CE - 012333000201600229011SENTENCIA20230111104630

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., primero (1) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 19001-23-33-000-2016-00229-01 (2867-2020)

Demandante: Gustavo Adolfo Pazos Marín

Demandado: Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración

Judicial

Temas: Nombramiento. Registro de elegibles

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia proferida el 2 de abril de 2020 por el Tribunal Administrativo de l Cauca, por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA, el señor Gustavo Adolfo Pazos Marín , por conducto de apoderad a, formuló demanda en orden a que se declare i) principalmente, la nulidad del Oficio CJOFL15-3728 del 23 de noviembre de 2015 ;

conducto de apoderad a, formuló demanda en orden a que se declare i) principalmente, la nulidad del Oficio CJOFL15-3728 del 23 de noviembre de 2015 ;

1 Folios 204 a 237 y 257 a 259.2

Radicación: 19001-23-33-000-2016-00229-01 (2867-2020) Demandante: Gustavo Adolfo Pazos Marín y ii) subsidiariamente, la nulidad del Oficio CJOFI16 del 25 de febrero de 2016.

Dichos actos negaron el nombramiento del actor como magistrado de la Sala Laboral - Tribunal Superior de Distrito Judicial y fueron suscritos por la directora de la Unidad de Carrera Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

Como consecuencia de lo a nterior, y a título de restablecimiento del derecho, el accionante solicitó condenar a la parte demandada a lo siguiente: i) principalmente, disponer su nombramiento como magistrado de la Sala LaboralTribunal Superior de Distrito Judicial , en su condición de integrante del registro de elegibles contenido en la Resolución PSAR11-684 del 19 de julio de 2011 y conforme a la creación de cargos dispuesta en el Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015 o en cualquier otra vacante ; ii) subsidiariamente, efectuar su designación como magistrado de la Sala Laboral Tribunal Superior de Medellín y/o del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bucaramanga, «con ocasión de la desvinculación del servicio de los magistrados EFRAÍN ALONSO YAÑEZ RIVEROS y ETHEL CECILIA MESA MARIÑO , respectivamente o en cualquier otra vacante para el

del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bucaramanga, «con ocasión de la desvinculación del servicio de los magistrados EFRAÍN ALONSO YAÑEZ RIVEROS y ETHEL CECILIA MESA MARIÑO , respectivamente o en cualquier otra vacante para el mismo cargo que se pruebe en el proceso y generada a 18 de agosto de 2015, al configurarse la causal objetiva de retiro forzoso de que trata el numeral 4 del artículo 149 de la Ley 270 de 1996»; iii) pagar los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde el momento en que la Corte Suprema de Justicia proveyó dichos cargos en provisionalidad y hasta cuando se materialice la vinculación del demandante en virtud del sistema del mérito; iv) reconocer la suma de 100 SMLMV por concepto de perjuicios morales; v) dar cumplimiento a la sentencia en los términos de l CPACA e indexar el valor de las condenas; y vi) sufragar las costas procesales.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, la apoderada del demandante señaló los siguientes:2

2 Algunos hechos corresponden al concepto de violación por lo que se resumirán en dicho acápite.3

Radicación: 19001-23-33-000-2016-00229-01 (2867-2020) Demandante: Gustavo Adolfo Pazos Marín i) El señor Gustavo Adolfo Pazos Marín hizo parte del registro de elegibles contenido en la Resolución PSAR11-684 del 19 de julio de 2011 para el cargo de magistrado de la Sala Laboral – Tribunal Superior de Distrito Judicial, dentro de las Convocatorias 17 y 18 (sic), la cual estuvo vigente hasta el 18 de agosto de 2015.

magistrado de la Sala Laboral – Tribunal Superior de Distrito Judicial, dentro de las Convocatorias 17 y 18 (sic), la cual estuvo vigente hasta el 18 de agosto de 2015.

1. Desde enero de 2015, el Consejo Superior de la Judicatura generó la confianza legítima de crear 4.607 cargos permanentes a partir del 1 de mayo de 2015 y así lo dispuso en el Acuerdo PSAA15-10335 del 29 de abril de 2015.

