CE - 012333000201600218011SENTENCIA20230224091854

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho Expediente : 13001-23-33-000-2016-00218-01 (1747-2022)

Demandante : Dorina Ortega de Zabaleta

Demandado : Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional Tema : Reconocimiento de pensión de sobrevivientes

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia proferida el 30 de julio de 20 21 por el Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante la cual negó las súplicas de la demanda dentro del proceso del epígrafe.

I. ANTECEDENTES

1.1 El medio de control 1. La señora Dorina Ortega de Zabaleta, a través de apoderada, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso -administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, para que se acojan las pretensiones que en el apartado siguiente se precisan.

1.1.1 Pretensiones. Se declare la nulidad del «[…] Oficio No. S -2015248202/ARPRE-GROIN-1.10 de agosto 24 de 2015, suscrito por el […] Jefe

en el apartado siguiente se precisan.

1.1.1 Pretensiones. Se declare la nulidad del «[…] Oficio No. S -2015248202/ARPRE-GROIN-1.10 de agosto 24 de 2015, suscrito por el […] Jefe Grupo Orientación e Información de la Secretaría General de la Policía Nacional, mediante el cual negó por improcedente el reconocimiento de la pensión de sobreviviente de la señora DORINA ORTEGA DE ZABALETA, conforme lo establece el artículo 46 de la ley 100 de 1993 » (sic) . Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, pide, en síntesis, el pago de la aludida prestaci ón, debidamente ajustada e indexada, y con intereses moratorios.

1.1.2 Fundamentos fácticos. Relata la actora que contrajo matrimonio con el señor Francisco Zabaleta Pájaro (q. e. p. d.) el 6 de enero de 1951, de cuya

1 Resulta oportuno precisar que las presentes diligencias reposan en el expediente digital contenido en la herramienta electrónica SamaiExpediente 13001-23-33-000-2016-00218-01 (1747-2022) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Dorina Ortega de Zabaleta contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional

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relación concibieron 8 hijos.

Que «[e]l señor FRANCISCO ZABALETA PAJARO […] prestó sus servicios como Soldado regular del Ejército Na cional desde el día 04 de septiembre de 1948 hasta el 16 de diciembre de 1949, es decir, 1 años, 3 meses y 12 días.

como Soldado regular del Ejército Na cional desde el día 04 de septiembre de 1948 hasta el 16 de diciembre de 1949, es decir, 1 años, 3 meses y 12 días. […] a la Policía Nacional como Agente desde el 1° de julio de 1959 hasta el 11 de octubre de 1970, es decir, 11 años, 3 meses y 10 días, sin embargo, mediante decreto N° 739 de mayo 15 de 1970 se le reconocieron como tiempo doble, 25 días; quedando un total de 11 años, 4 meses y 5 días. […] [s]umados los tiempos en el ejército y en la policía Nacional, estos dan un total de 12 años, 7 meses y 17 días» (sic).

Agrega que el finado Francisco Zabaleta Pájaro « falleció en la ciudad de Cartagena el día 31 de agosto de 1971, y había oficiado como Agente de la Policía Nacional el 11 de octubre de 1970» (sic).

Dice que «en julio de 2015 » solicitó se l e reconociera la pensión de sobrevivientes, negada a través del acto demandado.

1.1.3 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas violadas por el acto demandado los artículos 1, 2, 13, 29, 48, 53 y 209 de la Constitución Política; 47, 48 y 228 de la Ley 100 de 1993.

Arguye que «[e]l acto administrativo […] viola flagrantemente, el derecho a la igualdad, a la seguridad social y el principio de favorabilidad, al excluir a la [accionante] de un beneficio primordial, aduciendo que el señor Zabaleta

Arguye que «[e]l acto administrativo […] viola flagrantemente, el derecho a la igualdad, a la seguridad social y el principio de favorabilidad, al excluir a la [accionante] de un beneficio primordial, aduciendo que el señor Zabaleta Pájaro no falleció en servicio activo y que debía cumplir con los requisitos del régimen prestacional de la Policía, el cual es conocido, ya que se trata de [un] régimen especial, generando con ello un trato discriminatorio» (sic).

