CE - 012333000201600183011SENTENCIA20230517170911

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, diecinueve (19) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Consejero ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Radicación:  47001-23-33-000-2016-00183-01 (64.521)

Demandante: SONIA ESTHER PORRAS JIMENO Y OTROS

Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

EJÉRCITO NACIONAL Y OTROS

Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA

Asunto: APELACIÓN – DESAPARICIÓN FORZADA

Síntesis del caso: el señor Miguel Alfonso Porras Ortega desapareció desde el 26 de septiembre de 1990 luego de que se dirigió al comando de las autodenominadas AUC para reclamarles por haber sido desalojado junto con sus parientes de la finca “La Equidad” ubicada en la vereda “Corregimiento de La Secreta” jurisdicción del municipio de Ciénaga (Magdalena) por paramilitares de ese grupo al margen de la ley ; con ocasión de ese desalojo los demandantes también sufrieron desplazamiento forzado.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante (fls. 590 a 610 cdno. apelación) contra la sentencia proferida el 27 de marzo de 201 9 por el Tribunal Administrativo del Magdalena (fls. 567 a 581 vlto. cdno. apelación) mediante la cual se dispuso:

610 cdno. apelación) contra la sentencia proferida el 27 de marzo de 201 9 por el Tribunal Administrativo del Magdalena (fls. 567 a 581 vlto. cdno. apelación) mediante la cual se dispuso:

“PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: No condenar en costas.

TERCERO: En caso de no ser apelada la presente decisión, ordénese su archivo. (fl. 581 vlto. cdno. apelación – negrillas y mayúsculas sostenidas del original).

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

En escrito presentado el 8 de noviembre de 2016 (fl. 13 cdno. ppal.), los señores Sonia Esther Porra s Jimeno, Eduardo Emilio, Elmira Esther, Ana Cecilia y Armando Francisco López Ortega presentaron demanda de reparación directa en contra de la Nación – Ministerio de Defensa - Ejército Nacional - Policía Nacional, la Unidad paraExpediente: 47001-23-33-000-2016-00183-01 (64.521) Actor: Sonia Esther Porras Jimeno y otros Reparación directa Apelación sentencia

2 la Reparación Integral a las Víctimas y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (fls. 4 a 13 cdno. ppal.) con las siguientes pretensiones:

“PRIMERO: Declarar patrimonialmente responsable y de manera solidaria a la NACIÓN COLOMBIANA - MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL - POLICÍA NACIONAL - por los perjuicios sufridos, por falta y

“PRIMERO: Declarar patrimonialmente responsable y de manera solidaria a la NACIÓN COLOMBIANA - MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL - POLICÍA NACIONAL - por los perjuicios sufridos, por falta y falla en el servicio, por las conductas y omisiones en las que incurrieron los miembros del Ejército Nacional y de la Policía Nacional, a grupos al margen de la ley paramilitares (auc de Colombia), por la desaparición del señor MIGUEL ALFONSO PORRAS, padre y hermano de los demandantes.

SEGUNDO: Condénese solidariamente a la NACIÓN COLOMBIANAMINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL - POLICÍA NACIONAL - a pagar a los demandantes, a título de indemnización por DAÑOS MATERIALES , los cuales se estiman en la suma de $.941.650.000,oo, El valor de los bienes (sic).

TERCERO: Condénese solidariamente a la NACIÓN COLOMBIANAMINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL - POLICÍA NACIONAL - a pagar, a los demandantes, a título de indemnización por los DAÑOS INMATERIALES (Futuro o Lucro Cesante), los cuales se estiman en la suma de $10.244.000.000,oo.

CUARTO: Condénese solidariamente a la NACIÓN COLOMBIANAMINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL - POLICÍA NACIONAL - a pagar, a título de indemnización por los daños morales sufridos por la desaparición de su padre y hermano, por falla y falta del servicio no prestado, que son estimados en la suma de 100 salarios mínimos

NACIONAL - a pagar, a título de indemnización por los daños morales sufridos por la desaparición de su padre y hermano, por falla y falta del servicio no prestado, que son estimados en la suma de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a ( $ 68.945.400.oo) a cada uno del miembro familiar (sic).