1. El 5 de agosto de 2015 el mencionado ente remitió a la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial el proyecto de acuerdo respecto de los despachos que se crearían. El 22 de octubre de 2015 se otorgó concepto favorable, el cual no era vinculante ni necesario , ya que este requerimiento fue eliminado por el Acto Legislativo 2 de 2015.

1. La anterior decisión se concretó en el Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015, proferido con posterioridad al vencimiento de la lista de elegibles en comento.

1. El anterior contexto le impidió al demandante acceder en igualdad de oportunidades a uno de los cuatro cargos de magistrado de Tribunal Superi or – Sala Laboral creados por el citado acuerdo, teniendo en cuenta que era uno de los cuatro participantes que quedaban en la lista de elegibles.

1. Los magistrados Efraín Alonso Yáñez Riveros y Ethel Cecilia Mesa Mariño llegaron a la edad de retiro forzoso cuando se encontraba vigente el registro de elegibles, pero se les permitió seguir laborando hasta el 17 y 28 de noviembre de 2015, respectivamente, con el fin de que tramitaran su pensión de jubilación; sin

llegaron a la edad de retiro forzoso cuando se encontraba vigente el registro de elegibles, pero se les permitió seguir laborando hasta el 17 y 28 de noviembre de 2015, respectivamente, con el fin de que tramitaran su pensión de jubilación; sin embargo, esa situación no impedía nombra r al actor en uno de dichos cargos , pues sus titulares ya habían incurrido en una causal objetiva de desvinculación , es decir, que tales empleos debían considerarse vacantes a partir de ese momento.4

Radicación: 19001-23-33-000-2016-00229-01 (2867-2020) Demandante: Gustavo Adolfo Pazos Marín 1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 125 de la Constitución Política ; 18 del Acto Legislativo 2 de 2015; 149, 156 y 160 de la Ley 270 de 199 6; 11 de la Ley 962 de 2005; Acuerdos PSAA15-10335 del 29 de abril de 2015 y PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015, proferidos por el Consejo Superior de la Judicatura.

1. El deber que tiene el Consejo Superior de la Judicatura de crear empleos también implica la obligación de proveerlos a través del sistema del mérito; sin embargo, su pasividad condujo a que vencie ran las listas de elegibles de las Convocatorias 17 y 18 (sic) y que los nuevos empleos creados por el Acuerdo PSAA15-10402 de 2015 fueran provistos en provisionalidad.

1. La parte demandada agotó un trámite que ya había sido derogado, como lo era el obtener el concepto previo de la Comisión Interinstitucional de la Rama

PSAA15-10402 de 2015 fueran provistos en provisionalidad.

1. La parte demandada agotó un trámite que ya había sido derogado, como lo era el obtener el concepto previo de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial para crear nuevos cargos , por lo que se dilató de manera injustificada la expedición del mencionado acuerdo y, como consecuencia, se le impidió al

demandante acceder al sistema de carrera judicial.

1. Esta actuación también quebrantó el artículo 11 de la Ley 962 de 2005 en tanto prohíbe a las autoridades administrativas revivir trámites o requisitos eliminados por el legislador o el Gobierno nacional.

1. En este caso se afectó el derecho a la igualdad de los participantes en el referido certamen, pues sí se permitió que algunas listas de e legibles vencidas se utilizaran para proveer los nuevos cargos como ocurrió con los magistrados de

Tribunal Superior – Sala Penal y de Tribunal Administrativo.3

1. El Acuerdo PSAA15-10402 de 2015 supeditó la utilización de las listas de elegibles para proveer los nuevos cargos a la existencia de una sentencia de

3 Para respaldar su argumento, el actor invocó la sentencia del 21 de octubre de 2015, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, radicado 25000-23-36-00-2015-01663-01.5

Radicación: 19001-23-33-000-2016-00229-01 (2867-2020) Demandante: Gustavo Adolfo Pazos Marín tutela, lo cual no se compadece con el derecho a ocupar cargos públicos y la

protección del sistema de carrera.