Que «[p]ara acceder a la pensión por muerte o de sobrevivientes debían cumplirse los requisitos establecidos en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, los cuales se cumplieron a cabalidad por parte de FRANCISCO ZABALETA PÁJARO (en total 554 semanas); es por lo ant erior que la referida ley en su artículo 48 nos otorga la facultad de elegir entre dos alternativas para efectos del monto de la pensión de sobrevivientes; la primera, aplicar los porcentajes establecidos en el segundo inciso de dicho artículo y, la segund a, condicionada al cumplimiento adicional de los requisitos establecidos en el régimen del Instituto de Seguros Sociales existente antes de la Ley 100 de 1993, esto es, de la densidad y número de cotizaciones señalados en el literal b) del artículo 6° del Decreto 758 de 1990, caso en el cual el monto de laExpediente 13001-23-33-000-2016-00218-01 (1747-2022) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Dorina Ortega de Zabaleta contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional

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pensión equivaldrá al 65% del ingreso base de liquidación, que es justamente la que solicitamos en estos momentos para que sea tenida en cuenta.

Aduce que «[a]l momento de fallecimiento, el mentado señor Zabaleta Pájaro, había aportado con su trabajo al Estado más de 12 años 7 meses, de ellos, a la Institución policial 11 años, 4 meses y 5 días, es decir, que cumplía a cabalidad los requisitos establecidos por el Consejo Directivo del Instituto Colombiano de Seguros Sociales, el cual había expedido el reglament o general del seguro social de invalidez, vejez y muerte, que fu e recogido en el Acuerdo 224 de 1966 y aprobado por el Gobierno Nacional por medio del Decreto 3041 de 1966 , de acuerdo con el cual, la s prestaciones en caso de muerte que serían reconocidas por el Instituto se otorgarán a favor del cónyuge sobreviviente y de los huérfanos de acuerdo con los parámetros porcentuales y legales establecidos en los artículos 21 y 22 de dicho cuerpo normativo» (sic).

1.2 Contestación de la demanda . La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, mediante apoderad a, se opuso a la prosperidad de las pretensiones y respecto de los hechos afirma que algunos son ciertos, otros no. Menciona que «[s]i bien la jurisprudencia nacional tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado, ha venido reconociendo la pensión de sobreviviente en los casos en que se pruebe que el causante tenía

otros no. Menciona que «[s]i bien la jurisprudencia nacional tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado, ha venido reconociendo la pensión de sobreviviente en los casos en que se pruebe que el causante tenía el tiempo de servicios exigido [en] el artículo 46 de la Ley 100 de 1993; es decir a quien hubiera cotizado al sistema por lo menos veintiséis (26) semanas, aunque no cumpliera los requisitos establecidos en el régimen especial contemplado para los miembros de la fuerza pública, en virtud de l principio de favorabilidad, no es menos cierto que en el caso en concreto, no es posible aplicar el régimen general de pensiones; por cuanto para la fecha del fallecimiento del agente FRANCISO ZABALETA PAJARO, el 31 de agosto de 197[1], no se encontraba vigente la Ley 100 de 19 93, por consiguiente es jurídicamente inviable aplicar el principio de retroactividad de la mencionada normatividad, toda vez que la Ley 100 del 23 de diciembre de 1993 en su artículo 151 dispuso que, el Sistema General de Pensiones previsto en la Presente Ley, regia a partir del 1° de abril de 1994» (sic).