- SONIA ESTHER PORRAS JIMÉNEZ…………………….$68.945.400.oo

- EDUARDO EMILIO LÓPEZ ORTEGA…………………….$68.945.400.oo

- ELMIRA ESTHER LÓPEZ ORTEGA……………………...$68.945.400.oo

- ANA CECILIA LÓPEZ ORTEGA…………………………..$68.945.400.oo - ARMANADO FRANCISCO LÓPEZ ORTEGA…………....$68.945.400.oo TOTAL……………………..$344.727.000,oo

SEXTO: Declarar patrimonialmente responsable de la INDEMNIZACIÓN ADMINISTRATIVA por el desplazamiento forzado (conforme el artículo 5º del Decreto 1290 de 2008, y lo establecido por el artículo 148 del Decreto 4800 de 2011 y la SENTENCIA SU 254/13 a la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS por ser la entidad ob ligada conforme a la ley a pagar dicha indemnización a los demandantes, por el desplazamiento forzado del cual fueron víctimas.

Condénese a la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS (DPS) antes Acción Social (sic), a pagar, aExpediente: 47001-23-33-000-2016-00183-01 (64.521) Actor: Sonia Esther Porras Jimeno y otros Reparación directa Apelación sentencia

3 título de indemnización administrativa por el desplazamiento forzado de que trata el artículo 5º del Decreto 1290/2008, por la falla y falta del servicio, no prestado, que son estimados en la suma de 27 salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a ($18.615.258,oo) a cada uno del miembro familiar (sic).

- SONIA ESTHER PORRAS JIMÉNEZ.…………………….$18.615.258,oo

mensuales vigentes, equivalentes a ($18.615.258,oo) a cada uno del miembro familiar (sic).

- SONIA ESTHER PORRAS JIMÉNEZ.…………………….$18.615.258,oo

- EDUARDO EMILIO LÓPEZ ORTEGA…………………….$18.615.258,oo

- ELMIRA ESTHER LÓPEZ ORTEGA……………………....$18.615.258,oo

- ANA CECILIA LÓPEZ ORTEGA…………………………...$18.615.258,oo - ARMANADO FRANCISCO LÓPEZ ORTEGA…………....$18.615.258,oo TOTAL……………………..$93.076.290.oo

SÉPTIMO: Condénese solidariamente a la NACIÓN COLOMBIANAMINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL - POLICÍA NACIONAL Y AL UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS (DPS) (sic) a pagar, a título de indemnización por los DAÑOS MORALES SUFRIDOS POR EL DESPLAZAMIENTO FORZADO, por el asesinato de su hermano, por la falla y falta de los servicios no prestados que son estimados en la suma de 100 salarios mininos legales mensuales vigentes, equivalentes a ($34.472.700,oo).

- SONIA ESTHER PORRAS JIMÉNEZ….…………………$34.472.700,oo

- EDUARDO EMILIO LÓPEZ ORTEGA…………………….$34.472.700,oo

- ELMIRA ESTHER LÓPEZ ORTEGA……………………....$34.472.700,oo

- ANA CECILIA LÓPEZ ORTEGA…………………………...$34.472.700,oo

- ARMANADO FRANCISCO LÓPEZ ORTEGA…………....$34.472.700,oo

• ANA CECILIA LÓPEZ ORTEGA…………………………...$34.472.700,oo - ARMANADO FRANCISCO LÓPEZ ORTEGA…………....$34.472.700,oo TOTAL……………………$172.363.500,oo” (fls. 9 a 10 cdno. apelación – negrillas y mayúsculas sostenidas del original).

2. Hechos

Como fundamento de las súplicas de la demanda se narraron, en síntesis, los siguientes hechos:

1. Los actores convivían con el señor Miguel Alfonso Porra s Ortega en la finca denominada “La Equidad” ubicada en la vereda “Corregimiento de La Secreta” en la jurisdicción del municipio de Ciénaga (Magdal ena), sin embargo, el 26 de septiembre de 1990 fueron desalojados de l referido inmueble por paramilitares de las autodenominadas AUC, razón por la cual el señor Porr as Ortega se dirigió inmediatamente hacia el comando de ese grupo ilegal para reclamar por el desalojo y desde entonces se encuentra desaparecido.