Demandante: Gustavo Adolfo Pazos Marín tutela, lo cual no se compadece con el derecho a ocupar cargos públicos y la

protección del sistema de carrera.

1. El accionante te nía derecho a ser nombrado en reemplazo de los magistrados Efraín Alonso Yáñez Riveros y Ethel Cecilia Mesa Mariño, pues el hecho de que dichos servidores pudieran seguir trabajando durante 6 meses mientras eran incluidos en nómina de pensionados, no le im pedía al Consejo Superior de la Judicatura remitir a la Corte Suprema de Justicia el listado de elegibles que estaba vigente para el momento en que se dio el hecho cierto de llegar a los 65 años de edad como causal automática de cesación definitiva de funciones. Inclusive, en casos similares se ha actuado de esta forma con el fin de

salvaguardar los derechos de carrera de quienes siguen en el orden de elección con el fin de que puedan posesionarse una vez culminen el plazo de 6 meses o antes si se llegare a verificar con antelación el reconocimiento y pago de la prestación.4

1. Una postura distinta conduciría a que el período de gracia de los 6 meses se convierta en una barrera de acceso al empleo público, «situación que se hace más gravosa cuando dicho térmi no a pesar de haber iniciado en vigencia del registro de elegibles, culmina cuando el mismo ya ha fenecido, como sucede en este caso».

1.2. Contestación de la demanda

La Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó negar las pretensiones de la demanda con fundamento en los siguientes argumentos:5

este caso».

1.2. Contestación de la demanda

La Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó negar las pretensiones de la demanda con fundamento en los siguientes argumentos:5

4 El demandante aludió a la situación de los señores Francisco Arango Torres, quien reemplazó al magistrado José Gildardo valencia , y Clara Inés López Dávila, quien fue nombrada en la plaza del magistrado Gabriel Raúl Castañeda. También invocó las siguientes sentencias: i) T-865 de 2009 y C -351 de 1995, proferidas por la Corte Constitucional ; y ii) del 27 de marzo de 2014, proferida por el Consejo de Estado, Sección Quinta, Radicado 25000 -23-41-000-2012-0058301. 5 Folios 278 a 282 y 373 a 377.6

Radicación: 19001-23-33-000-2016-00229-01 (2867-2020) Demandante: Gustavo Adolfo Pazos Marín i) Los registros de elegibles de magistrados de Tribunal Superior – Sala Penal y de Tribunal Administrativo vencieron el 21 de noviembre de 2015 y el 3 de enero de 2016, respectivamente. Entonces, el actor no puede predicar una vulneración del derecho a la igualdad frente a estos servidore s, ya que el registro al que pertenecía perdió vigencia con antelación.

1. El concepto previo de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial no es de carácter obligatorio, pero sí hace parte de sus funciones al tenor del artículo 97 de la Ley 270 de 1996. Además, para cumplir con ese cometido, la referida

1. El concepto previo de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial no es de carácter obligatorio, pero sí hace parte de sus funciones al tenor del artículo 97 de la Ley 270 de 1996. Además, para cumplir con ese cometido, la referida dependencia adelantó varias sesiones previas a la expedición del Acto Legislativo 2 de 2015, por lo que era razonable que culminara las gestiones que venía adelantando bajo la atribución que tenía asignada.

1. El señor Gustavo Adolfo Pazos Marín no tenía un derecho adquirido, sino la expectativa de ser nombrado cuando se presentara una vacante de magistrado; sin embargo, ello no ocurrió mientras estuvo vigente la lista de elegibles en la que estaba insc rito debido a que ocupó el último lugar, por lo que no era posible designarlo con posterioridad, so pena de afectar las reglas del concurso.

1. Cuando se presenta una vacante definitiva se publica conforme al procedimiento previsto en el Acuerdo PSAA08-4536 de 2008, modificado por el Acuerdo PSAA13-9941 de 2013 , para cumplir con dos finalidades 1) que los integrantes del registro de elegibles opten por la plaza y 2) que los servidores de

carrera soliciten un traslado, ya que esta también es una forma de provisión de los empleos en propiedad.