Que «[…] al momento del fallecimiento del Agente […] el 31 de agosto de 197[1] NO ERA MIEMBRO ACTIVO DE LA INSTITUCIÓN, NI TENÍA UN VINCULO LABORAL, lo cual quiere decir, que al momento de causarse el derecho reclamado, el causante no pertenecía a la Entidad Demandada, y por consiguiente no tenía la calidad de cotizante que exige el artículo 46 literal a)

VINCULO LABORAL, lo cual quiere decir, que al momento de causarse el derecho reclamado, el causante no pertenecía a la Entidad Demandada, y por consiguiente no tenía la calidad de cotizante que exige el artículo 46 literal a) de la Ley 100 de 1993, para acceder a una pensión de sobrevivientes» (sic).Expediente 13001-23-33-000-2016-00218-01 (1747-2022) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Dorina Ortega de Zabaleta contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional

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1.3 La providencia apel ada. El Tribunal Administrativo de Bolívar, con sentencia de 30 de julio de 20 21, negó las súplicas de la demanda (con condena en costas) al considerar que «[…] la norma aplicable será la que al momento de la ocurrencia del hecho, esto es, del fallecimient o del causante, se encuentre vigente, así, para el presente caso, se reitera, la norma aplicable es el Decreto 3187 de 1968, toda vez que la muerte del señor agente de Policía FRANCISCO ZABALETA PAJARO ocurrió el 31 de agosto de 1971, fecha para la cual no había entrado en vigencia y ni siquiera se había expedido la Ley 100 de 1993, por cuanto la misma comenzaba a regir a partir del 1° de abril de 1994 […]» (sic).

Que «[…] es evidente que la [actora] no tiene derecho a acceder al derecho pensional consagrado en los artículos 46 a 48 de la Ley 100 de 1993, toda vez que los derechos prestacionales causados con la muerte de su esposo se

Que «[…] es evidente que la [actora] no tiene derecho a acceder al derecho pensional consagrado en los artículos 46 a 48 de la Ley 100 de 1993, toda vez que los derechos prestacionales causados con la muerte de su esposo se consolidaron en vigencia de la normatividad anterior, cuyos requisitos no se colmaron, no siendo viable el reconocimiento del derecho pensional» (sic).

1.4 El recurso de apelación . Inconforme con la decisión precedente, la demandante interpuso recurso de apelación , en el que afirma que «[…] el señor FRANCISCO ZABALETA PAJARO falleció el año 1971, encontrándose vigente el Decreto 3041 de 1966 que, como ya vimos, acorde con lo contenido en su artículo 20 en concordancia con el artículo 5°, otorgaba el derecho a la pensión de sobrevivientes, en el caso que la muerte sea de origen no profesional, cuando a la fecha del fallecimiento tuviere acreditados ciento cincuenta (150) semanas de cotización dentro de los seis (6) años anteriores a la invalidez (en nuestro caso antes de la muerte), setenta y cinco (75) de las cuales deben corresponder a los últimos tres (3) años, requisito que cumplía a cabalidad el fallecido señor ZABALETA PÁJARO y, por consiguiente, le asiste el derecho a su cónyuge sobreviviente de reclamarlo» (sic).

Que «e]n aplicación al principio de favorabilidad, se debe otorgar la pensión de sobreviviente a la señora DORINA ORTEGA DE ZABALETA, causada por el fallecimiento de su esposo […] quien para la fecha de su muerte había

Que «e]n aplicación al principio de favorabilidad, se debe otorgar la pensión de sobreviviente a la señora DORINA ORTEGA DE ZABALETA, causada por el fallecimiento de su esposo […] quien para la fecha de su muerte había laborado en la Institución Policial, como se expresó anteriormente, un tiempo de 11 años, 4 meses y 5 días, de lo cual se concluye que el causante cumplió en exceso las exigencias previstas en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año […] y el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el art. 12, Ley 797 de 2003 que dispuso que tendrán derecho a la pensión de sobrevivi entes los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando éste hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores alExpediente 13001-23-33-000-2016-00218-01 (1747-2022) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Dorina Ortega de Zabaleta contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional

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fallecimiento» (sic).

