentes normas enunciadas , esta Corporación ha advertido que la pensión gracia no es un derecho para todo docenteNulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 54001233300020160018001 (6446 -2018)

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12 que cumpla con los requisitos citados, sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está prevista para los de carácter territorial y nacionalizado, es decir, con exclu sión de los docentes nacionales. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S -699 del 26 de agosto de 1997 12 señaló:

territorial y nacionalizado, es decir, con exclu sión de los docentes nacionales. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S -699 del 26 de agosto de 1997 12 señaló:

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalid ad de requisitos”. […].»

Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de unificación CE -SUJ2 -011 -18 del 21 de juni o de 2018 13 previó las siguientes pautas jurisprudenciales:

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas .

1. Los entes territoriales son los titulares di rectos o propietarios de los recursos que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones , por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

1. La financiación de los gastos que generaban los fondos

los recursos que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones , por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

1. La financiación de los gastos que generaban los fondos educativ os regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por concepto del situado fiscal , sino que también correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los refer idos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).

1. Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los servicios educativos de los docentes nacionales

12Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S -699 de 26 de agosto de 1997, actor: Wilberto Therán Mogollón. 13 Proceso identificado con radicación 25000 -23 -42 -000 -2013 -04683 -01 (38052014), de Gladys Amanda Hernández Triana contra la UGPP.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 54001233300020160018001 (6446 -2018)

Demandante: Lidy Elxi Ragua Chacón

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia

13 y nacionalizado s12 , resulta factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales,

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13 y nacionalizado s12 , resulta factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Naci ón —situado fiscal — como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas .

1. Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente de l Ministerio de Educación Nacional como miembr