1. Las vacantes de las plazas que ocupaban los magistrados Efraín Alonso Yáñez Riveros y Ethel Cecilia Mesa Mariño se produjeron cuando ya había vencido la lista de elegibles del accionante. Igual situación ocurrió con los cargos creados por el Acuerdo PSAA15-10402 de 2015. En consecuencia, no había lugar a nombrarlo por el sistema del mérito.7

lista de elegibles del accionante. Igual situación ocurrió con los cargos creados por el Acuerdo PSAA15-10402 de 2015. En consecuencia, no había lugar a nombrarlo por el sistema del mérito.7

Radicación: 19001-23-33-000-2016-00229-01 (2867-2020) Demandante: Gustavo Adolfo Pazos Marín vi) Tampoco puede afirmarse que el actor tenía la expectativa de que se iba a crear el cargo de magistrado de Tribunal Superior – Sala Laboral, pues el Consejo Superior de la Judicatu ra en enero de 2015 se limitó a informar a la comunidad que se crearían varios cargos, pero sin especificar su denominación, ya que para ello era imprescindible hacer los estudios técnicos que determinaran la distribución de los despachos en las diferentes jurisdicciones y especialidades de acuerdo con las necesidades del servicio.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Cauca , mediante sentencia del 2 de abril de 2020 , negó las pretensiones de la demanda , con sustento en las siguientes consideraciones:6

1. Mediante el Acuerdo PSAA15-10335 del 29 de abril de 2015 se previó la creación de cargos al interior de la Rama Judicial; sin embargo, allí no se estaba n generando expectativas legítimas, ya que la medida requería de un tr ámite previo y contar con el concepto favorable de la Comisión Interinstitucional. Además, el referido acto no especificó una fecha cierta de creación de los empleos ni aludió a su denominación.

1. Los cargos fueron creados por el Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015, fecha en que ya había expirado el registro de elegibles al que pertenecía el

su denominación.

1. Los cargos fueron creados por el Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015, fecha en que ya había expirado el registro de elegibles al que pertenecía el accionante y, por lo tanto, no era viable nombrarlo en ninguna de esas plazas .

Tampoco era posible predicar un derecho a la designación con anterioridad, ya que aún no existían las vacantes sino un proyecto de acuerdo, por ende, no había nacido a la vida jurídica una decisión definitiva en ese sentido.

1. El actor manifestó que para proferir el mencionado acuerdo no era necesario contar con el concepto previo de la Comisión Interinstitucional; sin embargo, esta inconformidad debió ventilarse en un proceso de nulidad en que se debatiera la

6 Folios 464 a 484.8

Radicación: 19001-23-33-000-2016-00229-01 (2867-2020) Demandante: Gustavo Adolfo Pazos Marín legalidad de esa decisión por expedición irregular y no a través del presente medio de control en que se cuestionan actos administrativos diferentes.

1. El magistrado Efraín Alonso Yáñez Riveros cumplió la edad de retiro forzoso antes de que venciera la lista de elegibles que incluía a l demandante; sin embargo, la Corte Suprema de Justicia le permitió al referido funcionario permanecer en el cargo durante 6 meses más , en aplicación d el Decreto 1660 de

1978. Entonces, como el servidor estuvo laborando hasta el 17 de noviembre de 2015, con antelación a esta fecha no era posible publicar la vacante ni designar al señor Pazos Marín en su reemplazo. De otra parte, en el plenario no existe prueba

1978. Entonces, como el servidor estuvo laborando hasta el 17 de noviembre de 2015, con antelación a esta fecha no era posible publicar la vacante ni designar al señor Pazos Marín en su reemplazo. De otra parte, en el plenario no existe prueba frente a la situación de la magistrada Ethel Cecilia Mesa Mariño.

1. El actor tampoco tenía a ltas probabilidades de ser nombrado en lugar del magistrado Yáñez Riveros, ya que ocupaba el último lugar en la lista de elegibles; por lo tanto, cualquiera de sus predecesores hubiera podido optar por dicho empleo.