1. Los demandantes denunciaron lo sucedido solo hasta el 26 de diciembre de 2012 ante la Fiscalía de Justicia y Paz de la ciudad de Barranquilla (Atlántico) debido a que fueron amenazados de muerte.Expediente: 47001-23-33-000-2016-00183-01 (64.521) Actor: Sonia Esther Porras Jimeno y otros Reparación directa Apelación sentencia

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3. Contestación de la demanda

La demanda fue admitida el 18 de mayo de 2017 por el Tribunal Administrativo de l

Actor: Sonia Esther Porras Jimeno y otros Reparación directa Apelación sentencia

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3. Contestación de la demanda

La demanda fue admitida el 18 de mayo de 2017 por el Tribunal Administrativo de l Magdalena1, quien ordenó notificar al Ministerio Público y l os representantes legales de las entidades demandadas y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (fls. 101 a 103 vlto. cdno. ppal).

1. La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas replicó los hechos, se opuso a las pretensiones de la demanda, propuso las excepciones de “inexistencia de configuración de la imputación”, “ausencia de responsabilidad de la Unidad para las Víctimas”, “eximencia de responsabilidad por el hecho de un tercero”, “indemnización administrativa versus indemnización judicial”, “inexistencia probatoria de los perjuicios invocados”, “existencia de precedentes horizontales o de primera instancia” , “existencia de precedentes verticales” y, argumentó, en síntesis, que la entidad demandada no produjo el daño antijurídico, sino que, fue causado por terceros, por lo cual no era responsable de los daños reclamados en la demanda (fls. 140 a 162 cdno. ppal.).

1. El Ejército Nacional cuestionó los hechos , se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso las excepciones de “falta de legitimación en la causa por pasiva”, “hecho de un tercero”, “diligencia y cuidado por parte de las fuerzas militares”, “inexistencia de la obligación” y “tasación excesiva de perjuicios extrapatrimoniales” y,

“hecho de un tercero”, “diligencia y cuidado por parte de las fuerzas militares”, “inexistencia de la obligación” y “tasación excesiva de perjuicios extrapatrimoniales” y, como razones de defensa adujo, principalmente, que no fue requerido por la víctima o por sus familiares para que se le dispensara protección ni tenían conocimiento previo de la existencia de amenazas en contra del desaparecido y sus familiares.

1. Por su parte, la Policía Nacional rebatió los hechos, se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso las excepciones de “configuración de la eximente de responsabilidad de hecho de un tercero”, “caducidad” y, como razones de defensa , señaló que no figuraba constancia de que los afectados le hayan presentado denuncia previa a la ocurrencia de los hechos ni se vislumbraba circunstancia alguna que permitiese prever la ocurrencia de la actuación delincuencial (fls. 217 a 232 cdno. ppal.).

1 En el auto admisorio de la demanda, proferido el 18 de mayo de 2017, el Tribunal negó la solicitud de amparo de pobreza formulado por la parte actora , decisión que no fue recurrida por los demandantes (fls. 101 a 103 vlto. cdno. ppal.).

En la audiencia inicial celebrada el 18 de julio de 2018 , el tribunal desvinculó del proceso al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social porque frente a dicha entidad no se había agotado el requisito de procedibilidad de la conciliaci ón extrajudicial, decisión que no fue recurrida por

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social porque frente a dicha entidad no se había agotado el requisito de procedibilidad de la conciliaci ón extrajudicial, decisión que no fue recurrida por las partes (fls. 357 a 372 cdno. ppal.).Expediente: 47001-23-33-000-2016-00183-01 (64.521) Actor: Sonia Esther Porras Jimeno y otros Reparación directa Apelación sentencia