II. TRÁMITE PROCESAL

El recurso de apelación fue concedido mediante proveído de 29 de noviembre de 2021 y admitido por esta Corporación a través de auto de 12 de agosto de 2022, en cumplimiento del artículo 247 del CPACA2, y durante la oportunidad establecida en el numeral 4 ibidem la actora presentó alegatos de conclusión, para lo cual reitera los argumentos presentados con la demanda y el recurso de

2022, en cumplimiento del artículo 247 del CPACA2, y durante la oportunidad establecida en el numeral 4 ibidem la actora presentó alegatos de conclusión, para lo cual reitera los argumentos presentados con la demanda y el recurso de apelación; mientras que los demás sujetos procesales guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del a rtículo 150 del CPACA esta Corporación es competente para conocer del presente litigio en segunda instancia.

3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación 3, corresponde a la Sala determinar si a la demandante , en condición de esposa del señor Francisco Zabaleta Pájaro (q. e. p. d.) , le asiste razón jurídica o no para reclamar de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en aplicación de lo previsto en la Ley 100 de 1993 o , de manera subsidiaria, en los términos de los Decretos 3041 de 1966 o 758 de 1990, en aplicación del principio de favorabilidad.

3.3 Marco normativo. En punto a la resolución del problema jurídico planteado en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta respecto del caso concreto.

Sea lo primero precisar que, dentro de un sistema integral de protección del derecho a la seguridad social en pensión, la inclusión del riesgo por muerte se configura en uno de sus pilares fundamentales, cuyo objeto no es otro que el de amparar a los beneficiarios de un afiliado o pensionado, de tal forma que la

derecho a la seguridad social en pensión, la inclusión del riesgo por muerte se configura en uno de sus pilares fundamentales, cuyo objeto no es otro que el de amparar a los beneficiarios de un afiliado o pensionado, de tal forma que la ocurrencia de su muerte no implique, además, la pérdida de los recursos co n los que su grupo familiar se sostenía en condiciones dignas.

2 Modificado por la Ley 2080 de 25 de enero de 2021. 3 Según el artículo 328 del Código General del Proceso, «El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley»; asimismo, «El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella».Expediente 13001-23-33-000-2016-00218-01 (1747-2022) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Dorina Ortega de Zabaleta contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional

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La Ley 100 de 1993, «[p] or la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones », reguló lo concerniente a la pensión de sobrevivientes:

Artículo 46. Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:

1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez, o invalidez por riesgo común, que fallezca, y

2. Los miembros del grupo familiar del afiliado que fallezca, siempre que este hubiere cumplido alguno de los siguientes requisitos:

por riesgo común, que fallezca, y

2. Los miembros del grupo familiar del afiliado que fallezca, siempre que este hubiere cumplido alguno de los siguientes requisitos:

a. Que el afiliado se encuentre cotizando al sistema y hubiere cotizado por lo menos veintiséis (26) semanas al momento de la muerte; […]

Tal disposición fue modificada por el artículo 12 de la Ley 797 de 20034, en el sentido de indicar que accederían a la pensión por muerte «[l] os miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando éste hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento».

Por otra parte, el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 13 de la Ley 797 de 2003, preceptuó como beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, en primer orden, al cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite , en segundo, a los h ijos menores de 18 años y a los mayores de 18 hasta los 25, y, en tercero, a falta de estos, a los padres del causante, así como los requisitos que deben acreditar unos y otros para tener derecho al beneficio prestacional, así:

Artículo. 47.- Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:

a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el

permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte;

b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30 años de edad, y no haya procreado hi jos con este. La pensión temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá

4 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la L ey 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales ».Expediente 13001-23-33-000-2016-00218-01 (1747-2022) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Dorina Ortega de Zabaleta contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional

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una duración máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a).

Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, con sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que tratan los literales a) y b) del presente

Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, con sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha pen sión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.

En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota p arte de lo correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente;

c) Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente del causante al momento de su muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes y cumplan con el mínimo de condiciones académicas que establezca el Gobierno; y, los hijos inválidos si dependían económicamente del causante, esto es, que no tienen ingresos adicionales , mie ntras subsistan las condiciones de invalidez. Para determinar cuando hay invalidez se aplicará el criterio previsto por el artículo 38 de la Ley 100 de 1993[5];

causante, esto es, que no tienen ingresos adicionales , mie ntras subsistan las condiciones de invalidez. Para determinar cuando hay invalidez se aplicará el criterio previsto por el artículo 38 de la Ley 100 de 1993[5];

d) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de forma total y absoluta de este[6];

e) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, padres e hijos con derecho, serán beneficiarios los hermanos inválidos del causante si dependían económicamente de éste.