1.4. El recurso de apelación

La apoderada del demandante interpuso recurso de apelación contra la referida sentencia con base en los siguientes argumentos:7

1. A partir d el 5 de agosto de 2015 se crearon 4 empleos de magistrado de Tribunal Superior - Sala Laboral. En efecto, la volun tad de la administración se exteriorizó desde ese momento y, por lo tanto, se trataba de un acto definitivo con efectos jurídicos, situación que obligaba a la demandada a utilizar la lista de elegibles para proveer dichos cargos.

1. El mencionado acto se rotuló como «proyecto de acuerdo», pero en realidad se trataba de una verdadera decisión definitiva, ya que contaba con el presupuesto para su financiamiento , los estudios previos , había sido socializado y no requería

7 Folios 493 a 511.9

Radicación: 19001-23-33-000-2016-00229-01 (2867-2020) Demandante: Gustavo Adolfo Pazos Marín de trámites adicionales para su expedición ; sin embargo, aquél fue sometido al

Radicación: 19001-23-33-000-2016-00229-01 (2867-2020) Demandante: Gustavo Adolfo Pazos Marín de trámites adicionales para su expedición ; sin embargo, aquél fue sometido al escrutinio de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial para que emitiera concepto pese a que ello no era necesario, pues se trataba de una etapa derogada por el Acto Legislativo 2 de 2015.

1. El Acuerdo PSAA15-10402 de 2015, se limitó a ratificar la aludida decisión y, por lo tanto, no era necesario demandar su nulidad ; por el contrario, el mencionado proyecto de acuerdo correspondía a un acto definitivo y no a uno de mero trámite , en tanto se habían agotado todos los presupuestos para su perfeccionamiento y reunía las condiciones para surtir plenos efectos , esto es, radicó en cabeza del actor el derecho cierto de ser nombrado en uno de los nuevos cargos.

1. La existencia y el carácter definitivo de un acto no depende de su formalidad o de la discrecionalidad de las autoridades.

1. Al accionante se le negó la posibilidad de acceder a la vacante generada por la desvinculación del magistrado Efraín Alonso Yáñez Riveros , pese a que este había cumplido la edad de retiro forzoso el 17 de mayo de 2015, cuando estaba vigente la lista de elegibles a la que pertenecía el interesado; sin embargo, al primero se le permitió seguir laborando 6 meses más sin que exist iera fundamento para ello, puesto que desde el año 2007 se le había reconocido la pensión de

vigente la lista de elegibles a la que pertenecía el interesado; sin embargo, al primero se le permitió seguir laborando 6 meses más sin que exist iera fundamento para ello, puesto que desde el año 2007 se le había reconocido la pensión de jubilación y solo estaba pendiente su reliquidación, pero tal circunstancia no le confería fuero de inamovilidad al amparo del Decreto 1660 de 1970, ya que este solo opera ante la ausencia del reconocimiento pensional en aras de salvaguardar el mínimo vital de las personas de la tercera edad.

1. Cuando se configuró la causal objetiva de retiro del señor Yáñez Riveros , conforme al artículo 149 de la Ley 270 de 1996, se debió nombrar al accionante en su reemplazo.

1. El a quo no podía asumir que el actor no habría podido ocupar dicha vacante porque había personas con un puesto anterior a él en el listado de elegibles, en10

Radicación: 19001-23-33-000-2016-00229-01 (2867-2020) Demandante: Gustavo Adolfo Pazos Marín tanto es imposible predecir que los demás participantes hubieran aspirado inexorablemente a esa plaza. Es más, ninguno de ellos acudió en sede judicial para obtener su designación. De este modo, «el Tribunal no podía presumir la existencia de un mejor derecho a quienes no ejercieron en tiempo la acción, ni fueron parte en el proceso».

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

El demandante y la parte accionada reiteraron los argumentos expuestos en las respectivas etapas del proceso.8

1.6. El Ministerio Público

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

El demandante y la parte accionada reiteraron los argumentos expuestos en las respectivas etapas del proceso.8

1.6. El Ministerio Público

El agente del Ministerio Público no rindió concepto.