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4. La sentencia apelada

El 27 de marzo de 201 9, el Tribunal Administrativo de l Magdalena negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas a la parte actora por cuanto, si bien se acreditó el daño consistente en la desaparición del señor Miguel Alfonso Porras Ortega, de quien se desconoce su paradero actual según lo certificó la Fiscalía General de la Nación , no es posible atribuir ese daño a la entidades demandadas debido a que i) no ha sido posible establecer quiénes fueron los autores de ese ilícito, pues, las investigaciones penales aún no han finalizado; ii) tampoco se acreditó que las entidades demandadas recibieron con antelación denuncias, solicitudes de protección del desaparecido o de sus familiares ni que estas conocían de amenazas co ntra la integridad de la víctima y se abstuvieron de protegerl a y, iii) según los datos que suministró el Registro Único de Victimas, los hechos por los cuales fueron incluidos los actores no guarda relación con el desplazamiento forzado derivado de la desaparición de señor Porras Ortega (fls. 567 a 581 cdno. apelación).

fueron incluidos los actores no guarda relación con el desplazamiento forzado derivado de la desaparición de señor Porras Ortega (fls. 567 a 581 cdno. apelación).

5. El recurso de apelación

La parte demandante solicita que se revoque la sentencia de primera instanci a y se accedan a las pretensiones de la demanda (fls. 590 a 610 cdno. apelación), por las siguientes razones:

1. El Estado era conocedor de la presencia de grupos al margen de la ley en el sector donde ocurrieron los hechos, por lo cual no era necesario que los ahora demandantes y la víctima solicitaran previamente a las autoridades protección.

1. Pese a que los daños ocurrieron dentro del marco del conflicto interno que afrontaba el país, las entidades demandadas se abstuvieron de adoptar las medidas necesarias para impedir que los grupos armados ilegales tomaran el control de la zona donde ocurrieron los hechos de desaparición y desplazamiento forzado de la víctima y los demandantes.

6. Actuación surtida en segunda instancia

El 22 de agosto de 20 19 se admitió el recurso de apelación (fl.617 vlto cdno. apelación); el 16 de octubre de 2019 (fl. 620 cdno. apelación) se corrió traslado a las partes para alegaciones finales por el término común de diez (10) días y, al Ministerio Público para que emitiera concepto, quienes manifestaron lo siguiente:Expediente: 47001-23-33-000-2016-00183-01 (64.521) Actor: Sonia Esther Porras Jimeno y otros Reparación directa Apelación sentencia

Público para que emitiera concepto, quienes manifestaron lo siguiente:Expediente: 47001-23-33-000-2016-00183-01 (64.521) Actor: Sonia Esther Porras Jimeno y otros Reparación directa Apelación sentencia

6 1) La Unidad para la Atención y Reparación de las Víctimas solicita que no se acceda a las pretensiones de la demanda frente a ella porque no es responsable del desplazamiento forzado de la parte demandante, toda vez que fue causado por un tercero, a la parte actora le fue reconocida una indemnización administrativa y para la época de los hechos no existía jurídicamente la entidad demandada (fls. 622 a 625 cdno. apelación).

1. La Policía Nacional reitera los argumentos expuestos en la contestación de la demanda relativos a que no fue advertida previamente por la víctima ni por los demandantes de que se encontraban en peligro , tamp oco se vislumbraba circunstancia alguna que permitiese prever una supuesta actuación delincuencial en su contra, sumado al hecho de que el daño fue causado por un tercero lo cual resultó imprevisible e irresistible para la entidad demandada (fls.626 a 631 cdno. apelación).

1. El Ejército Nacional, el Ministerio Público y la parte demandante guardaron silencio

(fl. 637).

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso , sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado , procede la Sala a resolver el presente asunto sometido a consideración con el siguiente derrotero: 1) caducidad, 2) síntesis de la controversia y

que invalide lo actuado , procede la Sala a resolver el presente asunto sometido a consideración con el siguiente derrotero: 1) caducidad, 2) síntesis de la controversia y anuncio de la decisión , 3) análisis de la responsabilidad, 4) conclusión y, 5) condena en costas.