Parágrafo. Para efectos de este artículo se requerirá que el vínculo entre el padre, el hijo o el hermano inválido sea el establecido en el Código Civil.

De lo anterior se colige que con el régimen general de pensiones, los

5 Apartes tachados declarados inexequibles por la Corte Constitucional mediante sentencias C-1094 de 2003,

M. P. Jaime Córdoba Triviño, y C-066 2016, M. P. Alejandro Linares Cantillo, respectivamente. 6 Aparte tachado declarado inexequible por la Corte Constitucional a través de sentencia C-111 de 2006, M.

P. Rodrigo Escobar Gil.Expediente 13001-23-33-000-2016-00218-01 (1747-2022) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Dorina Ortega de Zabaleta contra la Nación – Ministerio de

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beneficiarios del afiliado al sistema que fallezca tendrán derecho a la

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beneficiarios del afiliado al sistema que fallezca tendrán derecho a la mencionada pensión de sobrevivientes siempre que aquel hubiere cotizado por lo menos veintiséis (26) sema nas al momento de la muerte, si esta se produjo con anterioridad a la modificación introducida por la referida Ley 797 de 2003, que amplió a cincuenta (50) el número de semanas cotizadas, pero durante los tres años precedentes al deceso.

Por su parte, el artículo 279 de la aludida Ley 100 de 1993 estableció excepciones en cuanto al personal que sería cobijado por esta, en los siguientes términos:

El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerza s Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no remunerados de las Corporaciones Públicas.

[…] (destaca la Sala).

De igual modo, en lo referente a la aplicación de las disposiciones contenidas en la mencionada normativa (Ley 100 de 1993), prescribió:

Artículo 288. Aplicación de las disposiciones contenidas en la presente ley y en leyes anteriores. Todo trabaj ador privado u oficial, funcionario público, empleado público y servidor público tiene derecho a la vigencia de la presente Ley le sea aplicable cualquier norma en ella contenida que estime favorable ante el cotejo con lo dispuesto en leyes

funcionario público, empleado público y servidor público tiene derecho a la vigencia de la presente Ley le sea aplicable cualquier norma en ella contenida que estime favorable ante el cotejo con lo dispuesto en leyes anteriores sobre la misma materia, siempre que se someta a la totalidad de disposiciones de esta Ley.

En este orden de ideas, la regulación contenida en la Ley 100 de 1993 no resulta aplicable a los miembros de la Policía Nacional, entre otros servidores, por cuanto exp resamente su artículo 279 los excluyó del sistema general de seguridad social. Sin embargo, de conformidad con lo señalado en el artículo 288 ibidem, tales servidores públicos se podrían acoger a los mandatos allí contenidos, en atención al principio de favorabilidad.

Por su parte, el artículo 151 de la referida Ley 100 de 1993 preceptúa que «[e]l sistema general de pensiones previsto en la presente ley, regirá a partir del 1.º de abril de 1994 », por lo que las únicas situaciones jurídicas que pueden ser decididas, en virtud de tal régimen pensional bajo el aludido principio de favorabilidad, son las que se consoliden a partir de su entrada en vigor.

Asimismo, comoquiera que, como se dejó anotado, los miembros de la PolicíaExpediente 13001-23-33-000-2016-00218-01 (1747-2022) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Dorina Ortega de Zabaleta contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional

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Nacional gozan de un régimen esp ecial en pensiones7, por lo que si la norma especial que lo rige 8 contempla mayores requisitos, para acceder a dicha prestación, que los determinados en el régimen general de seguridad social, en

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Nacional gozan de un régimen esp ecial en pensiones7, por lo que si la norma especial que lo rige 8 contempla mayores requisitos, para acceder a dicha prestación, que los determinados en el régimen general de seguridad social, en principio, los beneficiarios de los miembros de la Policía N acional estarían amparados por los preceptos favorables de la Ley 100 de 1993, empero, ello solo es viable en la medida en que el derecho pensional se haya producido a partir de su vigencia (1° de abril de 1994), según lo prescrito en el referido artículo 151 de dicha ley.