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones

2.1. Problema jurídico

Conforme a los argumentos expuestos por el apelante, 9 el problema jurídico se contrae a determinar si el señor Gustavo Adolfo Pazos Marín tiene derecho a que se le nombre como magistrado de Tribunal Superior de Distrito Judicial – Sala Laboral en uno de los cargos creados por el denominado «proyecto de acuerdo » que precedió al Acuerdo PSAA15-10402 de 2015 o en la vacante generada por el retiro del señor Efraín Alonso Yáñez Riveros.

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

8 Memoriales visibles en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado. 9 Artículo 328 del Código General del Proceso.11

Radicación: 19001-23-33-000-2016-00229-01 (2867-2020) Demandante: Gustavo Adolfo Pazos Marín 2.2.1. Presupuestos de existencia, validez y eficacia del acto administrativo

El acto administrativo es una manifestación de voluntad de una autoridad o de un particular en ejercicio de funciones administrativas que produce efectos jurídicos de carácter general, mixto o particular, sometido a la Constitución y a la ley y cuyo control judicial corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Para su conformación se requiere el cumplimiento de determinados presupuestos

de carácter general, mixto o particular, sometido a la Constitución y a la ley y cuyo control judicial corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Para su conformación se requiere el cumplimiento de determinados presupuestos referentes a su existencia, validez y eficacia.10

El presupuesto de existencia del acto administrativo atañe aquellas exigencias sin las cuales este no se configura y , por ende, no surge a la vida jurídica. Estos requerimientos son los siguientes: i) expresión del designio o voluntad de la administración; ii) objeto o materia sobre la cual recae el querer de la administración; iii) causa o motivo que induce a la decisión.

De manera especial, la existencia del acto se relaciona con la manifestación de la voluntad de la administración materializada en una decis ión, por lo que su nacimiento a la vida jurídica se origina una vez es expedido por la respectiva autoridad.

La voluntad es un presupuesto esencial de la existencia del acto administrativo, en tanto «constituye el querer, la intención, la actitud consciente y deseada que se forma en el órgano administrativo »11 y se caracteriza por su naturaleza decisoria, esto es, su aptitud para crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas a partir de su contenido.

De acuerdo con lo expuesto, la ausencia de exteriorización de la voluntad de la administración impide el nacimiento del acto administrativo y la producción de efectos jurídicos.

10 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 26 de noviembre de 2015, radicado 15001-23-31-0012008-00520-01 (50497).

efectos jurídicos.

10 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 26 de noviembre de 2015, radicado 15001-23-31-0012008-00520-01 (50497). 11 SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando. Compendio de Derecho Administrativo. Universidad Externado de Colombia. 2017.12

Radicación: 19001-23-33-000-2016-00229-01 (2867-2020)

Demandante: Gustavo Adolfo Pazos Marín

Durante el proceso de elaboración del acto, la voluntad se refleja de forma interna y externa . En la primera, las actuaciones realizadas al interior de la entidad no tienen efectos frente a terceros. En la segunda, la decisión de la administración se proyecta hacia el exterior y se conoce como etapa de declaración de voluntad.

Bajo tales parámetros, la ausencia de expresión de la voluntad por parte de la administración a través de su funcionario competente, impide que el acto administrativo exista y , en consecuencia, que produzca efectos jurídicos. Entonces, puede decirse que el acto es inexistente desde el punto de vista material, puesto que nunca se profirió . Al respecto, la jurisprudencia fra ncesa cita los siguientes ejemplos:12

[…] acto del que no se ha podido encontrar ninguna huella en los archivos de la Administración; […] aunque la cuestión de una posible compra de un castillo y de su parque se haya planteado durante un pleno del ayuntam iento, no se produjo ninguna deliberación del concejo municipal que desembocara en la decisión de proceder a esta compra o que autorizara al alcalde a llevarla a cabo […].

parque se haya planteado durante un pleno del ayuntam iento, no se produjo ninguna deliberación del concejo municipal que desembocara en la decisión de proceder a esta compra o que autorizara al alcalde a llevarla a cabo […].