1. Caducidad

1. Con relación al término para presentar en forma oportuna la demanda cuando se pretende la reparación directa derivada del delito de desaparición forzada, el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 prescribe lo siguiente:

“ARTÍCULO 164. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA. La

demanda deberá ser presentada:

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:

1. Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.Expediente: 47001-23-33-000-2016-00183-01 (64.521) Actor: Sonia Esther Porras Jimeno y otros Reparación directa Apelación sentencia

7 Sin embargo, el término para formular la pretensión de reparación directa derivada del delito de desaparición forzada, se contará a partir de la fecha en que aparezca la víctima o en su defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, sin perjuicio

directa derivada del delito de desaparición forzada, se contará a partir de la fecha en que aparezca la víctima o en su defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de que la demanda con tal pretensión pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición” (se resalta).

Según la norma citada, se advierte que el legislador estableció reglas especiales para contabilizar el término de caducidad de medio de control de reparación directa en los casos de desaparición forzada, el cual se debe calcular desde la fecha en que aparezca la víctima, o en su defecto, a partir de la ejecutoria del fallo adoptado en el respectivo proceso penal, lo anterior sin perjuicio de que la demanda pueda proponerse desde el momento en el que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición.

Dicha regla fue ratificada en la sentencia de unificación que profirió la Sala Plena de esta Sección el 29 de enero de 2020 2 y que solamente es procedente un cómputo distinto del término de caducidad del medio de control de reparación directa en asuntos relacionados con el delito de desaparición forzada por tener reglas especiales, pues, en rela ción con la caducidad de las pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado sí resu ltan aplicables las reglas de caducidad previstas para el medio de control de reparación directa, criterio este avalado por la Corte

cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado sí resu ltan aplicables las reglas de caducidad previstas para el medio de control de reparación directa, criterio este avalado por la Corte Constitucional en sede de revisión de tutela en la sentencia SU - 312 del 13 de agosto de 20203.

Puntualmente, esta Sección en dicha providencia estableció que para calcular el termino de caducidad de las pretensiones indemnizatorias derivadas de los delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial y extracontractual del Estado, se deben observar las siguientes subreglas:

1. El término de caducidad establecido por el legislador se computa desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer la particip ación por acción u omisión del Estado en la producción del daño y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial.

2 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 29 de enero de 2020, expediente no. 61.033, MP Marta Nubia Velásquez Rico. 3 MP Luis Guillermo Guerrero Pérez.Expediente: 47001-23-33-000-2016-00183-01 (64.521) Actor: Sonia Esther Porras Jimeno y otros Reparación directa Apelación sentencia

8 ii) La contabilización de ese plazo para las pretensiones indemnizatorias derivadas del delito de desaparición forzada, se sujeta a la regulación legal expresa prevista para el efecto.

1. Ese lapso no se aplica cuando se adviertan situaciones que hubiesen impedido

del delito de desaparición forzada, se sujeta a la regulación legal expresa prevista para el efecto.

1. Ese lapso no se aplica cuando se adviertan situaciones que hubiesen impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción, de suerte que, una vez superadas aquellas empezar á a correr el término de ley, pues, para tales efectos no resulta determinante la situación causante del daño sino la condición particular de quien acude a la administración de justicia.

1. En la demanda, se afirma que desde el 26 de septiembre de 1990 se desconoce el paradero del señor Porras Ortega luego de que este se dirigió, supuestamente, hacia el comando de las autodenominadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), para reclamar por el desalojo de que fue objeto junto con sus familiares de la finca en la que residían ubicada en el área rural del municipio de Ciénaga (Magdalena) por parte de miembros de ese grupo ilegal.

Según certificaciones de la Fiscalía General de la Nación4, la desaparición de la víctima fue denunciada el 26 de diciembre de 2012 y dicho delito aún no ha sido confesado o aceptado por ninguno de los postulados versionados de los grupos armados al margen de la ley de las FARC o de las AUC; de igual manera , aquellas dan cuenta que el proceso tampoco tiene fallo definitivo, sino que, todavía se encuentra en estado de documentación e investigación.