No obstante, la Sala examinará la aplicación retrospectiva de la mencionada Ley 100 de 1993, en razón a que concierne al aspecto medular al que se contrae la demanda.

En primer lugar, se tiene que la Corte Constitucional, en sentenci a T-110 de 22 de febrero de 2011 9, definió la retrospectividad de la ley de la siguiente manera:

[…] el fenómeno de la retrospectividad de las normas de derecho se presenta, como ya se anticipó, cuando las mismas se aplican a partir del momento de su vige ncia, a situaciones jurídicas y de hecho que han estado gobernadas por una norma anterior, pero cuyos efectos jurídicos no se han consolidado al momento de entrar a regir la nueva disposición. Este instrumento ha sido concebido por la jurisprudencia nacion al como un límite a la retroactividad, asociando su propósito a la satisfacción de los principios de equidad e igualdad en las relaciones jurídicas de los asociados, y a la superación de aquellas situaciones marcadamente discriminatorias y lesivas del valor justicia que consagra el ordenamiento

los principios de equidad e igualdad en las relaciones jurídicas de los asociados, y a la superación de aquellas situaciones marcadamente discriminatorias y lesivas del valor justicia que consagra el ordenamiento jurídico colombiano, de conformidad con los cambios sociales, políticos y culturales que se suscitan en nuestra sociedad.

[…]

21.- De las sentencias estudiadas se extrae, en conclusión, que (i) por regla general las normas jurídicas se aplican de forma inmediata y hacia el futuro, pero con retrospectividad; (ii) el postulado de irretroactividad de la ley implica que una norma jurídica no tiene prima facie la virtud de regular situaciones jurídicas que se han consum ado con arreglo a normas anteriores; (iii) la aplicación retrospectiva de una norma jurídica comporta la posibilidad de afectar situaciones fácticas y jurídicas que se han originado con anterioridad a su vigencia, pero que aun no han

7 Al respecto véase el artículo 279 de la Ley 100 de 1993. 8 Entre otras, los Decretos 2062 de 1984, 1212 de 1990 y 4433 de 2004. 9 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva. Reiterado por la Corte Constitucional en fallo C -068 de 2013, cuando indicó que «[…] la retrospectividad es un efecto connatural a todas las regulaciones jurídicas y ver sa sobre su aplicación respecto de asuntos que, si bien estaban regulados por la ley derogada, no generaron situaciones consolidadas ni derechos adquiridos, sino que se mantienen a la entrada en vigencia de la nueva ley, por lo

que se incorporan integralmente a dicha regulación, sin importar el estado en el que se encuentran».Expediente 13001-23-33-000-2016-00218-01 (1747-2022) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Dorina Ortega de Zabaleta contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional

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finalizado al momento de entrar a regir la nueva norma, por encontrarse en curso la aludida situación jurídica y; (iv) tratándose de leyes que se introducen en el ordenamiento jurídico con el objeto de superar situaciones de marcada inequidad y discriminación (tuitivas), el juz gador debe tener en cuenta, al momento de establecer su aplicación en el tiempo, la posibilidad de afectar retrospectivamente situaciones jurídicas en curso, en cuanto el propósito de estas disposiciones es brindar una pronta y cumplida protección a grupos sociales marginados.

De acuerdo con lo anterior, esta Colegiatura prohijó el criterio de la aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993, para cobijar las expectativas legítimas de integrantes de la fuerza pública fallecidos con anterioridad a su entra da en vigor, así:

De lo anterior se concluye con toda claridad que la finalidad de los regímenes especiales es conceder beneficios legales a g