El Consejo de Estado colombiano ha sostenido que el acto inexistente carece de los atributos propios de una decisión administrativa, como los son la presunción de legalidad, ejecutividad y ejecutoriedad , debido a que nunca nació a la vida jurídica.13 En esa medida, tampoco es necesario que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se pronuncie sobre su legalidad o efectos.14

El presupuesto de validez se refiere a la adecuación del acto administrativo al ordenamiento jurídico , por ende , concierne a aquellas condiciones de un acto existente que ante el escrutinio del juez administrativo pueda obtener una valoración positiva, esto es, ajustado al ordenamiento superior.

12 Marceau Long, Prosper Weil, Guy Braibant, Pierre Devolvé, Bruno Genevois. Las grandes sentencias de la jurisprudencia administrativa francesa, Boletín Oficial del Estado, Editions Dalloz, 21.ª, 2017. 13 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 15 de febrero de 1983, C.P. Dr. Jacobo Pérez Escobar. Citada en la Sentencia C-069 de 1995, proferida por la Corte Constitucional. 14 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 8 de ago sto de 2012, radicado 54001 -23-31-0001999-0111-01 (23358).13

Radicación: 19001-23-33-000-2016-00229-01 (2867-2020)

1999-0111-01 (23358).13

Radicación: 19001-23-33-000-2016-00229-01 (2867-2020)

Demandante: Gustavo Adolfo Pazos Marín

El acto se estima válido cuando se expide con observancia de los siguientes elementos: i) los sujetos, uno activo, quien expide el acto y debe gozar de competencia para emitirlo, y otro pasivo, sobre quien recaen sus efectos, ii) el objeto o contenido del acto que determina la situación jurídica que se va a afectar con este, que en todo caso debe ser l ícito, posible y existente, iii) los motivos o razón de hecho o de derecho determinantes que impulsaron la emisión del acto, iv) los fines o lo que la administración pretende alcanzar con la expedición del acto administrativo, que debe ser el interés general, y v) la formalidad, concepto que encierra procedimiento, forma y formalidad.15

El d esconocimiento de cualquiera de los elementos de vali dez del acto administrativo trae como consecuencia su nulidad y la cesación de sus efectos.

El presupuesto de eficacia reconduce a aquellos requisitos indispensables para que el acto existente y válido produzca todos sus efectos jurídicos, como lo son la publicidad, la firmeza y que no haya perdido su fuerza ejecutoria.16 Es así como la eficacia «se proyecta hacia el exterior del acto administrativo en búsqueda de sus objetivos y el logro de sus finalidades ».17 Igualmente, este presupuesto le permite a las autoridades ejecutar la decisión oficiosamente.

2.2.2. Carrera judicial

El artículo 125 de la Constitución Política dispuso que los empleos en los órganos

a las autoridades ejecutar la decisión oficiosamente.

2.2.2. Carrera judicial

El artículo 125 de la Constitución Política dispuso que los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera con excepción de los de elección popular, libre nombramiento y remoción, trabajadores oficiales y los demás que determine la ley.

15 SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando. Compendio de Derecho Administrativo. Universidad Externado de Colombia. 2017. Ver también la sentencia del 26 de junio de 2020, proferida por el Consejo de Esta do, Sección Segunda, Subsección B, radicado 05001-23-33-000-2018-00193-01 (3250-19). 16 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 25 de julio de 2016, radicado 44001 -23-31-000-200400356-01 (34415). 17 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 26 de noviembre de 2015, radicado 15001-23-31-0012008-00520-01 (50497).14

Radicación: 19001-23-33-000-2016-00229-01 (2867-2020)

Demandante: Gustavo Adolfo Pazos Marín

El artículo 156 de la Ley 270 de 199618 determinó que la carrera judicial «se basa en el carácter profesional de funcionarios y empleados, en la eficacia de su gestión, en la garantía de igualdad en las posibilidades de acceso a la función para todos los ciudadanos aptos al efecto y en la consideración del mérito como fundamento principal para el ingreso, la permanencia y la promoc ión en el servicio».

gestión, en la garantía de igualdad en las posibil