La prueba documental reseñada le permite inferir a la Sala , sin el menor margen de duda, que en este caso no es factible contabilizar el término de caducidad de la pretensión reparatoria derivada de la desaparición forzada y posible homicidio del

duda, que en este caso no es factible contabilizar el término de caducidad de la pretensión reparatoria derivada de la desaparición forzada y posible homicidio del señor Porras Ortega, por cuanto se desconoce el paradero actual de este o de sus restos mortales y además el respectivo proceso penal que se adelanta en la Fiscalía General de la Nación no ha culminado con sentencia ejecutoriada.

Por consiguiente, en aplicación de la regla procesal invocada, la Sala analizar á de fondo dicha pretensión.

1. De otra parte, los actores afirman igualmente que sufrieron desplazamiento forzado desde el 26 de septiembre de 1990 , esto es, cuando fueron desalojados junto con el desaparecido del inmueble en el que residían localizado en el área rural del municipio de Ciénaga (Magdalena), lo cual significa que aquellos tenían conocimiento pleno de

4Fls. 433 y 470 cdno. ppal.Expediente: 47001-23-33-000-2016-00183-01 (64.521) Actor: Sonia Esther Porras Jimeno y otros Reparación directa Apelación sentencia

9 dicho daño desde el momento mismo en el que este se produjo, por lo cual, en principio, la demanda debió ser formulada dentro de los dos (2) años siguientes a esa fecha5.

Sin perjuicio de expuesto, la Sala analiza si la parte demandante acredit ó alguna situación material que le hubiese impedido acudir a esta jurisdicción para presentar la correspondiente demanda por ese daño; en ese sentido, en el libelo introductorio los actores aseveran que no denunciaron la desaparición de su pariente sino hasta el 26

correspondiente demanda por ese daño; en ese sentido, en el libelo introductorio los actores aseveran que no denunciaron la desaparición de su pariente sino hasta el 26 de diciembre de 2012, porque fueron amenazados de muerte, sin embargo, aparte de esa mención específica se desconoce si pusieron en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación o del Ministerio Público su situación de desplazamiento forzado.

Aunque también se observa en el expediente , que algunos de los actores fueron inscritos en el Registro Único de Víctimas -RUVdesde los años 2000, 2009 y 2014 por una situación de desplazamiento forzado pero, por hechos ajenos a la desaparición forzada del señor Porras Ortega, sin desconocer qu e el 23 de junio de 2015 la demandante Sonia Esther Porras Jimeno le solicitó a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas ser incluida nuevamente en ese registr o por la desaparición de la referida víctima, lo cual fue denegado por extemporaneidad por esa agencia gubernamental6.

1. En ese contexto , esas actuaciones judiciales y administrativas denotan, sin hesitación, que la parte demandante no se encontraba en una situación material de carácter particular, especial y grave que le impidiera presentar la respectiva demanda de reparación directa, pues, aunque no se desconoce que el desplazamiento forzado genera consecuencias negativas para quienes lo padecen, esta Sala7 ha dicho que esta situación no constituye, por s í misma, un justificación válida para encontrar configurada la imposibilidad material de acceder a la administración de justicia , toda vez que , a diferencia de otros derechos que únicamente pueden ser ejercidos o

esta situación no constituye, por s í misma, un justificación válida para encontrar configurada la imposibilidad material de acceder a la administración de justicia , toda vez que , a diferencia de otros derechos que únicamente pueden ser ejercidos o disfrutados en sitios específicos –propiedad, usufructo, entre otros-, la justicia opera a nivel nacional8 y, por ende, es un derecho al que se puede acceder aun en situaciones irregulares como la de desplazamiento forzado , pues, de conformidad con el artículo

5 La Sala observa que para la época en la que se generó el daño -26 de septiembre de 1990 - la normatividad aplicable al caso concreto era la contenida en el Decreto 01 de 1984, por lo que debe aplicarse el término de caducidad previsto en las disposiciones de ese cuerpo normativo.

6 Fls. 163 a 166, 169 a 171, 172 a 174, 235 a 237 y 460 a 463 cdno. ppal.

7 Auto de 18 de noviembre de 2021, proceso no. 2019-03150-01 (67078, MP Fredy Ibarra Martínez.

8 De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 270 de 1996 la justicia opera de manera desconcentrada no solo con el fin de optimizar el ejercicio de la función sino también para garantizar la facilidad en el acceso a los posibles usuarios de la administración judicial.Expediente: 47001-23-33-000-2016-00183-01 (64.521) Actor: Sonia Esther Porras Jimeno y otros Reparación directa Apelación sentencia

10 134D del Decreto - Ley 01 de 1984 –vigente para la época de los hechos-, era posible presentar la dem anda de responsabilidad en el lugar de ubicación de la sede de la

Reparación directa Apelación sentencia

10 134D del Decreto - Ley 01 de 1984 –vigente para la época de los hechos-, era posible presentar la dem anda de responsabilidad en el lugar de ubicación de la sede de la entidad demandada o en el domicilio del particular demandado; por tanto, tampoco se encuentre razonable considerar que la situación de desplazamiento justifi que la imposibilidad de acceso a la administración de justicia.

1. Ahora bien, es pertinente recordar la Sala recuerda que en la sentencia SU-254 de 20139 la Corte Constitucional estableció una regla excepcional en materia de caducidad por hechos relacionados con el desplazamiento forzado, según la cual , los 2 años establecidos por la ley para presentar las respectivas demandas de reparación directa podían ser contabilizados a partir de la ejecutoria de la referida decisión judicial -22 de mayo de 201310-, como garantía de acceso a la administración de justicia a un sector especial y vulnerable de la población.

De modo que, en este caso , el término de caduc idad para formular las pretensiones de reparación directa debe contabilizarse , a más tardar , a partir del 23 de mayo de 2013 -día siguiente a la ejecutoria de la sentencia SU-254 de 2013por ser esta fecha más favorable a los demandantes.

1. Por consiguiente, como en el presente asunto no se encontró demostrada imposibilidad material alguna para acceder a la administración de justicia, se concluye que si se contabiliza el término para presentar la demanda desde el día siguiente al de ejecutoria de la sentencia referida (23 de mayo de 2013), se advierte que los actores

imposibilidad material alguna para acceder a la administración de justicia, se concluye que si se contabiliza el término para presentar la demanda desde el día siguiente al de ejecutoria de la sentencia referida (23 de mayo de 2013), se advierte que los actores acudieron a esta jurisdicción por fuera del término de 2 años previsto para el efecto en el artículo 136-8 del CCA -norma vigente al momento de desplazamiento forzado ocurrido el 26 de septiembre de 1990 -, toda vez que presentaron la solicitud de conciliación extrajudicial el 1º de agosto de 2016 e instauraron la demanda el 8 de noviembre de 2016; en consecuencia, se declarará de oficio la excepción de caducidad frente a esta pretensión.

2. Síntesis de la controversia y anuncio de la decisión

La Sala debe establecer si las entidades demandadas son responsables por no haberle brindado protección y seguridad al señor Miguel Alfonso Porras Ortega quien desapareció desde el 26 de septiembre de 1990, cuando se dirigió al comando de las AUC para reclamarles por el desalojo de que fue objeto junto con sus parientes de la

9 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-254 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

10 El 22 de mayo de 2013 cobró ejecutoria la sentencia SU-254 de 2013.Expediente: 47001-23-33-000-2016-00183-01 (64.521) Actor: Sonia Esther Porras Jimeno y otros Reparación directa Apelación sentencia

11 finca en la que residían localizada en la zona rural del municipio de Ciénega (Magdalena).

Actor: Sonia Esther Porras Jimeno y otros Reparación directa Apelación sentencia

11 finca en la que residían localizada en la zona rural del municipio de Ciénega (Magdalena).

La Sala de decisión confirmara la sentencia apelada, por cuanto no se acreditó que las entidades demandadas incumpl ieron sus deberes de protección y segurida